Estrategia de seguridad federal da la espalda a los ciudadanos y arropa a los delincuentes

La muerte del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, deja al descubierto la realidad que estamos viviendo en el país: una nación llena de inseguridad, donde alzar la voz o intentar proteger los intereses de la ciudadanía, se ha convertido en una sentencia de muerte.

Durante meses, el alcalde pidió apoyo al gobierno federal, alertando que Michoacán estaba siendo secuestrado por el crimen organizado, y que la población vivía aterrada, desprotegida y sin respaldo de las autoridades. No fue una, sino varias las veces que solicitó intervención para frenar la violencia que azota al Estado. Sus peticiones fueron ignoradas.

El ataque que le arrebató la vida ocurrió durante la celebración del Día de Muertos, frente a decenas de ciudadanos que presenciaron cómo se apaga la voz de otro servidor público que decidió no callar. Este hecho no es aislado: forma parte de una cadena de atentados contra quienes se atreven a denunciar, a defender, o simplemente a no someterse.

En los últimos meses, México ha sido escenario de asesinatos y atentados contra quienes buscan justicia. La candidata Gisela Gaytán fue asesinada en su primer mitin en Celaya; el diputado Benito Aguas Atlahua cayó bajo las balas mientras comía con su familia en Veracruz; líderes comunitarios, periodistas y defensores sociales también han sido eliminados. Todos tenían algo en común: alzaron la voz.

Mientras tanto, el gobierno prefiere seguir con su discurso de confrontación, buscando culpables en administraciones pasadas, justificando lo injustificable. No hay acciones concretas, no hay resultados visibles, no hay justicia ni paz. Pareciera que los delincuentes tienen más derechos que las propias víctimas.

A esto se suma un fenómeno igual de preocupante: la persecución política e institucional contra quienes resultan incómodos. El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, ha denunciado un ataque legal y mediático disfrazado de conflicto fiscal, señalando que las acusaciones en su contra responden a un intento por debilitar las voces críticas al poder. Casos como el del activista Simón Leyva, quien también ha señalado hostigamiento político, evidencian que en México la represión no siempre llega en forma de bala: a veces llega en forma de auditoría, difamación o proceso judicial.

En este país, el miedo ya no solo proviene del crimen organizado, sino también del propio poder político. Se persigue a quien incomoda, se censura al que cuestiona, se silencia al que denuncia. México se ha convertido en un terreno donde la verdad es peligrosa y la impunidad es la regla.

Frente a este escenario, el mundo empieza a mirar hacia nosotros. Estados Unidos ha manifestado su preocupación y su disposición a colaborar en la investigación de estos hechos, evidenciando la falta de respuesta de las autoridades mexicanas. Lo preocupante es que los ciudadanos empiezan a depositar su esperanza en la ayuda extranjera, cuando debería ser el propio gobierno quien proteja a su pueblo. ¿Qué tan grave es la situación cuando se necesita que otro país venga a hacer lo que nuestras instituciones se niegan a hacer?

Este no es solo un recuento de tragedias, sino un llamado a despertar como sociedad. No podemos seguir normalizando la violencia, la corrupción y el miedo. No podemos seguir viviendo bajo la idea de que nada va a cambiar. México no necesita más discursos, necesita valor, justicia y unión ciudadana.

Porque los delincuentes no son invencibles, pero el silencio social sí los fortalece.

Porque los gobiernos cambian, pero la indiferencia permanece.

Porque el país no está condenado al miedo, pero sí al olvido si seguimos callando.

Como dijo el presidente salvadoreño Nayib Bukele:

“Un gobierno que no combate al crimen organizado, es un gobierno que está coludido con el crimen organizado”.

México no puede seguir siendo un país donde decir la verdad cuesta la vida. La justicia no se mendiga: ¡Se defiende!