Jonás

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió ayer salir de Palacio Nacional y caminar a la Secretaría de Educación, cruzando por el centro histórico de Ciudad de México. A su paso, saludaba y charlaba brevemente con quienes la reconocían. De pronto, un individuo que aparentemente estaba ebrio o drogado, se acerca por detrás de ella y la abraza inapropiadamente (ya mencionan el concepto “tocamientos”) e intenta besarla. La escena fue increíblemente absurda.

Hasta que se percató de lo que estaba pasando, quien ha sido identificado como director general de Ayudantía, Juan José Ramírez Mendoza, se acerca y separa al tipo. Fue evidente que desempeñó su tarea de manera torpe y fuera de tiempo. Es la presidenta de la república.

Claudia Sheinbaum Pardo no perdió la compostura. No se alarmó ni se agitó. Se quitó las manos del impertinente de encima y sonriendo, volteó a verlo mientras quienes la rodeaban caían en cuenta de que algo anormal estaba sucediendo. La presidenta se alejó y el individuo todavía le dijo en voz alta: “Claudia de América”.

El evento sería una escena chusca, casi simpática, si no ocurriera justo cuando se han desencadenado protestas violentas en Michoacán por el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo, también en una plaza pública, mientras asistía a una festividad popular, el Festival de las Velas para el Día de Muertos.

No sería otra cosa que un descuido –imperdonable, pero descuido solamente– de los “ayudantes” responsables de la seguridad presidencial, si no ocurriera justo cuando se ha desatado una crisis de seguridad en el país por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, que ha dejado en evidencia el poder del crimen organizado y el reto lanzado ante todos, provocando incluso que en la Casa Blanca, sede del gobierno de los Estados Unidos, se anunciara que se toma nota de la inseguridad y la violencia política en México.

Apenas un día antes, la presidenta del país había acusado de “carroñeros” a todos los que critican la estrategia de seguridad y el desempeño del gobierno federal y las Fuerzas Armadas ante el embate la delincuencia delictiva y el asesinato del alcalde. Se dejó ver molesta, fuera de foco; enojada con los críticos, sean políticos, periodistas o ciudadanos comunes. ¿Les importa Michoacán, les importa la familia? Claro que no. Preguntó y respondió. Y también responsabilizó por la violencia al expresidente Felipe Calderón.

Y en este paréntesis álgido, la presidenta salió a la calle y un tipejo pudo acercarse a ella y ponerle las manos encima, sin que los responsables de su seguridad tengan capacidad de reacción.

Los hechos ocupan el lugar de los discursos

Tocaron a la presidenta

Con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez el sábado pasado en Uruapan, mientras en su función de presidente municipal y vecino disfrutaba de las celebraciones públicas del Día de Muertos, se desató una discusión política: se acusa al gobierno federal y al gobierno michoacano de no haber actuado ante los reclamos del fallecido alcalde, quien advirtió muchas veces de las amenazas y la presencia del crimen organizado en el municipio. 
Y la respuesta del gobierno y muchos de sus simpatizantes en las redes sociales, es que los opositores se comportan “como buitres” y tratan de aprovechar el hecho delictivo para “sacar raja política”. 
El lenguaje cotidiano se ha plagado de términos y frases hechas para arrojárselas a los opositores políticos. Es una forma muy eficiente de abordar las crisis y los problemas, sin jamás resolverlas y manteniendo alienadas a las bases de seguidores.
Se entiende que tachen de “buitres” a los opositores, ¿pero que la presidenta Claudia Sheinbaum responsabilice a Felipe Calderón en su mañanera? Ese argumento ya no es sostenible; se vuelve contra ella. 
El ex presidente Felipe Calderón lanzó lo que en su momento su administración bautizó como “la guerra contra el narco”. Después, negaron el concepto pero ya había quedado grabado en la memoria popular. 
Pero hay que tener muy poca imaginación y carecer de toda estrategia de comunicación para tratar de endilgarle a Calderón Hinojosa el asesinato del alcalde de Uruapan la noche del 1 de noviembre de 2025. Felipe Calderón gobernó de 2006 al 2012, y por más reprobable que haya sido su ejercicio en la consideración de los simpatizantes de Morena y el obradorismo, es imposible acreditarle responsabilidad por la muerte del presidente municipal de Uruapan.
Justo en el momento de ser asesinado Carlos Manzo, abatieron también a balazos al autor material del ataque. Otras dos personas están detenidas y el secretario de Seguridad del país, Omar García Harfuch, adelantó que fueron investigados quienes habían sido asignados como escoltas del alcalde muerto, sin encontrar evidencia de que estuvieran coludidos con el crimen organizado, es decir que fueron negligentes en su tarea, pero no son cómplices de la delincuencia.
En ese escenario, lo más probable es que no pase nada.
Por más movilizaciones que haya, manifestaciones públicas y marchas, la muerte de Carlos Manzo, y días atrás la de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón, no van a modificar las cosas; el crimen organizado seguirá enquistado en Michoacán y los diferentes cárteles (se identifican al menos siete) seguirán extorsionando, cobrando derecho de piso, instalando retenes en carreteras y atacando a las fuerzas armadas periódicamente. 
Pero que quede claro: eso no e

¿La culpa de Felipe Calderón?

Primero, un reconocimiento a Carlos Manzo Rodríguez. Fue un hombre cabal, y quizá eso es lo que se necesita y no lo hemos descrito y pedido con claridad: cabalidad en el ejercicio de gobierno. Fue presidente municipal de Uruapan hasta antes de ser asesinado en la plaza pública del municipio, justo en las celebraciones públicas por el Día de Muertos y después de muchos actos públicos en los que denunció la actividad de la criminalidad organizada, las extorsiones y la falta de apoyo institucional.

Hoy, su nombre y el de otros michoacanos está ligado a un nuevo escándalo político nacional: el de la impunidad con la que actúan los cárteles del crimen organizado.

Justo una semana antes de que mataran a Carlos Manzo, también había sido torturado y asesinado un dirigente de productores de limón de la zona de Apatzingán, Bernardo Bravo.
Y no, dos homicidios no ponen a Michoacán en la cúspide de las estadísticas de delincuencia en el país.

El registro nacional seguirá informando de lo que pasa en Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Jalisco, entre otros varios estados del país.

De modo absurdo, el asesinato de Carlos Manzo se ha convertido en las redes sociales en un choque entre quienes defienden a la “cuarta transformación” y quienes critican de modo permanente las fallas en el ejercicio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero la muerte del alcalde de Uruapan no puede ser sólo una discusión en redes sociales.

Desde la presidenta Claudia Sheinbaum hasta su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, gobernadores y una “pléyade” de funcionarios en diferentes niveles y con diversas tareas, posicionarán ahora su condena por el homicidio. No puede ser de otra manera.
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Pero lo que importa son las soluciones.

Y no pueden ser lentas.

Se debe actuar ya.

Después del sexenio de Felipe Calderón, tan condenado y criticado por la “cuarta transformación”. Después de Enrique Peña y los 43 de Ayotzinapa, después de la “transformación” que nunca fue más que en el discurso, de Andrés Manuel López Obrador. Después de un año del gobierno de Claudia Sheinbaum y el anuncio de que todas las cifras de delincuencia revelan reducción… después de todo eso, ¿por qué tenemos que seguir esperando?

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Al menos 500 elementos de policía de varias corporaciones municipales y del Estado participarán en la prevención de las “rodadas del terror”, y también montarán vigilancia en varias zonas del Área Conurbada de Guadalajara donde grupos de jóvenes, con el pretexto de la fiesta de Halloween, atacan a las unidades del transporte público con piedras y objetos pesados.
Como resultado de esta torcida forma de festejar, ya es costumbre que el 31 de diciembre un número indeterminado de unidades de transporte público sencillamente no circulan para evitar riesgos de daños y accidentes. El perjuicio es para los usuarios que en plena noche, carecen de transporte.
El Halloween es una fiesta podrida en México.
A muchos jóvenes les suena a sermón, pero es la verdad: el Halloween no tiene sentido ni contexto en la cultura mexicana, y menos aún, mientras más se aleja de la frontera entre México y los Estados Unidos. 
Son abundantes las explicaciones sobre la incompatibilidad de las raíces culturales y religiosas de los mexicanos y las poblaciones que llegaron a Estados Unidos desde el Norte de Europa, herederos de lo que hoy es el Halloween. Pero la incorporación a través del tiempo y la interpretación popular, incluidas las fiestas de disfraces, han derivado en aspectos tan desviados como las “rodadas del terror” y el ataque a los vehículos. 
Capítulo aparte merece el uso de disfraces que en su origen pretendía imitar algunas figuras de la naturaleza o cualidades del ser humano, pero el día de hoy la cultura cinematográfica, sobre todo la más violenta y que proviene precisamente de los Estados Unidos, se refleja en disfraces agresivos, grotescos y deshumanizantes.
En el contexto de las libertades y el ejercicio de éstas, cada quien se divierte como quiere y como puede; todos están en uso de su derecho, hasta que precisamente atropellan el de otros.
Efectivamente, suena a sermón, pero no lo es porque para divertirse, uno de los requisitos fundamentales es la convivencia, no el daño a los demás; a quienes festejan el Halloween en rodadas del terror o agrediendo a otros, hay que recordarles que esa no es diversión, es agresión y puede ser un delito.

“Rodadas del terror”, una fiesta torcida

Aunque parezca increíble, a punto de concluir el primer cuarto del siglo XXI, en México todavía hay conflictos para abordar transporte público en los aeropuertos del país. Quiero referirme específicamente a Guadalajara y Puerto Vallarta, dos ciudades que destacan por la abundante carga de pasajeros, por ser destino turístico internacional y por ser además, la capital de Jalisco, una de las principales ciudades de la república mexicana. Sólo en 2024, en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, se registró la llegada y salida de casi ¡18 millones de pasajeros!
Y la tendencia es de crecimiento.
¿Se puede creer que en estas condiciones todavía está prohibido que vehículos de plataforma como Uber y Didi no puedan llevar pasajeros en esta terminal aérea?
¿Por qué?
Sencillo: Por acaparamiento de esta gigantesca mina de oro que es el traslado de pasajeros.
Lo peor del tema es que a los conductores de plataformas los detiene la Guardia Nacional y se les impone una multa federal que rebasa 60 mil pesos.
Pero no se trata de salir en defensa de Uber o de Didi o de cualquier otra plataforma. El objetivo es defender la libertad de los pasajeros del aeropuerto de Guadalajara (y de todos los aeropuertos del país) para utilizar el medio de transporte que más les convenga: el más barato, el más lujoso, el más rápido, el más exclusivo… el que deseen y puedan pagar.
El resultado de estos impedimentos ilógicos fue que en el aeropuerto tapatío los servicios de taxi autorizados y con convenio legal con el Grupo Aeroportuario del Pacífico no abastecen la demanda. En momentos de más tránsito de usuarios, hay que esperar una hora u hora y media hasta poder tomar un taxi.
Eso no es razonable. Es absurdo y violatorio de derechos además de económicamente inviable.
La zona turística de Cancún está pasando por una crisis debido al intento de acaparamiento de servicios para el turismo internacional. Una de las experiencias más denunciadas en redes sociales es el abuso en el servicio de transporte en el aeropuerto. Lo que está ocurriendo es lamentable: la industria turística está desmoronándose. Eso no puede ocurrir en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Ciudad de México o en cualquier otro destino del país.
Esta semana, el pasado 27 de octubre, la juez decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lilia Ochoa, concedió una suspensión a la empresa Uber, mientras se resuelve de fondo el juicio, para contrario a lo dispuesto por el gobierno federal desde el año 2022, los autos de esta plataforma puedan operar en todos los aeropuertos del país sin ser detenidos o multados.
En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus anunció que solicitó a la Guardia Nacional acatar esta disposición judicial.

Abordar un uber en el aeropuerto

Los maiceros de Jalisco, Guanajuato y Michoacán van por un tercer día de bloqueos carreteros. Sus protestas provocan incuantificables pérdidas económicas en todos los sectores, alimentan el enojo de la sociedad y exhiben la incapacidad del gobierno federal que lleva lentamente una ronda de ineficaces negociaciones.
Las protestas de los productores de maíz, especialmente de estos tres estados –y seguro por eso, porque no alcanzan a la Ciudad de México, merecen menor atención de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura del gobierno federal– han polarizado a la sociedad. Se les apoya en su causa porque es justa: el pago de cinco mil 200 pesos por tonelada de grano no alcanza a pagar los costos de siembra, cosecha y comercialización.
Pero también es frustrante en la experiencia del Área Conurbada de Guadalajara, cómo la urbe queda estrangulada. No sale ni entra el transporte de pasajeros y de mercancías. Miles de personas que están obligadas a viajar se ven obligadas a quedarse y con ello se mutilan sus agendas; ¿cuántas tragedias personales provocan los bloqueos?
Las organizaciones comerciales advierten de las pérdidas millonarias porque mercancías de todo tipo no pueden transitar.
Además, la movilidad cotidiana se complica tremendamente.
El problema de fondo es que la causa de todas estas pérdidas y molestias es un tema particular: la necesidad de los productores de maíz.
Por eso, es increíble que las autoridades federales no hayan atendido todos los avisos lanzados con semanas de anticipación por los líderes de los agricultores. Advirtieron su problema, lo explicaron, pidieron ayuda… y sólo son atendidos cuando protestan y provocan caos.
Sorprende la ineficacia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del titular de Agricultura, Julio Berdegué. ¿No se pudo arreglar una demanda con variables totalmente identificadas, antes de que el problema se convirtiera en una protesta social que afecta a millones de personas?
La petición es clara: en lugar de cinco mil 200 pesos, exigen el pago de siete mil 500 pesos por tonelada de maíz. El secretario de Agricultura ofreció sólo seis mil 050 pesos.
¿No puede el gobierno federal resolver este puntual conflicto con una partida especial y después, abordar la problemática estructural del sector maicero para beneficio de los productores? Es evidente que los intermediarios llevan la mayor ganancia y esa situación exige la intervención del Estado para regular el mercado.
Es tan elemental que sorprende cómo es que llegamos a este punto.
Hoy, los bloqueos continúan.

Los bloqueos carreteros

Un jovencito de 16 años, Eduardo Ramírez Ávalos, murió el viernes 24 de octubre por apoyar a las Chivas del Guadalajara, un día antes del juego contra el Atlas. Es el mayor de los absurdos. De acuerdo con la versión de las autoridades, “Lalito” había acudido junto con otros aficionados del barrio de Santa Anita para divertirse y llevarle serenata a los jugadores del equipo de Chivas.
Mientras estaban ahí, varias personas a quienes se identifica como aficionados del Atlas, llegaron al lugar y agredieron a los jóvenes. Uno de ellos se ensañó y con una navaja hirió a Eduardo Ramírez, quien murió en el lugar. Hubo más personas heridas.
No hay manera de poder darle una explicación a este suceso. ¿Qué motivaciones puede tener cualquier aficionado a un club deportivo?
Ayer, los familiares de “Lalito” lo despidieron en una ceremonia religiosa en su barrio de origen.
Piden que se aplique la ley. No tienen ninguna otra demanda.
Las autoridades adelantaron algunas de sus indagatorias: consultaron cámaras e identificaron tres de los vehículos en los que llegaron los atacantes. Eventualmente serán detenidos.
¿Cuál es el mensaje que deja esta tragedia? Indudablemente la normalización de la violencia.
En el medio futbolístico no será la primera ni la última ocasión en que un choque deportivo derive en violencia e incluso muertes. Pero que se repita algo así, no le resta ni un ápice de absurdo. Ninguna afición puede dar pie a la muerte de un menor de edad.
Naturalmente, ninguno de los clubes (Guadalajara y Atlas) tiene responsabilidad por lo sucedido.
Sin embargo, tienen ahora la oportunidad de participar activamente en una campaña que se sume a la cultura de la paz, porque la rivalidad deportiva no es pretexto para poner en riesgo la integridad de nadie.
El futbol como evento deportivo y actividad económica con un tremendo margen de lucro, está en la obligación de sumarse a los factores sociales de paz, que compiten en evidente desventaja con la cultura de la muerte y la violencia, con el costo de vidas de jóvenes, niñas y niños; mujeres y hombres, todos los días.
Nuestra sociedad no puede permitirse que la actividad deportiva, punto de partida para la promoción de un estilo de vida saludable y resguardo de la juventud, se convierta también en un espacio acaparado por la violencia irrazonable que arrebata vidas todos los días.

Morir por un clásico de futbol

El senador jalisciense Carlos Lomelí Bolaños abrió el primer frente de contienda político electoral para 2027, al destaparse abiertamente para competir por la alcaldía de Guadalajara. Este sábado 25 de octubre, en la Expo Guadalajara, presentó un informe de trabajo de su primer año de ejercicio como senador y aseguró que pretende ser presidente municipal de Guadalajara. Será la segunda vez que compita por el cargo, si es que consigue ser candidato.
La ruta de Lomelí Bolaños es evidente: se siente con capacidad de ganar la presidencia municipal tapatía para después, competir por la gubernatura en la elección del año 2030.
En su evento masivo (hubo alrededor de dos mil personas), el senador fue acompañado por varios senadores de la república; estuvieron presentes diputados federales y diputados locales, además de presidentes municipales de varios municipios jaliscienses. 
Envió también un mensaje claro al presentar un video de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, quien lo felicitó a distancia en menos de dos minutos. La fugacidad de su mensaje está compensada, sin embargo, con lo que se puede leer entre líneas: Carlos Lomelí apoya a García Harfuch en su temprana carrera por la elección presidencial de 2030, y a cambio, recibe el espaldarazo del delfín de Claudia Sheinbaum Pardo.
El senador Lomelí, por otra parte, goza de amplia experiencia como candidato. Ya ha sido derrotado en su intento por ser alcalde y gobernador de Jalisco. Pero a pesar de todas las polémicas y la permanente crítica en su contra, pone en juego una vez más su capital político y su capital económico. En su informe de primer año como senador se insistió reiteradamente: el candidato de Morena con más votos en la elección del año 2024: un millón 547 mil votos. Muchos más que los emitidos en favor de Claudia Delgadillo, quien fuera candidata a la gubernatura. 
Con su llegada a la contienda por la presidencia municipal, se complican las lecturas en Morena.
Desde hace meses, la diputada federal Merilyn Gómez Pozos ha trabajado para ser candidata a la alcaldía; se ha presentado a medios de comunicación y se ha reunido con diferentes liderazgos de Morena para alimentar sus posibilidades. 
Se ha mencionado también al subsecretario de Educación Superior del gobierno federal y ex rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Y aunque él se ha cuidado siempre de ser sorprendido en una declaración, sus allegados se encargan de que su nombre esté siempre en mención.
Hasta este fin de semana, las apuestas iban entre Gómez Pozos y Villanueva Lomelí. Acaso, podía contarse con el regidor José María “Chema” Martínez Martínez como un aspirante en la sombra. 
Con Carlos Lomelí entrando al juego se mueve el tablero. ¿Será “la vencida” para él?

Se abre la contienda: Lomelí va por Guadalajara

El acto del primer informe de gobierno de Pablo Lemus Navarro en el Instituto Cabañas este 6 de noviembre de 2025, además de ser una declaración de principios y una campaña de información que pretende impactar con un mensaje positivo entre los ciudadanos de Jalisco, se puede revisar como el inicio de una serie de jugadas en el ajedrez político, con miras a los procesos electorales 2027 y 2030. “Es muy pronto”, pensarán algunos. No. Las elecciones nunca terminan.
Comencemos por dar cuenta del enviado presidencial para acompañar el informe de Pablo Lemus: el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno. La suya no fue una presencia protocolaria. Se trata de un subsecretario muy influyente y activo; es una de las posiciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el gabinete de Claudia Sheinbaum y su misión no es sólo ocupar una oficina.
Se ha convertido en uno de los vigilantes más severos de gobiernos municipales y estatales; es uno de los “policías” internos de los morenistas “rebeldes” o menos exitosos.
Pero es también el observador permanente de los pocos gobiernos de oposición… como el de Jalisco. Llegó poco antes de iniciar el mensaje de Pablo Lemus y el gobernador jalisciense lo recibió personalmente; también fue de los primeros en abandonar el lugar. Y no aceptó entrevistas pero sí dejó un mensaje con más de una lectura: “Jalisco cuenta con el apoyo de la presidenta Sheinbaum, y Pablo Lemus lo sabe”.
Otro indicio de que el tablero electoral empieza a moverse fue la presencia, sorpresiva para muchos, de Dante Delgado Rannauro, ahora líder moral de Movimiento Ciudadano que superó (lo dijo él mismo) un cáncer de estómago que lo llevó cerca de la muerte. Junto con él estuvieron el mandatario de Nuevo León, Samuel García, y el nuevo dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez. Y no es casualidad.
Dante Delgado, fiel a su estilo (eso no tiene cura), anunció que Movimiento Ciudadano competirá por la presidencia de la república en el año 2030, pero además pidió “que no haya confusión”, porque el proyecto electoral del año 2027 tiene un solo objetivo en Jalisco: ganar la mayoría en el Congreso del Estado. Junto a él estaba Mirza Flores, coordinadora estatal de MC en el Estado. Seguramente tomó nota.
Y sobre las elecciones presidenciales del año 2030… el mensaje tiene destinatario. Obviamente.

El lado político de un informe de gobierno