Después que el pasado sábado 15 de noviembre se desarrolló la denominada Marcha de la Generación Z, vimos escenas de violencia poco comunes en el Zócalo de la Ciudad de México y en el Centro Histórico de Guadalajara.
Lo que ocurrió ese día tiene múltiples explicaciones: Hubo personajes infiltrados. Jóvenes, violentos, seguramente pagados para hacer lo que hicieron, y que no son representativos de las personas que quisieron manifestar su repudio a la violencia, a la inseguridad, a la extorsión, a los desaparecidos y a los delitos que se viven todos los días en México.
La Marcha de la Generación Z careció muy probablemente de los jóvenes suficientes para llevar este mote, porque la mayoría de los manifestantes no tenían 35 años o menos; muchos de ellos eran militantes o simpatizantes del PAN o del PRI, o de Movimiento Ciudadano o de cualquier otro partido político. Pero eso no hizo menos legítima la movilización para reclamar por la violencia que vive el país.
Que muchos hayan pedido la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum o que sea adelantara la revocación de mandato, tampoco fue la causa principal de la movilización, así que el gobierno federal no puede desacreditarlos porque se hayan presentado demandas que pueden parecer mínimas o desubicadas.
Las lecturas y los análisis se han multiplicado. Hay algunos muy valiosos y otros que son redundantes. Lo que no puede dejarse de lado, es que ni en Jalisco ni en el Zócalo de la capital, ni en ninguna otra ciudad donde hubo movilizaciones para protestar por la muerte de Carlos Manzo, o para pedir la renuncia de la presidenta, o para exigir que se adelante la revocación, o para renegar porque hay extorsiones y desaparición de personas o cualquier otro motivo… ninguna de las marchas o manifestaciones, puede ser minimizada o desacreditada.
El gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum puede claramente encontrar patrocinadores políticos sin calidad moral detrás de los manifestantes; puede denunciar que hay recursos de origen desconocido, pagando bots o campañas en las redes sociales; puede decir que fueron pocos los manifestantes y que no llenaron el Zócalo; puede añadir estos o más argumentos, pero no puede rechazar que hay millones de mexicanos desde el Norte, hasta el Sur, donde gobiernan morenistas, priístas, emecistas o panistas, que repudian la violencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un grave problema: Cuenta con una aprobación mayoritaria, porque mucha gente está a favor de sus expresiones, de su comportamiento o de su visión, pero ella y sus colaboradores y muchos gobernadores, si no es que todos, y una gran cantidad de alcaldes, si no es que todos también, están reprobados en la obligación legal que tienen de garantizarle seguridad a los mexicanos.
Es obvio que seguirán discutiendo desde la perspectiva política, que seguirán culpando a los enemigos político partidistas, o a los empresarios con una visión de derecha. Es obvio que seguirán negando, como acusan muchos, que la gente del “bloque negro”, los más violentos en las manifestaciones, fueron enviados por las 4 T o por el partido Morena o por el gobierno federal. Nada de eso se puede probar y la historia de México es muy abundante en especulaciones y en aseveraciones que nunca se convierten en pruebas reales.
Pero las movilizaciones contra la violencia del 15 de noviembre, sí están confrontando al gobierno de Claudia Sheinbaum contra la inconformidad y el enojo de millones de mexicanos.