Por teléfono o en persona; como cobro de piso, amenaza velada o con agresiones; contra trabajadores o pequeños, medianos y grandes empresarios, la extorsión es una de las actividades delictivas que mayor impacto tienen en la percepción de inseguridad pues implica un acoso constante, una sensación de angustia y aislamiento que se incrementa con la falta de atención por parte de las autoridades; por ello es urgente combatirla y el gobierno federal está tomando medidas firmes y contundentes.
Al hablar de la inseguridad, es imposible ocultar los impresionantes resultados que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, implementada por el gobierno federal encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum, ha alcanzado: 32% menos de homicidios dolosos, 28% menos feminicidios, 69% menos secuestros, 48% menos en robos con violencia, entre otras cifras igual de impactantes (desde el inicio de la terrible “guerra” contra el crimen organizado de Felipe Calderón, en 2006, ¿qué otro gobierno había alcanzado resultados tan positivos en materia de seguridad?).
Sin embargo, contrario a estas alentadoras cifras, el delito de extorsión pareciere tener un repunte importante, y es real, pero tiene una explicación: la implementación de la nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión, en julio de este año. Dicha estrategia cuenta con cinco ejes: Generar detenciones mediante investigación e inteligencia; fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales; aplicar el protocolo de atención a víctimas; capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación; e implementar una campaña de prevención nacional.
El resultado fue el incremento exponencial de un 85% en las denuncias por este delito, contrarrestando así la terrible cifra negra de personas que eran extorsionadas y no denunciaban. A la par de esta estrategia, hace unos días, en la Cámara de Diputados aprobamos la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, homogeneizando el tipo penal y las sanciones a nivel nacional.
En esta ley establecimos penas de 6 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor de la UMA para quien extorsione; incluimos agravantes que aumentan las penas, como el “cobro de piso”, victimizar a migrantes o menores de edad, y la participación de servidores públicos. De igual manera legislamos para que el delito se persiga de oficio, se permitan las denuncias anónimas a través del 089 y se establezcan medidas de protección para las víctimas.
La extorsión en cualquiera de sus formas es un grave flagelo social, tan grave que el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y nosotros, desde el Poder Legislativo, estamos tomando medidas contundentes para combatirlo y erradicarlo lo antes posible. Quien sufra de extorsión ya no tiene por qué guardar silencio o temer la colusión de las autoridades, tenemos una estrategia nacional y un nuevo marco legal para que la ciudadanía verdaderamente tenga acceso a la justicia.