En 2024, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, México es considerablemente menos pacífico que en 2015, de hecho, la paz en el país se ha deteriorado un 13.4% por el incremento en la delincuencia. Así, por ejemplo, la tasa de homicidios es 54.7% más alta que en 2015, mientras que la tasa de delitos cometidos con armas de fuego ha aumentado un 71.2 por ciento.
También hay un incremento en los crímenes de la delincuencia organizada, en particular el narcomenudeo que se ha incrementado en más de 161%. Y en materia de violencia política, las elecciones de junio del 2024 fueron las más letales desde que se tiene registro, con al menos 201 asesinatos por motivos políticos, una quinta parte de las muertes ocurrieron en el mes previo a la elección.
Todo lo anterior genera un clima adverso para la inversión productiva, el consumo y el crecimiento económico, pues implica mayor riesgo, inseguridad e incertidumbre, lo que reduce las decisiones de consumo e inversión productiva.
De acuerdo con el informe de Índice de Paz México 2025, la violencia en México generó un costo económico equivalente al 18% del PIB, por 4.5 billones de pesos. De dicho costo, los homicidios generaron el 38%, y los crímenes violentos como el robo, asaltos y agresiones sexuales el 33 por ciento.
En la última década, el costo de la violencia aumentó un 32%, mientras que, paradójicamente, el gasto en seguridad pública disminuyó un 30% y el gasto en justicia se redujo un 12%. De hecho, en 2024, México destinó solo el 0.7% de su PIB a la seguridad pública y el sistema de justicia, muy por debajo de los niveles regionales e internacionales.
Al aumentar la violencia, se deben desviar recursos por parte de familias, empresas y gobierno en medidas de seguridad y precaución, lo que sumado a las pérdidas tiene un impacto económico que es 6 veces mayor que la inversión pública realizada en salud y 5 veces más que la realizada en educación.
Se estima que el impacto económico por persona afectada es de 33 mil 905 pesos, y dicho impacto aumentó 3.4% para llegar a 149 mil millones de pesos.
El costo de la violencia no solo es directo, sino también indirecto, y tiene efectos multiplicadores. Los costos directos los asumen las víctimas, el gobierno y el perpetrador como gastos médicos, pagos en medidas de seguridad y gastos asociados con el sistema de justicia. Los costos indirectos se generan posteriormente y son resultado de la pérdida de ingresos futuros, traumas físicos, psicológicos y atención médica. Finalmente, el efecto multiplicador es negativo, en el sentido de que se pierden ingresos futuros que se hubieran generado si en lugar de desviar el gasto a protección, seguridad y prevención, se hubieran destinado a la producción y el consumo de bienes y servicios normales.
Otro problema es que el sistema judicial de México cuenta con un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a un 25% del promedio mundial
Si lo vemos por crimen, los costos por homicidios pasaron de un billón 018 mil millones de pesos en 2015 a un billón 717 mil millones de pesos con un incremento del 69%; los delitos con violencia pasaron de un billón 140 mil millones de pesos a un billón 145 mil millones de pesos, con un incremento del 29%; los costos de protección pasaron de 405 mil millones de pesos a 428 mil millones de pesos, con un incremento del 6%, por dar solo algunos datos.
En México necesitamos reforzar la cultura de paz, no solo en la familia, las escuelas y universidades, sino también en los medios de comunicación, series televisivas y películas. No podemos normalizar la violencia.