Jonás

Primero, un reconocimiento a Carlos Manzo Rodríguez. Fue un hombre cabal, y quizá eso es lo que se necesita y no lo hemos descrito y pedido con claridad: cabalidad en el ejercicio de gobierno. Fue presidente municipal de Uruapan hasta antes de ser asesinado en la plaza pública del municipio, justo en las celebraciones públicas por el Día de Muertos y después de muchos actos públicos en los que denunció la actividad de la criminalidad organizada, las extorsiones y la falta de apoyo institucional.

Hoy, su nombre y el de otros michoacanos está ligado a un nuevo escándalo político nacional: el de la impunidad con la que actúan los cárteles del crimen organizado.

Justo una semana antes de que mataran a Carlos Manzo, también había sido torturado y asesinado un dirigente de productores de limón de la zona de Apatzingán, Bernardo Bravo.
Y no, dos homicidios no ponen a Michoacán en la cúspide de las estadísticas de delincuencia en el país.

El registro nacional seguirá informando de lo que pasa en Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Jalisco, entre otros varios estados del país.

De modo absurdo, el asesinato de Carlos Manzo se ha convertido en las redes sociales en un choque entre quienes defienden a la “cuarta transformación” y quienes critican de modo permanente las fallas en el ejercicio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero la muerte del alcalde de Uruapan no puede ser sólo una discusión en redes sociales.

Desde la presidenta Claudia Sheinbaum hasta su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, gobernadores y una “pléyade” de funcionarios en diferentes niveles y con diversas tareas, posicionarán ahora su condena por el homicidio. No puede ser de otra manera.
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Pero lo que importa son las soluciones.

Y no pueden ser lentas.

Se debe actuar ya.

Después del sexenio de Felipe Calderón, tan condenado y criticado por la “cuarta transformación”. Después de Enrique Peña y los 43 de Ayotzinapa, después de la “transformación” que nunca fue más que en el discurso, de Andrés Manuel López Obrador. Después de un año del gobierno de Claudia Sheinbaum y el anuncio de que todas las cifras de delincuencia revelan reducción… después de todo eso, ¿por qué tenemos que seguir esperando?

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Al menos 500 elementos de policía de varias corporaciones municipales y del Estado participarán en la prevención de las “rodadas del terror”, y también montarán vigilancia en varias zonas del Área Conurbada de Guadalajara donde grupos de jóvenes, con el pretexto de la fiesta de Halloween, atacan a las unidades del transporte público con piedras y objetos pesados.
Como resultado de esta torcida forma de festejar, ya es costumbre que el 31 de diciembre un número indeterminado de unidades de transporte público sencillamente no circulan para evitar riesgos de daños y accidentes. El perjuicio es para los usuarios que en plena noche, carecen de transporte.
El Halloween es una fiesta podrida en México.
A muchos jóvenes les suena a sermón, pero es la verdad: el Halloween no tiene sentido ni contexto en la cultura mexicana, y menos aún, mientras más se aleja de la frontera entre México y los Estados Unidos. 
Son abundantes las explicaciones sobre la incompatibilidad de las raíces culturales y religiosas de los mexicanos y las poblaciones que llegaron a Estados Unidos desde el Norte de Europa, herederos de lo que hoy es el Halloween. Pero la incorporación a través del tiempo y la interpretación popular, incluidas las fiestas de disfraces, han derivado en aspectos tan desviados como las “rodadas del terror” y el ataque a los vehículos. 
Capítulo aparte merece el uso de disfraces que en su origen pretendía imitar algunas figuras de la naturaleza o cualidades del ser humano, pero el día de hoy la cultura cinematográfica, sobre todo la más violenta y que proviene precisamente de los Estados Unidos, se refleja en disfraces agresivos, grotescos y deshumanizantes.
En el contexto de las libertades y el ejercicio de éstas, cada quien se divierte como quiere y como puede; todos están en uso de su derecho, hasta que precisamente atropellan el de otros.
Efectivamente, suena a sermón, pero no lo es porque para divertirse, uno de los requisitos fundamentales es la convivencia, no el daño a los demás; a quienes festejan el Halloween en rodadas del terror o agrediendo a otros, hay que recordarles que esa no es diversión, es agresión y puede ser un delito.

“Rodadas del terror”, una fiesta torcida

Aunque parezca increíble, a punto de concluir el primer cuarto del siglo XXI, en México todavía hay conflictos para abordar transporte público en los aeropuertos del país. Quiero referirme específicamente a Guadalajara y Puerto Vallarta, dos ciudades que destacan por la abundante carga de pasajeros, por ser destino turístico internacional y por ser además, la capital de Jalisco, una de las principales ciudades de la república mexicana. Sólo en 2024, en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, se registró la llegada y salida de casi ¡18 millones de pasajeros!
Y la tendencia es de crecimiento.
¿Se puede creer que en estas condiciones todavía está prohibido que vehículos de plataforma como Uber y Didi no puedan llevar pasajeros en esta terminal aérea?
¿Por qué?
Sencillo: Por acaparamiento de esta gigantesca mina de oro que es el traslado de pasajeros.
Lo peor del tema es que a los conductores de plataformas los detiene la Guardia Nacional y se les impone una multa federal que rebasa 60 mil pesos.
Pero no se trata de salir en defensa de Uber o de Didi o de cualquier otra plataforma. El objetivo es defender la libertad de los pasajeros del aeropuerto de Guadalajara (y de todos los aeropuertos del país) para utilizar el medio de transporte que más les convenga: el más barato, el más lujoso, el más rápido, el más exclusivo… el que deseen y puedan pagar.
El resultado de estos impedimentos ilógicos fue que en el aeropuerto tapatío los servicios de taxi autorizados y con convenio legal con el Grupo Aeroportuario del Pacífico no abastecen la demanda. En momentos de más tránsito de usuarios, hay que esperar una hora u hora y media hasta poder tomar un taxi.
Eso no es razonable. Es absurdo y violatorio de derechos además de económicamente inviable.
La zona turística de Cancún está pasando por una crisis debido al intento de acaparamiento de servicios para el turismo internacional. Una de las experiencias más denunciadas en redes sociales es el abuso en el servicio de transporte en el aeropuerto. Lo que está ocurriendo es lamentable: la industria turística está desmoronándose. Eso no puede ocurrir en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Ciudad de México o en cualquier otro destino del país.
Esta semana, el pasado 27 de octubre, la juez decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lilia Ochoa, concedió una suspensión a la empresa Uber, mientras se resuelve de fondo el juicio, para contrario a lo dispuesto por el gobierno federal desde el año 2022, los autos de esta plataforma puedan operar en todos los aeropuertos del país sin ser detenidos o multados.
En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus anunció que solicitó a la Guardia Nacional acatar esta disposición judicial.

Abordar un uber en el aeropuerto

Los maiceros de Jalisco, Guanajuato y Michoacán van por un tercer día de bloqueos carreteros. Sus protestas provocan incuantificables pérdidas económicas en todos los sectores, alimentan el enojo de la sociedad y exhiben la incapacidad del gobierno federal que lleva lentamente una ronda de ineficaces negociaciones.
Las protestas de los productores de maíz, especialmente de estos tres estados –y seguro por eso, porque no alcanzan a la Ciudad de México, merecen menor atención de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura del gobierno federal– han polarizado a la sociedad. Se les apoya en su causa porque es justa: el pago de cinco mil 200 pesos por tonelada de grano no alcanza a pagar los costos de siembra, cosecha y comercialización.
Pero también es frustrante en la experiencia del Área Conurbada de Guadalajara, cómo la urbe queda estrangulada. No sale ni entra el transporte de pasajeros y de mercancías. Miles de personas que están obligadas a viajar se ven obligadas a quedarse y con ello se mutilan sus agendas; ¿cuántas tragedias personales provocan los bloqueos?
Las organizaciones comerciales advierten de las pérdidas millonarias porque mercancías de todo tipo no pueden transitar.
Además, la movilidad cotidiana se complica tremendamente.
El problema de fondo es que la causa de todas estas pérdidas y molestias es un tema particular: la necesidad de los productores de maíz.
Por eso, es increíble que las autoridades federales no hayan atendido todos los avisos lanzados con semanas de anticipación por los líderes de los agricultores. Advirtieron su problema, lo explicaron, pidieron ayuda… y sólo son atendidos cuando protestan y provocan caos.
Sorprende la ineficacia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del titular de Agricultura, Julio Berdegué. ¿No se pudo arreglar una demanda con variables totalmente identificadas, antes de que el problema se convirtiera en una protesta social que afecta a millones de personas?
La petición es clara: en lugar de cinco mil 200 pesos, exigen el pago de siete mil 500 pesos por tonelada de maíz. El secretario de Agricultura ofreció sólo seis mil 050 pesos.
¿No puede el gobierno federal resolver este puntual conflicto con una partida especial y después, abordar la problemática estructural del sector maicero para beneficio de los productores? Es evidente que los intermediarios llevan la mayor ganancia y esa situación exige la intervención del Estado para regular el mercado.
Es tan elemental que sorprende cómo es que llegamos a este punto.
Hoy, los bloqueos continúan.

Los bloqueos carreteros

Un jovencito de 16 años, Eduardo Ramírez Ávalos, murió el viernes 24 de octubre por apoyar a las Chivas del Guadalajara, un día antes del juego contra el Atlas. Es el mayor de los absurdos. De acuerdo con la versión de las autoridades, “Lalito” había acudido junto con otros aficionados del barrio de Santa Anita para divertirse y llevarle serenata a los jugadores del equipo de Chivas.
Mientras estaban ahí, varias personas a quienes se identifica como aficionados del Atlas, llegaron al lugar y agredieron a los jóvenes. Uno de ellos se ensañó y con una navaja hirió a Eduardo Ramírez, quien murió en el lugar. Hubo más personas heridas.
No hay manera de poder darle una explicación a este suceso. ¿Qué motivaciones puede tener cualquier aficionado a un club deportivo?
Ayer, los familiares de “Lalito” lo despidieron en una ceremonia religiosa en su barrio de origen.
Piden que se aplique la ley. No tienen ninguna otra demanda.
Las autoridades adelantaron algunas de sus indagatorias: consultaron cámaras e identificaron tres de los vehículos en los que llegaron los atacantes. Eventualmente serán detenidos.
¿Cuál es el mensaje que deja esta tragedia? Indudablemente la normalización de la violencia.
En el medio futbolístico no será la primera ni la última ocasión en que un choque deportivo derive en violencia e incluso muertes. Pero que se repita algo así, no le resta ni un ápice de absurdo. Ninguna afición puede dar pie a la muerte de un menor de edad.
Naturalmente, ninguno de los clubes (Guadalajara y Atlas) tiene responsabilidad por lo sucedido.
Sin embargo, tienen ahora la oportunidad de participar activamente en una campaña que se sume a la cultura de la paz, porque la rivalidad deportiva no es pretexto para poner en riesgo la integridad de nadie.
El futbol como evento deportivo y actividad económica con un tremendo margen de lucro, está en la obligación de sumarse a los factores sociales de paz, que compiten en evidente desventaja con la cultura de la muerte y la violencia, con el costo de vidas de jóvenes, niñas y niños; mujeres y hombres, todos los días.
Nuestra sociedad no puede permitirse que la actividad deportiva, punto de partida para la promoción de un estilo de vida saludable y resguardo de la juventud, se convierta también en un espacio acaparado por la violencia irrazonable que arrebata vidas todos los días.

Morir por un clásico de futbol

El senador jalisciense Carlos Lomelí Bolaños abrió el primer frente de contienda político electoral para 2027, al destaparse abiertamente para competir por la alcaldía de Guadalajara. Este sábado 25 de octubre, en la Expo Guadalajara, presentó un informe de trabajo de su primer año de ejercicio como senador y aseguró que pretende ser presidente municipal de Guadalajara. Será la segunda vez que compita por el cargo, si es que consigue ser candidato.
La ruta de Lomelí Bolaños es evidente: se siente con capacidad de ganar la presidencia municipal tapatía para después, competir por la gubernatura en la elección del año 2030.
En su evento masivo (hubo alrededor de dos mil personas), el senador fue acompañado por varios senadores de la república; estuvieron presentes diputados federales y diputados locales, además de presidentes municipales de varios municipios jaliscienses. 
Envió también un mensaje claro al presentar un video de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, quien lo felicitó a distancia en menos de dos minutos. La fugacidad de su mensaje está compensada, sin embargo, con lo que se puede leer entre líneas: Carlos Lomelí apoya a García Harfuch en su temprana carrera por la elección presidencial de 2030, y a cambio, recibe el espaldarazo del delfín de Claudia Sheinbaum Pardo.
El senador Lomelí, por otra parte, goza de amplia experiencia como candidato. Ya ha sido derrotado en su intento por ser alcalde y gobernador de Jalisco. Pero a pesar de todas las polémicas y la permanente crítica en su contra, pone en juego una vez más su capital político y su capital económico. En su informe de primer año como senador se insistió reiteradamente: el candidato de Morena con más votos en la elección del año 2024: un millón 547 mil votos. Muchos más que los emitidos en favor de Claudia Delgadillo, quien fuera candidata a la gubernatura. 
Con su llegada a la contienda por la presidencia municipal, se complican las lecturas en Morena.
Desde hace meses, la diputada federal Merilyn Gómez Pozos ha trabajado para ser candidata a la alcaldía; se ha presentado a medios de comunicación y se ha reunido con diferentes liderazgos de Morena para alimentar sus posibilidades. 
Se ha mencionado también al subsecretario de Educación Superior del gobierno federal y ex rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Y aunque él se ha cuidado siempre de ser sorprendido en una declaración, sus allegados se encargan de que su nombre esté siempre en mención.
Hasta este fin de semana, las apuestas iban entre Gómez Pozos y Villanueva Lomelí. Acaso, podía contarse con el regidor José María “Chema” Martínez Martínez como un aspirante en la sombra. 
Con Carlos Lomelí entrando al juego se mueve el tablero. ¿Será “la vencida” para él?

Se abre la contienda: Lomelí va por Guadalajara

El pasado 13 de octubre se presentó públicamente la Campaña Nacional de Vacunación Invierno 2025-2026. Ese mismo día, autoridades sanitarias en todo el país, incluido Jalisco, difundieron que esta campaña se enfoca principalmente en la prevención de contagios de Covid-19 e influenza. Sin embargo, fue hasta pasados 10 días que empezaron a distribuir las vacunas.
¿Por qué el retraso en el Sector Salud? ¿Quizá por dificultades de logística? Como haya sido, es nuevamente una mala señal, otro error en el Sistema Nacional de Salud que no deberían permitirse después de las fallas y las irregularidades que se han reconocido en la actual administración federal, en el turbulento proceso de adquisición y abasto de medicamentos.
Con testimonios directos, muchas personas confirmaron que fueron a diferentes espacios de salud para solicitar la vacuna contra el Covid-19. En algunas clínicas del IMSS el personal médico ni siquiera estaba enterado de la campaña de vacunación. 
Por lo pronto, hasta ayer se anunció públicamente que ya iniciaba la distribución de las vacunas; fue una suerte de “reinauguración” de la campaña nacional.
Fallas aparte y errores por los motivos que quizá lleguen a conocerse, al menos se puede reconocer que el Estado mexicano hace el esfuerzo por retomar la vacunación en el país. Los biológicos contra el Covid-19 son de dos laboratorios extranjeros: Pfizer y Moderna y nuevamente, son los grupos de población más vulnerables a los que se recomienda vacunarse: mayores de 60 años, menores de cinco años de edad y personas con comorbilidades.
En este punto, vale una consideración importante sólo para contrastar con la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador: nunca se concretó el proyecto de la Vacuna Patria contra el Covid, a pesar de los constantes anuncios y la inversión pública correspondiente.
Además, la campaña nacional también distribuirá vacunas contra la influenza, que igual que el Covid, es una enfermedad estacional. 
Consideración aparte merece, en especial en estados como Chihuahua y Jalisco, la creciente cifra de contagios de sarampión, que requerirá también la distribución de vacunas suficientes para generar nuevamente un escudo de protección. 
Sobre esto último, la historia apenas se está escribiendo.

Llegaron tarde las vacunas

El secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, se presentó ante el pleno del Senado como parte de la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo debe al Poder Legislativo. Ante los senadores y sin perder de vista que tienen mayoría de
Morena y sus aliados, el popular secretario admitió que “la seguridad aún no está resuelta en México”. 
Sin embargo, fue enfático en aclarar: se cometen 27 homicidios menos por día y las muertes violentas redujeron 32% en nuestro país en lo que va del año.
Es el mismo discurso, son las mismas cifras que el secretario de Seguridad ha sostenido durante las últimas semanas. No es poca cosa, porque en el sexenio pasado jamás lograron presentar estos argumentos ni al Poder Legislativo ni a los ciudadanos en general. Pero es poco.
Es poco porque México sigue siendo un país fragmentado y en sus diferentes regiones hay brotes de violencia, regulares y sistemáticos, que se pueden atribuir ostensiblemente al crimen organizado y que le quitan a los ciudadanos comunes, la posibilidad no ya de desarrollarse, de crecer económica e intelectualmente, sino de llevar una vida, como decimos en el barrio, “en paz”. 
Que Omar García Harfuch, reconozca que la Seguridad aún no está resuelta, es un avance notorio en el discurso oficial, pero no es suficiente.
El secretario de Seguridad, una de las estrellas ascendentes en el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum, ha contado con la fortuna de que se han elaborado reformas y se han destinado recursos económicos para que la dependencia que él encabeza sea la punta de lanza de una nueva estrategia de seguridad en el país. Mucho más efectiva y eficiente que la estrategia que conocimos popularmente como “abrazos, no balazos”.
Además, y esto es muy conocido, el gobierno de México ha debido responder a la permanente presión de la administración de Donald Trump y esto ha derivado en acciones más contundentes para enfrentar a la criminalidad organizada; pero hay que decirlo otra vez: No es suficiente. 
Anoto dos pendientes enormes en la agenda de seguridad que debe atender Omar García Harfuch, a partir del segundo año de la administración federal:
El primero, dotar de mayor presupuesto a las policías de los estados, y al menos de los municipios más poblados. Él mismo ha dicho que la colaboración es fundamental para resolver la inseguridad, porque el 90% de los delitos son del fuero común, pero las policías fueron desmanteladas, literalmente, en el sexenio pasado. 
El segundo, establecer como meta de trabajo, la pacificación. Y no puede ser una pacificación que se base solo en la disminución en las estadísticas, debe ser una realidad tangible, que le permita a todos, en todas partes, vivir en paz, cumpliendo con sus tareas y respetando la ley. 
¿Es mucho pedir? Pues es lo que hay que hacer.

La seguridad aún no está resuelta: García Harfuch

Vicente Viveros

Escucharnos

Luz del Carmen Godínez

Seguridad y Derechos Humanos: Un compromiso compartido

Aldo Arturo González

La esperanza del gol

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

Nora Ampudia

La economía mexicana pisa el freno

Con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez el sábado pasado en Uruapan, mientras en su función de presidente municipal y vecino disfrutaba de las celebraciones públicas del Día de Muertos, se desató una discusión política: se acusa al gobierno federal y al gobierno michoacano de no haber actuado ante los reclamos del fallecido alcalde, quien advirtió muchas veces de las amenazas y la presencia del crimen organizado en el municipio. 
Y la respuesta del gobierno y muchos de sus simpatizantes en las redes sociales, es que los opositores se comportan “como buitres” y tratan de aprovechar el hecho delictivo para “sacar raja política”. 
El lenguaje cotidiano se ha plagado de términos y frases hechas para arrojárselas a los opositores políticos. Es una forma muy eficiente de abordar las crisis y los problemas, sin jamás resolverlas y manteniendo alienadas a las bases de seguidores.
Se entiende que tachen de “buitres” a los opositores, ¿pero que la presidenta Claudia Sheinbaum responsabilice a Felipe Calderón en su mañanera? Ese argumento ya no es sostenible; se vuelve contra ella. 
El ex presidente Felipe Calderón lanzó lo que en su momento su administración bautizó como “la guerra contra el narco”. Después, negaron el concepto pero ya había quedado grabado en la memoria popular. 
Pero hay que tener muy poca imaginación y carecer de toda estrategia de comunicación para tratar de endilgarle a Calderón Hinojosa el asesinato del alcalde de Uruapan la noche del 1 de noviembre de 2025. Felipe Calderón gobernó de 2006 al 2012, y por más reprobable que haya sido su ejercicio en la consideración de los simpatizantes de Morena y el obradorismo, es imposible acreditarle responsabilidad por la muerte del presidente municipal de Uruapan.
Justo en el momento de ser asesinado Carlos Manzo, abatieron también a balazos al autor material del ataque. Otras dos personas están detenidas y el secretario de Seguridad del país, Omar García Harfuch, adelantó que fueron investigados quienes habían sido asignados como escoltas del alcalde muerto, sin encontrar evidencia de que estuvieran coludidos con el crimen organizado, es decir que fueron negligentes en su tarea, pero no son cómplices de la delincuencia.
En ese escenario, lo más probable es que no pase nada.
Por más movilizaciones que haya, manifestaciones públicas y marchas, la muerte de Carlos Manzo, y días atrás la de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón, no van a modificar las cosas; el crimen organizado seguirá enquistado en Michoacán y los diferentes cárteles (se identifican al menos siete) seguirán extorsionando, cobrando derecho de piso, instalando retenes en carreteras y atacando a las fuerzas armadas periódicamente. 
Pero que quede claro: eso no e

¿La culpa de Felipe Calderón?