Diego Alonso

En un operativo coordinado que expone la infiltración del crimen organizado en cuerpos de seguridad locales, fuerzas federales capturaron ayer a cuatro policías municipales en el sur de Jalisco, acusados de colaborar con una banda dedicada a extorsiones, narcotráfico y comercio ilegal de armamento.
La acción, ejecutada de manera simultánea en los municipios de Ciudad Guzmán, Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela, fue el resultado de una pesquisa exhaustiva que reveló cómo estos agentes, supuestamente guardianes del orden, facilitaban operaciones ilícitas desde sus puestos en instituciones de seguridad pública.
Las autoridades no divulgaron los nombres ni edades de los implicados, pero confirmaron que sus funciones oficiales les permitían encubrir actividades del grupo criminal, activo en varias zonas del sureste estatal.
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Entre las imputaciones figuran graves violaciones como la privación ilegal de la libertad –un delito que implica secuestros y retenciones forzadas–, el acopio y tráfico de armas de fuego, así como la comisión de ilícitos contra la salud, relacionados con el manejo y distribución de estupefacientes. Fuentes oficiales indicaron que la célula operaba con ramificaciones en múltiples localidades, aprovechando la impunidad generada por la colusión interna.
El despliegue involucró a un amplio espectro de instituciones federales, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.
&#8220;Esta intervención busca no solo neutralizar a los detenidos, sino desmantelar la red que amenaza la estabilidad regional&#8221;, enfatizó un comunicado conjunto de las dependencias, que subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para restaurar la confianza en las fuerzas del orden.
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Los sospechosos fueron leídos de sus derechos constitucionales en el momento de la captura y trasladados de inmediato ante el Ministerio Público federal, donde se definirá su estatus legal en las próximas horas. Mientras tanto, las investigaciones prosiguen para identificar posibles cómplices adicionales y mapear la extensión de la influencia del grupo en la región.
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Jalisco: Detienen a cuatro policías por presuntos vínculos con el crimen organizado

Millones de mexicanos que anticipaban un fin de semana extendido por la celebración de la Virgen de Guadalupe se enfrentan a una realidad laboral sin descuentos: el viernes 12 de diciembre no se convertirá en un &#8220;puente&#8221; oficial, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esta disposición, que prioriza los días de descanso obligatorios, deja en manos de las empresas cualquier ajuste en los horarios para honrar la tradición religiosa más arraigada del país.
La normativa laboral mexicana, en su Artículo 74, enumera con precisión los feriados nacionales que otorgan descanso remunerado sin obligación de laborar. Para 2025, estos incluyen el 1 de enero (Año Nuevo), el primer lunes de febrero (en lugar del 5 de febrero, Día de la Constitución), el tercer lunes de marzo (por el 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez), el 1 de mayo (Día del Trabajo), el 16 de septiembre (Independencia), el tercer lunes de noviembre (20 de noviembre, Revolución Mexicana) y el 25 de diciembre (Navidad). Además, se contemplan excepciones como el 1 de octubre cada seis años para la toma de posesión presidencial o fechas electorales definidas por ley.
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El 12 de diciembre, fecha icónica por la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 –un evento que atrae anualmente a más de 10 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe–, no figura en esta lista. Históricamente, esta conmemoración ha sido un punto de reflexión cultural y devocional, pero no ha escalado a estatus de inhábil generalizado en el ámbito productivo. Expertos en derecho laboral explican que la ausencia de &#8220;puentes&#8221; en esta fecha busca equilibrar el calendario oficial con la productividad económica, aunque genera debates recurrentes sobre la necesidad de mayor flexibilidad para tradiciones populares.
Para los asalariados del sector privado, esto significa que el viernes guadalupano operará como un día hábil ordinario: sin pago triple ni media jornada automática, a menos que el patrón decida implementar un acuerdo colectivo o suspensión voluntaria. En el sector público, las dinámicas son similares, salvo directrices específicas de dependencias que podrían optar por turnos reducidos en atención a la afluencia masiva en la capital. Sindicatos han alzado la voz en años previos, argumentando que la rigidez de la LFT ignora el impacto cultural, pero hasta la fecha no hay reformas en el horizonte que alteren este panorama para 2025.
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En paralelo, el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) refuerza esta perspectiva: no se prevé receso el 12 de diciembre en el ciclo 2025-2026. Las clases culminarán el viernes 19 de diciembre, dando paso a las vacaciones invernales que se extenderán hasta el 6 de enero de 2026. Esta alineación con el ámbito laboral subraya la uniformidad del marco normativo, aunque no disipa las expectativas de muchos que ven en la festividad una oportunidad para el descanso familiar.

LFT: ¿Hay puente el 12 de diciembre?

Staff quiero tv

ESTRENARON LA GLOSA 
Y se estrenó la glosa del Primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus con el nuevo formato de comparecencia ante el pleno del Congreso estatal. Preguntas puntuales de los diputados con un límite de tres minutos para presentar y también tiempo limitado para que los secretarios del gabinete respondan, además de que un solo diputado representa a su fracción (en este apartado, Alejandro Puerto es el “ganón”, pues al ser diputado sin partido, él mismo se representa con derecho de tomar la palabra). En la primera jornada de glosa estuvieron ante los diputados dos de los secretarios con más reflectores encima: Salvador Zamora (secretario general de Gobierno) y Juan Pablo Hernández (titular de Seguridad Pública). Hoy inician a las 9:00 con otros dos funcionarios que tendrán que responder temas críticos: el fiscal Salvador González de los Santos y la secretaria de Búsqueda de Desaparecidos, Edna Montoya.
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DENUNCIA EN PLENA GLOSA
De las preguntas y respuestas; de las críticas presentadas y los señalamientos varios que se hicieron en la primera sesión de la glosa del Primer Informe, obtuvo atención total el discurso de la coordinadora de diputados del PRI, María del Refugio “Cuquis” Camarena, quien se dirigió al secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, para preguntarle si de verdad considera que la seguridad ha mejorado en el último año, y además sorprendió al denunciar que la semana pasada uno de sus hermanos cerró un negocio que le había costado mucho arrancar, para no seguir pagando derecho de piso, a delincuentes a quienes se refirió con palabras altisonantes mientras se le quebraba la voz en tribuna. La diputada priísta, que también es presidenta de la Junta de Coordinación Política, creció en Zapotlanejo, municipio metropolitano. Mal están las cosas, pero ya no es sorpresa.
LOS MANIFESTANTES YA ESTÁN EN PUENTE GRANDE
Ayer ya estaban en los juzgados penales del complejo penitenciario de Puente Grande, los manifestantes que fueron detenidos el pasado sábado 15 de noviembre en el Centro Histórico de Guadalajara por atacar edificios públicos como Palacio de Gobierno, el Congreso estatal y la Catedral metropolitana, además de la Plaza de Armas y la estación del Tren Ligero. En la refriega resultaron heridas 18 personas, entre éstas una mujer policía con una herida en la cabeza por una pedrada. De los detenidos, siete ya están identificados como originarios de otros estados del país. Ayer en la glosa del Informe, diputados de oposición le exigieron al secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, la liberación de los manifestantes, pero el asunto ya está en el terreno judicial.

mi pecho no es bodega

Mi pecho no es bodega

Jonás

Desde el fin de semana se lanzó una segunda convocatoria para otra “Marcha de la Generación Z”. Como ocurrió con la primera, del pasado 15 de noviembre, no hay liderazgos visibles y por eso la convocatoria que circula en redes sociales es hasta cierto punto desconcertante, pero los datos son precisos: se convoca para mañana 20 de noviembre a una segunda marcha que partiría a las 11:00 de la mañana desde el Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
La discusión sobre el origen de esta movilización de protesta, señalada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como una manipulación de la oposición, de la derecha, de los “liderazgos violentos” de la llamada “Marea Rosa”, sólo ha alimentado la polarización. El discurso oficialista apunta que estas protestas carecen de origen genuino y se amplificaron mediante las redes sociales y el uso de bots.
Estos argumentos, junto con los que acusan al gobierno federal de haber infiltrado a los manifestantes violentos tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, se confrontarán durante muchos días más en las redes sociales y en los análisis, pero la segunda marcha convocada para mañana representa un peligro inminente que las autoridades deben mitigar.
Si llega a realizarse, esta nueva movilización coincidiría en la capital del país con el desfile militar del 20 de Noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, y los manifestantes estarían “invadiendo” el espacio de las Fuerzas Armadas. El riesgo es claro y si las cosas ya se salieron de control el sábado pasado, algo más grave podría ocurrir mañana.
Otro escenario posible es que la convocatoria caiga en el vacío y finalmente sólo sea una manifestación minúscula.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum cuenta con informantes y fuentes de inteligencia. Deben preveer si la movilización se consolida y si hay riesgos por el desfile militar y la coincidencia de las actividades de aniversario en el Zócalo capitalino.
De la primera marcha de la Generación Z se han dicho cantidad de cosas en una guerra de declaraciones: que no había suficientes jóvenes; que fue manipulada por la derecha o por el gobierno federal con la presencia de manifestantes violentos; que su finalidad era sólo desestabilizar y criticar a la administración de la presidenta Sheinbaum, y otros tantos apuntes, más extremos y virulentos.
Sin embargo, tanto en el gobierno federal como en los estados, si es que la convocatoria consigue generar movilizaciones fuera de la Ciudad de México, deben tener claro que con partidos políticos o sin ellos, es real el hartazgo por la inseguridad y la violencia.
Además, si hay nuevas manifestaciones, no pueden arriesgar que acaben otra vez en un choque con la autoridad, porque la imagen internacional de la administración de la presidenta Sheinbaum se ha deteriorado con estos sucesos.
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Segunda Marcha Z: peligro inminente

Marcela Páramo Ortega

Siempre he preferido ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Esta filosofía la aplico a muchas situaciones de la vida, y ahora me permitiré aplicarla a los logros y avances que, en nuestro Estado de Jalisco, hemos alcanzado en materia de inclusión y atención a las personas con discapacidad. Espero no olvidar ninguno, y si fuera el caso, o si quieren añadir algún otro, pueden dejarlo en los comentarios.
Mencionaré primero algunos progresos que considero significativos: un gran avance es que los temas de inclusión y atención a personas con discapacidad ya se encuentran presentes en la mayoría de las agendas públicas de nuestros gobernantes municipales y por supuesto en el gobierno del Estado; esto es un paso importante en las políticas públicas y programas sociales con presupuesto asignado para beneficiar a esta población.
Un ejemplo destacable es la creación, en los últimos años, de varios centros de autismo: dos en Zapopan, uno en Guadalajara, uno en el Teletón y la construcción de cuatro más en el interior del Estado, dando paso para una mejor atención a los niños y jóvenes que viven con esta condición.
No se ha dejado de atender, a través de los DIF y otras áreas de gobierno, las distintas necesidades de las personas con discapacidad. Ya contamos en el Estado con un programa de cuidados, un apoyo económico para el cuidador de las personas con discapacidad, y adultos mayores. Además, en algunos municipios, a través de las coordinaciones de combate a la desigualdad, se implementan programas que favorecen a este grupo vulnerable.
La Secretaría de Educación, a través de sus programas de educación básica, la Dirección de Educación Especial y la Dirección de Inclusión, velan por una educación inclusiva para niños y jóvenes con discapacidad. Además, se anunció recientemente que en el programa de rehabilitación de escuelas del Estado, se pondrá especial atención a los Centros de Atención Múltiple (CAM) que atienden a esta población.
También existe la Dirección de Inclusión del Gobierno del Estado, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Por otro lado, es importante reconocer que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, a través del Consejo de Atención a las Personas con Discapacidad, se reúne cada mes para revisar la situación y el trabajo que cada municipio realiza en favor de las personas con discapacidad.
A través de la Secretaría de Salud y el DIF Jalisco, se realizan esfuerzos para que todas las personas con discapacidad puedan obtener su certificado y credencial de discapacidad, lo que les permitirá acceder a programas y descuentos en algunos servicios.
Muchas veces he insistido en que lograr una sociedad más incluyente es tarea de todos y todas, no solo del gobierno, sino de la sociedad en general y por supuesto, de quienes vivimos esta condición. En este sentido, quiero remarcar los esfuerzos que se llevan a cabo por parte de algunas asociaciones de la sociedad civil, empresas, instituciones educativas privadas y otras instituciones, que buscan ser cada vez más inclusivas y que, de diversas formas, facilitan la vida de quienes viven con alguna discapacidad.
Ya no es extraño encontrar en los supermercados sillas de ruedas eléctricas o de traslado, que permiten a una persona con movilidad restringida o discapacidad física hacer sus compras y moverse por la tienda de manera autónoma.
Podemos constatar los avances en el transporte público: han llegado nuevos autobuses inclusivos, y el Macrobús, y el Macroperiférico cuentan con elementos de accesibilidad, en las unidades y en las estaciones.
En espacios públicos como el Conjunto de Artes Escénicas y la Biblioteca del Estado, encontramos apoyos no solo para personas con discapacidad física, sino también mensajes en braille y en NaviLens para personas ciegas. Estos ejemplos demuestran que el tema de la accesibilidad va cobrando cada vez más trascendencia y va creando conciencia en la sociedad en general.
Asistir a eventos donde existe intérprete de lengua de señas favorece la comunicación de las personas sordas, respetando su derecho a comunicarse en su lengua materna, últimamente en los eventos de gobierno a los que he asistido que exista un intérprete de lengua de señas es una constante.
Saber que cada vez más jóvenes con discapacidad no solo son aceptados en escuelas regulares, sino que también reciben apoyo para concluir sus estudios al mismo nivel que sus compañeros, y que cada día más personas con discapacidad consiguen un empleo bien remunerado y con prestaciones de ley, me ayuda a confiar en que, paso a paso, vamos construyendo una sociedad más justa y equitativa, sin importar la condición de vida de cada uno.
Aun así, existen un sinfín de áreas de mejora. No quiero ni debo cerrar los ojos ante lo que todavía puede ser mucho mejor. Mencionaré solo algunas situaciones.
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<li>Infraestructura urbana: Hay que poner especial interés en el estado de las banquetas y las calles. Aunque he sido testigo de la evolución de las banquetas, con muchos kilómetros de banquetas incluyentes en la zona metropolitana, debo reconocer que siguen siendo insuficientes, principalmente en algunas zonas de la ciudad. A modo de ejemplo, en los alrededores del Hospicio Cabañas, las banquetas están sumamente destrozadas, hay hoyos y escombros, carecen de rampas en las esquinas. Si es difícil transitar para una persona que ve los obstáculos, imaginemos lo peligroso que resulta para una persona ciega.</li>
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<li>Inclusión educativa genuina: Es crucial enfatizar los esfuerzos en la inclusión educativa. Hay que poner especial atención en que los alumnos vivan una verdadera inclusión, que cuando sea necesario asistan a los servicios que se proporcionan en los Centros de Atención Múltiple (CAM) para aprender los dispositivos básicos del aprendizaje, para que al incorporarse a la escuela general se beneficien de las actividades y del aprendizaje de la currícula propuesta y no solo asistan a una escuela sin alcanzar los objetivos educativos. Es importante que, al asistir a una escuela general, compartan las actividades igual que cualquier otro alumno para beneficiarse plenamente del programa educativo. Esto implica que padres y maestros deben priorizar el bienestar del alumno en la institución.</li>
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<li>Oportunidades laborales: Debemos esforzarnos mucho más en la creación de oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Llegará un día en que sus padres ya no estén, y esa persona tendrá que ser autosuficiente. ¿Cómo lo conseguiremos si no la preparamos para la vida laboral? Dependiendo del grado de dependencia que tenga la persona con discapacidad y sus propias capacidades y habilidades, será más o menos complicado que pueda acceder a estudios profesionales que posteriormente sean el puente para encontrar un buen empleo.</li>
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<li>Espacios de ocio y esparcimiento: Esta es otra área en la que debemos poner más atención; requerimos que restaurantes, gimnasios, antros, cines, plazas comerciales, etc., sean incluyentes. Considerando el número de lugares públicos que hay en la zona metropolitana, ¿cuántos de ellos son realmente incluyentes? </li>
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Podría seguir así compartiendo avances, progresos y por otra parte, áreas de oportunidad y adeudos con la comunidad de personas con discapacidad, porque además cada uno habla según como le va en la feria.
No quiero terminar mi columna sin reconocer un punto que considero trascendental en donde he notado un cambio altamente significativo, y es la actitud positiva que muestran muchas personas al verte con discapacidad y ofrecerte ayuda, un acto sin duda de empatía y ánimo de hacerte sentir mejor; esta acción me renueva la fe y confianza de que sí podemos construir una mejor sociedad en la que todos tengamos un espacio y podamos decir que pertenecemos, por el simple hecho de ser personas.
Te leo en los comentarios, ¿tú opinas que el vaso está medio lleno o medio vacío?
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“Marcela Páramo Ortega  “

El vaso medio lleno… avances y retos en inclusión para personas con discapacidad en Jalisco

José Francisco Muñoz Valle

Cada 14 de noviembre, el Día Internacional de la Diabetes nos recuerda el impacto de esta enfermedad y cómo trastoca la salud de millones de personas. Asimismo, pone a prueba la capacidad –y sensibilidad– de nuestro sistema de salud. Un país con alta prevalencia de diabetes necesita un modelo integral que responda con oportunidad, continuidad, accesibilidad y cercanía. Necesita, en otras palabras, un sistema de salud “sensible a la insulina”: que bajo este precepto fisiológico sea capaz de anticipar, regular y adaptarse para proteger a su población.
La Atención Primaria para la Salud (APS) es el espacio donde la accesibilidad de un sistema de salud resiliente resulta más evidente. Según la Organización Panamericana de la Salud, si la APS es fortalecida se lograrán diagnósticos tempranos, acceso a medicamentos esenciales, educación para el autocuidado y será garantía de continuidad en el tratamiento; elementos indispensables para contener el avance de la epidemia que vivimos por diabetes y sus complicaciones. Cuando la APS funciona articuladamente, la cobertura es real y la atención deja de ser fragmentada.
México enfrenta uno de los escenarios más complejos en América Latina. La diabetes se convirtió en una patología que a nivel social exige acciones intersectoriales. La Academia Nacional de Medicina de México, reiteradamente ha insistido en mejorar los entornos alimentarios, garantizar y accesibilizar los insumos necesarios, fortalecer equipos multidisciplinarios de atención para la salud y promover estilos de vida saludables desde la comunidad. No basta con tratar, debemos prevenir, educar y transformar.
El pasado 14 de noviembre es, por nueva cuenta, un llamado firme al cual México tiene que responder. Más de la mitad de casos de diabetes tipo 2 podría prevenirse, por lo cual se requieren políticas públicas fortalecidas en donde se reconozca y atienda la enfermedad y se articulen estrategias claras desde la promoción de la salud de forma prioritaria y sobre todo, se destinen recursos suficientes para confirmar lo que siempre hemos sabido: prevenir siempre tendrá más impacto y será más justo, que tratar complicaciones. Ejemplo de ello es Jalisco, donde existe una política para diabetes tipo 1, siendo el primer Estado en México que cuenta con un modelo de atención integral para aquellos que no tienen seguridad social.
La diabetes no es un compromiso de atención individual, es una responsabilidad compartida del Estado, la comunidad y cada institución que integra el sistema sanitario. Si la diabetes no espera, nuestro sistema de salud tampoco debería hacerlo.
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José Francisco Muñoz Valle70f-4aea-8e7f-7e792d3f59b0

Un cuerpo y un sistema de salud sensibles a insulina

Manuel Baeza

Dice mi padre que quien no quiera ruido, que no críe puercos. Algo similar ocurre con la política: quien no quiera manifestaciones, que no sea gobernante. Punto. 
Las manifestaciones son parte esencial de la vida pública. No existe el pueblo bueno que ama a sus gobernantes. Lo que sí hay son personas que están dispuestas a tolerar problemas porque consideran que se trabaja para solucionarlos, y personas que están cansadas de los problemas, y quieren soluciones visibles y palpables lo más rápido posible. Y están los paleros del gobernante en turno, pero esa es otra historia. 
El problema del gobernante es que realmente cree que es infalible; que lo que hace es mejor que lo que cualquiera otro pudiera lograr, y que los ciudadanos que protestan son ingratos, o sus enemigos. Así es como piensa quien quiera que llega al poder, aunque esté muy alejado de la realidad.
Manifestaciones, marchas, bloqueos y protestas se viven todo el tiempo en todas partes del mundo, y México no es la excepción. Busque Usted el país que considere más civilizado del mundo, y el país en el extremo opuesto, y en ambos encontrará quejas y protestas ciudadanas. En todo caso hay gobiernos que impiden las manifestaciones, pero el deterioro de la vida pública en esas naciones es más que evidente.
La presidenta de México ha mostrado su inconformidad con las protestas en contra de su gobierno, y su equipo la arropa. ¡Qué barbaridad! ¡Increíble que haya personas que no quieran/entiendan/admiren a la 4T! 
A Claudia Sheinbaum le quedan solo dos opciones: o se pone a escuchar el motivo de las manifestaciones e intenta corregir lo posible, o simplemente debe asumir que existe oposición en su contra, como lo existe también en los gobiernos de otras latitudes, y no preocuparse por las protestas. Total, si de veras la mayoría la quiere, entonces cuál es el problema. 
Pero que la administración federal actúe como si manifestantes u opositores fueran enemigos del Estado, eso ya es otra cosa. En la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México se dejó a los revoltosos saquear tiendas, quemar locales, destruir mobiliario urbano, y agredir a los policías. Y ni un solo detenido hubo.
En la manifestación del pasado sábado se derribaron las vallas que rodean Palacio Nacional, y los granaderos salieron a atacar por parejo a quienes se cruzaron a su paso. Y hay una decena de detenidos acusados, por increíble que parezca, de tentativa de homicidio en contra de los policías. Una total desvergüenza por la desproporción a la hora de actuar contra los manifestantes. 
Manifestaciones contra Sheinbaum y su gobierno habrá el resto del sexenio, como las hubo contra AMLO, Peña Nieto, Calderón y Fox. La protesta es parte de la vida política de un país. Y al final, como dice mi padre: quien no quiera ruido, que no críe puercos… y que tampoco gobierne.
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Manifestaciones: quien no quiera ruido…

Anuar García Gutiérrez

México enfrenta uno de sus momentos más críticos en materia de seguridad y gobernabilidad. La percepción nacional es clara: el gobierno castiga a la ciudadanía mientras arropa, protege e incluso favorece a los delincuentes. No se trata solo de inseguridad, sino de una ruptura profunda entre el Estado y su población, una pérdida de confianza que el discurso oficial ya no logra maquillar.
El pasado 15 de noviembre miles de ciudadanos marcharon en todo el país para exigir seguridad, justicia y un alto a la impunidad. La protesta no fue partidista; fue social, legítima y nacida del hartazgo. Pero la presidenta no escuchó. En vez de atender las exigencias, eligió minimizar las manifestaciones, victimizarse y afirmar que se trataba de un ataque político en su contra. La respuesta gubernamental fue represión, no diálogo.
Hubo detenciones selectivas de manifestantes, imputándoles delitos para frenar la libre expresión. Además, policías atacaron a los ciudadanos con gas lacrimógeno y violencia física, como si ejercer un derecho constitucional fuera un acto criminal. El gobierno insistió en que las marchas estaban “orquestadas”, cuando todos sabemos que el origen fue el cansancio social ante un país donde la autoridad no protege y donde alzar la voz se vuelve peligroso.
Esta postura contrasta dolorosamente con la actuación del gobierno frente a los delincuentes. Mientras se reprime y se castiga a la ciudadanía que exige justicia y seguridad, los grupos delictivos continúan expandiéndose con libertad. Pareciera que gozan de más derechos humanos que sus víctimas. La autoridad es dura con el pueblo, pero complaciente con quienes realmente tienen al país sometido. Es una inversión perversa del sentido de justicia.
A esta crisis se añade otro frente alarmante: el gobierno está impulsando reformas judiciales diseñadas para acomodar el sistema a su favor, debilitando contrapesos, reduciendo la autonomía de los órganos de justicia y eliminando garantías para la ciudadanía. En lugar de fortalecer el Estado de derecho, busca someterlo. En lugar de proteger a la población, protege su permanencia y poder.
Paralelamente, la evaluación internacional más reciente de la ONU revela un panorama devastador para México. Entre sus conclusiones destacan:
• México se encuentra entre los países con más homicidios dolosos del mundo.
• Los delincuentes se han expandido sin contención estatal efectiva.
• Las desapariciones forzadas superan cifras históricas, sin investigaciones que avancen.
• La impunidad rebasa el 90 por ciento.
• Existen zonas con violencia equiparable a escenarios de conflicto armado.
• La violencia contra mujeres y jóvenes continúa incrementándose.
• Y el punto más contundente: la ONU señala que amplias zonas del territorio mexicano están controladas por grupos delictivos, no por el Estado.
Este último punto es especialmente grave: confirma que el gobierno ha perdido control, autoridad y gobernanza real sobre regiones completas del país.
La gravedad del escenario ha provocado preocupación internacional. Estados Unidos ha declarado su disposición, si fuera necesario, para ingresar a México y confrontar directamente a los delincuentes y frenar la violencia que ha rebasado al Estado mexicano. Esta postura refleja la falta de confianza en la capacidad del gobierno para recuperar el control del territorio y proteger a su población.
A esto se suman las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos y Canadá, en las que advierten a sus ciudadanos sobre el riesgo de visitar México debido a secuestros, homicidios, ataques y violencia extrema. Estas advertencias reflejan la dimensión del deterioro institucional y la incapacidad del gobierno para garantizar seguridad.
En este contexto, el país avanza hacia un escenario donde el poder se ejerce contra la ciudadanía y no en su defensa, donde las reformas buscan control político y no justicia, y donde los delincuentes operan con una libertad que desmiente cualquier discurso oficial. Y sin los cambios urgentes que el país necesita, el gobierno solo deja expuesta su postura: castigar a la ciudadanía y arropar a los delincuentes.

Anuar García

El gobierno castiga a la ciudadanía y arropa a los delincuentes

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El Gobierno de Jalisco anunció que varias vialidades de Guadalajara permanecerán cerradas por el desfile cívico del lunes 17 de noviembre, organizado en conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.
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De acuerdo con la Secretaría de Transporte, los primeros cortes comenzaron desde las 18:00 horas de este domingo 16 de noviembre por los preparativos en avenida Chapultepec, desde su cruce con Niños Héroes hasta la avenida Hidalgo. La dependencia agregó que la suspensión de la circulación continuará el lunes desde las 7:00 de la mañana por el paso del Desfile Cívico Militar.
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Las vialidades confirmadas como cerradas para este evento incluyen avenida Niños Héroes, avenida México, avenida Chapultepec, avenida Vallarta y avenida La Paz. Además, habrá bloqueos en calles cercanas a la ruta del recorrido, por lo que se recomienda evitarlas: avenida Hidalgo, Justo Sierra, Morelos, Pedro Moreno, López Cotilla, Lerdo de Tejada, Guadalupe Araujo, González Luna, Montenegro, Mexicaltzingo, Vidrio, Francia y Mariano Otero. El desfile seguirá la ruta tradicional, partiendo desde la Glorieta de los Niños Héroes y avanzando hacia avenida México.
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El evento está programado para iniciar a las 10:00 horas y concluir alrededor de las 12:00 del día. Una vez que los contingentes concluyan su participación, las vialidades reabrirán de manera gradual.
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Las autoridades señalaron que la edición de este año también contempla la entrega del Premio Estatal del Deporte, acto que forma parte de la jornada cívica. Por ello, se sugiere planificar los traslados con anticipación y considerar el uso de transporte público o recorridos a pie.
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Como referencia, en 2024 se reportó la presencia de más de dos mil 480 participantes distribuidos en 33 contingentes y miles de asistentes que acudieron a observar el tradicional recorrido. Participaron organismos como la Asociación de Charros de Jalisco, la Policía de Guadalajara, bachilleratos de la Universidad de Guadalajara y elementos de la Quinceava Zona Militar. Con base en estos antecedentes, se prevé una alta afluencia de personas para la edición 2025.
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