Ciberataques: la soberanía de datos no es opcional
La reciente y alarmante cascada de ciberataques exitosos contra infraestructuras críticas del Estado mexicano no son incidentes aislados; son el síntoma de una vulnerabilidad sistémica que hemos ignorado por demasiado tiempo. Cuando bases de datos militares, judiciales, de salud o de inteligencia son atacadas, no solo se compromete la operación gubernamental, se fractura la confianza ciudadana y se pone en riesgo la seguridad nacional.
Los patrones detrás de estas filtraciones masivas son dolorosamente consistentes: falta de capacitación al personal, fallas en la aplicación de “parches” de seguridad, uso de credenciales débiles y el fenómeno del “shadow IT” (el uso de software no autorizado por el personal). Aunque no nos equivoquemos: estos no son fracasos técnicos; son fracasos de gobernanza, de presupuesto y de visión estratégica.
Proteger los datos personales de la ciudadanía no es una cortesía administrativa; es una obligación constitucional. En el siglo XXI, la protección y soberanía de datos —entendida como la capacidad indelegable del Estado para ejercer control y jurisdicción sobre la información que tutela— es tan fundamental como la soberanía territorial. Perderla es ceder ante actores (criminales o estatales) que buscan desestabilizar.
La recurrencia de estos incidentes demuestra que los esfuerzos actuales son insuficientes, fragmentados y reactivos. Carecemos de un andamiaje nacional que obligue a todas las entidades públicas a cumplir con estándares mínimos de seguridad. La falta de presupuesto etiquetado y la ausencia de líneas claras de responsabilidad diluyen cualquier esfuerzo. Es imperativo transitar de la reacción a la resiliencia. Esto exige una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que sea verdaderamente vinculante, no una colección de buenas intenciones.
Esta estrategia debe incluir, como mínimo una gobernanza clara, tener estándares mínimos obligatorios, una supervisión independiente y la actualización legal, esto último, porque es necesario renovar urgentemente el catálogo de ciberdelitos para tipificar adecuadamente diversos fenómenos, como el “ransomware” contra servicios públicos o los ataques a infraestructuras críticas, entre otros.
Esta modernización debe alinearse con estándares internacionales como el nuevo Convenio de la ONU contra la Ciberdelincuencia 2025 o mínimo con el más antiguo de Budapest, establecer reglas probatorias claras para la evidencia digital y fomentar la creación de unidades judiciales y ministeriales especializadas, capaces de cooperar eficazmente a nivel internacional.
La Ciudad de México y el Estado de México han mostrado avances notables, con la creación de sus agencias digitales, ejemplo de Innovación Pública, pero que deben reforzarse con mayor supervisión ciudadana y la implementación de protocolos de respuesta. Estos esfuerzos son un punto de partida fundamental. Sin embargo, para un núcleo urbano que supera los 25 millones de personas en su zona metropolitana, el desafío es mayúsculo. La interoperabilidad segura entre municipios y la capital, la protección de infraestructuras metropolitanas y la alfabetización digital masiva son pendientes urgentes.
La CDMX en ámbito judicial, también ha avanzado con el Dr. Rafael Guerra en materia de justicia digital, donde hay varias áreas de oportunidad para los siguientes años: impulsar servicios digitales y convertirse en un referente nacional. Lo mismo en el Edomex, con el magistrado Héctor Macedo y el plan de desarrollo que ha impulsado.
El gobierno federal y los de las entidades, deben asumir la soberanía digital como un legado impostergable. Proteger los datos en posesión del Estado es proteger a los mexicanos. No podemos permitirnos fallar.
