Staff quiero tv

Un hombre, presunto militar, fue víctima de un ataque con arma de fuego en la colonia Nuevo Milenio, en Mazatlán, Sinaloa, durante la noche de este lunes 24 de noviembre. El individuo perdió la vida en su arribó al Hospital Militar de Mazatlán.
De acuerdo a los reportes, el sujeto se encontraba caminando sobre la calle Juantillos, cuando dos personas que circulaban en una motocicleta se le acercaron por el costado y le dispararon. 
Tras lo registrado, los vecinos, los cuales se encontraban en la zona, llamaron a emergencias, quienes arribaron al lugar mientras el hombre todavía presentaba signos vitales. De igual forma, elementos militares, además de agentes municipales llegaron a la escena, para bloquear la zona e iniciar las acciones correspondientes.
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Posterior al suceso, la víctima fue trasladada al hospital militar mediante una ambulancia de la Cruz Roja. Pese a ello, durante el camino el hombre perdió la vida. 
Hasta el momento, los agentes de investigación abrieron una carpeta, con el objetivo de esclarecer los acontecimientos, aparte de determinar las circunstancias del caso y dar con los responsables del delito que alarmó a los vecinos de la zona.
Este ataque se une a la lista de varias personas que han sido privadas de la vida en Mazatlán, en las últimas semanas.
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Mazatlán: Militar pierde la vida en hospital tras atentado

La Secretaría de Marina, en colaboración con la Fiscalía General de la República, llevó a cabo una operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que resultó en la detención de cuatro hombres presuntamente vinculados al tráfico de drogas. El incidente ocurrió el 21 de noviembre en la Terminal 2 del AICM, donde personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria interceptó a los sospechosos en posesión de diversos paquetes que contenían una sustancia identificada como cocaína.
De acuerdo con el informe oficial emitido por la dependencia naval, los trabajos de investigación previos habían detectado indicios de una red organizada dedicada al envío de paquetes con droga a través de vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California. Estos envíos se realizaban sin someterse a revisiones por rayos X ni a los trámites aduaneros requeridos, lo que facilitaba el ingreso del material ilícito al país. La acción coordinada permitió localizar y asegurar 270 kilogramos de la droga en cuestión, junto con los individuos involucrados.
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A los detenidos se les imputan cargos por delitos contra la salud, en el marco de la legislación federal aplicable. Además del estupefaciente, las autoridades decomisaron dos vehículos tipo VAN y cuatro equipos telefónicos, elementos que presumiblemente formaban parte de la logística de la operación delictiva. La Secretaría de Marina estimó que el valor de lo asegurado asciende a 92 millones 49 mil 498 pesos, representando una significativa afectación económica para la red criminal.
Este operativo forma parte de una serie de esfuerzos institucionales por desmantelar estructuras dedicadas al narcotráfico en puntos clave de transporte aéreo. La coordinación entre la Marina y la FGR subraya la importancia de la inteligencia previa en la identificación de patrones de conducta delictiva, como el uso de rutas comerciales regulares para camuflar envíos ilícitos. En este caso, la detección temprana de anomalías en los vuelos hacia la frontera norte permitió una intervención oportuna, evitando que la carga llegara a su destino previsto.
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Paralelamente, en el contexto de acciones contra el crimen organizado, las fuerzas federales ejecutaron órdenes de cateo en cuatro entidades del país: Morelos, Puebla, Ciudad de México y Estado de México. Estas operaciones culminaron con la detención de 15 personas, de las cuales seis contaban con órdenes de aprehensión pendientes por delitos como delincuencia organizada. Entre los capturados destacan Isaí Gabriel Armendáriz, de 34 años, conocido como &#8216;El Carnal&#8217;, e Ignacio Ramírez Pelayo, de 44 años, alias &#8216;El Pelayo&#8217;, identificados como líderes de una célula criminal ligada a homicidios, extorsión y narcomenudeo.
Durante los cateos, se aseguraron 14 inmuebles, dos kilos de cocaína, 3 mil dosis de otras sustancias controladas, dos armas largas, cinco armas cortas, diversos cartuchos útiles, 14 vehículos de alta gama, un racer, cinco motocicletas y dos cuatrimotos. Asimismo, se confiscaron 68 equipos telefónicos y otros objetos de interés forense. Las autoridades calcularon que estas intervenciones generaron una afectación económica de 97 millones de pesos para la organización delictiva.
El operativo conjunto involucró a elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
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AICM: Detención revela red de tráfico de drogas con vuelos a Tijuana

Un hombre de 22 años murió mientras recibía atención médica en la Cruz Verde Ruiz Sánchez, luego de ser atacado a balazos en la Colonia Insurgentes, en el municipio de Guadalajara. La agresión se registró sobre la calle Salvador Rocha, en su cruce con Trinidad Núñez.
De acuerdo con información proporcionada por autoridades municipales, policías acudieron inicialmente al lugar del reporte, donde fueron informados de que la víctima había sido trasladada por sus familiares a un puesto de socorro debido a la gravedad de las heridas.
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Según los primeros datos recabados, un sujeto habría llegado al domicilio del afectado y abrió fuego en su contra para después huir. En la escena, la Policía Municipal aseguró el área y localizó al menos cinco indicios balísticos.
Las autoridades confirmaron que el fallecido contaba con dos antecedentes penales por robo, información que fue integrada a la carpeta de investigación.
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El caso quedó a disposición del Ministerio Público. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió a la unidad médica para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al descanso forense, donde se continuará con los procedimientos correspondientes.

Guadalajara: Hombre muere en hospital tras ser atacado a balazos

ANTE BLOQUEOS DE AGRICULTORES Y TRANSPORTISTAS
Dos jaliscienses destacaron, para bien y para mal, ante los bloqueos carreteros que se presentaron en Jalisco con motivo de las protestas nacionales de productores agrícolas y transportistas de carga. Primero, un muy pobre papel desempeñó el delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado, Antonio Pérez Garibay (sí, el papá del “Checo” Pérez, que sorpresivamente ocupa este cargo), quien no atinó a ofrecer soluciones sino a pedir más diálogo. Y segundo, Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno de Jalisco, quien tranquilamente reiteró que el gobierno estatal ha mantenido el contacto con los productores agrícolas y les ofrece apoyo económico en el pago por tonelada de maíz, equivalente a casi 200 millones de pesos. Por fortuna, los bloqueos se levantaron por la tarde, pero queda la advertencia de que pueden regresar.
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DIPUTADOS FALLARON A LA GLOSA
Y ayer, otro escándalo ocurrió en la glosa del Primer Informe de Gobierno en el Congreso estatal, cuando se canceló la comparecencia de la secretaria de Igualdad Sustantiva del gobierno estatal, Fabiola Loya, ¡porque no hubo quórum! Sólo 12 diputados estuvieron presentes al momento en que ella se aprestaba a rendir su informe y someterse a las preguntas y observaciones de los diputados de todos los partidos, y al no haber glosa porque no estaban presentes, tuvo que entregar su informe por escrito en Oficialía de Partes. Entre los diputados, todos se “echaron la bolita” y seguramente hoy se seguirán ofreciendo disculpas. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Cuquis Camarena, una de las principales impulsoras del formato de glosa ante el pleno, indicó que los diputados del PRI sí estaban presentes, por lo que serán otros los que tengan que dar explicaciones.
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INDIGNACIÓN DE LA SECRETARIA FABIOLA LOYA
La secretaria de Igualdad Sustantiva, Fabiola Loya, estaba indignada por el desinterés de los diputados. Su mensaje: “Lamento profundamente la falta de quórum en el Poder Legislativo. Esta ausencia no solo refleja una falta de interés en el ejercicio de rendición de cuentas, de transparencia y corresponsabilidad institucional, sino que, lo más preocupante es que refleja la falta de interés en una agenda que debería ser prioritaria. Este ejercicio era la oportunidad de compartirles la estrategia e implementación de más de mil 500 zonas Pulso de Vida, la consolidación de las Unidades Especializadas Policiales, del 85.6% de avance del Plan Estratégico de la Alerta de Violencia de Género, la gestión del sexto Centro de Justicia para las Mujeres en Lagos de Moreno y la implementación de 80 Dispositivos Rastreadores para Agresores, entre otros avances”. Por cierto, hoy 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres… por si les interesa en el Congreso estatal.

Mi pecho no es bodega

Jonás

Como se había anticipado, este lunes 24 de noviembre se realizaron bloqueos en diferentes puntos carreteros de todo el país. En Jalisco se contabilizaron cuando menos cuatro en importantes vías. Ante este fenómeno, sorprendió la respuesta del gobierno federal: La Secretaría de Gobernación, responsable de mantener el equilibrio en la política interna del país, acusó que “hay intereses políticos” detrás de las manifestaciones y afirmó, además, que no se justificaban los bloqueos.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ha mantenido el diálogo con todos los inconformes y entre líneas, condenó los bloqueos. 
Curiosamente, en diferentes espacios se aprobó que transportistas y productores agrícolas estaban plenamente justificados para realizar estas movilizaciones y bloquear carreteras porque sus demandas son justas.
Sorprenden argumentos como los de la presidenta Claudia Sheinbaum, al decir que las manifestaciones de apoyo y el aval que recibe al recorrer el país, le generan la confianza de que el gobierno está actuando correctamente, por lo que desacredita las voces de protesta que se presentan en diferentes espacios públicos.
Es normal que en su visión personal, por más informada que esté, la presidenta, igual que todos los que ocupan un poder ejecutivo, queden limitados.
Pero también es normal que ante la evidencia de las extorsiones, la inseguridad, el robo a transportistas y la reducción en los ingresos de los agricultores, unidos a la falta de acceso a la justicia y la impunidad, a amplios sectores sociales no les quede otra salida que manifestarse públicamente para obligar así a las autoridades a atender sus demandas.
Es curioso cómo una manifestación pública que se expresa en bloqueos y en la que están presentes diferentes grupos sociales, se presenta en el discurso oficial como una contienda de fuerza política. El gobierno federal pretende hacer ver que tiene la razón y quienes no están de acuerdo, carecen de ella.
Por otra parte, ¿cuál es el problema con que detrás de los agricultores o los transportistas, haya ideología de partidos? ¿Desde cuándo el derecho de protesta tiene que ser apartidista?
La presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un apoyo mayoritario. Es cierto. Las encuestas hablan de un porcentaje superior al 70 por ciento.
Pero las estadísticas de inseguridad y violencia, también muestran que la delincuencia es real y que los transportistas padecen más de 55 robos todos los días en las carreteras nacionales.
Que la presidenta sea aprobada y querida, no quiere decir que los problemas sociales desaparezcan. Y qué pobre actuación está teniendo la Secretaría de Gobernación, para atender a los inconformes y resolver problemas, en lugar de descalificarlos.

A los bloqueos, la negativa oficial

Aldo Arturo González

A unos días de iniciar la “fiesta grande del futbol mexicano”, la mesa está servida y con ello los platillos más suculentos de toda la temporada. Es indiscutible que a partir de este miércoles viviremos las emociones de la verdadera calidad de nuestros futbolistas, de nuestros equipos, de nuestros técnicos, que durante la campaña regular nos han ofrecido consistentemente, acostumbrados a la ley del mínimo esfuerzo para clasificarse, pocos muy pocos buenos momentos, como Toluca o Cruz Azul, que mostraron una mayor regularidad futbolística.
Seis son los participantes en un nuevo torneo, donde todos inician de cero. Pero su pasado inmediato del accionar de la temporada, algunos no se lo pueden sacudir y seguramente mostrarán sus inconsistencias en esta fase de cuartos de final, con la que iniciaremos el baile del festejo futbolístico de nuestro país. Pero podríamos revisar a los conjuntos que tienen realmente posibilidades de levantar el título.
Guadalajara, que se metió en la sexta posición, llega como el equipo mejor embalado, sin embargo, la pausa de la fecha FIFA y la semana de Play In, pudieran ver afectado su ritmo de juego; Chivas enfrentará al Cruz Azul en primera instancia, y aunque muchos ven al Rebaño Sagrado como un candidato fuerte al título, la verdad es que la Máquina Cementera podría regresarlos a la realidad de la primera parte de la temporada, cuando el conjunto tapatío estaba lejos, muy lejos de pensar en una clasificación. Cruz Azul, además, tendrá la ventaja del marcador global, por haber quedado mejor posicionado en la clasificación general, en la que ocupó el tercer puesto.
Toluca y Tigres por su parte, lucen ampliamente favoritos para avanzar a las semifinales al enfrentar a los mediocres equipos que lograron llegar hasta esta fase gracias a las bondades que tiene nuestro sistema de competencia, por medio del Play In, y solamente una circunstancia de esas que ciertamente tiene el futbol, podría provocar que sean eliminados.
La serie más pareja y de pronóstico reservado, en sin duda la de América frente al Monterrey. Los capitalinos han sufrido a lo largo de toda la temporada el fantasma de las lesiones y nunca han podido estar completos para poder demostrar el poderío que nos narran las estadísticas de los últimos torneos, en los que las Águilas han llegado a cinco finales consecutivas. Los Rayados por su parte, con un plantel lleno de figuras nacionales e internacionales, perdieron gas e incluso, en la última jornada de la temporada, fueron goleados por el Guadalajara, perdiendo la credibilidad del equipo incluso para los mismos aficionados norteños, pero definitivamente con tanta calidad, nunca se le puede descartar.
Venga pues la fiesta, que nos dejará en claro otra vez que si este nivel futbolístico que seguramente veremos a lo largo de la Liguilla, lo ofrecieran en todo el torneo, el futbol mexicano tuviera jugadores menos malos, mediocres y delicaditos…
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Aldo Arturo

Liguilla en puerta

Vicente Viveros

Así como el gobierno federal y sus brazos políticos acusaron a la oposición e intereses privados, e incluso a actores internacionales, de convocar y financiar la marcha de la llamada Generación Z, de igual manera se acusan “intereses políticos” detrás de las manifestaciones de transportistas y agricultores, deslegitimando a priori la libre manifestación de las ideas y de expresión, aún consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es de llamar la atención la negación de los problemas reales que viven varios sectores de la sociedad mexicana. Nadie en su sano juicio desconoce la crisis de inseguridad que viven no solo los transportistas en varias regiones del país; este tema también lo viven las personas automovilistas en donde el crimen organizado planta retenes, roba, extorsiona y secuestra a quienes tienen la necesidad de viajar por las carreteras nacionales.
De igual manera, los productores de maíz y de otros productos ven cómo se gasta más en producir que lo que se recibe por la venta de dichos productos, que además se ven afectados por el mismo mal que los transportistas. El crimen organizado marca los precios de venta de diversos bienes y servicios en amplias regiones de México como el aguacate, el pollo, las tortillas o el limón, siendo obligados por la extorsión bajo el riesgo de perder la vida en caso de no cumplimentar el mandamiento de las otras autoridades.
No ver esta situación y reducir las manifestaciones a intereses mezquinos o extranjeros es de alto riesgo. Sigue orillando a la protesta como única válvula de escape ante el flagelo de la inseguridad que doblega a autoridades locales, estatales y federales en diferentes zonas; reza un dicho que el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo y en ese reconocimiento hay que construir las medidas para solucionar una problemática compleja, multifactorial y de soluciones paulatinas, con el concurso de todos; de lo contrario, no hay remedio posible.
Estigmatizar la protesta achacándosela a la oposición, es darle al “prian” un estatus de organización que hoy no tiene, pero que evidentemente da líneas discursivas que cualquier oposición en un país democrático aprovecharía, pero no hay que desviar la atención, hay que focalizarse en resolver el serio problema que viven diversos sectores y comunidades por incómodo que sea el tema, y a pesar del 70% de aprobación presidencial, hay que gobernar para todos y solucionar los problemas que atañen a las obligaciones jurídicas del Estado mexicano. De lo contrario, no sirven las encuestas, ni los millones de votos.
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La culpa es de otros

Luz del Carmen Godínez

La maternidad suele entenderse como un espacio de protección, vínculo y crecimiento entre la mujer gestante y la persona que llega a la vida. Sin embargo, para muchas mujeres privadas de la libertad en México, esta experiencia se vive entre muros que alteran profundamente ese espacio de protección.
En un país donde más de 80% de las mujeres en prisión son madres, la condena no solo recae sobre ellas, sino que trasciende la vida de sus hijas e hijos, quienes terminan enfrentando una carga emocional y social, compartiendo la condena.
En nuestro país, la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce el derecho de las madres a vivir con sus hijas e hijos menores de tres años dentro de los centros penitenciarios, pero este derecho depende de la existencia de espacios adecuados. Aquí surge una paradoja: las autoridades penitenciarias suelen trabajar con presupuestos limitados para atender múltiples prioridades: alimentación, vigilancia y servicios básicos. Aun así, con el recurso disponible se han hecho esfuerzos significativos para crear en los centros femeniles lugares donde puedan recibir a las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, llamados Cendis (Centros de Desarrollo Infantil), espacios que buscan garantizar el cuidado materno-infantil.
Estos esfuerzos, aunque valiosos, no alcanzan a cubrir todas las necesidades relacionadas con las condiciones que deben garantizarse a las niñas y niños. La magnitud de las carencias que se vislumbran en estos espacios suele rebasar la capacidad institucional. En distintos centros, las mujeres han tenido que adaptar sus propias estancias para dormir junto a sus bebés. La voluntad existe; los recursos, lamentablemente, no siempre están a la mano.
Puente Grande ilustra bien esta realidad: de más de quinientas mujeres que se encuentran en el sistema penitenciario, únicamente 26 tienen la oportunidad de convivir con sus hijos, ya que la ley sólo permite que estén con sus madres desde su nacimiento hasta que cumplen tres años.
La situación es aún más dolorosa para quienes viven la maternidad desde la separación. Muchas mujeres pasan meses sin ver a sus hijas o hijos por la falta de recursos económicos de sus familias para visitarlas. Para las niñas y niños, la ausencia se convierte en un golpe emocional intenso: ansiedad, conductas autolesivas, tristeza profunda, lo cual sin duda podría marcarlos en su desarrollo.
Para las madres, la preocupación constante, y la lejanía de sus hijos se transforma en un estado de angustia que las afecta en su proceso de reinserción.
Gran parte de estas niñas y niños queda al cuidado de abuelas u otras mujeres, reproduciendo ciclos de sobrecarga, pobreza y desgaste emocional. Mientras tanto, más de la mitad de las mujeres permanece en prisión sin haber recibido una sentencia, lo que implica que muchas familias enfrentan estas rupturas incluso antes de que el Estado determine si existió culpabilidad.
Esto origina una dicotomía en todas las madres; primero, las que se cuestionan si vivir con sus hijos o convivir con ellos mientras se encuentran internas dentro del sistema penitenciario puede marcarlos y deciden alejarse. Por otro lado, aquellas que deciden no estar cerca de ellos, pensando en la huella que les dejará su lejanía.
Diversos organismos internacionales han señalado la necesidad de incorporar una perspectiva de género y de infancia en el sistema de justicia penal. Las Reglas de Bangkok insisten en explorar medidas alternativas a la prisión para mujeres que no representan un riesgo para la sociedad, especialmente cuando son cuidadoras principales. Este enfoque no solo protege a la niñez, sino que fortalece los procesos de reinserción social.
La maternidad en prisión revela un entramado de esfuerzos genuinos, limitaciones estructurales y deudas históricas. Es un recordatorio de que la justicia no puede entenderse únicamente como castigo; también debe proteger vínculos esenciales para el desarrollo humano. Repensar la política penitenciaria con una mirada que coloque en el centro a las niñas y niños es una tarea urgente, porque el bienestar de la infancia no sólo define su presente, sino el futuro posible de toda sociedad.
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Maternidad tras las rejas: una realidad compleja entre esfuerzos institucionales y carencias persistentes

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Cuatro ex policías municipales de Lagos de Moreno, Jalisco, recibieron una sentencia de 40 años de prisión por la desaparición forzada de cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí. La resolución se dictó después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos que acreditaron la participación de los agentes en el hecho.
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Los sentenciados son Erick Irineo Hernández Larios, Óscar Abascal Polito, Juan Manuel Márquez de la Paz y Seyed Muhammad Husain Martínez Orozco. De acuerdo con la FGR, los cuatro fueron detenidos en mayo de 2022 y enfrentaron un proceso penal en el que el Ministerio Público Federal aportó pruebas que el juez consideró suficientes para determinar su responsabilidad. Además de la pena de prisión, los ex policías deberán cumplir con la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como con la reparación del daño a las víctimas.
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La FGR detalló que el caso fue atendido por la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. La dependencia señaló que en el proceso se presentaron testimonios, análisis de contexto e informes que permitieron establecer cómo ocurrieron los hechos y la participación de los ex servidores públicos.
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En un asunto distinto, la FGR informó que un juez federal dictó una pena de 66 años de prisión a Luis Ángel Romero Díaz, acusado de robo de vehículo de autotransporte federal, robo de mercancía, asociación delictuosa, secuestro exprés y portación de un inhibidor de señal.
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El caso se originó luego de que elementos de la Guardia Nacional recibieron una alerta sobre un tráiler que salió de su ruta y localizaron la unidad tras el aviso de una empresa de monitoreo.
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La FGR señaló que en ambos casos continúa con los procesos correspondientes para determinar penas y responsabilidades adicionales si corresponde.
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