Miguel De La Rosa Figueroa

El temporal de lluvias que está por concluir rebasó el promedio nacional y permitió la recuperación de distintos cuerpos de agua, garantizando así un mejor abasto y atención de las necesidades de consumo humano y de los sectores de la producción.
Sin embargo, la excedencia del temporal también ocasionó afectaciones materiales y desafortunadamente la pérdida de vidas humanas. 
En el caso más reciente, las lluvias que enfrentaron los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro provocaron la muerte de 81 personas, 18 continúan desaparecidas, 288 comunidades quedaron incomunicadas, cerca de 500 caminos y carreteras tuvieron deterioro y resultaron dañadas mil 500 escuelas aproximadamente.
Ante esta contingencia, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un plan inmediato de atención a las víctimas consistente en la rehabilitación de las carreteras y caminos para comunicar a las comunidades, el abasto de despensas y agua, la entrega de alimentos calientes a través de cocinas móviles, una estrategia emergente de prevención y cuidado de la salud, la reconexión eléctrica de las poblaciones, la dispersión de recursos a las familias afectadas para la limpieza de las viviendas y la adquisición de nuevos enseres domésticos para reequipar los hogares.
Es de reconocerse el esfuerzo y compromiso de la Presidenta Sheinbaum con las poblaciones en desgracia y también la solidaria colaboración de los gobiernos de otras entidades, incluido Jalisco, así como la fraterna participación de la ciudadanía y su generosa aportación de alimentos, agua y utensilios de trabajo y domésticos. El sector empresarial de igual manera se distinguió al poner a disposición maquinaria, implementos de limpieza y la donación de insumos y alimentos para asistir a las familias damnificadas.
Nuevamente el pueblo en su conjunto y los gobiernos federal y locales dieron ejemplo de que nadie en este país enfrenta la desgracia en soledad, por el contrario, ante cualquier contingencia, cualquier persona, familia, comunidad o región siempre encontrará en otra mexicana y mexicano a una hermana o hermano dispuesto a compartir sus alimentos, sus recursos, sus bienes y hasta el esfuerzo personal para ayudar a superar las desgracias. 
Hoy se ha restablecido el servicio eléctrico en el 100% de los municipios afectados, 223 comunidades tienen rehabilitados sus caminos y carreteras, se han reparado más de mil 200 escuelas, se han distribuido más de 418 mil despensas y comenzó la entrega de recursos para la limpieza de las viviendas y la adquisición de mobiliario y electrodomésticos. 
Bien dice la Presidenta Claudia Sheinbaum, el pueblo de México es el pueblo más solidario del mundo.

Miguel De la Rosa Figueroa

Solidaridad y fraternidad distinguen al pueblo de México

A partir de 2018, el gobierno encabezado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador y el actual que preside la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, han hecho un esfuerzo por atender las distintos problemas nacionales, con especial énfasis en aquellos que afectan a los sectores más vulnerables. Con ese propósito se han impulsado diversos programas sociales de aplicación universal como lo son las pensiones para adultos mayores, pensiones para mujeres de 60 a 64 años, para personas con discapacidad. Así también las becas para estudiantes de educación básica, media superior y superior. Otro sector al que ha procurado atender el gobierno de la República es el de las y los pequeños productores de alimentos.
A estos en particular se han destinado diversos programas de apoyo como los son: el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar y Sembrando Vida. Sin embargo sigue necesitando el sector rural de Jalisco mayor inversión y atención. Aún con las medidas implementadas desde la Federación es necesario la participación concurrente de los estados y municipios, a efecto de revertir las aún existentes condiciones de marginación en que vive parte de este sector.
Recordemos que hace unos días, en Jalisco, Estado eminentemente productor de maíz, las y los productores se movilizaron en busca de mejorar el precio de compra del grano, lo que hace oportuno que el gobierno de Jalisco se sume al esfuerzo federal para garantizarles un pago justo por su producto. A este fin, el diputado Martín Franco Cuevas, del grupo parlamentario de Morena, ha propuesto una iniciativa recientemente aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso, que contempla de forma progresiva, en el presupuesto de Jalisco, el incremento gradual de recursos al campo, hasta llegar en el 2030 al 5% del total del presupuesto.
En ese sentido, el grupo parlamentario de Morena ratifica que debe el Gobierno de Jalisco y debe el Congreso del Estado, responsables principales de la distribución de los recursos del Estado, voltear a ver a este sector por un elemental sentido de justicia.
Es importante mencionar que hay estados que ya participan de procesos compensatorios o complementarios de apoyo a los productores de alimentos, como el caso de Veracruz, donde los pequeños productores se benefician, además del precio garantía nacional, que asciende a cerca de los 6 mil pesos, incluyendo el pago del producto y el gasto de traslado a los centros de acopio, con un apoyo estatal de mil pesos por tonelada de maíz.
Un caso así debe emularse en Jalisco y el grupo parlamentario de Morena se compromete a que, en el próximo presupuesto de 2026, se evalúe una asignación presupuestal que complemente el precio de garantía que reciben los productores de maíz.

Jalisco también debe apoyar a productores del campo

La vigente discusión de la Reforma Judicial en Jalisco ha puesto de manifiesto un problema que no puede soslayarse de la reflexión política: las dificultades del equipo del Ejecutivo estatal para dialogar asertivamente con el Poder Legislativo y convivir, en una condición de minoría, con una pluralidad parlamentaria mayoritaria.
En el sexenio anterior, el gobernador Enrique Alfaro obtuvo una bancada hegemónica en su primera Legislatura y construyó alianzas para sostener la mayoría en la segunda. En tal circunstancia, el Congreso terminó siendo un espacio de trámite más, subordinado a la voluntad del gobernador, sofocado en sus tareas legislativas y de fiscalización.
La cultura del poder hegemónico, de la imposición, de la cerrazón para la construcción de acuerdos que caracterizaron a MC en los años de bonanza política, han pretendido reproducirla en esta Legislatura los interlocutores del Ejecutivo sin preveer las consecuencias. Ese maltrato ha provocado que al menos seis fuerzas políticas y el diputado independiente, Alejandro Puerto, reclamando el respeto a su dignidad, hoy sean un verdadero contrapeso al poder y hagan uso de la política para construir acuerdos en bien de las y los jaliscienses, aun con la resistencia legislativa minoritaria de MC.
Ejemplo de ello es la reciente aprobación del dictamen de iniciativa de reforma al Poder Judicial y la no ratificación del nombramiento de una Magistratura del Supremo Tribunal de Justicia que era del mayor interés de MC. 
Ante uno y otro tema, MC no mostró la mínima disposición para dialogar, para contrastar ideas, para argumentar en favor de sus pretensiones, para construir acuerdos, para escuchar. Se limitó a exponer sus aspiraciones y ya expuestas las dejó sin defensa argumentativa. Esto no funciona en la pluralidad.
MC debe adaptarse a la nueva realidad del Congreso y aprender a convivir en forma respetuosa con las demás fuerzas políticas, debe entender que hay agendas múltiples, no únicas, y que la manera en que podrá abonar a la propia es construyendo acuerdos y aceptando las demás. Debe saber que para ganar unas tendrá que ceder otras, porque, de seguir obcecado queriendo ganar todo, todo lo perderá.

La condición de minoría que debe aceptar MC

El pasado lunes 6 de octubre, la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, con el apoyo de seis de los siete diputados y diputadas integrantes, aprobó un dictamen de iniciativa por el cual se reforman disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco para armonizarla con la Constitución Federal en materia del Poder Judicial. Al día siguiente, el dictamen fue presentado en primera lectura al Pleno del Congreso del Estado.
Esta iniciativa contempla la renovación paritaria en 2027, mediante el voto popular, de las 34 magistraturas y cerca de 300 juzgados de primera instancia en Jalisco, los 10 integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. 
El dictamen tiene el respaldo de seis de los ocho grupos parlamentarios en el Congreso del Estado, así como del diputado independiente Alejandro Puerto, cuyos equipos de trabajo analizaron y debatieron las coincidencias y diferencias planteadas en las siete iniciativas que se habían recibido.
El dictamen garantiza que las personas más capaces profesionalmente y sin intervención de poder económico o político alguno, sean postuladas a ocupar los cargos judiciales. La sociedad podrá contar con un Poder Judicial eficiente, honesto, imparcial, profesional, gratuito y transparente, que garantice el acceso a la justicia a cualquier persona, y no una plantilla de cuates que dicten resoluciones a contentillo del poder, como lo quiere MC.
Dice MC que rechaza el dictamen porque incluye la insaculación. Mienten, cualquiera que lea el dictamen se dará cuenta que las candidaturas se definirán por quienes obtengan los mejores resultados en un proceso de evaluación donde el diseño del examen, su aplicación y calificación estarán confiadas a una instancia ajena a cualquier gobierno y que cuente con prestigio nacional en evaluaciones, con experiencia, honestidad, transparencia y profesionalismo. Esto les rompe el control que quieren tener en las definiciones de las candidatas y los candidatos.
Movimiento Ciudadano no le apuesta al resultado de la elección, sino a poner a sus incondicionales de candidatas y candidatos, mediante un falso proceso de evaluación que, léanlo en su iniciativa, controlarán sus afines. Así, designando las candidaturas a través de una pseudo evaluación, la ciudadanía no podrá optar más que por aquellas que, sea cual sea el resultado de la elección, estarán al servicio de los intereses y negocios de MC.

No es la insaculación, es la autonomía lo que rechaza MC

El pasado 28 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó Jalisco para presentar el primer informe de actividades al frente del Gobierno de México ante más de 15 mil personas que se congregaron en las instalaciones de Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara.
Un informe similar ha presentado en 31 entidades del país, dejando pendiente a la Ciudad de México para el próximo domingo 5 de octubre, donde lo hará en evento programado en el Zócalo capitalino. La asistencia a estos informes en los estados se calcula en más de 500 mil personas, lo que representa un esfuerzo importante de parte de la Presidenta para comunicar de manera directa a las ciudadanas y ciudadanos los avances del gobierno en este primer año de gestión, y también refleja el gran interés de la población por escuchar, de viva voz de la Doctora Sheinbaum Pardo, el trabajo que ha desarrollado en beneficio del país y las familias mexicanas. 
Es de destacar que en el informe del pasado domingo, la Presidenta de México anunció que 1 millón 881 mil jaliscienses son beneficiarios (entre otros, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, estudiantes, productores del campo y pesqueros) de los diferentes programas sociales que impulsa el Gobierno de México, con una inversión este año de más de 49 mil millones de pesos.
A nivel nacional, el recurso que destina el Gobierno de México a los programas sociales está cercano a los 850 mil millones de pesos, lo que representa más del 9 por ciento del presupuesto federal. Para 2026, se contempla más de un billón de pesos los que se destinarán a estos apoyos para las y los mexicanos.
En comparación con los últimos años de gestión de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, cuyo gasto social fue de 374 mil 168 y 563 mil 460 millones de pesos, respectivamente, la inversión del primer año de gestión de la Doctora Claudia Sheinbaum es superior en un 56 y 37 por ciento frente a cada uno de ellos.
Lo anterior demuestra un claro contraste de las políticas sociales impulsadas por los gobiernos de Morena y la Cuarta Transformación, cuya prioridad son y serán los grupos más necesitados y vulnerables, con las políticas elitistas que desarrollaron gobiernos neoliberales del PAN y PRI, y su desinterés por beneficiar a las mayorías de las y los mexicanos.
También esta falta de interés de trabajar para quienes más lo necesitan se refleja en la política social del Gobierno de Jalisco, ya que en el primer año de esta administración de MC la inversión a programas sociales sólo representa el 1.37 por ciento, es decir una inversión de 2 mil 400 millones de pesos frente a un presupuesto anual de 174 mil 460 millones, 330 mil 567 pesos que fue aprobado por el Congreso del Estado.
Con estas cifras y logros presentados por la Doctora Claudia Sheinbaum, podemos asegurar que ha sido un buen año para México y para Jalisco, y sin duda, lo que resta de periodo de su gobierno se consolidarán los proyectos que ya hoy tienen a México en una posición privilegiada en el mundo, en lo político, lo económico y lo social. 
Como ella lo ha dicho, se construye un México más justo, democrático, libre y soberano, pero esto no solo es una victoria de una sola persona, sino el fruto de una voluntad colectiva. Enhorabuena Doctora Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum da muy buenas cuentas a Jalisco

La iniciativa de reforma al Poder Judicial local que formulamos quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, propone limpiar a esta institución de los graves problemas de corrupción que enfrenta y que impiden al pueblo acceder a la justicia honesta, gratuita, legal, ágil, imparcial y profesional.
Nuestra iniciativa toma los aspectos claves de la reforma constitucional federal, por tanto, contempla renovar, en 2027, mediante el voto de la ciudadanía, las 34 magistraturas y las 203 plazas de juezas y jueces del Estado.
Hay quienes dicen que esto ocasionará que ganen los cargos judiciales las personas más populares, no las más preparadas. Esta es una afirmación falsa, porque en la iniciativa incluimos dos etapas previas que deberán cubrir las y los aspirantes, antes de ser postuladas a las candidaturas judiciales.
La primera de ellas es la acreditación de diversos requisitos de elegibilidad: contar con título en la abogacía, tener cuando menos cinco años en el ejercicio profesional del derecho, haber obtenido calificaciones de ocho y nueve en las materias relacionadas con el cargo que se postula, gozar de buena reputación y no tener antecedentes penales ni sanción administrativa.
La segunda etapa refiere la evaluación de conocimientos a través de una instancia profesional, independiente, objetiva e imparcial que diseñe los exámenes de conocimientos, garantice su secrecía, lo aplique y califique bajo criterios de máxima publicidad. Esto, por cierto, es contrario a la propuesta de Movimiento Ciudadano, cuya iniciativa plantea que sea la escuela del Poder Judicial la que aplique los exámenes de conocimientos a todos los comités de evaluación, convirtiéndose en juez y parte, con el propósito de mantener el control e injerencia hacia quienes en su momento asumirán los juzgados y magistraturas. 
Con estas dos etapas garantizamos a la ciudadanía el profesionalismo y la honorabilidad de las y los aspirantes.
No obstante, consideramos una tercera etapa en la iniciativa que planteamos, consistente en la insaculación. Esto es que todas y todos los aspirantes que hayan acreditado los requisitos de elegibilidad y a la vez hayan logrado los mayores puntajes, sean sometidos a un proceso aleatorio mediante el cual se obtengan los nombres que pasarán en definitiva al proceso de la elección judicial. Vemos necesaria esta tercera etapa porque uno de los problemas generadores de corrupción es el control político que se ejerce por poderes ajenos al Poder Judicial y que, basado en el sentido de deuda política del nombramiento, coacciona a los impartidores de justicia el sentido de las resoluciones.
El problema de la corrupción en el Poder Judicial local no es una invención y hay sentidos reclamos de la ciudadanía para reformarlo y sanarlo, la elección de sus integrantes y la insaculación no son obstáculos, sino procedimientos que contribuyen a su legitimación, profesionalismo e independencia.

La reforma al Poder Judicial, una oportunidad para limpiarlo de corrupción

Los limitados espacios verdes y públicos que disfrutamos quienes vivimos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, están en riesgo de desaparecer por la conjugación de diversos y perversos factores: la voracidad de empresas inmobiliarias, la colaboración de algunas autoridades municipales y estatales de Movimiento Ciudadano, la mediocre defensa jurídica que hacen éstas en los juicios contra las inmobiliarias y particulares, y la complicidad de la mayoría de los tribunales administrativos.
El cerro de la Reina y el parque San Rafael en el oriente, el bosque Nixticuil y el parque natural Huentitán en la zona del planetario en el norte, el bosque los Colomos en el poniente y el área de bosque del fraccionamiento Bugambilias al sur, son ejemplos de estas afectaciones.
En el caso del cerro de la Reina, la comunidad indígena Náhua de Tonalá ha denunciado el despojo por parte de desarrollos inmobiliarios y turísticos sin garantizar un área de amortiguamiento que proteja el cerro de la privatización, afectando con ello su biodiversidad e identidad como espacio cultural y religioso indígena.
En el parque San Rafael, la tala de más de 700 árboles, la colocación de concreto para un supuesto vaso regulador y el desarrollo de torres departamentales en el predio del anterior club deportivo, han deteriorado el ambiente y los mantos de la zona hidrológica, además han provocado hundimientos de las viviendas asentadas con anterioridad.
Al norte de la ciudad, el bosque del Nixticuil enfrenta la problemática de invasiones e incendios provocados, estimándose una pérdida de 900 hectáreas en los últimos 20 años, dando pie a la construcción de desarrollos inmobiliarios.
En tanto que, en el parque natural Huentitán, recientemente se talaron más de 500 árboles debido a que, pasadas administraciones municipales de Guadalajara, autorizaron el cambio de uso de suelo y cedieron más de 13 hectáreas de terreno público a particulares para la construcción del desarrollo habitacional y comercial denominado Distrito Iconia. Con lo anterior convirtieron una área verde pública en un negocio privado.
En el poniente, el bosque de los Colomos es otro espacio verde que sufre la depredación inmobiliaria, ya que la falta de una defensa jurídica férrea de las autoridades, dio pauta a una resolución judicial y administrativa que otorgó cinco hectáreas a un particular y autorización para el desarrollo de viviendas. Con ello se pone en riesgo la recarga hidrológica de los Colomos y el microclima que le caracteriza. Aunado a esto, el aumento de volumen de agua que tendría que desfogarse por el canal de Avenida Patria, por la impermeabilización de la zona de recarga, aumentaría el problema de las inundaciones de la zona colindante de Atemajac. 
En lo concerniente al sur de la ciudad, por el convenio celebrado entre el ayuntamiento de Zapopan y un particular, con motivo de una demanda administrativa, permitirá que en un área de bosque de más de 3 hectáreas que se ubica en el ingreso al fraccionamiento Bugambilias, se construya una vía de acceso y nuevas torres de departamentos, agravando el deterioro ambiental y de movilidad del corredor López Mateos.
Necesitamos parar la depredación de los espacios verdes y trabajar por su recuperación y conservación, el interés público no puede continuar subordinándose a los negocios inmobiliarios privados que avanzan con la indolencia o complicidad de las autoridades municipales y estatales. En lo que corresponde a Morena en el Congreso del Estado, nos vamos a empeñar en generar el diálogo con la ciudadanía, con las comunidades afectadas y con las que están en riesgo, para organizarnos junto con ellas, y más que por conveniencias partidarias, por responsabilidad vamos a cumplir con el encargo que la ciudadanía nos confió y para el cual nos paga: defender sus intereses, entre ellos el derecho a un ambiente sano, lo que nos demanda luchar por la conservación y cuidado de los espacios verdes patrimonio de la ciudadanía.

El acecho a los espacios verdes

Con el sentido humanista que ha caracterizado a su gobierno, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo hizo llegar al Congreso de la Unión el proyecto de Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026, en el que nuevamente se garantizan a las y los mexicanos los derechos plasmados en la Constitución como el acceso a la salud, educación, vivienda y los programas de apoyo a grupos vulnerables que impulsa la Cuarta Transformación. Además, incrementa en 5 por ciento real las participaciones y aportaciones a las entidades federativas, lo que permitirá el desarrollo y crecimiento de Jalisco y el país.
El próximo año, como es un compromiso con el pueblo de México, no se contemplan nuevos impuestos y sólo se propone un incremento del 87.3 por ciento en el costo de bebidas azucaradas para reducir su consumo. 
La iniciativa de Ley proyecta ingresos y egresos para el 2026 por 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal de 12.4 por ciento, respecto a los 9 billones 66 mil 45 millones aprobados para 2025. El déficit estimado para el próximo año será del 4.1 por ciento, .3 menor que el año anterior, lo que refleja disciplina y responsabilidad económica.
Continuando con la política de austeridad que implementó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum proyecta para el próximo año un gasto de 800 millones 455 mil pesos para la Oficina de la Presidencia de la República, es decir, un 2.80 por ciento menos que el año anterior. Que no se compara con el derroche del sexenio de Felipe Calderón, con un gasto promedio por año de dos mil 333 millones de pesos.
Del monto total a erogar en 2026, 7.09 billones de pesos es gasto programable y enfocado en programas sociales –que beneficiarán a 82 por ciento de las familias mexicanas–, a infraestructura y desarrollo económico. Los 3.09 billones restantes corresponden a gasto no programable, como el servicio de la deuda y participaciones a entidades federativas.
De acuerdo al proyecto, la inversión para programas sociales será de aproximadamente 987 mil 160 millones de pesos, lo que equivaldría a un tres por ciento de Producto Interno Bruto (PIB). Los recursos que se destinarán a las 32 entidades serán dos billones 810 mil millones de pesos. Para el caso de Jalisco, es importante señalar que el presupuesto aprobado para este año fue de 207 mil 155.5 millones de pesos, y en 2026 se propone que aumente a 225 mil 571.6 millones, lo que permitirá impulsar el crecimiento y desarrollo de la Entidad. 
Entre los proyectos que se contemplan para el 2026 y que benefician a Jalisco, dentro del Plan Nacional Ferroviario se invertirán 12 mil 506 millones de pesos para conectar la red de transporte de carga y pasajeros de Irapuato a Guadalajara, además de que se destinarán mil 347 millones de pesos en el saneamiento de la cuenca del río Lerma-Santiago.
Aunado a lo anterior, Jalisco tendrá un gasto directo que se ejerce a través de las dependencias y entidades federales, subsidios que se entregan a la población en el marco de programas sociales, recursos por concepto de subsidios y aportaciones federales para el estado y los 125 municipios, el gasto federal transferido mediante convenios de coordinación en materia de descentralización, además de otros subsidios. 
Además de los datos mostrados anteriormente, la política económica nacional se ha fortalecido por la orientación que el gobierno federal ha dado al combate a la corrupción y al ejercicio presupuestal con austeridad. 
Con estos datos, se confirma que Jalisco y su población son prioritarios para nuestra presidenta, quien sin distingos partidistas gobierna para todas y todos los mexicanos.

El presupuesto de la Doctora Claudia beneficia a Jalisco y México

Eduardo González Velázquez

Las protestas

Marcela Michel López

Un presupuesto histórico

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

Jonás

El lado político de un informe de gobierno

A raíz del lamentable asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la oposición  ha iniciado una campaña mediática para exigir el cambio en la estrategia de seguridad de la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, y demandar que se regrese a la confrontación abierta a los grupos del crimen organizado, como ocurrió en la &#8220;guerra contra el narco&#8221; declarada en sexenios anteriores.
Más allá de las voces que responden a las agendas e intereses de los grupos de poder desplazados por los gobiernos de la 4T, es oportuno que la ciudadanía se pregunte y valore de forma objetiva, con base en los datos duros, si la estrategia implementada por la Presidenta de México ha sido eficaz para la atención del problema de inseguridad que enfrentamos.
Previo a esta evaluación, repasemos los cuatro ejes fundamentales que sustentan la mencionada estrategia:
<ol>
<li style="font-weight: 400;">Atención a las causas que generan la violencia; acercando oportunidades en materia educativa, laboral, social, lúdica, deportiva y cultural a las poblaciones vulnerables, para prevenir su involucramiento en actividades delictivas.</li>
<li style="font-weight: 400;">Fortalecimiento de la Guardia Nacional; consolidando un estado de fuerza de 130 mil elementos, de los cuales 15 mil han cursado alguna especialidad en el ámbito de la seguridad y están asignados a más de 400 cuarteles instalados en todas las regiones del país.</li>
<li style="font-weight: 400;">Inteligencia e investigación; fortaleciendo la capacidad del Estado para recopilar, analizar y utilizar información para prevenir y combatir los delitos.</li>
<li style="font-weight: 400;">Coordinación; articulando las instituciones de seguridad federales con las de los estados y municipios, a través de 32 mesas estatales de paz y seguridad y otras 266 más regionales.</li>
</ol>
¿Cuáles han sido los resultados obtenidos con su implementación, a un año de gobierno de la doctora Sheinbaum?
Veamos:
En homicidios, una reducción del 32%.
En secuestros una baja del 68.8%.
En robos con violencia, una disminución del 48.5%.
Detención de 24 mil 652 personas por delitos de alto impacto.
Incautación de más de 12 mil armas de fuego, más de dos millones 241 cartuchos y 1,847 granadas.
El aseguramiento de 178 toneladas de droga, lo que equivale a una pérdida económica para la delincuencia, superior a los 43 mil 689 millones de pesos, así como el desmantelamiento de 1150 narcolaboratorios.
Sin filias ni fobias, haciendo a un lado las pasiones que en uno u otro sentido puedan expresarse, la ciudadanía puede constatar que la estrategia de seguridad del gobierno federal ha permitido una disminución sustancial de la actividad delictiva en el país.
Sin negar que existen aún regiones con grandes desafíos en materia de seguridad y que dolorosamente ocurren acontecimientos delictivos que detonan nuestro enojo, vale la pena que el pueblo forme opinión crítica en torno al actuar del gobierno federal con base en información objetiva, no en la proporcionada por aquellos que pretenden encauzar la justificada indignación ciudadana, para recuperar la confianza que perdieron por ineficaces y corruptos cuando ejercieron el poder.

¿Debe cambiar la estrategia de seguridad de la Presidenta de México? Los datos duros dicen que no