La democracia liberal enfrenta amenazas silenciosas pero devastadoras: los deepfakes y la manipulación digital. La capacidad de generar videos y audios hiperrealistas, indistinguibles de la realidad, no es ciencia ficción; es una herramienta de desinformación al alcance de cualquiera y lista para ser usada. Con la proximidad de ciclos electorales clave, el abaratamiento de esta tecnología aumenta exponencialmente el riesgo de su uso malicioso para manipular al electorado, destruir reputaciones y erosionar la confianza en el proceso electoral.
En México, la comisión presidencial que actualmente diagnostica el sistema para proponer una reforma electoral en 2025 tiene una oportunidad ineludible. Mientras se analizan temas cruciales como la reconfiguración de la representación popular o la fiscalización, es imperativo que este “asedio digital” ocupe un lugar central en las discusiones.
Como experto en privacidad, advierto que la amenaza del deepfake y otro tipo de aspectos digitales, están íntimamente ligados a la protección de datos personales. Estas manipulaciones se nutren de la huella digital que dejamos: nuestras fotos en redes sociales, nuestros audios en aplicaciones, nuestra imagen pública.
Si la reforma busca una modernización de procesos, como la implementación gradual del voto electrónico o la auditoría digital de las campañas, debe hacerlo con un blindaje robusto a la privacidad. Las autoridades electorales, cuya autonomía y solidez se busca asegurar, los propios partidos políticos y el gobierno federal, deben ser garantes de que los padrones electorales, los datos biométricos y la información ciudadana no se conviertan en la materia prima de la desinformación.
La desinformación y otras amenazas de manipulación digital, incluidas las neurotecnologías, entran en una nueva era que exige defensas sofisticadas. No basta con la legislación actual, hay que crear un frente común proactivo: Autoridades Electorales (INE y OPLs), partidos políticos y candidatos que deban desarrollar protocolos de respuesta rápida para identificar y desmentir deepfakes en tiempo real durante las campañas; de igual manera, también las Plataformas Digitales deben asumir su responsabilidad, invirtiendo en tecnología de detección y colaborando ágilmente con las autoridades para frenar la viralización de contenido manipulado; además de avanzar en la regulación de la inteligencia artificial (IA), neuroderechos y la educación que eso implica.
Por otro lado, la autoridad garante de protección de datos que debe vigilar proactiva y estrictamente el uso que partidos y autoridades dan a las bases de datos y más, si usan IA, previniendo su filtración o mal uso para campañas negras.
La actual reforma busca “fortalecer la democracia” y “atender las nuevas realidades sociales” y éstas de carácter digital, son las más peligrosas que enfrenta nuestra democracia hoy. Si la comisión ignora estas amenazas digitales, cualquier modernización será insuficiente y correremos el riesgo de que la legitimidad del proceso se vea comprometida.