Nora Ampudia

La interdependencia estructural se refiere a una dependencia mutua, profunda y duradera porque está arraigada en la organización básica del sistema económico a través de cadenas de suministro, flujos comerciales permanentes o instituciones compartidas, donde los costos de la ruptura son altos, simétricos o asimétricos, a largo plazo.
La independencia coyuntural, en cambio, es superficial y temporal, y está ligada al ciclo económico o eventos específicos como crisis financieras, fluctuaciones de precios, shocks de oferta o demanda. Afecta el nivel de actividad económica pero no altera la estructura de fondo y es reversible.
México y Estados Unidos, y en menor magnitud Canadá, tienen una interdependencia económica estructural.
El T-MEC, antes TLCAN, ha sido el instrumento más eficiente de integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá. Ha impulsado el comercio exterior de nuestro país, de forma que nuestras exportaciones pasaron de representar el 13.6% del PIB en enero de 1994 al 41.8% en el tercer trimestre de 2025, con un crecimiento del 207 por ciento.
Canadá importó desde México, en 2024, 47 mil millones de dólares en vehículos y partes bajo reglas de origen estricto. México es su segundo proveedor de frutas y hortalizas.
Estados Unidos importa desde México el 38.5% de sus importaciones totales automotrices (vehículos, camiones y autopartes) y tan solo en autopartes importó el 46.5% del total en octubre de 2025. También importa entre el 45% y el 50% de frutas y verduras (aguacate, tomates, berries y limones, entre otros). De hecho, en términos generales, desde México importa entre el 20 y el 25% de todas sus importaciones agrícolas, por lo que México es un socio crítico en su seguridad alimentaria.
México es el principal socio comercial de Estados Unidos y adquiere de nosotros el 16% de todas sus importaciones, mientras que México importa el 45% del total de sus importaciones desde Estados Unidos. Somos el destino de exportación más estable y de mayor crecimiento en Estados Unidos, por lo que nuestra integración comercial es estructural, no coyuntural.
Tanto en México como en Estados Unidos se ha impulsado el crecimiento económico, el comercio y la competitividad regional, además de generar cadenas de valor compartidas en sectores como el automotriz, la electrónica, los semiconductores y el agroalimentario. Las autopartes, los componentes aeroespaciales y los dispositivos electrónicos cruzan hasta ocho veces la frontera en sus diversas etapas de producción.
El acuerdo comercial ha fortalecido las normas laborales y ambientales y ha apuntalado el crecimiento económico, la educación y la investigación, generado estándares más altos en materia ambiental.
Aproximadamente del 15 al 20% de las cadenas de suministro clave de Estados Unidos están directamente vinculadas a México y cerca del 80 al 85% de las de México están vinculadas a Estados Unidos. Con respecto a Canadá la dependencia es mucho menos, porque solo representa entre el 3 y el 5% de sus cadenas de suministro. Aunque la interdependencia es asimétrica favoreciendo a Estados Unidos, insisto que no es coyuntural sino estructural.
Una ruptura en estas cadenas de suministro generaría paros en líneas de ensamblaje, escasez de componentes, inflación, cuellos de botella, pérdidas de empleos e ingreso afectando severamente el consumo a nivel nacional en los tres países.
Esta importancia económica es también geopolítica, en un mundo que se está reconfigurando a una velocidad pasmosa en este segundo período presidencial de Donald Trump.
Nuevos bloques económicos y nuevas estrategias geopolíticas obligan a fortalecer los vínculos comerciales entre los países y las regiones. El T-MEC posiciona a Norteamérica como potencia unificada frente a una China que recompone sus alianzas comerciales y financieras para posicionarse como potencia mundial, así como facilitador del proceso de desdolarización e integrador del Sur-Global, buscando hacer del yuan una moneda internacional.
Para Estados Unidos, México sigue siendo indispensable en materia comercial porque los tiempos de envío son mas cortos, los costos más bajos y la distancia menor, permitiendo una entrega más rápida y económica de materias primas y productos terminados, además de disminuir los riesgos asociados a disrupciones globales.
La fuerza de trabajo es competitiva y satisface la demanda de industrias de alta tecnología. Las empresas norteamericanas requieren de empresas manufactureras mexicanas para trabajos de precisión con mano de obra calificada, y la amplia red de tratados comerciales que tiene México con el resto del mundo (14 tratados con 43 países distintos) facilita el acceso a mercados globales con menos barreras comerciales gracias a la integración de las cadenas globales de valor.
Dentro de la OCDE, México ocupa el tercer lugar en participación en cadenas globales de valor.
El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 por 16 años, pero con revisiones conjuntas obligatorias cada seis años según el artículo 34.7, así que la revisión del tratado inicia formalmente el 1 de julio de 2026, sin embargo, los acercamientos y negociaciones comenzaron desde octubre del 2025.
Si el tratado se ratifica se prorrogará automáticamente por otros 16 años (hasta 2042) con una revisión previa en 2032 en un ciclo repetitivo de revisión cada 6 años.
El gobierno norteamericano está presionando por reglas más estrictas en autos, acero, cumplimiento laboral. En caso de lograr una renegociación y mantener el tratado trilateral, habrá una extensión de 16 años, hasta 2042 y México va por todo en esta renegociación.

T-MEC, un asunto de interdependencia estructural

La inversión extranjera se divide en dos: la directa y la indirecta.
La directa es muy estable, generalmente de carácter permanente porque implica la compra de empresas ya establecidas en México por parte de extranjeros y también es la llegada de nuevas empresas a México. Es una inversión de largo plazo porque es la adquisición de activos fijos: instalaciones, maquinaria y equipo, terrenos etc., por lo que llega para quedarse y producir bienes y servicios. Para ello analiza el potencial de crecimiento de un mercado en específico, la disposición de mano de obra calificada, de capital humano y de insumos, así como la seguridad y el Estado de Derecho. Las empresas extranjeras tienen empresas en diversos países, por lo que no tienen todos sus huevos en la misma canasta, ello las hace más flexibles y menos reactivas a problemas coyunturales y políticos de corto plazo; se enfocan en el largo plazo, en la dinámica de crecimiento económico futuro de un país y de su mercado potencial.
La inversión extranjera de cartera o indirecta es muy volátil. Entra y sale con facilidad pues es simplemente la compra o venta de un activo financiero: acciones (mercado bursátil), bonos de deuda, derivados financieros (mercado de dinero), etc. Es, por lo tanto, inversión de corto plazo. Su objetivo principal son los rendimientos y es básicamente especulativa. Compara los intereses recibidos vs. otros países y es sumamente sensible al momento coyuntural, el entorno político, los movimientos en las tasas de interés vs. otros países.
Cuando se habla de fuga de capitales, o más correctamente “vuelo a la calidad”, se refiere a este tipo de inversión de corto plazo, y cuando la fuga de capitales es significativa desestabiliza el precio del dólar (tipo de cambio) y con él, el mercado cambiario, el mercado bursátil y el mercado bancario, lo que a su vez presiona la estabilidad económica en el corto plazo.
De acuerdo con el Instituto de Finanzas Internacionales, durante el año 2025, siete mil 023 millones de dólares se han desinvertido en bonos de deuda mexicanos, y es una de las mayores salidas de capital extranjero de los últimos tres años. Por otro lado, el mercado de valores mexicano a noviembre de 2025, registró una salida por cinco mil 046 millones de dólares y son resultado de una mayor aversión al riesgo.
De acuerdo con datos del Banco de México, la inversión extranjera en valores gubernamentales pasó de un máximo en diciembre de 2023, de 105 mil 892 millones de dólares a 92 mil 799 millones de dólares en noviembre, lo que representa una disminución de 13 mil 093 millones de dólares de instrumentos de deuda gubernamental: bonos, cetes, udibonos y bondes.
De esta forma, a noviembre de 2025 se conjuntó la salida de inversión extranjera de instrumentos de deuda gubernamental con una menor llegada de inversión extranjera directa, y fue motivada por el incremento en el riesgo global ante las amenazas comerciales de Trump, la próxima renegociación del T-MEC y el enrarecimiento geopolítico internacional, además de la reducción de tasas de interés en México vs. otros países, y la incertidumbre judicial por las recientes reformas con respecto a la Suprema Corte de Justicia, y las elecciones de jueces y magistrados.
Con respecto a la inversión extranjera directa (la de largo plazo), México alcanzó máximos históricos, sin embargo, las nuevas inversiones disminuyeron. De hecho, representaron sólo el 9% del total. En pocas palabras, el nearshoring no se ha concretado, lo que hubo fue reinversión por parte de las empresas ya establecidas en México.
Para ser más clara: la inversión extranjera directa se divide en nuevas inversiones, reinversiones y cuentas entre compañías. Como su nombre lo dice, las nuevas inversiones representan la llegada de nuevas empresas, las reinversiones es la ampliación de la inversión existente mediante la reinversión de utilidades, por lo que no es llegada de capital fresco, y las cuentas entre compañías se refieren a los efectos del tipo de cambio en la facturación del comercio intrafirma.
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Desacelera nueva inversión extranjera directa y salida de inversión en cartera

De enero a noviembre del 2025, el gobierno federal incrementó las transferencias a Pemex –a través de la Secretaría de Energía– en 2.8 veces más de lo aprobado por el Congreso, al pasar de 136 mil millones de pesos a 392 mil millones de pesos, y superando lo destinado a otros rubros como vivienda, medio ambiente, bienestar, etc.
De acuerdo con México Evalúa, Pemex enfrentará en 2026 el pago por 190 mil millones de pesos sólo en cumplir con los intereses de su deuda, y 960 mil millones en vencimientos de deuda y pago de proveedores, lo que representa una enorme carga financiera. Sólo los vencimientos de obligaciones financieras ascienden a 353.4 mil millones de pesos.
Este monto es un máximo histórico y representa una fuerte presión para el presupuesto público, lo que implica una mayor necesidad de financiamiento y por ende de incremento de la deuda pública. Ello explica, en parte, la emisión récord de deuda externa en este enero por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 9 mil millones de dólares en bonos soberanos. Sólo la deuda de Pemex ya supera los 100 mil millones de dólares y el apoyo financiero del gobierno federal ha sido de 50 mil millones de dólares sólo para cubrir los vencimientos de su deuda. Sin contar la reforma a la estructura tributaria que sustituyó tres derechos fiscales previos: utilidad compartida, extracción de hidrocarburos y explotación de hidrocarburos, por un único derecho: “Derecho Petrolero para el Bienestar”, lo que reduce la carga fiscal de Pemex, pero también los ingresos futuros para Hacienda (febrero de 2025).
Aquí hay que recordar que Pemex pasó de ser una “empresa productiva del Estado” a “empresa pública del Estado” (Diario Oficial de la Federación, 18 de octubre 2024), lo que permite el apoyo financiero directo e ilimitado del gobierno y puede recibir inyecciones de capital y condonaciones fiscales, sin estar obligada a generar utilidades, a diferencia de cuando era empresa productiva del Estado (2013-2024)
Los problemas financieros de Pemex reducen, en mucho, las posibilidades de realizar una inversión productiva que permita incrementar la producción de barriles de petróleo y cumplir con las metas establecidas en el Paquete Económico para este 2026. De hecho, presupuestalmente Pemex tendrá el presupuesto más bajo para cubrir sus actividades operativas como el pago de nómina, los gastos administrativos y las pensiones. Su presupuesto actual es de 247.2 mil millones de pesos, el más bajo desde el 2008.
Lo anterior explica las recientes acciones del gobierno federal para apoyar a Pemex mediante refinanciamiento, recompra de bonos y adquisición de deuda nueva y dotar de liquidez a la empresa petrolera. En pocas palabras, el gobierno federal se está endeudando para cubrir el 79% de los compromisos de corto plazo de Pemex.
Durante el 2025, Pemex recibió apoyo del gobierno federal mediante la emisión de notas pre-capitalizadas por un total de 227 mil millones de pesos (anunciada el 29 de julio); recompra de bonos por 227 mil millones de pesos (1 de septiembre), emisión de bonos de deuda por 261 mil millones de pesos (entre el 15 y el 16 de septiembre), y la creación de un fondo de inversión para Pemex por 250 mil millones de pesos (5 de agosto). 
Estas cuatro acciones suman la cantidad de 965 mil millones de pesos, solo cubren el 79% de los pasivos a corto plazo e implican únicamente el refinanciamiento de la deuda. Aunque la estrategia financiera permite conseguir liquidez, mayor plazo para el pago y menores intereses, no resuelven el problema estructural de la empresa relacionado con su baja producción, capacidad de refinación y modernización y renovación de sus viejas instalaciones.
Resumiendo, los principales problemas de Pemex son: su elevada deuda interna y externa, sus pasivos con proveedores, la caída en la producción y las exportaciones, y su fuerte dependencia del apoyo gubernamental, lo que a su vez genera problemas fiscales para el gobierno federal que debe reducir el gasto en otras áreas prioritarias, en particular aquellas que permitan un crecimiento estructural y no coyuntural de la economía mexicana.
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Pemex: de empresa productiva del Estado a carga fiscal

La cuesta de enero es el período de dificultades económicas que muchas personas enfrentan por el exceso de gastos al final del año pasado y que se encuentra relacionado con las compras del Buen Fin y las fiestas y regalos navideños.
Las dificultades económicas son resultado de no elaborar un presupuesto y no planear los gastos, a lo que se suman gastos adicionales en enero como: el pago del Predial, el refrendo de automóviles, el pago del agua y los incrementos en impuestos o nuevos impuestos, entre otros.
El consejo quizás llega tarde, pero para el próximo año hay que recordar que para evitar la cuesta de enero hay que planear los gastos con anticipación, apegándose a un presupuesto predeterminado que tome en cuenta los gastos adicionales que se presentan en los festejos navideños.
Para aquellos que desafortunadamente ya tienen problemas de sobreendeudamiento aquí algunos consejos para hacerle frente:
El primero y más sencillo es eliminar el “gasto hormiga”. Esos gastos diarios o cotidianos que nos parecen insignificantes pero que al sumarlos, representarán un buen ahorro, como por ejemplo: la compra diaria de cigarros, refrescos, papitas, cervezas y dulces. ¡Haga usted sus cuentas! Si diariamente compra una botella de refresco de un litro por 27 pesitos, en diez días usted está gastando 270 pesos, en un mes 810 pesos, por lo que al eliminar dichos gastos podrá generar recursos para cubrir sus deudas.
Otro consejo importante es hacer un registro diario de los gastos que suele hacer y analizar qué gastos puede disminuir y qué gastos puede eliminar; haga sus cálculos y determine la cantidad que puede ahorrar.
Si hace de los dos consejos anteriores un hábito, pasará de ser un deudor a un ahorrador y posteriormente invertir sus recursos de forma que el dinero trabaje para usted y no usted para el dinero.
Otro consejo fácil de aplicar es el siguiente: antes de salir a la calle a gastar, haga un presupuesto de lo que va a necesitar, y si su cálculo es de 500 pesos, aparte (saque de su bolsa) un 10%, es decir 50 pesos y póngalos en un lugar seguro, o en una cuenta especial para liquidar su deuda. En adelante, comprométase a gastar un 10% menos cada día, ello también le permitirá iniciar el hábito del ahorro.
Para lograr el propósito anterior analice y compare precios y lugares, y sustituya los productos más caros por más baratos de semejante calidad.
Otro consejo para los que disponen de tiempo libre es generar ingresos extra, por ejemplo: una venta de garaje de cosas que no utilizamos, que en realidad nos estorban pero que están en buen estado y pueden ser vendidas. Recuerde, si esa bolsa, ese par de tenis, esos juguetes ya tienen más de un año sin ser usados, es que realmente no los necesita y los puede vender. 
También puede generar ingresos si dedica parte de su tiempo libre a cuidar niños o enfermos, o adultos mayores de familiares y amigos, así como pasear perritos.
Analice sus habilidades especiales, a las que también pueda dedicarle parte de su tiempo, como por ejemplo: elaboración de comida casera para la venta, o pasteles, galletas, repostería casera, café con pan.
Otra buena alternativa es dar clases de regularización en matemáticas, talleres de tejido, artesanías, corte y confección, baile, música, ejercicio, etc., algo en lo que desarrolle esas habilidades que posee.
Finalmente, puede ofrecer servicios de entrega con aplicaciones como uber eats, rappi.
El tiempo necesario para superar esta cuesta de enero depende enteramente de usted, de la fortaleza de su compromiso para eliminar su gasto hormiga, de elaboración de presupuestos y de contener sus caprichos de compra. Y siempre recuerde lo siguiente: “Si no lo necesito, no es oferta”.
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¿Cómo enfrentar la cuesta de enero?

El precio internacional del petróleo se ha venido reduciendo sistemáticamente desde enero del 2025, al pasar la mezcla mexicana de petróleo de 73.51 a 54.76 dólares, ello representa una caída del 25.5% en lo que va del año. Si a ello agregamos la apreciación del peso, recordando que a principios de año el precio del dólar era de 20.69 pesos por dólar y actualmente está alrededor de 18.05 pesos por dólar, la caída en los ingresos que recibe Pemex por cada barril de petróleo es del 34 por ciento.
A lo anterior hay que sumar que la producción de Pemex se ha mantenido consistentemente por debajo de las metas establecidas, y ronda entre los 1.6 y los 1.7 millones de barriles diarios, cuando la meta es de 1.8 millones de barriles. Tan solo en octubre, la producción de hidrocarburos descendió 4.4 por ciento.
Pemex reportó pérdidas significativas en lo que va de 2025 que empeoran por su creciente y alta deuda por operaciones de refinación no rentables, que consumen recursos e impiden mayor inversión. Cada año las transferencias del presupuesto federal a Pemex van aumentando, y de acuerdo con México Evalúa, en 2026 aportará un 57% menos de lo que aportaba hace diez años. De hecho, la empresa recibió del gobierno entre el 2019 y el 2024: 1 billón 240 mil millones de pesos que se utilizaron principalmente para pagar su deuda, y se estima que en 2026 Pemex aportará a la Federación 233 mil millones de pesos, pero el gobierno le devolverá 263 mil millones vía transferencias, de forma que Hacienda acabará poniendo 31 mil millones de pesos.
Ello es un problema para la Secretaría de Hacienda, ya que durante el 2025 los ingresos petroleros se estimaron en 1.1 billones de pesos, equivalente al 4.7% del PIB proyectado, y además dichos ingresos representan el 13.6% del total de los ingresos presupuestarios. Su caída representa un inconveniente para el presupuesto público.
La complicación se acentúa porque no se espera un incremento en el corto plazo en el precio del petróleo debido a que existe un exceso de oferta global en la producción petrolera, combinado con una desaceleración en la demanda mundial del petróleo.
La oferta internacional del petróleo está aumentando debido al incremento en la producción del petróleo de los países miembros de la OPEP, más un incremento en la producción de petróleo sheil en Estados Unidos, y se estima que dicho crecimiento en la oferta petrolera continuará.
Por su parte, la desaceleración en la demanda obedece a un menor crecimiento económico en China, más la rápida adopción de vehículos eléctricos e híbridos, aunado a expectativas sobre una desaceleración del crecimiento económico mundial que pasará de 3.2% en 2025 a 3.1% en 2026. Las economías avanzadas mantendrán la tasa del 2025 en 1.6% y las economías emergentes y en desarrollo pasarán de un 4.2% en 2025 a un 4.0% en 2026 de acuerdo con el último informe del Fondo Monetario Internacional.
Finalmente, pese a los apoyos fiscales a Pemex, su inversión en infraestructura será la segunda menor en más de 25 años, representando el 0.6% del PIB.
En conclusión, Hacienda pondrá recursos fiscales para Pemex, y el escenario internacional de aumento de la oferta petrolera junto con la fortaleza del peso, elevará aún más dicha carga fiscal.
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Caída en el precio internacional del petróleo y Superpeso: Malas noticias para hacienda

Hoy el dólar amaneció por debajo de los $18.00, cotizando los $17.98. Ello significa que el peso se ha apreciado. Si bien depreciación y devaluación generan las mismas problemáticas, sus orígenes son diferentes.
Como su nombre lo dice, devaluar hace referencia a un valor, y todo valor es subjetivo, de forma que las devaluaciones del peso se presentaban cuando era el gobierno el que, de acuerdo con diversos criterios, fijaba el precio del dólar. En cambio, la depreciación hace referencia al precio que es determinado por oferta y demanda, así que, desde el 22 de diciembre de 1994, el peso se deprecia o aprecia, y no devalúa o revalúa. Es decir, ya casi 32 años que es incorrecto decir devaluar o revaluar.
Aquellas devaluaciones, basadas en criterios de especialistas fueron realmente traumáticas. La primera, después de 22 años de tener un tipo de cambio fijo de $12.50 de 1954 a 1976, en un solo día pasamos de $12.50 a $20.50 pesos por dólar (viejos pesos), esto es ¡una devaluación del 64% en un solo día! Como resultado, se estableció un régimen cambiario de flotación controlada del 1 de septiembre de 1976 al 5 de agosto de 1982, en dicho período la devaluación fue del 138 por ciento.
Entre el 6 de agosto de 1982 y el 31 de agosto de ese año, pasamos a un sistema cambiario múltiple con ¡tres precios para el dólar! a) el general: para transacciones comerciales no básicas, financieras y turismo; b) el preferencial: para pagar importaciones prioritarias, deuda externa y bienes básicos y tratar disminuir el impacto inflacionario; y c) el mex-dólar: para convertir depósitos bancarios en dólares y proteger al ahorrador, así como evitar las corridas bancarias. Esto último favoreció la fuga de divisas y en un solo mes la devaluación del tipo de cambio general fue del 38%, por ello, en el último informe presidencial de José López Portillo, se procedió a congelar las cuentas bancarias en dólares, establecer el control generalizado de cambio y la nacionalización de la banca, con el objetivo de evitar la fuga masiva de capitales y el fenómeno especulativo contra el peso. De esta forma existió un control total sobre compra, venta y transferencia de divisas, requiriendo la autorización del Banco de México para cualquier operación en moneda extranjera. 
La medida duró poco, de septiembre a diciembre de 1982, porque generó mercados negros y fuertes impactos económicos.
El nuevo presidente, Miguel de la Madrid, relajó el control de cambios y mantuvo por casi tres años tres cotizaciones para el dólar: el controlado, el especial y el libre, pero para el 4 de agosto de 1985, la devaluación fue de 196% para el controlado, de 302% para el especial y, 131% para el libre. 
A partir de agosto de 1985 pasamos a un régimen de flotación regulada con 2 precios para el dólar: el controlado de equilibrio y el libre, que duró 6 años hasta el 10 de noviembre de 1991, para entonces la devaluación fue de 988.6% para el controlado de equilibrio y 791.8% para el libre.
Para el 11 de noviembre de 1991, pasamos a una banda cambiaria con un precio máximo y mínimo para el dólar, el techo de la banda (precio máximo) se deslizaba diariamente 20 centavos de viejos pesos, al principio, y luego se incrementó a 40 centavos diarios, pero dentro de la banda el precio del dólar se determinaba por oferta y demanda; era un régimen de transición que mezclaba un régimen parcial de libre cambio con uno controlado. 
Con la crisis bancaria de 1994, y el error de diciembre, ante la insuficiencia de reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio, pasamos, por necesidad, a un régimen de libre cambio, y al mostrar mayor estabilidad y adaptabilidad se decidió continuar con él.
Desde el 22 de diciembre de 1994, tenemos un régimen de libre flotación, y en condiciones extraordinarias de volatilidad y problemas de liquidez, el banco central puede intervenir con ventas o compras de reservas internacionales, o como recientemente, con coberturas cambiarias.
Aquellas drásticas devaluaciones generaron: hiperinflación, quiebre de empresas, pérdidas de empleo, crisis económicas, de deuda externa y políticas de austeridad con el consabido ajuste del gasto público, con importantes efectos en la pobreza y la desigualdad, y eso es lo que hace pensar a los mexicanos, e incluso al gobierno, que un peso fuerte genera únicamente beneficios, sin embargo, como todo precio y variable de distribución, hay perdedores y ganadores.
Con un peso fuerte los ganadores son los importadores, que si antes pagaban $20.00 por dólar hoy pagan $18.00; también gana el gobierno y las empresas con deuda externa, y las familias que envían remesas al extranjero.
Los grandes perdedores son los exportadores, que facturan en dólares y por cada dólar reciben menos pesos; las personas más pobres que reciben remesas en dólares; las nuevas inversiones extranjeras porque cada dólar compra menos maquinaria, equipo, terrenos, mano de obra y le alcanza menos para los impuestos; los hoteles y restaurantes en zonas turísticas, fondos de inversión en dólares, asegurados con primas en dólares, etc.
En general, un peso fuerte también mantiene baja la inflación, porque en México 90% de lo que importamos es maquinaria, equipo y materia prima.
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Del trauma de la devaluación a la flotación del peso: ¿Quién gana y pierde con un peso fuerte?

En economía no hay ganar-ganar porque las necesidades son muchas, pero los recursos son escasos. El aumento en el salario mínimo tiene claros beneficios sociales, pero también genera costos económicos adicionales y efectos negativos, especialmente cuando es superior a la productividad.
El 3 de diciembre, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos informó sobre el nuevo incremento al salario mínimo del 13%, por lo que el nuevo salario mínimo será de $315.04 pesos diarios que equivale a $9,582.47 pesos mensuales; mientras que en la zona libre de la Frontera Norte aumentará 5%, quedando en $440.87 pesos diarios o $13,400 pesos mensuales. El incremento será vigente a partir del 1 de enero del 2026.
Con este nuevo ajuste, el salario mínimo lleva nueve años con aumentos de dos dígitos, y por lo tanto la recuperación del poder adquisitivo del salario real es del 154.2% desde 2019. El objetivo del gobierno es que para 2030 equivalga a 2.5 canastas básicas.
Estos incrementos explican la disminución de la pobreza por ingresos, por lo que 13.4 millones de personas dejaron de ser pobres por ingresos entre 2019 y 2024. Así en 2018, 51.9 millones de personas estaban en pobreza por ingreso (46.1% de la población total), y en 2024 la cifra fue de 38.5 millones (29.6% de la población total). Esto es una reducción del 25.8 por ciento.
Lo anterior no significó una reducción de igual magnitud en la pobreza extrema que pasó de 8.7 millones en 2018 a 7 millones en 2024 (reducción del 19.5%). Por otro lado, no disminuyó la pobreza de salud, sino todo lo contrario, aumentó un 111% al pasar de 21.1 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024; adicionalmente el gasto de las familias en salud, con su propio dinero (desde su bolsillo) aumentó 41.4% en promedio en ese mismo período; pero el gasto de las familias más pobres (primer decil) aumentó un 83% de acuerdo con México Evalúa. Ello implicó que 287 mil hogares cayeran en pobreza como resultado directo del gasto en salud. Con respecto a la pobreza por rezago educativo, disminuyó ligeramente al pasar de 24.9 millones de personas a 24.2 millones, esto es una reducción del 1.2 por ciento.
Desde un enfoque de derechos sociales, la pobreza es una vulneración de derechos, es decir la imposibilidad de ejercer derechos sociales consagrados en la Constitución, como las limitaciones para acceder a servicios de salud, educación, vivienda, seguridad social y alimentación, y también a mejorar su movilidad social, a ello se le denomina pobreza multidimensional, y la pobreza por ingresos es solo un aspecto de la pobreza total.
El incremento al salario mínimo sería una buena noticia para los 23 millones 328 mil 508 trabajadores que perciben como máximo un salario mínimo, esto es el 39.17% de los ocupados, ¡cuatro de cada diez! Sin embargo, hay que recordar que el 29.5% de los ocupados se encuentran en el sector informal y por ello no cuentan con un reconocimiento de su fuente de trabajo y no cuentan con prestaciones y seguridad social; por ello lo más probable es que reciban un salario menor, recordando que en México 38.4 millones de personas ocupadas no tienen acceso directo a la seguridad social.
Por otro lado, solo 22 millones 789 mil 173 trabajadores están registrados al Seguro Social, esto es el 38.3% del total de la población ocupada, y en los últimos 12 meses los puestos de trabajo registrados crecieron muy poco, en 170 mil 231, a pesar de la incorporación de los trabajadores de plataformas digitales.
Los ocupados con acceso a instituciones de salud son solo el 39% (4 de cada 10), mientras que 6 de cada 10 no tienen dicha posibilidad. 
12 millones 591 ocupados no tienen prestaciones laborales (21.1%), y 16 millones 658 mil 481 (28%) no cuentan con un contrato laboral por escrito, por lo que difícilmente recibirán dicho incremento.
Finalmente 29.5% de los ocupados se encuentra en el sector informal, es decir trabajan en empresas sin registro y que operan con los recursos del hogar, y 55.4% (1 de cada 2) se encuentran en informalidad laboral, es decir que su vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.
El incremento al salario mínimo es solo una parte del costo laboral y se refleja en prestaciones laborales asociadas al mismo. Cuando existe una relación laboral formal, el incremento en el salario mínimo incrementa también los siguientes rubros: aguinaldo, vacaciones, impuesto del 2% a la nómina, cuotas al IMSS, Infonavit, prima vacacional, prima dominical y días festivos, reparto de utilidades, finiquitos etc., y estas son algunas de las razones por las que el incremento en los registros patronales en el Seguro Social ha venido disminuyendo de forma persistente desde el 2018; y a partir de junio del 2024, en lugar de aumentar ha disminuido.
Cuando los salarios suben, las empresas, sobre todo las de bajo margen, absorben un mayor costo laboral, por lo que, cuando no están posibilitadas para trasladar dicho costo al precio de venta, se da un proceso de precarización laboral y despiden trabajadores para luego recontratarlos con un salario menor y con menores prestaciones o incluso sin ellas; así pueden despedir trabajadores, e intensificar la jornada de trabajo, de forma que lo que antes hacían dos personas ahora lo hace una, les dan contratos de trabajo temporales, o registran a los trabajadores con un salario menor al que realmente perciben. Las micro y pequeñas empresas se pasan a la informalidad y las grandes empresas tienden a sustituir la mano de obra por tecnología mediante procesos de automatización.
 
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Alza al salario mínimo: implicaciones positivas y negativas

El 28 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que sus ingresos no petroleros aumentaron, de enero a octubre de este año, 5.3 % real anual, colocándose 110 mil millones de pesos por encima de lo previsto, mientras que la recaudación de impuestos aumentó, en el mismo período, 6.1% a tasa real anual, debido a una administración fiscal más eficiente y a una mayor vigilancia aduanera. 
Los datos son positivos, sin embargo, el esfuerzo de recaudación será improductivo si se gasta básicamente en gasto corriente.
Para ser más clara, el gasto público se divide en dos: gasto corriente y gasto de capital.
El gasto corriente es el gasto de operación: sueldos de burócratas, pagos de renta y luz de las oficinas públicas. A ello hay que sumar pensiones y jubilaciones, subsidios, transferencias y aportaciones.
El gasto de capital es en: construcción no residencial, maquinaria y equipo. La construcción no residencial son obras de infraestructura básica como carreteras, drenaje, alcantarillado, electrificación, redes hidráulicas, escuelas públicas, universidades, etc.
El gasto corriente se considera improductivo versus el gasto en capital, también conocido como inversión fija bruta por su menor efecto multiplicador.
El problema es que ha aumentado el gasto en servicios personales 3.2%, el gasto en pensiones y jubilaciones 7.5%, en subsidios, transferencias y aportaciones 0.7%, y el costo financiero de la deuda pública 7.9%; pero el gasto de capital o inversión fija bruta ha caído un 29.1%, fenómeno que se viene presentando desde el segundo trimestre del 2024.
Lo anterior es un problema porque por cada peso gastado por el gobierno en infraestructura se genera un efecto multiplicador sobre la inversión privada, ya que los proveedores del gobierno reciben un ingreso que a su vez gastan en otros sectores, los que a su vez gastan en mayor producción de bienes y servicios, aumentan el empleo y generan ingresos para sus trabajadores, sus proveedores, e incluso para el propio gobierno por el pago de impuestos. A ello le llamamos el multiplicador del gasto público , porque genera un efecto de encadenamiento que promueve el crecimiento económico en múltiples sectores, incrementa la generación de empleos, los ingresos de la población y el bienestar social.
Las investigaciones establecen que, en México, por cada peso gastado por el gobierno en inversión productiva, el ingreso nacional podría crecer entre 2.5 y 5 pesos adicionales, siempre y cuando la población consuma entre el 60% y el 80% de su ingreso.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, un peso de gasto público bien invertido puede generar un impacto 2.5 veces mayor en crecimiento económico, pero para ello debe ser un peso gastado de forma eficiente y que haya instituciones sólidas y autónomas. Así, dicho multiplicador es hasta tres veces mayor en países con instituciones autónomas y sólidas que en aquellos países con instituciones más débiles.
El problema es que en México, el gasto público de inversión ha venido cayendo de forma sistemática desde el primer trimestre del 2009, cuando llegó a representar el 6.4% del PIB y actualmente representa solo el 2.2%, y de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el multiplicador fue negativo del período de 1993 a 2022, y por cada peso gastado en inversión pública, la economía se contrajo en -0.2.
El otro problema es que el 75% del presupuesto público se destina a gasto corriente y a ello se suma el incremento del costo financiero de la deuda, que junto con la deuda de Pemex y la CFE representan el 6.6% del PIB, ello es 3 veces más que la inversión pública en infraestructura del gobierno.
Como resultado, México tendrá un menor crecimiento económico a futuro y, por lo tanto, una menor recaudación, de forma que las mejoras en eficiencia recaudatoria acaban siendo insuficientes.

Recaudar más para crecer menos. El costo de abandonar la inversión pública

Una forma que tienen los gobiernos para incrementar su recaudación es grabar productos cuya demanda es “inelástica”, es decir: inflexible; de forma que, aunque el precio suba, la gente sigue adquiriendo estos productos, o porque son artículos de primera necesidad o porque dichos productos generan adicción y con ello generan un consumo compulsivo como es: el alcohol, el tabaco, bebidas azucaradas y los alimentos con alto contenido calórico.
A este tipo de impuestos les denominan con fines extrafiscales, por lo tanto, su finalidad no es únicamente recaudar sino influir en el comportamiento de los ciudadanos para reducir el consumo de productos dañinos para la salud. 
La realidad es que al ser productos que generan adicción, su consumo difícilmente disminuirá, pero la recaudación seguramente aumentará.
Así en el Paquete Económico para el 2026 tenemos incrementos a tarifas ya establecidas y nuevos impuestos como los siguientes:
a) El impuesto a refrescos y bebidas azucaradas pasará de 1.65 pesos por litro a 3.08 pesos por litro, un incremento del 187%, y se espera una recaudación de 75 mil 290 millones de pesos. 
b) Impuesto a tabacos labrados y nuevos productos que contienen nicotina. El impuesto se eleva de 160% a 200% ad valorem, un incremento del 125%, y se plantea aumentar gradualmente la cuota específica hasta alcanzar 1.56 pesos por cigarro en 2030. Para 2026 se aplicará una cuota específica de 0.85 pesos lo que implicará una recaudación estimada en 62 mil 079.2 millones de pesos, y se estima que podría reducirse el consumo nacional de estos productos un 7.3 por ciento. 
c) En tabacos hechos a mano se incrementa el impuesto de 30.4% a 32 por ciento. 
d) En impuestos a videojuegos se propone una tasa del 8% a servicios digitales de videojuegos con contenido violento, con lo que para 2026 se estima recaudar 183 millones de pesos. 
e) Para las apuestas se plantea aumentar la tasa de 30% a 50% sobre el monto total apostado o percibido y se espera recaudar 5 mil 024.7 millones de pesos en 2026.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, todos estos cambios generarían una recaudación total estimada de 397 mil 352 millones de pesos en 2026, es decir un 52.6% más de lo aprobado en 2025, y equivaldría al 0.35% del PIB.
Con respecto a los impuestos saludables, se espera recaudar 252 mil 909 millones de pesos, lo que sería un incremento anual del 17.6 por ciento. 
Lo interesante será analizar si desde que se graban el tabaco y los refrescos, realmente ha bajado su consumo, y si dichos impuestos realmente se han destinado a la salud.

Entre salud pública y recaudación. La doble cara de los impuestos saludables