Luz del Carmen Godínez

Desde la reforma de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1 dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Al mencionar “todas las autoridades” se incluye a los ayuntamientos que son la administración pública más cercana a la ciudadanía, y tienen como principal obligación la prestación de servicios públicos esenciales y la gestión del desarrollo local para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Si bien la reforma en cita proviene de junio del 2011, desde antes la CEDHJ ha estado trabajando para garantizar los derechos humanos en todo el Estado. Para ello, la defensoría cuenta con ocho oficinas regionales ubicadas en municipios como Puerto Vallarta, Autlán de Navarro, Tequila, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán el Grande, que actúan como el primer punto de contacto en las respectivas regiones, garantizando el acceso a la defensa de los derechos humanos en todo el territorio jalisciense. 
De acuerdo con los registros internos, los cinco señalamientos más concurridos en oficinas regionales, en orden de incidencia, son:
1. Violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Es cuando se señala que las autoridades actúan sin respetar los procedimientos establecidos por la ley. Ejemplo: un ciudadano es detenido sin motivo por un policía, lo pone a disposición del juez municipal, quien lo multa sin razón. Ese actuar es arbitrario y es también la esencia de la queja.
2. Ejercicio indebido de la función pública. Se trata de personas funcionarias y servidoras públicas que no hacen su trabajo, o que usan su puesto para dañar a otros. Ejemplo: la persona servidora pública que retrasa una gestión durante meses por negligencia.
3. Dilación en la procuración de justicia. Esta queja se dirige principalmente contra la Fiscalía del Estado, la autoridad más señalada en Jalisco. Las y los ciudadanos se enfrentan a un laberinto burocrático porque es frecuente que las investigaciones se estanquen y los responsables de los delitos queden impunes por la lentitud del sistema. Ejemplo: se denuncia un robo, se presentan pruebas y meses después el agente del Ministerio Público no ha ordenado la indagatoria de la carpeta de investigación, provocando dilación en la procuración de justicia y, en su caso, la impunidad.
4. Quejas relacionadas con los derechos de la niñez, que evidencian fallas en el sistema de protección. Involucran a escuelas, sistemas DIF, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Fiscalía estatal cuando no actúan con la debida diligencia para salvaguardar a la población más vulnerable. Ejemplo: un director de escuela que ignora reportes de bullying, o una autoridad que no actúa a tiempo ante una denuncia de maltrato infantil, dejando a las niñas, niños y adolescentes en una situación de riesgo constante. 
Como se mencionó, las oficinas regionales son el primer frente de contacto en el interior del Estado, pues entre otras, estas problemáticas no son exclusivas de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta CEDHJ ha advertido que en cada región se reproduce el mismo patrón de quejas, por lo que se trabaja en garantizar el respeto de la dignidad humana y prevenir posibles violaciones a los derechos humanos y la inacción de las autoridades municipales.
Es crucial referir que la ley de la CEDHJ la faculta para actuar de inmediato, de acuerdo con la gravedad de las quejas, y dictar medidas cautelares de conservación o restitutorias, según lo requiera el caso. Así mismo, para solucionar de manera pronta el motivo de queja y restituir en el goce de sus derechos a la persona agraviada; realiza propuestas de conciliación que buscan la amigable composición entre la persona peticionaria y las autoridades o personas servidoras públicas presuntamente responsables de la violación de los derechos humanos; estas propuestas de conciliación pueden ser de restitución, rehabilitación, compensación satisfacción y no repetición. Todo para garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los jaliscienses.

La presencia de la CEDHJ en las regiones del Estado, fundamental para la defensa de la dignidad humana de las y los jaliscienses

Cada año, el 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 con el propósito de reconocer los derechos de las niñas y los desafíos únicos que enfrentan en todo el mundo. Esta jornada busca generar conciencia sobre las desigualdades de género que afectan a millones de niñas y promover acciones concretas para garantizar su bienestar, educación y participación plena en la sociedad.
En México, diversas organizaciones civiles y gubernamentales han organizado actividades conmemorativas, incluyendo foros, talleres, exposiciones y campañas en redes sociales. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) destacó la importancia de invertir en políticas públicas que protejan a las niñas de la violencia, el matrimonio infantil y la deserción escolar.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), más de 129 millones de niñas en el mundo no asisten a la escuela. Estas cifras reflejan la urgencia de actuar y de garantizar que cada niña pueda crecer en un entorno seguro, libre de violencia y con acceso a oportunidades reales. Estas realidades no solo vulneran sus derechos humanos, sino que perpetúan ciclos de pobreza y exclusión.
Organismos como la Unesco y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) han desarrollado programas enfocados en la protección, educación y participación de las niñas. Estos incluyen becas, campañas contra la violencia de género, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y espacios de liderazgo juvenil. Escuchar sus voces, respetar sus decisiones y brindarles oportunidades reales es clave para construir un futuro más equitativo.
El Día Internacional de la Niña no es solo una celebración, sino un llamado urgente a la acción. Es una oportunidad para reflexionar sobre las injusticias que aún persisten y para renovar el compromiso global con la igualdad de género. Empoderar a las niñas es sembrar esperanza, justicia y progreso. Es reconocer que el futuro de la humanidad depende de que todas las niñas puedan vivir libres, seguras y con las mismas oportunidades que cualquier niño.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hemos trabajado en la promoción y defensa de los derechos de las niñeces y adolescencias, sobre todo enfocado a las niñas. A través de diversas Recomendaciones hemos dado a conocer las violencias que enfrentan sobre todo en contextos escolares e institucionales. Debemos unir esfuerzos para garantizarles espacios seguros y el respeto a su dignidad, con el propósito de que su desarrollo sea pleno y libre de violencias.

Día Internacional de la Niña: una jornada para visibilizar, proteger y empoderar

El Día Mundial de la Salud Mental comenzó a celebrarse en 1992, fecha establecida por la Federación Mundial para la Salud Mental, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo es generar conciencia sobre los problemas de salud mental a nivel mundial, combatir el estigma que los rodea y promover el acceso a la atención y el apoyo necesarios. 
Esta fecha se conmemora cada 10 de octubre con el propósito de sensibilizar a la población mundial sobre la importancia de cuidar y promover la salud mental como un derecho humano. En un contexto global donde los desafíos sociales, económicos y de salud se han intensificado, la salud mental ha emergido como un componente esencial del bienestar integral de las personas y las comunidades.
La Declaración Universal de Derechos Humanos y los principales tratados internacionales reconocen el acceso a servicios de salud adecuados sin discriminación. Sin embargo, en muchos países, incluido México, los recursos destinados a la atención de la salud mental son mínimos en comparación con otras áreas, y las políticas públicas no siempre contemplan un abordaje integral que incluya la prevención, atención, rehabilitación y promoción del bienestar social.
Según la OMS, 280 millones de personas padecen depresión en el mundo. Este trastorno mental (que es más frecuente en mujeres que en hombres) también afecta a jóvenes y personas mayores. Representa un problema importante de salud pública mundial, ya que más de 4% de la población vive con esta condición.
La OMS ha señalado que cerca de la mitad de las personas que requieren atención por trastornos mentales no la reciben, debido en gran medida, a la falta de políticas públicas efectivas, recursos insuficientes y estigmas sociales que aún persisten. 
En México, la situación en 2025 es crítica, caracterizada por un acceso limitado a diagnósticos y tratamientos, un estigma social arraigado y la necesidad de modelos de atención diferenciados. Los principales trastornos son la ansiedad y la depresión, que afectan a millones de personas y se ven agravados por factores socioeconómicos, violencia y desigualdades de género.
Se estima que aproximadamente 14% de la población adulta ha padecido algún trastorno mental o de comportamiento, lo que equivale a aproximadamente 17 millones de personas. A pesar de esta incidencia, la mayoría de los casos permanece sin diagnóstico ni tratamiento debido a la insuficiencia de recursos en el sistema de salud, el estigma social y la falta de acceso a servicios especializados. 
Es necesario fortalecer la atención, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad como adultos mayores y mujeres, e impulsar iniciativas para mejorar la prevención, la educación emocional y la ampliación de servicios.
Este año, el tema del Día Mundial de la Salud Mental se centra en la salud mental y el apoyo psicosocial en la respuesta a emergencias. Esta temática busca destacar la importancia de salvaguardar la salud mental de las personas y de los profesionales que brindan ayuda en episodios de crisis, subrayando la necesidad de garantizar el bienestar psicológico incluso en situaciones difíciles. 
La Organización Panamericana de la Salud y la OMS en la Región de las Américas utilizarán esta fecha para destacar un problema urgente específico de la región: la salud mental de los niños y adolescentes.
Los Estados tienen la responsabilidad de diseñar e implementar políticas públicas que garanticen el acceso universal a servicios de salud mental de calidad. Esto implica no solo aumentar la inversión en infraestructura y personal especializado, sino también incorporar enfoques multidisciplinarios que aborden las causas sociales, económicas y culturales que afectan la salud mental de la población. 
La integración de la salud mental en la atención primaria, la sensibilización comunitaria y la eliminación del estigma son elementos clave para construir sociedades más saludables y resilientes. La implementación de políticas públicas que prioricen la salud mental es urgente y necesaria para mitigar sus efectos y garantizar el derecho de todas las personas a una vida digna y saludable.
El Día Mundial de la Salud Mental nos invita a reflexionar sobre la importancia de la acción gubernamental y social en la construcción de entornos que promuevan el bienestar psicológico y emocional. La salud mental no debe ser un privilegio, sino un derecho de todas las personas. Es responsabilidad de los Estados, en colaboración con la sociedad civil y el sector privado, establecer políticas públicas que hagan realidad este principio, asegurando un acceso equitativo y una atención de calidad para todas y todos.

Día Mundial de la Salud Mental

Los organismos públicos estatales de derechos humanos constituyen uno de los avances institucionales más significativos en la consolidación del Estado democrático de derecho. Su origen responde a la necesidad de contar con instancias cercanas a la ciudadanía que velen por la protección, promoción y defensa de los derechos humanos frente a actos u omisiones de la autoridad.
A diferencia de otras instituciones, estos organismos no se erigen como tribunales ni como instancias de sanción penal; su naturaleza es esencialmente preventiva y garantista. A través de mecanismos como la recepción de quejas, la investigación de violaciones a derechos humanos y la emisión de recomendaciones, se convierten en puentes entre la ciudadanía y las instancias de procuración de justicia, ofreciendo acompañamiento y orientación jurídica a quienes, de otro modo, podrían quedar en situación de indefensión.
En ese sentido, es importante establecer que si bien las resoluciones de estos organismos no tienen carácter vinculante en sentido estricto, su legitimidad descansa en la solidez de sus investigaciones, en la transparencia de sus procedimientos y en la fuerza moral de sus pronunciamientos. En muchas ocasiones, son precisamente estos organismos los que visibilizan prácticas institucionales contrarias a los derechos humanos y contribuyen a la transformación de políticas públicas.
En el ámbito de la procuración de justicia, su papel resulta relevante. Las fiscalías y Ministerios Públicos suelen ser señalados por prácticas de revictimización, dilación procesal o incluso corrupción. 
En el caso particular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, se cuenta con una agenda que, a través de la Segunda Visitaduría, atiende puntualmente las inconformidades en contra de personas servidoras públicas de la Fiscalía del Estado, operando como una instancia de vigilancia y acompañamiento que no solo recibe y canaliza quejas, sino que también fomenta una cultura de respeto a la dignidad humana en esa institución.
En ese sentido, la labor de los organismos estatales de protección a los derechos humanos no debe entenderse o limitarse como un mero trámite administrativo, sino como un componente esencial para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. 
Así pues, los organismos estatales de derechos humanos y la procuración de justicia no son esferas aisladas, sino engranajes complementarios. La confianza ciudadana en la justicia se fortalece en la medida en que ambos trabajan coordinadamente: unos garantizando la protección integral de los derechos, y otros asegurando que las violaciones a estos no queden impunes. Su articulación es indispensable para avanzar hacia un modelo de justicia más humano, accesible y cercano a la gente.

Organismos estatales de derechos humanos y procuración de justicia: pilares en la garantía de derechos fundamentales

El Día Internacional de las Lenguas de Señas se celebra el 23 de septiembre con el objetivo de sensibilizar sobre su importancia para hacer valer los derechos humanos de las personas sordas, así como para proteger su identidad lingüística y promover la diversidad cultural internacional. 
Las lenguas de señas no son meros gestos; son sistemas lingüísticos completos que abren un mundo de posibilidades para la atención de las personas sordas.
Mediante la resolución A/72/439, la Asamblea General de la ONU estableció esta fecha porque en ese día se constituyó la Federación Mundial de Sordos en 1951. Esta organización ha sido clave en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad auditiva en todo el mundo, y tiene como principal objetivo la preservación de los lenguajes de signos y la cultura sorda, como prerrequisitos para la realización de sus derechos.
El primer Día Internacional de las Lenguas de Señas se conmemoró en 2018 como parte de la Semana Internacional de los Sordos, la cual se celebró por primera vez en septiembre de 1958; desde entonces se ha convertido en un movimiento global que ha contribuido a crear conciencia sobre los desafíos que enfrenta la comunidad sorda en su vida cotidiana y a promover la inclusión.
Es importante mencionar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 2, reconoce y promueve el uso de las lenguas de señas. Establece que tienen el mismo estatus que las lenguas habladas y obliga a los Estados parte a que faciliten su aprendizaje y promuevan la identidad lingüística de la comunidad de las personas sordas.
Las lenguas de señas deben ser consideradas como un derecho humano esencial en México, destacando su papel en la educación, la comunicación y el acceso a servicios. Sin embargo, a pesar de los avances, muchas personas sordas en México aún enfrentan barreras significativas para acceder a ellas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay aproximadamente 2.4 millones de personas con discapacidad auditiva, de las cuales una parte significativa utiliza la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como su principal medio de comunicación. No obstante, el acceso a la LSM y a servicios de interpretación sigue siendo limitado en muchos ámbitos de la vida.
Los estados deben facilitar el aprendizaje de la LSM desde temprana edad y promover la identidad lingüística de los estudiantes sordos, para permitirles un desarrollo integral y su participación plena en la sociedad. La educación inclusiva es fundamental para garantizar que las personas sordas tengan acceso a una educación de calidad. En este rubro la profesionalización de los docentes y el contar con mayor número de intérpretes de LSM es de suma importancia y así atenuar la brecha de desigualdad.
El acceso a la información y la comunicación es esencial para que las personas sordas puedan tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida social y política. Los Estados deben garantizar el acceso a la información en LSM o mediante el apoyo de intérpretes profesionales en todos los ámbitos de la vida, desde la salud hasta la justicia.
Es importante que toda la información y la comunicación para grupos de atención prioritaria sea proporcionada en formatos accesibles, la interpretación en lengua de señas mexicana, el material de video con subtítulos, entre otras ayudas técnicas son esenciales. 
El acceso a los servicios es otro derecho fundamental que se ve afectado por la falta de acceso a la LSM. Los estados deben proporcionar intérpretes de LSM en todos los servicios públicos, como hospitales, escuelas y juzgados, para garantizar que las personas sordas reciban la atención que necesitan en igualdad de condiciones. Debe garantizarse el acceso de las personas sordas a todo tipo de servicio, programa social, actividades artísticas y culturales, contando con la interpretación de LSM u otras ayudas técnicas.
Las lenguas de señas son un derecho humano esencial para la comunidad sorda en México. Su acceso es fundamental para garantizar la inclusión, la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas sordas. Es momento que los estados, la sociedad civil y los individuos trabajen juntos para garantizar que todas las personas sordas tengan acceso a la LSM y puedan participar plenamente en la sociedad.
Al conmemorar este día, reconocemos los avances logrados y los desafíos que aún quedan por delante para garantizar la igualdad para todas las personas. Los logros nos acercan al objetivo de un mundo inclusivo en el que todas las personas sordas puedan comunicarse mediante señas en cualquier lugar.

23 de septiembre: Día Internacional de las Lenguas de Señas

Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hemos acompañado numerosos casos de desaparición y escuchado, una y otra vez, el mismo relato: familias que cargan solas con la búsqueda de sus seres queridos. Madres, padres, hijas e hijos, hermanas y hermanos que, ante la inacción o lentitud de las autoridades, se ven obligados a asumir tareas que, por ley, corresponden al Estado. 
Lo hemos dicho con firmeza: ser familiar de una persona desaparecida se ha convertido en un trabajo de tiempo completo. Uno no remunerado, no elegido, profundamente doloroso y, lamentablemente, sostenido en el abandono institucional. 
Las familias buscan, documentan, investigan, se organizan, interrogan, aprenden procedimientos legales y técnicos, enfrentan procesos revictimizantes y, muchas veces, son ignoradas o tratadas con sospecha. Ellas, no las instituciones, han construido redes de información, bases de datos, estrategias de búsqueda y rutas jurídicas. Su trabajo ha sido esencial para encontrar fosas, cuerpos e incluso responsables.
Desde nuestra posición como organismo defensor de derechos humanos, reconocemos esta realidad con preocupación. La ausencia de protocolos efectivos, la falta de coordinación entre instituciones y la escasez de recursos no pueden seguir siendo excusas. El dolor de una familia no puede sustituir la obligación del Estado. 
El impacto psicosocial que conlleva esta búsqueda constante es inmenso. Las familias padecen ansiedad, estrés crónico, pérdidas patrimoniales y económicas, aislamiento social y un duelo suspendido que afecta cada aspecto de su vida y, a pesar de todo, siguen adelante.
La Comisión tiene la responsabilidad de visibilizar esta carga y exigir garantías mínimas para quienes buscan: atención digna, acceso a la justicia, protección ante amenazas, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y, sobre todo, acciones concretas y efectivas para localizar a sus seres queridos.
Reiteramos: el acompañamiento institucional no debe ser simbólico, sino operativo, efectivo y constante. 
Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de los familiares, documentando violaciones, emitiendo Recomendaciones e impulsando políticas públicas que reconozcan a las familias no solo como víctimas indirectas, sino como actores clave en la lucha contra la desaparición y la impunidad. 
Ser familiar de una persona desaparecida no debería ser un trabajo. Pero hoy lo es. Y mientras lo siga siendo, nuestro deber es acompañarlos y protegerlos, así como exigir al Estado que asuma la responsabilidad que le corresponde.

Ser familiar de una persona desaparecida es un trabajo de tiempo completo

México atraviesa un acelerado proceso de envejecimiento poblacional y, según proyecciones del INEGI, hacia 2050 las personas mayores representarán una proporción mucho mayor de la población total. Este cambio demográfico exige respuestas urgentes, pues la omisión o el desconocimiento de sus derechos impacta directamente en su calidad de vida, autonomía y dignidad.
En este contexto se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Personas Mayores, organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en coordinación con la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco, y en el que participaron también la Universidad de Guadalajara, UNIVA, el Tec de Monterrey y la Universidad Panamericana. El congreso tuvo como lema “Sabiduría y derechos: Reconociendo el valor de las personas mayores”.
Esta actividad permitió el diálogo, la reflexión y la construcción de un futuro más justo e inclusivo, donde los derechos de las personas mayores sean plenamente respetados, su experiencia sea valorada y su participación activa en la sociedad sea una realidad tangible. Se abordaron problemáticas como el edadismo, violencia y abuso, pobreza, exclusión digital, dificultades de movilidad y acceso limitado a servicios de salud, justicia y seguridad social. Además, se trabajó en la promoción de una sociedad incluyente, libre de discriminación y con políticas públicas que garanticen un envejecimiento digno.
En este marco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco reafirmó su compromiso con la defensa y promoción de sus derechos, además de trabajar para erradicar la discriminación, garantizar el acceso a la justicia y promover políticas públicas que respondan a sus necesidades y aspiraciones.
Una comunidad, un municipio, un Estado o un país que excluye a un sector de su población, nunca alcanzará un desarrollo pleno. Para lograr una sociedad equitativa se requiere la participación de todas y todos, y hablar de las personas mayores significa hablar de un grupo de atención prioritaria, de quienes han construido con esfuerzo el presente que hoy disfrutamos.
Es fundamental fortalecer los marcos normativos como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pues aún persiste un desconocimiento generalizado sobre estos instrumentos, tanto en la sociedad como en instituciones y operadores de justicia.
Entre los temas que se abordaron en el Congreso fueron: “Envejecimiento digno, derechos, políticas y participación activa”; “Del compromiso a la acción: el papel del Poder Legislativo en la inclusión de las personas mayores”; “Cuidar la salud, proteger la dignidad: atención integral a las personas mayores”; y “La riqueza de la experiencia: el papel de las personas mayores en la sociedad contemporánea”.
Aprovecho este espacio para agradecer a la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco por su apoyo en la realización de este congreso. También quiero expresar mi gratitud a las universidades participantes por su colaboración, a las organizaciones civiles y personas mayores que asistieron a este evento. Estoy cierta de que este congreso sentará las bases para avanzar hacia una cultura de respeto a la dignidad humana. 
Desde la CEDHJ seguiremos trabajando en la defensa y promoción de los derechos de las personas mayores en Jalisco, para que vivan en una sociedad incluyente, en donde su experiencia sea reconocida y valorada.

Sabiduría y derechos humanos: garantizar la dignidad de las personas mayores

Uno de los temas más urgentes y menos visibilizados en el sistema penitenciario de Jalisco es el tratamiento que reciben las personas privadas de la libertad que viven con discapacidad psicosocial, mejor conocidos como inimputables. 
Esta población enfrenta una doble vulnerabilidad debido a su condición de salud mental y a las limitaciones estructurales del sistema penitenciario para garantizarles una atención digna y respetuosa de sus derechos humanos.
Durante los programas de supervisión que realiza esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en los diversos centros de reclusión del Estado, se ha observado que una de las agendas que han atendido las autoridades penitenciarias en el último año, es el tratamiento que se otorga a las personas que presentan una discapacidad psicosocial, con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, la vulneración de sus derechos humanos, no obstante la complejidad de los sistema penitenciarios del país.
El Código Penal establece que el juzgador dispondrá de medidas de tratamiento aplicables a las personas con discapacidad psicosocial vinculadas por la comisión de un delito, fuera de reclusión. Sin embargo, en la práctica, muchas personas llevan su proceso en una institución penitenciaria, incluso cuando ya han sido sentenciadas.
En algunos casos, los juzgadores imponen en sus resoluciones que las personas permanecerán albergadas hasta que presenten notoria mejoría, situación que se considera una contradicción técnica, ya que las personas que presentan una discapacidad psicosocial necesitan recibir tratamientos médicos integrales y multidisciplinarios, tratamientos que son difíciles de implementar debido a las condiciones y situaciones que enfrentan estas personas al estar compurgando penas en estos espacios que no han sido diseñados para ello.
Asimismo, el Código Penal establece que las personas consideradas inimputables podrán ser entregadas a quienes legalmente deban hacerse cargo de ellas, siempre que cumplan y garanticen su tratamiento y vigilancia. Sin embargo, en la práctica esta medida no es atendida, por lo cual, el reto del sistema penitenciario se incrementa por el número de personas con discapacidad psicosocial que se encuentran en los centros penitenciarios, los cuales no son adecuados para su atención.
Las personas con discapacidad psicosocial requieren atención especializada acorde a sus características, pues algunas de ellas no pueden llevar una vida funcional. La normativa nacional e internacional establece que el Estado debe brindarles las condiciones que permitan su mejoría durante el internamiento. La falta de infraestructura, médicos especializados y personal capacitado dentro de los centros de reclusión, genera una doble vulnerabilidad hacia esta población.
No atender los principios para el tratamiento de las personas privadas de la libertad puede derivar en situaciones que pudieran considerarse actos de tortura. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, señala que debe protegerse la salud física y mental de las personas con discapacidad psicosocial que se encuentran bajo tutela del Estado, (centros de reclusión) y que este derecho se debe garantizar aun y cuando las instituciones penitenciarias no cuenten con los recursos financieros y profesionales.
Existen casos de personas que presentan una afectación más aguda, y no se encuentran en condiciones de manejar su propia persona. Por ello, los centros de reclusión deben ir más allá en la atención de este grupo y cumplir con la responsabilidad de tutela y protección de sus derechos humanos.
Esta Comisión ha encontrado que los espacios destinados para albergar a las personas con discapacidad psicosocial, generalmente no cumplen con los estándares para su atención. Aunque destinan áreas específicas para su internamiento, estas no cumplen con la normativa, lo que hasta cierto punto es comprensible, ya que los centros de reclusión no fueron diseñados para albergar a esta población.
Es de resaltar que en el sistema penitenciario del estado, aun y cuando realizan un esfuerzo para dar atención a estas personas, esto no omite que se vulneren sus derechos. Esta situación se agudiza aún más en los centros de reclusión femeniles, pues los espacios son más reducidos y no cuentan con un área específica para atender a mujeres con esta condición.
Se advierte que la vulneración que sufren las personas con discapacidad psicosocial es un tema pendiente en Jalisco y en el país. Su condición las hace más propensas a abusos por parte de otras personas privadas de su libertad, tal y como se documentó en la Recomendación 15/2025 que emitió esta CEDHJ, en la cual se evidenciaron casos de tortura y violaciones a sus derechos humanos, ello derivado de la omisión de las autoridades penitenciarias.
Esta defensoría busca generar conciencia de que este tema debe de ser prioritario para la investigación y ejecución de políticas públicas, que permitan atender a las personas que viven con discapacidad psicosocial dentro de los centros de reclusión, y generar estrategias para darle la atención adecuada que requieran en la medida de su internamiento.

Las personas con discapacidad psicosocial en el sistema penitenciario de Jalisco

Nora Ampudia

El costo económico de la violencia

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Vicente Viveros

Los extremos

Aldo Arturo González

Deporte de altura

Cada 24 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha que nos recuerda que el calentamiento global no es un fenómeno lejano ni abstracto, sino una realidad que impacta todos los días la vida, la salud, la seguridad y la dignidad de las personas. En este contexto, el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales, se erige como un pilar para la garantía del resto de los derechos fundamentales.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) asumimos con firmeza que proteger el medio ambiente no es una tarea secundaria, sino una responsabilidad ética, jurídica y social. El deterioro ambiental profundiza desigualdades, afecta de manera desproporcionada a comunidades rurales, pueblos indígenas, niñas, niños y personas en situación de pobreza, y compromete las posibilidades de desarrollo sostenible para las generaciones futuras.
En este sentido, la Cuarta Visitaduría General ha desempeñado un papel esencial en la defensa y promoción del derecho a un medio ambiente sano. A través de investigaciones, gestiones y acompañamientos en casos relacionados con la contaminación del agua, la gestión inadecuada de residuos, la pérdida de biodiversidad y los efectos de actividades industriales sin control ambiental, esta área ha impulsado medidas concretas para exigir la rendición de cuentas de las autoridades y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades y ecosistemas.
Con motivo de esta fecha, desde la CEDHJ reafirmamos nuestro compromiso con la educación ambiental y los derechos humanos, promoviendo actividades de sensibilización, foros y talleres que fortalezcan la conciencia colectiva sobre la urgencia de actuar frente al cambio climático. Asimismo, fortalecemos alianzas con instituciones académicas, organizaciones civiles y dependencias gubernamentales para incidir en políticas públicas con enfoque de derechos humanos y sostenibilidad.
Combatir el cambio climático exige voluntad política, justicia ambiental y una ciudadanía informada y participativa. No podemos hablar de justicia sin hablar de medio ambiente; no podemos hablar de derechos humanos sin hablar de agua limpia, aire puro y ecosistemas saludables. 
El reto es enorme, pero también lo es nuestra determinación. Desde la CEDHJ seguiremos vigilantes, propositivos y firmes para que Jalisco avance hacia un futuro donde el cuidado de la naturaleza sea sinónimo de respeto a la vida y a la dignidad humana.

El derecho a un medio ambiente sano: nuestra obligación ante el cambio climático