Mirza Flores

Los recientes acontecimientos en el Senado de la república son la confirmación de lo que hemos venido advirtiendo desde Movimiento Ciudadano: el régimen morenista ha perfeccionado la narrativa de la incongruencia y ha reemplazado la “honradez” que tanto se quieren apropiar por la soberbia del poder y una corrupción que se justifica o se minimiza.
Lo que hemos presenciado es la exhibición de dos personajes que ejemplifican los peores vicios de la vieja política: Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña.
El caso del senador Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena, es de los más notorios. Las acusaciones en su contra, que van desde presuntas irregularidades fiscales hasta posibles vínculos con la delincuencia organizada, evidencian la falta de controles institucionales o permisividad dentro del oficialismo. Según las investigaciones, López Hernández habría recibido 79 millones de pesos de empresas privadas entre 2023 y 2024 que no fueron reportados en sus declaraciones patrimoniales. Esta discrepancia entre lo declarado ante el Senado y lo registrado ante el SAT ha derivado en al menos 37 denuncias ante la Fiscalía General de la República por irregularidades que, en conjunto, ascienden a casi 800 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Tabasco de 2019 a 2020.
A ello se suma la relación con su entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, presuntamente vinculado con la organización criminal “La Barredora”. La simultaneidad entre su nombramiento y la aparición de esta estructura delictiva pone en evidencia los riesgos de un ejercicio del poder sin supervisión, sin contrapesos efectivos y con una tendencia a las omisiones que se agudizan con el nepotismo al interior del partido.
La reacción del gobierno federal ha sido insuficiente. La presidenta Claudia Sheinbaum limitó su comentario a llamar al senador que “aclare” su situación, sin comprometer una postura institucional propia de la presidencia de la República. 
Estoy de acuerdo con el comunicado emitido por el Sistema Nacional Anticorrupción que pide que se investigue a López Hernández por la simple investidura que implica ocupar un escaño de senador y estar cargando con acusaciones tan graves. Hay que cuidar nuestras instituciones, México merece un Senado compuesto por personas íntegras con la legitimidad política necesaria para representar, no por perfiles que se aprovechan del fuero para vivir.
En la misma Cámara Alta, el senador Gerardo Fernández Noroña anunció que pedirá licencia a partir del 24 de octubre, justificando que irá a defender la causa palestina. Noroña, quien ha sido señalado previamente por sus lujos, viajes costosos y una casa irregular de 12 millones de pesos que contrastan con la supuesta &#8220;austeridad franciscana&#8221; de Morena, vuelve a anteponer los intereses personales sobre su deber legislativo.
En política los tiempos importan mucho. La licencia se presenta a la mitad de un momento de dificultades mediáticas y falta de legitimidad para el senador Noroña. ¿Será que es tiempo de que está estrategia de distanciamiento la comienece a considerar López Hernández para alejarse del bullicio que tanto lo acusa? 
Si estuvieran más cerca de las causas de la población, se darían cuenta que el país exige justicia, transparencia y resultados, no una puesta en escena para mantener una burbuja de poder que se aleja cada día más de la gente.

Noroña ya, ¿y Adán cuándo?

La desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) ha dejado a México en estado de emergencia, pero sin Estado. La decisión, tomada bajo la bandera de la austeridad, representa un “austericidio”, un sacrificio institucional que condena a miles de mexicanos a enfrentar la furia de la naturaleza sin respaldo ni certeza. Alerté este peligro desde la tribuna legislativa, advirtiendo que recortar el único mecanismo de respuesta inmediata ante catástrofes sería una sentencia para los más vulnerables. Hoy, la realidad confirma esos riesgos: inundaciones devastadoras en Veracruz, Puebla e Hidalgo, huracanes en Guerrero, incendios en Sonora y sismos en Oaxaca revelan un país expuesto y sin amortiguador institucional.
Pedir el regreso del FONDEN ha sido desestimado como “politiquería” por representantes del oficialismo, en un intento por sepultar bajo argumentos retóricos la legítima preocupación por la vida y patrimonio de la gente. Pero este fondo era mucho más que una cuenta bancaria. Representaba reglas claras, procesos automáticos y recursos etiquetados, permitiendo atender con rapidez y justicia situaciones de emergencia. Su extinción ha provocado que la ayuda dependa de la buena voluntad, de cálculos políticos y de la rigidez presupuestal, lejos de la urgencia que las tragedias requieren.
El retroceso es evidente. La inversión para mitigar inundaciones cayó de 45 mil millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto a 25 mil millones en el de López Obrador, una reducción del 44%. En este 2025, solo se han ejercido 16.7 millones para atender siniestros; ni FONDEN ni el Fondo de Prevención han gastado un solo peso de sus partidas, según datos oficiales y reportajes especializados. La consecuencia: la ciudadanía queda abandonada a su suerte, sin protocolos de actuación efectivos, ni respaldo económico sólido. Esto en un contexto de cambio climático, donde los riesgos aumentan año tras año y la política pública debería poner en primer plano la reducción, preparación y respuesta frente a desastres.
México es parte del Acuerdo de Sendai desde 2015, el estándar internacional de la ONU que establece la meta de reducir riesgos, concientizar y fortalecer sistemas de protección civil. Paradójicamente, justamente cuando el país requiere mayor capacidad de respuesta y coordinación, desaparece el FONDEN y se desarticula lo poco avanzado en materia de prevención y conciencia institucional. Las tragedias recientes muestran que no podemos evitar los eventos naturales, pero sí minimizar sus efectos devastadores con sistemas de protección robustos, protocolos automáticos y recursos garantizados.
Eliminar el FONDEN no fue una decisión técnica, sino política, y ahora la factura la paga la gente. La exigencia de recuperar el fondo no es politiquería. Es un acto de responsabilidad ética y política. Un Estado que no previene ni protege, no cumple su función esencial. El Estado de emergencia sin Estado es la dolorosa realidad de hoy, resultado de una austeridad que mata, donde la vida y el patrimonio nacional están en juego con cada tormenta.

Estado de emergencia SIN Estado

Hace unos días fuimos testigos de un acto político que intentó presentarse como un ejercicio de rendición de cuentas, pero terminó siendo un espectáculo de simulación. El informe de un año de gobierno de la primera mujer presidenta de México habló de un país que no existe, de una realidad que solo habita en los discursos del oficialismo. Lo que escuchamos fue un mensaje dirigido a las bases de Morena, no a la ciudadanía que todos los días enfrenta la inseguridad, la carestía y la corrupción.
Hablan de “honradez” y “combate a la corrupción” como si fueran principios vivos en la administración federal. Dicen que la honestidad ya no es la excepción, sino la regla. Se atreven a mentir mientras guardan un silencio cómplice ante la crisis provocada por el “huachicol fiscal”, esa red de corrupción que se estima ha desviado alrededor de 600 mil millones de pesos del erario, y que involucra a servidores públicos y empresarios cercanos al poder.
El régimen morenista ha perfeccionado la narrativa de la incongruencia, que en lo público predica la transformación, pero en las cámaras destruye los contrapesos. En el discurso dicen que México avanza hacia la transparencia, mientras en los hechos buscan el control absoluto al desmantelar los organismos autónomos, intentar someter al Poder Judicial y manipular el sistema de amparo para intentar callar a quienes los cuestionan.
De manera insensible reducen la salud a cifras que no coinciden con la realidad de un sistema colapsado. Las compras de medicamentos han estado plagadas de irregularidades, con sobrecostos millonarios, directivos sin sanciones claras y procesos opacos que aseguran haber solucionado. Pero los hospitales públicos funcionan al límite y la gente sigue padeciendo por falta de tratamientos y medicamentos. Para colmo, el gobierno pretende castigar a los estados que, como Jalisco, decidimos no entregar la salud de nuestra gente a un proyecto improvisado que ya fracasó.
En el mundo ideal de Morena hablan de austeridad, pero practican el derroche. Los lujos, viajes y privilegios de su clase política contrastan con la narrativa de sacrificio y rectitud. Casos como el de Adán Augusto López son un recordatorio de que el nuevo régimen repite los vicios del viejo sistema: nepotismo, enriquecimiento ilícito, aliados impunes y complicidades que se esconden bajo el manto de la lealtad partidista.
En seguridad, los números oficiales cuentan una historia distinta a la que nos quieren ofrecer. Dicen que los homicidios bajaron, que hay avances, que se fortaleció la coordinación con los estados. Pero en Sinaloa, Guerrero o Michoacán la gente vive con miedo, a expensas de gobernantes que han olvidado que su compromiso es con la gente y no con los intereses de su partido. Negar la realidad es una ofensa para las víctimas y un obstáculo para cualquier política seria de pacificación.
No se combate la corrupción protegiendo a los amigos, ni se defiende la democracia debilitando sus instituciones. No llegamos todas si no se puede garantizar que cada niña y cada mujer en este país puedan tener salud y seguridad. La “cuarta transformación” prometió cambiarlo todo, pero terminó repitiendo lo peor de la vieja política: la soberbia del poder, el uso faccioso del Estado y una corrupción que ya no se oculta, sino que se justifica. 
El México real, el que Morena no quiere ver ni escuchar, exige justicia, transparencia y resultados, no una puesta en escena para mantener una burbuja de poder que cada día se aleja más de la gente.

Mirza

El informe que le miente a México

Actualmente, México enfrenta una de las peores crisis de atención médica en décadas. Los hospitales presentan carencia de medicinas, falta de especialistas, largas filas de espera y un creciente descontento de la ciudadanía. Cada día vemos a miles de familias que no reciben la atención urgente que necesitan, lo que pone en riesgo su bolsillo, su tranquilidad y su vida.
La desaparición del Seguro Popular, que dejó sin atención a millones de personas, nunca fue compensada por un sistema alternativo eficaz; el INSABI nació como una promesa y murió como un fracaso. Ahora, con el IMSS-Bienestar, el gobierno federal insiste en centralizar decisiones sin garantizar resultados ni transparencia.
En contraste, nuestro gobernador Pablo Lemus no se queda cruzado de brazos y demuestra que cuando existe voluntad política, visión de futuro y trabajo coordinado con la sociedad, se pueden construir soluciones de fondo a los grandes problemas. Su apuesta es clara: fortalecer las instituciones y dirigir los recursos públicos hacia donde más se necesitan.
Es desde esta visión que en Jalisco avanzamos en un proyecto único en México, que sentará un precedente en la forma de atender la salud y también a quienes se encargan de hacerlo: la Red de Hospitales-Escuela, resultado de la alianza entre el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara.
Este modelo no solo transformará la manera en que se brinda la atención médica, sino que también marcará un antes y un después en la formación de profesionales de la salud. Se trata de un sistema que conecta educación y servicio, que permite a las y los estudiantes realizar prácticas, servicio social y posgrados en hospitales de su propia región, y al mismo tiempo garantizar atención médica para sus comunidades.
La Red estará integrada por instituciones que ya son referentes históricos como el Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, el Nuevo Hospital Civil “Juan I. Menchaca” y el Hospital Civil de Oriente en Tonalá, y los hospitales comunitarios de Colotlán y Ocotlán. También se sumarán dos nuevas infraestructuras que expanden la cobertura: el Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta, y el Hospital Civil del Sur-Sureste, en Zapotlán El Grande. Con esta visión, las regiones tendrán acceso a servicios médicos dignos y de calidad. 
La alianza con la Universidad de Guadalajara es un ejemplo de cómo los gobiernos locales pueden hacer la diferencia cuando se prioriza el bienestar de la gente por encima de las ocurrencias y los intereses personales.
La salud no puede ser rehén de discursos ideológicos ni depender de los privilegios de unos cuantos. La salud es un derecho y garantizarla requiere planeación, inversión, personal capacitado y una visión de largo plazo. La Red de Hospitales-Escuela sentará las bases de un modelo replicable que coloca a las personas en el centro y que entiende que la mejor política de salud es aquella que combina prevención, atención oportuna y formación de profesionales comprometidos con su comunidad. 
El futuro de la salud en México necesita menos discursos y más acciones responsables. En Jalisco ya dimos un paso al frente.

Red Hospitales Escuela: Jalisco sigue redefiniendo la salud en México

El Paquete Económico 2026 confirma lo que desde Movimiento Ciudadano hemos venido advirtiendo: el gobierno federal incumplió su promesa de no endeudar al país y hoy la realidad nos golpea con crudeza. No estamos frente a un simple ejercicio contable, sino frente a un mapa de prioridades que deja en evidencia la mala administración y la falta de visión de largo plazo.
Por primera vez desde 1991, el costo financiero de la deuda pública alcanza niveles alarmantes. Para 2026 se proyecta destinar 1.57 billones de pesos tan solo al pago de intereses y servicio de la deuda, lo que significa 4 mil 307 millones de pesos diarios que no va a escuelas, hospitales o proyectos productivos, sino al bolsillo de los acreedores.
Esto significa que 15.6 de cada 100 pesos del gasto público se irán solo a pagar deuda. Mientras que el gasto en pagos representará 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto, apenas se invertirá 2.9 por ciento en educación y 2.5 por ciento en salud. Este gobierno sigue demostrando que el futuro de nuestros niños y niñas, y la salud de nuestras familias, no son una prioridad en sus planes.
Resulta increíble que, ante una problemática de tal magnitud, no exista una estrategia de solución en el corto y largo plazo. Se solicita al Congreso un techo de deuda interna por 1.8 billones de pesos, casi lo mismo que costará el servicio de la deuda; es decir, el gobierno está pidiendo prestado para pagar lo que ya debe.
Mientras observamos cómo sale a flote la podredumbre de Morena y sus nexos con el crimen organizado y la red de huachicol fiscal, nos enteramos que el gobierno apoyará a Pemex con 13 mil 800 millones de dólares porque el organismo se mantiene sumamente endeudado. Nos prometieron un rescate que no ha llegado y que, lejos de mejorar el funcionamiento, ha diversificado las posibilidades de la corrupción, pero ahora en color guinda.
En contraste, el incremento de la deuda se traducirá en mayor presión para las familias mexicanas con menos recursos, quienes tendrán que limitar más el acceso a bienes y servicios. El gobierno federal le da la espalda a quienes tienen las realidades más complicadas, porque además de no garantizarles el acceso a salud, educación y empleo digno, aprieta los bolsillos heredándoles una deuda de casi 12 mil pesos por persona.
En la administración pública se sabe que el endeudamiento, usado con responsabilidad, puede ser motor de desarrollo. El problema viene cuando la deuda se utiliza como una falsa respuesta para salir de los problemas del momento y cubrir las deficiencias de gestión, lo que mantiene un gasto ineficiente. Millones de pesos que podrían destinarse a inversión y crecimiento, se perderán en un ciclo de intereses que parece interminable.
El Paquete Económico 2026 refleja decisiones equivocadas, prioridades invertidas y un futuro hipotecado, aunado a un presente que ya es preocupante. La consecuencia es una economía con menos capacidad de crecimiento, menos oportunidades para generar desarrollo y más limitaciones para los siguientes gobiernos.
Desde Movimiento Ciudadano Jalisco levantamos la voz porque sabemos que sí es posible administrar de forma responsable los recursos, cuando no se improvisa, cuando se prioriza el bienestar de las personas y se trabaja con planeación y transparencia. México no merece un presente asfixiante ni un futuro sin oportunidades. Seguiremos luchando para hacer que la voz ciudadana que reclama un país justo y próspero sea escuchada.

Con Morena, el futuro de México está endeudado

No puedo quedarme callada cuando la Federación desprecia, una vez más, a Jalisco. Hoy, la indignación de nuestras familias y de nuestros sectores productivos frente al estado de las carreteras federales resume una verdad contundente: el Gobierno emanado de Morena ha decidido darle la espalda a uno de los motores económicos del país, dejándonos en el limbo vial mientras duplicamos esfuerzos para salir adelante.
Nuestro gobernador, Pablo Lemus, ha sido claro, firme y valiente. Desde el primer día ha exigido que la Federación intervenga de inmediato ante el deterioro de las vías federales. Carreteras en condiciones intransitables, auténticos caminos de cráteres, que además de lastimar nuestra dignidad como Estado, ponen en riesgo a las familias, estudiantes, comerciantes y transportistas que transitan a diario. A pesar de gestiones constantes con la Secretaría de Infraestructura, la respuesta federal siempre ha sido una: evasiva y falta de compromiso. No hay fecha, no hay recursos, no hay voluntad.
¿Y cuál es la respuesta presupuestal? Para 2025, la Federación asignó a Jalisco apenas una migaja: 400 millones de pesos para las carreteras federales, cuando la necesidad es de al menos 12 mil millones solo para devolver condiciones dignas a las principales rutas. Se trata de menos del 4% de lo requerido. El resto, nos dicen desde Ciudad de México, lo busquemos con paciencia en “futuras gestiones” o quizá en los sueños guajiros de la burocracia centralista. La realidad es innegable: Jalisco está siendo castigado presupuestalmente y lo está pagando con vidas, competitividad y oportunidades.
Sin embargo, en lugar de resignarse, nuestro gobernador Lemus ha asumido una postura que merece nuestro respaldo: invertir recursos estatales en una red carretera sin precedentes. En menos de 14 meses —se ha comprometido públicamente—, nuestro Estado tendrá toda la red carretera estatal en condiciones óptimas de mantenimiento con una inversión superior a los 24 mil millones de pesos. La estrategia estatal contempla 207 frentes de obra, 5 mil 200 empleos directos en la conservación y rehabilitación, y nuevas rutas que impulsarán la conectividad y la inclusión de comunidades históricamente marginadas. Para cada kilómetro de carretera recuperada, hay una historia de progreso, esperanza y defensa de lo nuestro.
Hoy, lo que está en juego no son solo números; está en riesgo la integridad y la vida de quienes transitan las vías. Los accidentes y percances no distinguen nivel socioeconómico ni ocupación. No invertir en carreteras federales es condenar a quienes trabajan, estudian, transportan bienes y producen riqueza, a transitar caminos peligrosos mientras la Federación se deslinda.
El mensaje de Jalisco debe ser claro: nuestra gente no es menor, ni merece limosnas ni castigos fiscales. Seguiremos exigiendo trato digno, recursos justos y corresponsabilidad para no permitir que la seguridad vial quede rehén de cálculos políticos. Mientras tanto, desde Movimiento Ciudadano, todo el respaldo al gobernador Lemus y a quienes representan una agenda de exigencia, gestión y resultados. 
Porque defender a Jalisco es defender la vida, el desarrollo y la dignidad de las y los jaliscienses, hoy y siempre.

Jalisco defiende lo suyo

Hoy usaré mi espacio para compartir con ustedes lo que significó para Movimiento Ciudadano nuestra quinta convención estatal. Titulo mi colaboración como la fiesta de la familia naranja porque para nosotros, la democracia es una celebración y quienes integran nuestro movimiento, somos una familia, no una clientela política. Y como familia tenemos la meta de crecer juntos, de cuidarnos entre todos y de trabajar unidos.
El pasado sábado 6 de septiembre realizamos la quinta convención estatal. Este evento fue algo más que un trámite administrativo, es la confirmación de nuestra vocación democrática y el momento más importante en cuanto a la vida orgánica de la institución. Es el momento en el que miles de mujeres y hombres libres se reúnen para tomar las decisiones respecto a los liderazgos que encabezarán los distintos órganos directivos de nuestro movimiento. Pero es también el momento de refrendar los valores que nos dieron origen. Recordar de dónde venimos, a qué luchas y causas nos debemos, cuáles son nuestros sellos de identidad, porque nos distinguimos de otras opciones y cuáles son nuestros compromisos hacia Jalisco y hacia México.
En ese sentido, lo digo con toda claridad, la quinta convención estatal fue todo un éxito. No sólo por los más de cinco mil doscientos asistentes, no sólo por la presencia de nuestro gobernador, de nuestros legisladores locales y federales, de los presidentes y presidentas municipales, de los regidores y regidoras, de funcionarios, de directivos regionales del partido y autoridades nacionales de Movimiento Ciudadano, sino porque de ahí salimos unidos, fortalecidos y con claridad de metas y objetivos. En Jalisco, sabemos lo que representamos para miles de ciudadanos, una alternativa que ofrece buenos gobiernos, que da resultados, que es cercana a la gente.
Yo asumo con mucho orgullo el liderazgo y la conducción de este movimiento. Hago míos los retos para incrementar nuestro porcentaje de votación, de repetir lo lograrlo en el año 2021 cuando arrasamos en el Área Metropolitana de Guadalajara; debemos ganar más ciudades medias, y además, recuperar gobiernos. Tenemos la meta de ser el Estado que más votos le aporte a Movimiento Ciudadano en el país. 
Asumo también ser quien encabece desde esta trinchera, la lucha contra la amenaza autoritaria que se cierne en el horizonte. Poner mi grano de arena para blindar Jalisco, para mantenernos como una opción vigente entre los ciudadanos que no desean el camino del populismo autoritario, ni el regreso de la vieja política.
Ser la primera mujer dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco es el honor más grande que he tenido en mi vida y voy a honrar esa encomienda con trabajo, consciente de la historia y el legado que cargamos quienes rompimos con el bipartidismo para refrescar la política. Estaré a la altura de los retos que nos pusimos y será una líder de a pie, que esté con la gente, que no pierda el pulso de la calle, ni las demandas de los ciudadanos.
Para mí y para nuestro movimiento, la fiesta naranja que comenzó el pasado seis de septiembre es motivo de compromiso y alegría. Compartirla con ustedes es parte de esa dicha. 
Nos leemos el próximo jueves.

La fiesta de la familia naranja: una convención estatal histórica

Cada 1 de septiembre, el oficialismo insiste en pintar un país de fantasía, donde todo marcha bien y las promesas parecen infinitas, pero sin sustento en la realidad. Una vez más, México escuchó discursos plagados de cifras maquilladas y triunfos ficticios, con los que se pretende ocultar la gravedad de los problemas que golpean a millones de familias. No se trata de logros sino de propaganda, mientras la ciudadanía sigue esperando soluciones reales para vivir con seguridad, justicia y dignidad.
Sin el mínimo de autocrítica, nos dicen que el país va bien y que pronto estará mejor. Pero cuando se contrastan esos discursos con los datos y la situación que enfrentan las familias mexicanas día con día, la realidad resulta mucho menos alentadora. Para muestra, tres rubros fundamentales en los que intentaron engañarnos durante el informe: la salud, la desigualdad y la economía.
El Gobierno federal presume que el abasto de medicinas alcanzó más del 90 por ciento. Sabemos que esto es falso y como lo han señalado diversas organizaciones no gubernamentales, en los últimos seis años el gasto de los hogares en medicamentos se duplicó por fallas en el sistema público de salud, como el desabasto de medicamentos, además de que los hospitales y centros de salud presentan condiciones deplorables y hay casos de extrema urgencia por falta de medicinas y otros insumos básicos, como es el caso de los pacientes con cáncer. El desabasto no se resuelve con estadísticas a modo, sino con acceso real y oportuno a atención médica de calidad.
Otra dolorosa mentira es decir que la pobreza bajó al 29.5%, como el nivel más bajo en 40 años. Lo que no nos dicen es que ello es en mayor parte, efecto de las transferencias de programas sociales, pero que el número de personas con carencias en salud, educación, vivienda y servicios básicos, en realidad aumentó.
Esto solo refleja que no existen estrategias para atender a fondo el problema. Los programas sociales son necesarios y deben mantenerse, pero no pueden ser la única estrategia. Se requiere acompañarlos de políticas de crecimiento económico, de inversión en infraestructura de calidad y de acciones que abran oportunidades reales para todas y todos. Solo así podremos combatir la desigualdad de raíz y garantizar un país con justicia y futuro.
Además, el oficialismo habla de más empleos y de una economía sólida a nivel nacional; sin embargo, la informalidad laboral sigue afectando a más de 32 millones de trabajadores, es decir, a más de la mitad de la población trabajadora en México. Tampoco nos dicen que los estados que lideran la creación de empleo, como Jalisco y Nuevo León, lo hacen posible por las estrategias que se diseñan desde lo local para incentivar la inversión extranjera y la colocación de nuevas empresas.
El país no avanza con la velocidad que pregona la presidenta; al contrario, se encuentra en una situación económica de desaceleración, con riesgo de recesión y gran parte del problema está en una estructura de gobierno que ha priorizado favorecer a los amigos con contratos millonarios, proyectos infructuosos y el mantenimiento de la corrupción.
El oficialismo se empeña en celebrar cifras parciales como si fueran logros definitivos. Pero mientras millones de mexicanos sigan sin medicinas, sin servicios de salud, sin educación de calidad, con empleos precarios y sin oportunidades reales de mejorar su situación socioeconómica, no habrá motivo para festejar. 
Lo que el país requiere no son discursos triunfalistas, sino un gobierno que reconozca la magnitud de los desafíos y actúe con seriedad para enfrentarlos.

El primer informe de Claudia Sheinbaum, alejado de la realidad

Miguel De La Rosa Figueroa

Solidaridad y fraternidad distinguen al pueblo de México

Juan Pablo Colín

Primer año de gobierno: Muchos cuestionamientos y poco desarrollo en Jalisco

Jonás

Abordar un uber en el aeropuerto

Hiram Espinoza de los Monteros

Ley Angela

José Manuel Romo Parra

En Jalisco somos “hijos del maíz”

En Movimiento Ciudadano Jalisco estamos convencidos de que la política se hace en territorio y con la gente. Por eso hemos iniciado un proceso estratégico que marcará el rumbo del proyecto político que defendemos: la renovación y fortalecimiento de nuestras coordinaciones municipales. 
Los que conocen este movimiento saben que no creemos en el activismo de temporada ni en estructuras que solo se activan en tiempo electoral. Creemos en el trabajo permanente, en construir comunidad y en dar la cara en territorio, municipio por municipio, comunidad por comunidad. Lo dije y lo sostengo: es el inicio de una nueva etapa de organización y expansión territorial rumbo al 2027.
En días recientes tomamos protesta a las nuevas comisiones municipales en Acatic y Acatlán de Juárez, y esta misma semana continuamos en Encarnación de Díaz (La Chona) y Villa Hidalgo, para después recorrer más de 30 municipios durante las próximas semanas. No es casualidad ni una gira improvisada; es parte de una estrategia territorial diseñada para fortalecer a las estructuras, escuchar a la ciudadanía y reorganizar nuestro movimiento desde lo local.
Hoy en Jalisco, más de 60 liderazgos municipales han asumido la responsabilidad de coordinar las estructuras de Movimiento Ciudadano en sus municipios. Son mujeres y hombres libres que no vienen a levantar la mano para la foto, sino a defender causas, a trabajar con honestidad y a construir desde la tierra. Sé muy bien lo que implica pedirles compromiso pues representa disciplina, trabajo permanente y carácter. La política no es para los tibios ni para los que se rinden ante la primera adversidad.
Asumo con claridad que el reto que tenemos enfrente es enorme: defender Jalisco del proyecto político que hoy amenaza libertades, instituciones y el desarrollo económico del país. Morena representa el intento más grave de control político centralista de las últimas décadas. Nosotros representamos exactamente lo contrario: la defensa de la libertad, del federalismo, de las causas ciudadanas y del derecho de las personas a construir su propio futuro. 
Gobernar bien no es suficiente si no lo defendemos con organización. Porque los buenos gobiernos naranjas hablan con hechos, pero la política también se disputa en la narrativa pública y en la cercanía con la gente. Queda claro: no vamos a permitir que Jalisco pierda lo que ha construido con tanto esfuerzo.
Nuestro objetivo es firme y está definido: retener los municipios que hoy gobernamos, recuperar las ciudades medias y ganar más municipios del interior del Estado. Lo vamos a lograr porque tenemos liderazgos, estructura y el movimiento político más sólido de Jalisco. 
A todas y todos los que hoy toman un cargo en Movimiento Ciudadano quiero decirles algo muy claro: esto no es un nombramiento, es una responsabilidad con la historia. Estamos llamados a defender Jalisco. Y lo vamos a hacer.

Estamos listas y listos