El Presupuesto 2026: Una revancha que nos engaña, empobrece y endeuda

El Presupuesto 2026 tendría que ser la carta de navegación que impulse al país hacia una mejor vida. Pero no lo es. Es un documento que miente, castiga y carga con cinismo la factura sobre los hombros de la ciudadanía. Bajo el discurso de una supuesta responsabilidad financiera y austeridad, lo que se esconde es una distribución de recursos profundamente desigual, punitiva y cargada de castigos políticos.

Engaña porque presume incrementos donde en realidad hay omisiones, recortes o simples maquillajes contables. Se anunció con bombo y platillo un aumento de 10 mil millones de pesos en educación, pero ese supuesto incremento no es otra cosa que el presupuesto que se le escamoteó a la Universidad de Guadalajara. Un “error” que se negó a corregir en la Comisión de Presupuesto y que ahora se presenta como si se tratara de una gran inversión educativa.

Más allá del “error” que nos han querido vender, la sospecha es clara ¿Por qué se corrigió hasta el último momento? Cuando en repetidas ocasiones se hizo saber que el error estaba presente, tanto en el proceso de dictaminación como en el propio pleno de la Cámara de Diputados. Y así como esto encontramos que mientras el país se desangra, el presupuesto de seguridad es prácticamente indetectable. No hay una estrategia sólida ni recursos visibles para contener la violencia que mata alcaldes, periodistas y ciudadanos todos los días.

Mientras los hospitales están colapsados, el acceso a medicinas es irregular y el personal médico denuncia carencias básicas, el presupuesto en salud vuelve a ser uno de los más castigados. Mientras las madres buscan justicia por sus hijos e hijas desaparecidos, el recorte al Poder Judicial suma 15 mil millones de pesos y más de 900 millones a la Fiscalía General.

Es decir, se castiga a quienes deben garantizar justicia, legalidad y derechos humanos. No es austeridad: es una revancha institucional. Empobrece porque no invierte donde más se necesita. Se abandona la cultura, la ciencia y las universidades públicas. En el caso más evidente –el de la UdeG– el golpe que Morena tenía contra la Universidad no solo era económico, sino estratégico. Le asignaron apenas el 1.69% del 1.79 que le correspondía, dejándola al final de la lista de todas las universidades del país. Se pusieron en riesgo 150 mil estudiantes, el congelamiento de cuatro campus universitarios en plena construcción y el liderazgo y desarrollo mismo de todo el Estado de Jalisco. Era un mensaje claro para los estados que no están alineados al centro morenista.

Jalisco, por ejemplo, ha sido deliberadamente excluido. El presupuesto federal ignora por completo las urgencias del Estado: no hay un solo peso etiquetado para fortalecer la movilidad metropolitana, para terminar carreteras fundamentales, para invertir en obras hidráulicas o para reforzar la seguridad regional. La consigna parece clara: al que no aplaude, se le castiga. Y en esa lógica perversa, los jaliscienses quedan fuera del tablero nacional.

Y como si no bastara con engañar y empobrecer, el presupuesto también endeuda. No solo al país: endeuda directamente a cada ciudadana y ciudadano. En tan sólo dos años (2025 y 2026), la deuda por habitante habrá aumentado 5.1% en términos reales: 7 mil pesos más per cápita, eso significa que pagamos una deuda que ni nos corresponde y afecta nuestro bolsillo sin deberla ni temerla, con más impuestos y deuda, mientras el sector de empresarios e industriales que evaden sigue llenándose los bolsillos.

En resumen. Mientras se recorta en salud, educación y justicia, se obliga a la gente a pagar más por un Estado que ofrece cada vez menos. Una deuda que no solo es fiscal, sino moral e institucional: endeuda porque hipoteca el futuro sin resolver el presente. El Presupuesto 2026 no es una hoja de ruta: es un mapa de castigos. No es una herramienta de desarrollo: es un instrumento de control. Y no es neutral: es político, regresivo y profundamente inequitativo.

Engaña con cifras maquilladas, empobrece territorios enteros y endeuda a millones. Todo mientras se aplaude desde el poder una supuesta eficiencia que solo existe en los discursos.

¿Quién pagará los platos rotos? Como siempre: la gente.