Staff quiero tv

ESTRENARON LA GLOSA 
Y se estrenó la glosa del Primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus con el nuevo formato de comparecencia ante el pleno del Congreso estatal. Preguntas puntuales de los diputados con un límite de tres minutos para presentar y también tiempo limitado para que los secretarios del gabinete respondan, además de que un solo diputado representa a su fracción (en este apartado, Alejandro Puerto es el “ganón”, pues al ser diputado sin partido, él mismo se representa con derecho de tomar la palabra). En la primera jornada de glosa estuvieron ante los diputados dos de los secretarios con más reflectores encima: Salvador Zamora (secretario general de Gobierno) y Juan Pablo Hernández (titular de Seguridad Pública). Hoy inician a las 9:00 con otros dos funcionarios que tendrán que responder temas críticos: el fiscal Salvador González de los Santos y la secretaria de Búsqueda de Desaparecidos, Edna Montoya.
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DENUNCIA EN PLENA GLOSA
De las preguntas y respuestas; de las críticas presentadas y los señalamientos varios que se hicieron en la primera sesión de la glosa del Primer Informe, obtuvo atención total el discurso de la coordinadora de diputados del PRI, María del Refugio “Cuquis” Camarena, quien se dirigió al secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, para preguntarle si de verdad considera que la seguridad ha mejorado en el último año, y además sorprendió al denunciar que la semana pasada uno de sus hermanos cerró un negocio que le había costado mucho arrancar, para no seguir pagando derecho de piso, a delincuentes a quienes se refirió con palabras altisonantes mientras se le quebraba la voz en tribuna. La diputada priísta, que también es presidenta de la Junta de Coordinación Política, creció en Zapotlanejo, municipio metropolitano. Mal están las cosas, pero ya no es sorpresa.
LOS MANIFESTANTES YA ESTÁN EN PUENTE GRANDE
Ayer ya estaban en los juzgados penales del complejo penitenciario de Puente Grande, los manifestantes que fueron detenidos el pasado sábado 15 de noviembre en el Centro Histórico de Guadalajara por atacar edificios públicos como Palacio de Gobierno, el Congreso estatal y la Catedral metropolitana, además de la Plaza de Armas y la estación del Tren Ligero. En la refriega resultaron heridas 18 personas, entre éstas una mujer policía con una herida en la cabeza por una pedrada. De los detenidos, siete ya están identificados como originarios de otros estados del país. Ayer en la glosa del Informe, diputados de oposición le exigieron al secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, la liberación de los manifestantes, pero el asunto ya está en el terreno judicial.

mi pecho no es bodega

Mi pecho no es bodega

Jonás

Desde el fin de semana se lanzó una segunda convocatoria para otra “Marcha de la Generación Z”. Como ocurrió con la primera, del pasado 15 de noviembre, no hay liderazgos visibles y por eso la convocatoria que circula en redes sociales es hasta cierto punto desconcertante, pero los datos son precisos: se convoca para mañana 20 de noviembre a una segunda marcha que partiría a las 11:00 de la mañana desde el Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
La discusión sobre el origen de esta movilización de protesta, señalada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como una manipulación de la oposición, de la derecha, de los “liderazgos violentos” de la llamada “Marea Rosa”, sólo ha alimentado la polarización. El discurso oficialista apunta que estas protestas carecen de origen genuino y se amplificaron mediante las redes sociales y el uso de bots.
Estos argumentos, junto con los que acusan al gobierno federal de haber infiltrado a los manifestantes violentos tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, se confrontarán durante muchos días más en las redes sociales y en los análisis, pero la segunda marcha convocada para mañana representa un peligro inminente que las autoridades deben mitigar.
Si llega a realizarse, esta nueva movilización coincidiría en la capital del país con el desfile militar del 20 de Noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, y los manifestantes estarían “invadiendo” el espacio de las Fuerzas Armadas. El riesgo es claro y si las cosas ya se salieron de control el sábado pasado, algo más grave podría ocurrir mañana.
Otro escenario posible es que la convocatoria caiga en el vacío y finalmente sólo sea una manifestación minúscula.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum cuenta con informantes y fuentes de inteligencia. Deben preveer si la movilización se consolida y si hay riesgos por el desfile militar y la coincidencia de las actividades de aniversario en el Zócalo capitalino.
De la primera marcha de la Generación Z se han dicho cantidad de cosas en una guerra de declaraciones: que no había suficientes jóvenes; que fue manipulada por la derecha o por el gobierno federal con la presencia de manifestantes violentos; que su finalidad era sólo desestabilizar y criticar a la administración de la presidenta Sheinbaum, y otros tantos apuntes, más extremos y virulentos.
Sin embargo, tanto en el gobierno federal como en los estados, si es que la convocatoria consigue generar movilizaciones fuera de la Ciudad de México, deben tener claro que con partidos políticos o sin ellos, es real el hartazgo por la inseguridad y la violencia.
Además, si hay nuevas manifestaciones, no pueden arriesgar que acaben otra vez en un choque con la autoridad, porque la imagen internacional de la administración de la presidenta Sheinbaum se ha deteriorado con estos sucesos.
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Segunda Marcha Z: peligro inminente

Marcela Páramo Ortega

Siempre he preferido ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Esta filosofía la aplico a muchas situaciones de la vida, y ahora me permitiré aplicarla a los logros y avances que, en nuestro Estado de Jalisco, hemos alcanzado en materia de inclusión y atención a las personas con discapacidad. Espero no olvidar ninguno, y si fuera el caso, o si quieren añadir algún otro, pueden dejarlo en los comentarios.
Mencionaré primero algunos progresos que considero significativos: un gran avance es que los temas de inclusión y atención a personas con discapacidad ya se encuentran presentes en la mayoría de las agendas públicas de nuestros gobernantes municipales y por supuesto en el gobierno del Estado; esto es un paso importante en las políticas públicas y programas sociales con presupuesto asignado para beneficiar a esta población.
Un ejemplo destacable es la creación, en los últimos años, de varios centros de autismo: dos en Zapopan, uno en Guadalajara, uno en el Teletón y la construcción de cuatro más en el interior del Estado, dando paso para una mejor atención a los niños y jóvenes que viven con esta condición.
No se ha dejado de atender, a través de los DIF y otras áreas de gobierno, las distintas necesidades de las personas con discapacidad. Ya contamos en el Estado con un programa de cuidados, un apoyo económico para el cuidador de las personas con discapacidad, y adultos mayores. Además, en algunos municipios, a través de las coordinaciones de combate a la desigualdad, se implementan programas que favorecen a este grupo vulnerable.
La Secretaría de Educación, a través de sus programas de educación básica, la Dirección de Educación Especial y la Dirección de Inclusión, velan por una educación inclusiva para niños y jóvenes con discapacidad. Además, se anunció recientemente que en el programa de rehabilitación de escuelas del Estado, se pondrá especial atención a los Centros de Atención Múltiple (CAM) que atienden a esta población.
También existe la Dirección de Inclusión del Gobierno del Estado, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Por otro lado, es importante reconocer que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, a través del Consejo de Atención a las Personas con Discapacidad, se reúne cada mes para revisar la situación y el trabajo que cada municipio realiza en favor de las personas con discapacidad.
A través de la Secretaría de Salud y el DIF Jalisco, se realizan esfuerzos para que todas las personas con discapacidad puedan obtener su certificado y credencial de discapacidad, lo que les permitirá acceder a programas y descuentos en algunos servicios.
Muchas veces he insistido en que lograr una sociedad más incluyente es tarea de todos y todas, no solo del gobierno, sino de la sociedad en general y por supuesto, de quienes vivimos esta condición. En este sentido, quiero remarcar los esfuerzos que se llevan a cabo por parte de algunas asociaciones de la sociedad civil, empresas, instituciones educativas privadas y otras instituciones, que buscan ser cada vez más inclusivas y que, de diversas formas, facilitan la vida de quienes viven con alguna discapacidad.
Ya no es extraño encontrar en los supermercados sillas de ruedas eléctricas o de traslado, que permiten a una persona con movilidad restringida o discapacidad física hacer sus compras y moverse por la tienda de manera autónoma.
Podemos constatar los avances en el transporte público: han llegado nuevos autobuses inclusivos, y el Macrobús, y el Macroperiférico cuentan con elementos de accesibilidad, en las unidades y en las estaciones.
En espacios públicos como el Conjunto de Artes Escénicas y la Biblioteca del Estado, encontramos apoyos no solo para personas con discapacidad física, sino también mensajes en braille y en NaviLens para personas ciegas. Estos ejemplos demuestran que el tema de la accesibilidad va cobrando cada vez más trascendencia y va creando conciencia en la sociedad en general.
Asistir a eventos donde existe intérprete de lengua de señas favorece la comunicación de las personas sordas, respetando su derecho a comunicarse en su lengua materna, últimamente en los eventos de gobierno a los que he asistido que exista un intérprete de lengua de señas es una constante.
Saber que cada vez más jóvenes con discapacidad no solo son aceptados en escuelas regulares, sino que también reciben apoyo para concluir sus estudios al mismo nivel que sus compañeros, y que cada día más personas con discapacidad consiguen un empleo bien remunerado y con prestaciones de ley, me ayuda a confiar en que, paso a paso, vamos construyendo una sociedad más justa y equitativa, sin importar la condición de vida de cada uno.
Aun así, existen un sinfín de áreas de mejora. No quiero ni debo cerrar los ojos ante lo que todavía puede ser mucho mejor. Mencionaré solo algunas situaciones.
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<li>Infraestructura urbana: Hay que poner especial interés en el estado de las banquetas y las calles. Aunque he sido testigo de la evolución de las banquetas, con muchos kilómetros de banquetas incluyentes en la zona metropolitana, debo reconocer que siguen siendo insuficientes, principalmente en algunas zonas de la ciudad. A modo de ejemplo, en los alrededores del Hospicio Cabañas, las banquetas están sumamente destrozadas, hay hoyos y escombros, carecen de rampas en las esquinas. Si es difícil transitar para una persona que ve los obstáculos, imaginemos lo peligroso que resulta para una persona ciega.</li>
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<li>Inclusión educativa genuina: Es crucial enfatizar los esfuerzos en la inclusión educativa. Hay que poner especial atención en que los alumnos vivan una verdadera inclusión, que cuando sea necesario asistan a los servicios que se proporcionan en los Centros de Atención Múltiple (CAM) para aprender los dispositivos básicos del aprendizaje, para que al incorporarse a la escuela general se beneficien de las actividades y del aprendizaje de la currícula propuesta y no solo asistan a una escuela sin alcanzar los objetivos educativos. Es importante que, al asistir a una escuela general, compartan las actividades igual que cualquier otro alumno para beneficiarse plenamente del programa educativo. Esto implica que padres y maestros deben priorizar el bienestar del alumno en la institución.</li>
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<li>Oportunidades laborales: Debemos esforzarnos mucho más en la creación de oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Llegará un día en que sus padres ya no estén, y esa persona tendrá que ser autosuficiente. ¿Cómo lo conseguiremos si no la preparamos para la vida laboral? Dependiendo del grado de dependencia que tenga la persona con discapacidad y sus propias capacidades y habilidades, será más o menos complicado que pueda acceder a estudios profesionales que posteriormente sean el puente para encontrar un buen empleo.</li>
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<li>Espacios de ocio y esparcimiento: Esta es otra área en la que debemos poner más atención; requerimos que restaurantes, gimnasios, antros, cines, plazas comerciales, etc., sean incluyentes. Considerando el número de lugares públicos que hay en la zona metropolitana, ¿cuántos de ellos son realmente incluyentes? </li>
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Podría seguir así compartiendo avances, progresos y por otra parte, áreas de oportunidad y adeudos con la comunidad de personas con discapacidad, porque además cada uno habla según como le va en la feria.
No quiero terminar mi columna sin reconocer un punto que considero trascendental en donde he notado un cambio altamente significativo, y es la actitud positiva que muestran muchas personas al verte con discapacidad y ofrecerte ayuda, un acto sin duda de empatía y ánimo de hacerte sentir mejor; esta acción me renueva la fe y confianza de que sí podemos construir una mejor sociedad en la que todos tengamos un espacio y podamos decir que pertenecemos, por el simple hecho de ser personas.
Te leo en los comentarios, ¿tú opinas que el vaso está medio lleno o medio vacío?
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“Marcela Páramo Ortega  “

El vaso medio lleno… avances y retos en inclusión para personas con discapacidad en Jalisco

José Francisco Muñoz Valle

Cada 14 de noviembre, el Día Internacional de la Diabetes nos recuerda el impacto de esta enfermedad y cómo trastoca la salud de millones de personas. Asimismo, pone a prueba la capacidad –y sensibilidad– de nuestro sistema de salud. Un país con alta prevalencia de diabetes necesita un modelo integral que responda con oportunidad, continuidad, accesibilidad y cercanía. Necesita, en otras palabras, un sistema de salud “sensible a la insulina”: que bajo este precepto fisiológico sea capaz de anticipar, regular y adaptarse para proteger a su población.
La Atención Primaria para la Salud (APS) es el espacio donde la accesibilidad de un sistema de salud resiliente resulta más evidente. Según la Organización Panamericana de la Salud, si la APS es fortalecida se lograrán diagnósticos tempranos, acceso a medicamentos esenciales, educación para el autocuidado y será garantía de continuidad en el tratamiento; elementos indispensables para contener el avance de la epidemia que vivimos por diabetes y sus complicaciones. Cuando la APS funciona articuladamente, la cobertura es real y la atención deja de ser fragmentada.
México enfrenta uno de los escenarios más complejos en América Latina. La diabetes se convirtió en una patología que a nivel social exige acciones intersectoriales. La Academia Nacional de Medicina de México, reiteradamente ha insistido en mejorar los entornos alimentarios, garantizar y accesibilizar los insumos necesarios, fortalecer equipos multidisciplinarios de atención para la salud y promover estilos de vida saludables desde la comunidad. No basta con tratar, debemos prevenir, educar y transformar.
El pasado 14 de noviembre es, por nueva cuenta, un llamado firme al cual México tiene que responder. Más de la mitad de casos de diabetes tipo 2 podría prevenirse, por lo cual se requieren políticas públicas fortalecidas en donde se reconozca y atienda la enfermedad y se articulen estrategias claras desde la promoción de la salud de forma prioritaria y sobre todo, se destinen recursos suficientes para confirmar lo que siempre hemos sabido: prevenir siempre tendrá más impacto y será más justo, que tratar complicaciones. Ejemplo de ello es Jalisco, donde existe una política para diabetes tipo 1, siendo el primer Estado en México que cuenta con un modelo de atención integral para aquellos que no tienen seguridad social.
La diabetes no es un compromiso de atención individual, es una responsabilidad compartida del Estado, la comunidad y cada institución que integra el sistema sanitario. Si la diabetes no espera, nuestro sistema de salud tampoco debería hacerlo.
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José Francisco Muñoz Valle70f-4aea-8e7f-7e792d3f59b0

Un cuerpo y un sistema de salud sensibles a insulina

Manuel Baeza

Dice mi padre que quien no quiera ruido, que no críe puercos. Algo similar ocurre con la política: quien no quiera manifestaciones, que no sea gobernante. Punto. 
Las manifestaciones son parte esencial de la vida pública. No existe el pueblo bueno que ama a sus gobernantes. Lo que sí hay son personas que están dispuestas a tolerar problemas porque consideran que se trabaja para solucionarlos, y personas que están cansadas de los problemas, y quieren soluciones visibles y palpables lo más rápido posible. Y están los paleros del gobernante en turno, pero esa es otra historia. 
El problema del gobernante es que realmente cree que es infalible; que lo que hace es mejor que lo que cualquiera otro pudiera lograr, y que los ciudadanos que protestan son ingratos, o sus enemigos. Así es como piensa quien quiera que llega al poder, aunque esté muy alejado de la realidad.
Manifestaciones, marchas, bloqueos y protestas se viven todo el tiempo en todas partes del mundo, y México no es la excepción. Busque Usted el país que considere más civilizado del mundo, y el país en el extremo opuesto, y en ambos encontrará quejas y protestas ciudadanas. En todo caso hay gobiernos que impiden las manifestaciones, pero el deterioro de la vida pública en esas naciones es más que evidente.
La presidenta de México ha mostrado su inconformidad con las protestas en contra de su gobierno, y su equipo la arropa. ¡Qué barbaridad! ¡Increíble que haya personas que no quieran/entiendan/admiren a la 4T! 
A Claudia Sheinbaum le quedan solo dos opciones: o se pone a escuchar el motivo de las manifestaciones e intenta corregir lo posible, o simplemente debe asumir que existe oposición en su contra, como lo existe también en los gobiernos de otras latitudes, y no preocuparse por las protestas. Total, si de veras la mayoría la quiere, entonces cuál es el problema. 
Pero que la administración federal actúe como si manifestantes u opositores fueran enemigos del Estado, eso ya es otra cosa. En la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México se dejó a los revoltosos saquear tiendas, quemar locales, destruir mobiliario urbano, y agredir a los policías. Y ni un solo detenido hubo.
En la manifestación del pasado sábado se derribaron las vallas que rodean Palacio Nacional, y los granaderos salieron a atacar por parejo a quienes se cruzaron a su paso. Y hay una decena de detenidos acusados, por increíble que parezca, de tentativa de homicidio en contra de los policías. Una total desvergüenza por la desproporción a la hora de actuar contra los manifestantes. 
Manifestaciones contra Sheinbaum y su gobierno habrá el resto del sexenio, como las hubo contra AMLO, Peña Nieto, Calderón y Fox. La protesta es parte de la vida política de un país. Y al final, como dice mi padre: quien no quiera ruido, que no críe puercos… y que tampoco gobierne.
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Manifestaciones: quien no quiera ruido…

Anuar García Gutiérrez

México enfrenta uno de sus momentos más críticos en materia de seguridad y gobernabilidad. La percepción nacional es clara: el gobierno castiga a la ciudadanía mientras arropa, protege e incluso favorece a los delincuentes. No se trata solo de inseguridad, sino de una ruptura profunda entre el Estado y su población, una pérdida de confianza que el discurso oficial ya no logra maquillar.
El pasado 15 de noviembre miles de ciudadanos marcharon en todo el país para exigir seguridad, justicia y un alto a la impunidad. La protesta no fue partidista; fue social, legítima y nacida del hartazgo. Pero la presidenta no escuchó. En vez de atender las exigencias, eligió minimizar las manifestaciones, victimizarse y afirmar que se trataba de un ataque político en su contra. La respuesta gubernamental fue represión, no diálogo.
Hubo detenciones selectivas de manifestantes, imputándoles delitos para frenar la libre expresión. Además, policías atacaron a los ciudadanos con gas lacrimógeno y violencia física, como si ejercer un derecho constitucional fuera un acto criminal. El gobierno insistió en que las marchas estaban “orquestadas”, cuando todos sabemos que el origen fue el cansancio social ante un país donde la autoridad no protege y donde alzar la voz se vuelve peligroso.
Esta postura contrasta dolorosamente con la actuación del gobierno frente a los delincuentes. Mientras se reprime y se castiga a la ciudadanía que exige justicia y seguridad, los grupos delictivos continúan expandiéndose con libertad. Pareciera que gozan de más derechos humanos que sus víctimas. La autoridad es dura con el pueblo, pero complaciente con quienes realmente tienen al país sometido. Es una inversión perversa del sentido de justicia.
A esta crisis se añade otro frente alarmante: el gobierno está impulsando reformas judiciales diseñadas para acomodar el sistema a su favor, debilitando contrapesos, reduciendo la autonomía de los órganos de justicia y eliminando garantías para la ciudadanía. En lugar de fortalecer el Estado de derecho, busca someterlo. En lugar de proteger a la población, protege su permanencia y poder.
Paralelamente, la evaluación internacional más reciente de la ONU revela un panorama devastador para México. Entre sus conclusiones destacan:
• México se encuentra entre los países con más homicidios dolosos del mundo.
• Los delincuentes se han expandido sin contención estatal efectiva.
• Las desapariciones forzadas superan cifras históricas, sin investigaciones que avancen.
• La impunidad rebasa el 90 por ciento.
• Existen zonas con violencia equiparable a escenarios de conflicto armado.
• La violencia contra mujeres y jóvenes continúa incrementándose.
• Y el punto más contundente: la ONU señala que amplias zonas del territorio mexicano están controladas por grupos delictivos, no por el Estado.
Este último punto es especialmente grave: confirma que el gobierno ha perdido control, autoridad y gobernanza real sobre regiones completas del país.
La gravedad del escenario ha provocado preocupación internacional. Estados Unidos ha declarado su disposición, si fuera necesario, para ingresar a México y confrontar directamente a los delincuentes y frenar la violencia que ha rebasado al Estado mexicano. Esta postura refleja la falta de confianza en la capacidad del gobierno para recuperar el control del territorio y proteger a su población.
A esto se suman las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos y Canadá, en las que advierten a sus ciudadanos sobre el riesgo de visitar México debido a secuestros, homicidios, ataques y violencia extrema. Estas advertencias reflejan la dimensión del deterioro institucional y la incapacidad del gobierno para garantizar seguridad.
En este contexto, el país avanza hacia un escenario donde el poder se ejerce contra la ciudadanía y no en su defensa, donde las reformas buscan control político y no justicia, y donde los delincuentes operan con una libertad que desmiente cualquier discurso oficial. Y sin los cambios urgentes que el país necesita, el gobierno solo deja expuesta su postura: castigar a la ciudadanía y arropar a los delincuentes.

Anuar García

El gobierno castiga a la ciudadanía y arropa a los delincuentes

Claudia Salas

En México, el reloj laboral se ha detenido demasiado tiempo. Llevamos décadas sosteniendo un modelo de trabajo que premia la resistencia más que la productividad, la obediencia más que la creatividad, y que ha dejado cicatrices profundas en la salud, la vida familiar y la dignidad de millones de personas. La iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales no es una moda ni un capricho ideológico: es el intento más serio en décadas por devolverle al trabajo mexicano la humanidad que el sistema le quitó.
La realidad es clara: mientras en países desarrollados las jornadas se acortan para dar paso a modelos más eficientes, aquí seguimos midiendo el compromiso con base en el cansancio que tenemos al finalizar la jornada laboral. En México se trabaja más que en casi cualquier nación de la OCDE y, paradójicamente, se produce menos, se gana menos y se vive menos. Jornadas extenuantes, salarios estancados y un deterioro constante de la salud mental y física forman parte de la cotidianidad laboral.
En este punto de la historia, no se trata solo de productividad: se trata de justicia. Porque no hay economía sana si sus trabajadores y trabajadoras viven enfermos, agotados y desconectados de su vida personal. Ahí es donde comienza la merma social.
La discusión que esta semana se dará en la Cámara de Diputados tiene un peso histórico. No es solo una reforma a la Ley Federal del Trabajo, sino un punto de acuerdo de voluntades sobre cómo queremos construir el futuro del país.
Movimiento Ciudadano ha sido la fuerza que puso sobre la mesa esta agenda de avanzada —una que, dicho sea de paso, Morena terminó abrazando después de resistirla con los mismos argumentos que hoy repiten los sectores empresariales más conservadores—. Es curioso cómo aquello que primero tacharon de “riesgoso” o “populista” ahora es enarbolado como una bandera de transformación. Pero poco importa la autoría si el resultado es un México más justo.
Los argumentos en contra ya se conocen: que la economía no está lista, que el sector empresarial no podría sostener los costos, que la productividad caería. Son los mismos pretextos de siempre para posponer los derechos. Pero el verdadero problema no es de economía, sino de mentalidad. Las empresas que han entendido que un trabajador o trabajadora bien descansado, rinde mejor, si se opera con esquemas más flexibles y eficientes. No es casual que los países con jornadas más cortas sean también los más competitivos e incluso nos estén comiendo el mandado, como Chile o Brasil.
La reducción a 40 horas no se trata de trabajar menos, sino de trabajar mejor. De cambiar la ecuación y resignificar el valor del tiempo, el esfuerzo y la calidad de vida. De permitir que las y los trabajadores tengan tiempo para lo que el sistema les arrebató y ni las empresas ni los sindicatos les han devuelto: su familia, su salud, su descanso, su educación, su vida. Porque no hay economía sólida cuando su motor humano está desgastado.
Esta reforma puede detonar una nueva cultura laboral basada en la eficiencia, la confianza y el equilibrio. Pero su éxito no dependerá solo de la aprobación legislativa, sino de una transición cultural paulatina, acompañada de políticas públicas —como el Sistema Nacional de Cuidados— y capacitaciones que ayuden a las empresas a adaptarse sin temor.
Y sí, habrá resistencias. Habrá quienes vean en esta iniciativa una amenaza a sus márgenes de ganancia. Pero el costo de seguir aplazando esta discusión es infinitamente mayor. México no puede seguir siendo el país que presume récords de horas trabajadas con sueldos de miseria y condiciones precarias. La competitividad no se mide en horas, sino en resultados.
Estamos ante una oportunidad histórica. No se trata de una concesión ni de un favor: se trata de devolver un pedazo de dignidad. Las y los trabajadores de México han sostenido durante años un país desigual, soportando abusos patronales disfrazados de “compromiso” y renunciando a su tiempo personal como si fuera un privilegio y no un derecho. Por eso esta reforma no puede esperar más para que el tiempo libre deje de ser un lujo.
Ya no hay espacio para seguir “analizando” lo evidente. Los estudios, las mesas de diálogo, los foros empresariales ya ocurrieron. Lo que sigue es decidir de qué lado de la historia queremos estar: del lado de quienes siguen temiendo perder unos cuantos puntos de ganancia o del lado de quienes han perdido años enteros de vida en jornadas interminables. La Cámara de Diputados tiene frente a sí una decisión simple, pero trascendental. No se trata solo de aprobar una ley, sino de encender una nueva forma de entender el trabajo en México.
Y como suele ocurrir con los grandes cambios, habrá quienes se resistan, quienes exageren sus consecuencias y quienes intenten frenarlo con tecnicismos. Pero el reloj del cambio ya empezó a correr. Y México, por fin, merece recuperar el tiempo que le arrebataron.
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Cuando el tiempo libre deje de ser un lujo

Tzinti Ramírez

La resolución 2803 (2025) adoptada el 17 de noviembre por el Consejo de Seguridad de la ONU autoriza el despliegue de una “Fuerza Internacional de Estabilización” en la Franja de Gaza y la creación de un órgano transitorio para su administración. Aprobada con 13 votos a favor, dos abstenciones (China y Rusia) y ningún voto en contra, la resolución pretende consolidar el frágil alto al fuego alcanzado en octubre. Pero en su letra pequeña, congela el proceso de autodeterminación palestina y dibuja una paz tutelada por intereses ajenos –y no bien intencionados–.
Es la primera vez que Estados Unidos vota a favor de una resolución sustancial sobre Gaza desde que comenzó la última ofensiva israelí en 2023. Su historial es elocuente: en los últimos dos años ha vetado o bloqueado al menos tres resoluciones clave que pedían un alto al fuego, acceso de ayuda humanitaria o el fin del asedio. Por ejemplo, en septiembre de 2025, vetó un texto que exigía cese de hostilidades y entrada inmediata de ayuda, dos años antes, en diciembre de 2023, se abstuvo en la resolución 2720 sobre asistencia humanitaria. Esta vez, sin embargo, no solo no vetó, sino que votó a favor. La lectura del sentido de este voto es, por desgracia, política y no humanitaria.
EE.UU. impulsó una resolución que se ajusta a sus intereses: primero, asegura una presencia internacional de “estabilización” que en los hechos desoye el llamado a la autonomía palestina; segundo, pretende que Israel quede blindado de críticas al incorporar una fuerza internacional, en el territorio, bajo mandato del Consejo; tercero, envía un mensaje a sus aliados árabes, Washington tomará la batuta en los planes de “reconstrucción” y finalmente, frustra la participación de las distintas facciones palestinas en la decisión sobre su futuro.
Por otro lado, las abstenciones tienen también una lectura política que no debemos eludir: China y Rusia, tradicionalmente críticos de la política occidental en Medio Oriente, optaron por no bloquear pero “dejaron hacer”. Su abstención indica que son conscientes de lo que la resolución significa para la soberanía palestina y que además, rechazan legitimar una resolución que pone una autoridad externa sobre Gaza, al tiempo que con su tibieza, renuncian a demandar clarificación sobre el fin de la ocupación y el camino hacia un Estado palestino viable. Su postura prioriza el congelamiento de la cuestión palestina una vez más, por sobre su derecho a la autodeterminación.
Mientras tanto, en Europa, el presidente Emmanuel Macron intenta marcar distancia con la lógica de tutela que promueve Washington. La semana pasada, se reunió en París con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, y anunció la creación de un comité conjunto franco-palestino para trabajar hacia la viabilidad de un futuro Estado palestino en línea por lo expresado en la Declaración de Nueva York de septiembre pasado. Incluso se habló de una posible colaboración para la redacción de una constitución. Aunque el gesto pueda parecer prematuro, sobre todo cuando no se logra que se acaten las opiniones de la Corte Internacional de Justicia sobre el fin de la ocupación y el saqueo de recursos, en el plano político representa un intento de contrapeso diplomático frente al enfoque estadounidense de “estabilización” sin Estado.
Finalmente, es importante recordar que, al margen del texto de la resolución, en el terreno Israel ha violado el alto al fuego con impunidad: se registran ofensivas, bombardeos e incursiones continuadas incluso después de la firma del “cese” de octubre de 2025. Esa realidad hace que la estabilización prometida por la resolución suene más a certeza de control externo que a camino hacia la autodeterminación. Se corre el riesgo de abrir un nuevo capítulo en la historia del pueblo palestino, uno en el que la ocupación israelí quede legitimada bajo el auspicio explícito de poderes externos que no buscan garantizar ni la libertad política de los palestinos, ni la justicia ni la reparación que la humanidad les adeuda. Y sin embargo, a pesar de la faramalla política, este capítulo no tiene por qué ser el final. El movimiento global que despertó frente al genocidio en Gaza desde 2023 debe reconocerse como parte de una causa de larga data (la de décadas de lucha palestina). Honrar esa historia significa, no rendirse ante una nueva fase de ocupación maquillada. Frente a la injerencia, la solidaridad internacional debe aprender a sostenerse, a organizarse y a no abandonar.

Tzinti Ramírez Reyes

Ni paz ni Estado: la resolución que congela a Gaza

Generación Z: Convocando en redes sociales a una segunda marcha

Bloqueos carreteros: Transportistas confirman nuevo paro nacional

Frente frío 15: ¡Atención! SMN advierte por descenso de temperatura en estos estados

Sheinbaum descarta intervención de EU en México; le responde a Trump

Mujeres Bienestar: ¿Cuándo se deposita el primero pago?

La Fiscalía General de la República (FGR) se opuso a la solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien ha cumplido el 95% de su condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La audiencia definitiva se realizará el 19 de noviembre, en el Reclusorio Norte, donde la jueza Ángela Zamorano Herrera decidirá si concede la medida.
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Según la FGR, Duarte fue sorprendido con cuatro latas de alcohol, un módem de internet, un reproductor Blu-ray y una pluma con cámara oculta en su celda, objetos prohibidos que podrían impedir su salida anticipada. Además, el exmandatario fue sancionado por alterar el orden dentro del penal y por modificar su celda con tablas de madera para bloquear la visibilidad del baño, así como por introducir un colchón ortopédico.
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De acuerdo con una carta de conducta emitida por autoridades penitenciarias, Duarte incurrió en tres faltas entre 2019 y 2021. Por dos de ellas se le impusieron 15 días sin visitas. Aun así, su defensa argumenta que el exgobernador ha mantenido buena conducta y que cumple con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal para obtener beneficios de preliberación.
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El abogado Pablo Campuzano señaló que los objetos reportados fueron mal interpretados por la fiscalía, aclarando que las latas halladas contenían alcohol sólido usado para cocinar y que no se le decomisó ningún teléfono celular. Acusó a la FGR de emplear “argumentos sensacionalistas” y de presentar información “sacada de contexto” durante la audiencia.
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Campuzano explicó que Duarte busca acogerse a un beneficio previsto en la ley, tras haber cumplido casi la totalidad de su pena. “Las autoridades penitenciarias han emitido los documentos idóneos para acreditar que ha seguido su plan de reinserción”, afirmó.
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Javier Duarte fue detenido en 2017 en Guatemala y extraditado a México, donde se le acusó de desviar más de tres mil millones de pesos durante su gestión como gobernador de Veracruz. En 2019 fue sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. La decisión sobre su posible liberación anticipada se conocerá tras la próxima audiencia judicial.
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Javier Duarte: FGR objeta su libertad anticipada

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