La infancia silenciada: el delito que México no quiere ver

México vive una crisis profunda y dolorosa que pocos se atreven a mirar de frente: la violencia sexual, la explotación y la trata de menores. Niños, niñas y adolescentes crecen expuestos a entornos inseguros, en los que los agresores muchas veces son personas cercanas: padres, familiares, vecinos o conocidos, y en donde el silencio institucional se convierte en su segunda condena.

Cada año se abren miles de carpetas de investigación por abuso sexual infantil, pero solo una mínima parte llega a una sentencia. Las víctimas suelen ser revictimizadas en los procesos judiciales, no reciben acompañamiento psicológico, y muchas veces ni siquiera son escuchadas. El sistema que debería protegerlas se ha transformado en un laberinto burocrático donde la impunidad es la norma y la niñez, una prioridad olvidada.

El abuso sexual infantil no ocurre en la oscuridad: ocurre dentro de hogares, escuelas y comunidades donde prevalece el miedo a denunciar. La cultura del silencio, sumada a la falta de seguimiento institucional, ha permitido que miles de depredadores sigan libres. México enfrenta un fenómeno alarmante: un país donde hablar de abuso infantil sigue siendo incómodo, donde las cifras se maquillan y donde la sociedad se acostumbra a mirar hacia otro lado. El verdadero enemigo no solo es el agresor, sino la indiferencia colectiva que perpetúa el dolor de las víctimas.

Detrás de cada caso hay una cadena de complicidades: funcionarios que miran hacia otro lado, policías que no investigan, agencias turísticas que facilitan contactos, y una sociedad que normaliza el silencio. El crimen organizado no solo trafica drogas o armas; también trafica cuerpos, identidades y destinos. Los menores son el blanco más rentable porque son los más indefensos, los menos escuchados y los más fáciles de manipular. Lo que debería ser un Estado protector se convierte, muchas veces, en un Estado ausente.

El turismo en México, motor económico del país, también representa un terreno fértil para la trata y la explotación infantil. Organismos de derechos humanos han advertido que las redes de pedofilia y prostitución forzada utilizan plataformas turísticas para encubrir su actividad. La preocupación aumenta ante la llegada del Mundial 2026, un evento que atraerá millones de visitantes y que podría amplificar las oportunidades para que el crimen organizado opere bajo la fachada del turismo. El riesgo es evidente: mientras el país se prepara para la fiesta del futbol, no existen planes claros de protección a menores ni estrategias específicas de prevención. El Mundial no es la causa, pero sí puede ser el escenario perfecto para que la impunidad se oculte entre el espectáculo y la multitud.

La reciente detención en Estados Unidos de Martha Alicia Méndez Aguilar, alias “La Diabla”, evidenció la magnitud del problema que México ha preferido ignorar. Se le acusa de encabezar una red de tráfico de recién nacidos y mujeres vulnerables, algunas de las cuales murieron durante procedimientos clandestinos. Los bebés eran vendidos a familias en el extranjero, mientras los cuerpos de las madres eran utilizados con fines criminales. Este caso no es una excepción aislada, sino una muestra del nivel de organización y alcance que poseen las redes dedicadas a la trata y explotación humana. Su captura expuso no solo la brutalidad del delito, sino la colaboración internacional que fue necesaria para detenerla, un reflejo de que México sigue sin estructuras internas suficientemente sólidas para prevenir o desmantelar estos grupos.

Otro factor que agrava esta crisis es la saturación de las fiscalías. A pesar de que los agentes del Ministerio Público cuentan con preparación, compromiso y conocimiento legal, la falta de personal, los recursos limitados y la sobrecarga de trabajo hacen que los procesos se retrasen y que muchas carpetas terminen rezagadas. Miles de denuncias permanecen abiertas sin avances significativos porque no hay suficientes manos para investigar ni condiciones adecuadas para dar seguimiento a cada caso. Urge incrementar el número de agentes del Ministerio Público, peritos y policías investigadores, así como fortalecer la colaboración entre instituciones, fiscalías, comisiones de atención a víctimas, DIF, organismos de derechos humanos y organizaciones civiles para construir un sistema capaz de acompañar a las víctimas y garantizar justicia efectiva.

Mientras esta realidad golpea al país, la agenda política parece mirar hacia otro lado. El reciente viaje del senador Gerardo Fernández Noroña a Palestina, por el que dejó momentáneamente sus funciones legislativas con la intención de intervenir y ayudar a traer a México a menores huérfanos palestinos, generó controversia y debate público. Su gesto humanitario fue aplaudido por algunos sectores, pero también evidenció una gran contradicción: ¿Cómo es posible que desde el poder se exprese preocupación por los niños de otras naciones, mientras los menores mexicanos viven desamparados, sin justicia y en constante riesgo dentro de su propio país? La solidaridad internacional no es un error, pero sí lo es ignorar la tragedia nacional. La niñez mexicana no necesita discursos diplomáticos, sino protección real, educación, justicia y políticas públicas efectivas.

El abuso sexual infantil, la trata y la explotación de menores no pueden seguir siendo temas silenciados. El verdadero progreso de un país no se mide por sus eventos internacionales, sino por cómo protege a sus niños. México necesita romper el pacto del silencio que encubre a los agresores y condena al olvido a las víctimas. Porque mientras los reflectores apuntan al espectáculo, en la sombra sigue existiendo un país que no protege a sus hijos. Este es un tema incómodo, pero se necesita alzar la voz. Todos tenemos la obligación de cuidar a los menores. Esa no es solo una responsabilidad del Estado, sino un deber moral de toda la sociedad.