Mirza Flores

En México sobran palabras sobre la violencia de género. Cada 25 de noviembre las declaraciones inundan los medios y las promesas se acumulan en discursos. Lo que debe garantizar el Estado —y quienes tenemos responsabilidades públicas— son instituciones que protejan, políticas públicas que funcionen y espacios donde la seguridad de las mujeres sea prioridad. 
En Jalisco, desde Movimiento Ciudadano, hemos asumido que gobernar con perspectiva de género no es una pose: es una obligación ética y política. Por eso, este mes realizamos dos actividades que demuestran cómo entendemos este compromiso. El 22 de noviembre, junto al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, llevamos a cabo el taller &#8220;Del espacio público al digital: nuevas formas de violencia política de género&#8221;, un ejercicio necesario para entender que la violencia contra las mujeres en política ha encontrado en las redes sociales un terreno fértil para perpetuarse.
El 25 de noviembre presentamos en Casa Ciudadana el artículo &#8220;El peso del cuidado, desigualdad política en clave de género&#8221;, un análisis que evidencia cómo las tareas de cuidado siguen siendo la cadena invisible que limita la participación política plena de las mujeres. Estos eventos no fueron actos protocolarios para cumplir con la agenda del 25N; fueron espacios donde abordamos la desigualdad de género en política desde sus causas reales, con la claridad de que exigen diagnósticos precisos y soluciones estructurales.
Como partido en el gobierno, asumimos que el compromiso debe demostrarse con acciones sostenidas, no solo con discursos. Hemos fortalecido los refugios para mujeres víctimas de violencia, capacitado a funcionarios públicos en protocolos de atención con perspectiva de género y creado mecanismos de protección efectivos para mujeres en riesgo. Desde el partido, implementamos protocolos contra la violencia política de género que garantizan que nuestras militantes, candidatas y funcionarias puedan ejercer sus derechos sin intimidación ni amenazas.
Pero la honestidad política obliga a reconocer que no podemos declarar victoria. El 25N no es una celebración; es un recordatorio doloroso de que la tarea está lejos de concluir.
La violencia contra las mujeres no es un problema de mujeres: es un problema de sistema, de cultura, de estructuras que durante siglos han normalizado la subordinación femenina. Combatirla requiere más que buenas intenciones; exige voluntad política, instituciones sólidas y una sociedad dispuesta a transformarse para garantizar igualdad y justicia.
La agenda de género incomoda porque desafía el statu quo, porque implica redistribuir el poder y porque obliga a las instituciones a cambiar de raíz. Nosotras asumimos esa incomodidad como parte de nuestro compromiso.
El camino es largo y las resistencias enormes, pero cada mujer que participa en política sin miedo, cada víctima que encuentra justicia y cada niña que crece sabiendo que puede decidir su futuro sin condicionamientos de género, son victorias que justifican la lucha.
Este 25N recordamos que cada mujer libre de violencia es un logro colectivo, y cada mujer violentada es una herida que nos exige redoblar el paso. La lucha continúa, y continuará mientras sea necesario.

25N: días naranjas

Volvemos al tema porque la realidad nos obliga. Ya habíamos advertido anteriormente sobre el uso del dinero público como una herramienta para doblar voluntades, lo que llamamos el presupuesto del sometimiento. Sin embargo, las recientes declaraciones de una legisladora federal del oficialismo nos obligan a poner el dedo en la llaga una vez más. Su insistencia —esa cantaleta de que &#8220;el dinero sí está, pero no se ve&#8221;— confirma nuestras peores sospechas.
Nos quieren vender una idea peligrosa: dicen que no nos preocupemos porque los recursos para Jalisco están guardados en unas &#8220;bolsas generales&#8221; en la Ciudad de México. Aseguran que, aunque el dinero no tenga el nombre de nuestro Estado escrito en el papel, llegará mágicamente cuando se necesite. En términos sencillos, nos piden que confiemos ciegamente en que el gobierno federal, que ha castigado sistemáticamente a quienes no se alinean, ahora será generoso por pura buena voluntad.
Esto no es una estrategia administrativa, es una trampa. Al dejar el dinero en una bolsa común sin etiquetar, la federación se queda con todo el poder de decisión. Ellos deciden si mandan el dinero, cuándo lo mandan y a cambio de qué. A esto se le llama opacidad: borran las reglas claras para poder manejar los recursos a su antojo.
No se trata de pleitos entre partidos ni de &#8220;politiquería&#8221;, como les gusta decir para desviar la atención. Se trata de la carretera federal que la población usa todos los días y que está llena de baches. Se trata de los hospitales que no tienen medicinas suficientes. Negar que Jalisco recibe un trato injusto es querer tapar el sol con un dedo. Nuestro Estado aporta muchísimo dinero a la riqueza de todo el país, pero lo que nos regresan son migajas y promesas vacías.
El gobierno federal quiere asfixiar a la administración local para que fallen los servicios, y luego llegar ellos como &#8220;salvadores&#8221; a arreglar lo que ellos mismos dejaron caer. Pero quienes pagan los platos rotos de este juego de poder son los ciudadanos, no los políticos.
Estamos ante una cuenta regresiva y el tiempo pondrá a cada cual en su lugar. La legisladora ha empeñado su palabra diciendo que los fondos llegarán. Veremos al final del año si es verdad. Si esas famosas &#8220;bolsas generales&#8221; no se convierten en asfalto real y en seguridad para nuestros municipios, se tendrán que tragar sus palabras. Lamentablemente, para entonces, el daño a nuestra economía y a nuestra gente ya estará hecho. Lo que está en juego son las necesidades reales de Jalisco, y esas no se arreglan con discursos bonitos ni con promesas sin firmar.

La trampa de las “bolsas generales”: ¿Dónde está el dinero de Jalisco?

Jalisco avanza porque ha sabido mantener el rumbo cuando otros persiguen intereses ajenos a las demandas ciudadanas. El primer año del gobierno de Pablo Lemus muestra a un Estado que no improvisa, que entiende la gestión pública como un ejercicio de planeación, cercanía y resultados. La meta no ha sido otra que mejorar la calidad de vida de las personas.
La decisión de defender el sistema estatal de salud fue el punto de partida de una política responsable. Mientras en otras entidades los servicios se desmantelaron por decisiones centralistas, aquí se fortalecieron los hospitales, se modernizaron los centros de atención y se amplió la cobertura médica de la mano de la Universidad de Guadalajara. Cuidar la salud de los jaliscienses significó proteger su autonomía y esa determinación se ha convertido en una de las fortalezas del gobierno y del sistema educativo.
Jalisco también avanza porque invierte en su futuro. La educación es el corazón de esa estrategia. Los programas de mejora en infraestructura, la apuesta por la formación docente, los proyectos de vinculación con el sector productivo y las escuelas de tiempo completo muestran que la educación es la herramienta más importante para construir desarrollo de largo plazo si se administra con profesionalismo. De ahí surge una generación que encuentra oportunidades y un entorno económico que las aprovecha.
El crecimiento no llega solo, es el resultado de una agenda clara que promueve la inversión, la confianza institucional y el desarrollo de infraestructura moderna que ha llevado al Estado a mantener el liderazgo como motor industrial y tecnológico del país, con empleos que generan bienestar y consolidan la estabilidad de la región desde hace años. Hablamos de 933 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa durante los primeros seis meses del año en curso y la instalación de las empresas nacionales mejor consolidadas del mercado.
La infraestructura ha sido otro motor del avance de Jalisco. En este primer año, el gobierno estatal ha impulsado obras que fortalecen la conectividad, modernizan las vialidades y mejoran la movilidad tanto en el Área Metropolitana como en las regiones del interior. La Línea 4 del tren avanza como una de las obras más significativas del sexenio, al conectar a miles de trabajadores con sus centros de empleo y reducir los tiempos de traslado. Paralelamente, la rehabilitación de carreteras estratégicas como la Guadalajara–Colotlán, la Autlán–Barra de Navidad y los accesos a Lagos de Moreno o Tepatitlán refuerzan la integración regional y potencian la actividad económica. Además, la preparación para el Mundial de 2026 ha acelerado inversiones en toda la capital, que dejarán beneficios duraderos y posicionarán a Jalisco como un referente de desarrollo en México.

Pablo Lemus ha recorrido el Estado para escuchar, atender y resolver con determinación las principales demandas. Esto le ha valido refrendar la confianza de las y los jaliscienses, y así lo demuestra la última encuesta de Grupo Reforma (72% de aprobación), que ratifica la certidumbre que tenemos sobre nuestro gobernador.

En temas complejos como la seguridad, ha mostrado un compromiso permanente. Se ha invertido en más patrullas, mejor equipamiento, en profesionalización policial y coordinación con las fuerzas de seguridad. La atención del doloroso tema de las personas desaparecidas ha sido prioridad para el gobernador desde el día uno de su gobierno. En el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 esta agenda tuvo un incremento de más de mil 300 millones de pesos, reflejo del compromiso con este sector.
El avance de Jalisco se sostiene en la unidad de un proyecto político que ha sabido mantenerse firme y coherente. Movimiento Ciudadano respalda una visión compartida que busca el cambio positivo y constructivo para la sociedad. Esa cohesión permite que el gobierno se enfoque en lo esencial, que es generar bienestar y mantener la estabilidad de las familias. El Estado avanza porque no se detiene ante los retos, porque invierte en su gente y porque tiene claro que el progreso no se decreta; se construye cada día entrándole “Al Estilo Jalisco”.
P.D.: Lamento profundamente el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Una vez más, el Estado dejó solo a un alcalde frente a la violencia que desangra al país. Su muerte se suma a la larga lista de autoridades locales víctimas de la impunidad y de las complicidades que Morena ha tolerado con el crimen organizado. No es un hecho aislado, es el reflejo de un gobierno que ha renunciado a proteger a quienes sirven desde lo público. Toda mi solidaridad, respeto y respaldo a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y nueva alcaldesa de Uruapan.

¿Por qué Jalisco sí avanza?

En Movimiento Ciudadano Jalisco estamos convencidos de que la política se hace en territorio y con la gente. Por eso hemos iniciado un proceso estratégico que marcará el rumbo del proyecto político que defendemos: la renovación y fortalecimiento de nuestras coordinaciones municipales. 
Los que conocen este movimiento saben que no creemos en el activismo de temporada ni en estructuras que solo se activan en tiempo electoral. Creemos en el trabajo permanente, en construir comunidad y en dar la cara en territorio, municipio por municipio, comunidad por comunidad. Lo dije y lo sostengo: es el inicio de una nueva etapa de organización y expansión territorial rumbo al 2027.
En días recientes tomamos protesta a las nuevas comisiones municipales en Acatic y Acatlán de Juárez, y esta misma semana continuamos en Encarnación de Díaz (La Chona) y Villa Hidalgo, para después recorrer más de 30 municipios durante las próximas semanas. No es casualidad ni una gira improvisada; es parte de una estrategia territorial diseñada para fortalecer a las estructuras, escuchar a la ciudadanía y reorganizar nuestro movimiento desde lo local.
Hoy en Jalisco, más de 60 liderazgos municipales han asumido la responsabilidad de coordinar las estructuras de Movimiento Ciudadano en sus municipios. Son mujeres y hombres libres que no vienen a levantar la mano para la foto, sino a defender causas, a trabajar con honestidad y a construir desde la tierra. Sé muy bien lo que implica pedirles compromiso pues representa disciplina, trabajo permanente y carácter. La política no es para los tibios ni para los que se rinden ante la primera adversidad.
Asumo con claridad que el reto que tenemos enfrente es enorme: defender Jalisco del proyecto político que hoy amenaza libertades, instituciones y el desarrollo económico del país. Morena representa el intento más grave de control político centralista de las últimas décadas. Nosotros representamos exactamente lo contrario: la defensa de la libertad, del federalismo, de las causas ciudadanas y del derecho de las personas a construir su propio futuro. 
Gobernar bien no es suficiente si no lo defendemos con organización. Porque los buenos gobiernos naranjas hablan con hechos, pero la política también se disputa en la narrativa pública y en la cercanía con la gente. Queda claro: no vamos a permitir que Jalisco pierda lo que ha construido con tanto esfuerzo.
Nuestro objetivo es firme y está definido: retener los municipios que hoy gobernamos, recuperar las ciudades medias y ganar más municipios del interior del Estado. Lo vamos a lograr porque tenemos liderazgos, estructura y el movimiento político más sólido de Jalisco. 
A todas y todos los que hoy toman un cargo en Movimiento Ciudadano quiero decirles algo muy claro: esto no es un nombramiento, es una responsabilidad con la historia. Estamos llamados a defender Jalisco. Y lo vamos a hacer.

Estamos listas y listos

Los recientes acontecimientos en el Senado de la república son la confirmación de lo que hemos venido advirtiendo desde Movimiento Ciudadano: el régimen morenista ha perfeccionado la narrativa de la incongruencia y ha reemplazado la “honradez” que tanto se quieren apropiar por la soberbia del poder y una corrupción que se justifica o se minimiza.
Lo que hemos presenciado es la exhibición de dos personajes que ejemplifican los peores vicios de la vieja política: Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña.
El caso del senador Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena, es de los más notorios. Las acusaciones en su contra, que van desde presuntas irregularidades fiscales hasta posibles vínculos con la delincuencia organizada, evidencian la falta de controles institucionales o permisividad dentro del oficialismo. Según las investigaciones, López Hernández habría recibido 79 millones de pesos de empresas privadas entre 2023 y 2024 que no fueron reportados en sus declaraciones patrimoniales. Esta discrepancia entre lo declarado ante el Senado y lo registrado ante el SAT ha derivado en al menos 37 denuncias ante la Fiscalía General de la República por irregularidades que, en conjunto, ascienden a casi 800 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Tabasco de 2019 a 2020.
A ello se suma la relación con su entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, presuntamente vinculado con la organización criminal “La Barredora”. La simultaneidad entre su nombramiento y la aparición de esta estructura delictiva pone en evidencia los riesgos de un ejercicio del poder sin supervisión, sin contrapesos efectivos y con una tendencia a las omisiones que se agudizan con el nepotismo al interior del partido.
La reacción del gobierno federal ha sido insuficiente. La presidenta Claudia Sheinbaum limitó su comentario a llamar al senador que “aclare” su situación, sin comprometer una postura institucional propia de la presidencia de la República. 
Estoy de acuerdo con el comunicado emitido por el Sistema Nacional Anticorrupción que pide que se investigue a López Hernández por la simple investidura que implica ocupar un escaño de senador y estar cargando con acusaciones tan graves. Hay que cuidar nuestras instituciones, México merece un Senado compuesto por personas íntegras con la legitimidad política necesaria para representar, no por perfiles que se aprovechan del fuero para vivir.
En la misma Cámara Alta, el senador Gerardo Fernández Noroña anunció que pedirá licencia a partir del 24 de octubre, justificando que irá a defender la causa palestina. Noroña, quien ha sido señalado previamente por sus lujos, viajes costosos y una casa irregular de 12 millones de pesos que contrastan con la supuesta &#8220;austeridad franciscana&#8221; de Morena, vuelve a anteponer los intereses personales sobre su deber legislativo.
En política los tiempos importan mucho. La licencia se presenta a la mitad de un momento de dificultades mediáticas y falta de legitimidad para el senador Noroña. ¿Será que es tiempo de que está estrategia de distanciamiento la comienece a considerar López Hernández para alejarse del bullicio que tanto lo acusa? 
Si estuvieran más cerca de las causas de la población, se darían cuenta que el país exige justicia, transparencia y resultados, no una puesta en escena para mantener una burbuja de poder que se aleja cada día más de la gente.

Noroña ya, ¿y Adán cuándo?

La desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) ha dejado a México en estado de emergencia, pero sin Estado. La decisión, tomada bajo la bandera de la austeridad, representa un “austericidio”, un sacrificio institucional que condena a miles de mexicanos a enfrentar la furia de la naturaleza sin respaldo ni certeza. Alerté este peligro desde la tribuna legislativa, advirtiendo que recortar el único mecanismo de respuesta inmediata ante catástrofes sería una sentencia para los más vulnerables. Hoy, la realidad confirma esos riesgos: inundaciones devastadoras en Veracruz, Puebla e Hidalgo, huracanes en Guerrero, incendios en Sonora y sismos en Oaxaca revelan un país expuesto y sin amortiguador institucional.
Pedir el regreso del FONDEN ha sido desestimado como “politiquería” por representantes del oficialismo, en un intento por sepultar bajo argumentos retóricos la legítima preocupación por la vida y patrimonio de la gente. Pero este fondo era mucho más que una cuenta bancaria. Representaba reglas claras, procesos automáticos y recursos etiquetados, permitiendo atender con rapidez y justicia situaciones de emergencia. Su extinción ha provocado que la ayuda dependa de la buena voluntad, de cálculos políticos y de la rigidez presupuestal, lejos de la urgencia que las tragedias requieren.
El retroceso es evidente. La inversión para mitigar inundaciones cayó de 45 mil millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto a 25 mil millones en el de López Obrador, una reducción del 44%. En este 2025, solo se han ejercido 16.7 millones para atender siniestros; ni FONDEN ni el Fondo de Prevención han gastado un solo peso de sus partidas, según datos oficiales y reportajes especializados. La consecuencia: la ciudadanía queda abandonada a su suerte, sin protocolos de actuación efectivos, ni respaldo económico sólido. Esto en un contexto de cambio climático, donde los riesgos aumentan año tras año y la política pública debería poner en primer plano la reducción, preparación y respuesta frente a desastres.
México es parte del Acuerdo de Sendai desde 2015, el estándar internacional de la ONU que establece la meta de reducir riesgos, concientizar y fortalecer sistemas de protección civil. Paradójicamente, justamente cuando el país requiere mayor capacidad de respuesta y coordinación, desaparece el FONDEN y se desarticula lo poco avanzado en materia de prevención y conciencia institucional. Las tragedias recientes muestran que no podemos evitar los eventos naturales, pero sí minimizar sus efectos devastadores con sistemas de protección robustos, protocolos automáticos y recursos garantizados.
Eliminar el FONDEN no fue una decisión técnica, sino política, y ahora la factura la paga la gente. La exigencia de recuperar el fondo no es politiquería. Es un acto de responsabilidad ética y política. Un Estado que no previene ni protege, no cumple su función esencial. El Estado de emergencia sin Estado es la dolorosa realidad de hoy, resultado de una austeridad que mata, donde la vida y el patrimonio nacional están en juego con cada tormenta.

Estado de emergencia SIN Estado

Hace unos días fuimos testigos de un acto político que intentó presentarse como un ejercicio de rendición de cuentas, pero terminó siendo un espectáculo de simulación. El informe de un año de gobierno de la primera mujer presidenta de México habló de un país que no existe, de una realidad que solo habita en los discursos del oficialismo. Lo que escuchamos fue un mensaje dirigido a las bases de Morena, no a la ciudadanía que todos los días enfrenta la inseguridad, la carestía y la corrupción.
Hablan de “honradez” y “combate a la corrupción” como si fueran principios vivos en la administración federal. Dicen que la honestidad ya no es la excepción, sino la regla. Se atreven a mentir mientras guardan un silencio cómplice ante la crisis provocada por el “huachicol fiscal”, esa red de corrupción que se estima ha desviado alrededor de 600 mil millones de pesos del erario, y que involucra a servidores públicos y empresarios cercanos al poder.
El régimen morenista ha perfeccionado la narrativa de la incongruencia, que en lo público predica la transformación, pero en las cámaras destruye los contrapesos. En el discurso dicen que México avanza hacia la transparencia, mientras en los hechos buscan el control absoluto al desmantelar los organismos autónomos, intentar someter al Poder Judicial y manipular el sistema de amparo para intentar callar a quienes los cuestionan.
De manera insensible reducen la salud a cifras que no coinciden con la realidad de un sistema colapsado. Las compras de medicamentos han estado plagadas de irregularidades, con sobrecostos millonarios, directivos sin sanciones claras y procesos opacos que aseguran haber solucionado. Pero los hospitales públicos funcionan al límite y la gente sigue padeciendo por falta de tratamientos y medicamentos. Para colmo, el gobierno pretende castigar a los estados que, como Jalisco, decidimos no entregar la salud de nuestra gente a un proyecto improvisado que ya fracasó.
En el mundo ideal de Morena hablan de austeridad, pero practican el derroche. Los lujos, viajes y privilegios de su clase política contrastan con la narrativa de sacrificio y rectitud. Casos como el de Adán Augusto López son un recordatorio de que el nuevo régimen repite los vicios del viejo sistema: nepotismo, enriquecimiento ilícito, aliados impunes y complicidades que se esconden bajo el manto de la lealtad partidista.
En seguridad, los números oficiales cuentan una historia distinta a la que nos quieren ofrecer. Dicen que los homicidios bajaron, que hay avances, que se fortaleció la coordinación con los estados. Pero en Sinaloa, Guerrero o Michoacán la gente vive con miedo, a expensas de gobernantes que han olvidado que su compromiso es con la gente y no con los intereses de su partido. Negar la realidad es una ofensa para las víctimas y un obstáculo para cualquier política seria de pacificación.
No se combate la corrupción protegiendo a los amigos, ni se defiende la democracia debilitando sus instituciones. No llegamos todas si no se puede garantizar que cada niña y cada mujer en este país puedan tener salud y seguridad. La “cuarta transformación” prometió cambiarlo todo, pero terminó repitiendo lo peor de la vieja política: la soberbia del poder, el uso faccioso del Estado y una corrupción que ya no se oculta, sino que se justifica. 
El México real, el que Morena no quiere ver ni escuchar, exige justicia, transparencia y resultados, no una puesta en escena para mantener una burbuja de poder que cada día se aleja más de la gente.

Mirza

El informe que le miente a México

Actualmente, México enfrenta una de las peores crisis de atención médica en décadas. Los hospitales presentan carencia de medicinas, falta de especialistas, largas filas de espera y un creciente descontento de la ciudadanía. Cada día vemos a miles de familias que no reciben la atención urgente que necesitan, lo que pone en riesgo su bolsillo, su tranquilidad y su vida.
La desaparición del Seguro Popular, que dejó sin atención a millones de personas, nunca fue compensada por un sistema alternativo eficaz; el INSABI nació como una promesa y murió como un fracaso. Ahora, con el IMSS-Bienestar, el gobierno federal insiste en centralizar decisiones sin garantizar resultados ni transparencia.
En contraste, nuestro gobernador Pablo Lemus no se queda cruzado de brazos y demuestra que cuando existe voluntad política, visión de futuro y trabajo coordinado con la sociedad, se pueden construir soluciones de fondo a los grandes problemas. Su apuesta es clara: fortalecer las instituciones y dirigir los recursos públicos hacia donde más se necesitan.
Es desde esta visión que en Jalisco avanzamos en un proyecto único en México, que sentará un precedente en la forma de atender la salud y también a quienes se encargan de hacerlo: la Red de Hospitales-Escuela, resultado de la alianza entre el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara.
Este modelo no solo transformará la manera en que se brinda la atención médica, sino que también marcará un antes y un después en la formación de profesionales de la salud. Se trata de un sistema que conecta educación y servicio, que permite a las y los estudiantes realizar prácticas, servicio social y posgrados en hospitales de su propia región, y al mismo tiempo garantizar atención médica para sus comunidades.
La Red estará integrada por instituciones que ya son referentes históricos como el Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, el Nuevo Hospital Civil “Juan I. Menchaca” y el Hospital Civil de Oriente en Tonalá, y los hospitales comunitarios de Colotlán y Ocotlán. También se sumarán dos nuevas infraestructuras que expanden la cobertura: el Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta, y el Hospital Civil del Sur-Sureste, en Zapotlán El Grande. Con esta visión, las regiones tendrán acceso a servicios médicos dignos y de calidad. 
La alianza con la Universidad de Guadalajara es un ejemplo de cómo los gobiernos locales pueden hacer la diferencia cuando se prioriza el bienestar de la gente por encima de las ocurrencias y los intereses personales.
La salud no puede ser rehén de discursos ideológicos ni depender de los privilegios de unos cuantos. La salud es un derecho y garantizarla requiere planeación, inversión, personal capacitado y una visión de largo plazo. La Red de Hospitales-Escuela sentará las bases de un modelo replicable que coloca a las personas en el centro y que entiende que la mejor política de salud es aquella que combina prevención, atención oportuna y formación de profesionales comprometidos con su comunidad. 
El futuro de la salud en México necesita menos discursos y más acciones responsables. En Jalisco ya dimos un paso al frente.

Red Hospitales Escuela: Jalisco sigue redefiniendo la salud en México

Miguel De La Rosa Figueroa

Siete años de rendir malas cuentas de los gobiernos de MC al pueblo de Jalisco

José Manuel Romo Parra

Un Movimiento sólido con nuevos bríos

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

Hiram Espinoza de los Monteros

Lo que Sheinbaum no sabe: leer la inconformidad

Juan Pablo Colín

El 15N no se olvida: México no puede normalizar la represión

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 no es un documento técnico; es una declaración política. Y la declaración de Morena y el Gobierno Federal es clara: castigar a Jalisco por ser productivo, por pensar diferente y por negarse a la sumisión.
La cifra de 156 mil millones de pesos que presumen los voceros de Morena no es un logro; es una trampa. Es el espejismo que usan para esconder el cuchillo. Como bien dijo el gobernador Pablo Lemus, &#8220;no hay buenas noticias&#8221;. Ese dinero es, en su mayoría, gasto operativo: nóminas de maestros y participaciones municipales que llegan por ley, no por generosidad.
Pero donde se revela el dolo, donde se exhibe el castigo quirúrgico, es en las partidas de inversión. Ahí es donde nos están frenando. No es un olvido, es un mensaje político dejar en CERO pesos los fondos para el proyecto de agua de El Zapotillo. Es un CERO para la movilidad de la Línea 5. Es un recorte del 5% al mantenimiento de carreteras federales. Es un insultante aumento del 1.6% a la Universidad de Guadalajara, una cifra muy por debajo de la inflación, que en la práctica es un recorte real a nuestros estudiantes.
Morena está asfixiando a Jalisco. La defensa de sus diputados es aún más ofensiva que el propio recorte. Salen a decir que el dinero no está etiquetado, sino en una &#8220;bolsa concursable&#8221; nacional. Seamos claros: lo que el centralismo llama &#8220;gestionar&#8221; es, en realidad, &#8220;rogar&#8221;.
Este es el nuevo centralismo. Quieren cambiar el federalismo por el clientelismo. Quieren cambiar la asignación de recursos por derecho, por la asignación de favores por obediencia. Quieren gobernadores que gestionen sumisión, no gobernadores que exijan justicia. Y mientras la Federación abandona sus responsabilidades, obliga a Jalisco a una doble tributación.
A los jaliscienses nos cobran dos veces: una con los impuestos federales que se van y no regresan, y otra con los impuestos estatales que ahora deben usarse para construir la infraestructura que Morena nos negó. Jalisco es el motor de México, aporta el 7.5% del PIB y el 8.5% del empleo formal.
No pedimos limosnas, exigimos lo que nos corresponde.
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El presupuesto del sometimiento