Jonás

Después que el pasado sábado 15 de noviembre se desarrolló la denominada Marcha de la Generación Z, vimos escenas de violencia poco comunes en el Zócalo de la Ciudad de México y en el Centro Histórico de Guadalajara.
Lo que ocurrió ese día tiene múltiples explicaciones: Hubo personajes infiltrados. Jóvenes, violentos, seguramente pagados para hacer lo que hicieron, y que no son representativos de las personas que quisieron manifestar su repudio a la violencia, a la inseguridad, a la extorsión, a los desaparecidos y a los delitos que se viven todos los días en México.
La Marcha de la Generación Z careció muy probablemente de los jóvenes suficientes para llevar este mote, porque la mayoría de los manifestantes no tenían 35 años o menos; muchos de ellos eran militantes o simpatizantes del PAN o del PRI, o de Movimiento Ciudadano o de cualquier otro partido político. Pero eso no hizo menos legítima la movilización para reclamar por la violencia que vive el país.
Que muchos hayan pedido la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum o que sea adelantara la revocación de mandato, tampoco fue la causa principal de la movilización, así que el gobierno federal no puede desacreditarlos porque se hayan presentado demandas que pueden parecer mínimas o desubicadas.
Las lecturas y los análisis se han multiplicado. Hay algunos muy valiosos y otros que son redundantes. Lo que no puede dejarse de lado, es que ni en Jalisco ni en el Zócalo de la capital, ni en ninguna otra ciudad donde hubo movilizaciones para protestar por la muerte de Carlos Manzo, o para pedir la renuncia de la presidenta, o para exigir que se adelante la revocación, o para renegar porque hay extorsiones y desaparición de personas o cualquier otro motivo… ninguna de las marchas o manifestaciones, puede ser minimizada o desacreditada.
El gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum puede claramente encontrar patrocinadores políticos sin calidad moral detrás de los manifestantes; puede denunciar que hay recursos de origen desconocido, pagando bots o campañas en las redes sociales; puede decir que fueron pocos los manifestantes y que no llenaron el Zócalo; puede añadir estos o más argumentos, pero no puede rechazar que hay millones de mexicanos desde el Norte, hasta el Sur, donde gobiernan morenistas, priístas, emecistas o panistas, que repudian la violencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un grave problema: Cuenta con una aprobación mayoritaria, porque mucha gente está a favor de sus expresiones, de su comportamiento o de su visión, pero ella y sus colaboradores y muchos gobernadores, si no es que todos, y una gran cantidad de alcaldes, si no es que todos también, están reprobados en la obligación legal que tienen de garantizarle seguridad a los mexicanos.
Es obvio que seguirán discutiendo desde la perspectiva política, que seguirán culpando a los enemigos político partidistas, o a los empresarios con una visión de derecha. Es obvio que seguirán negando, como acusan muchos, que la gente del “bloque negro”, los más violentos en las manifestaciones, fueron enviados por las 4 T o por el partido Morena o por el gobierno federal. Nada de eso se puede probar y la historia de México es muy abundante en especulaciones y en aseveraciones que nunca se convierten en pruebas reales.
Pero las movilizaciones contra la violencia del 15 de noviembre, sí están confrontando al gobierno de Claudia Sheinbaum contra la inconformidad y el enojo de millones de mexicanos.
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Después de la Marcha de la Generación Z

Este 15 de noviembre se realizó tal como estaba previsto la manifestación de la Generación Z, como se conoció mediáticamente en los medios convencionales y en las redes sociales. En Guadalajara se reunieron hasta 20 mil personas, una cifra inesperada y sorprendente. La movilización se hubiera considerado un éxito, pero lamentablemente terminó en violencia.
Después de haberse reunido miles de personas frente a Casa Jalisco y entregar un pliego petitorio en el que manifestaban su inconformidad con la violencia sistemática, y también con la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo acaecida el 1 de noviembre pasado, un grupo de manifestantes se trasladó al Centro Histórico y provocó violencia contra las fuerzas de seguridad y los edificios históricos, empezando por Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana.
La violencia y las confrontaciones se prolongaron hasta casi las 9:00 de la noche. Como resultado de ello, 47 personas fueron detenidas y 13 más fueron heridas, aunque por fortuna sin mayores consecuencias.
El artículo noveno de la Constitución mexicana garantiza explícitamente el derecho de la libertad de reunión con fines pacíficos. La movilización para repudiar la violencia en México está más que justificada, porque en diferentes puntos de la república somos testigos de constantes homicidios y de la comisión de delitos tan dolorosos como la extorsión y la desaparición de personas.
Protestar por la violencia y la inseguridad con más violencia, es un sinsentido y agredir el patrimonio de todos, no tiene justificación por más motivos y razones que tengan los agresores.
Paradójicamente, las manifestaciones de Ciudad de México y Guadalajara fueron muy parecidas, tanto en cantidad de asistentes como en la violencia que marcó el fin de la jornada.
Esta manifestación que se pretende atribuir a las personas que nacieron de 1995 en adelante, rebasa por mucho la condición de edad, porque ofendidos por la violencia son todos los mexicanos, al margen de si son jóvenes o maduros.
Adicionalmente, si las autoridades indican que este tipo de movilizaciones son organizadas “por la derecha”, no intentan otra cosa que minimizar o simplificar un fenómeno que es mucho más complejo y que requiere de una solución conjunta, en la que no se puede esperar que sea una sola autoridad la que resuelva los conflictos y el crecimiento del crimen organizado, que como es natural, está resistiéndose a la aplicación de la ley.
Desde el gobierno del Estado de Jalisco, se dio cuenta que los agresores en el Centro Histórico, ni siquiera son jaliscienses, la mayoría de los detenidos provienen de la Ciudad de México y de estados como Michoacán. Si se trata de infiltrados, ¿a quienes beneficia su accionar violento? ¿A quien le beneficia la destrucción en Palacio de Gobierno y las pintas en la Catedral y en el Congreso del Estado?
Para los responsables de los hechos, no queda de otra, aplicarles la ley. Pero le explicación sobre el fenómeno que moviliza a la sociedad, así se trate para protestar por el asesinato de una autoridad o para reclamar justicia ante los desaparecidos y la violencia cotidiana, ese es otro tema que no se resuelve con las reuniones matutinas de los elementos de seguridad municipales, estatales y federales.
La estrategia obligadamente tiene que ser integral y diferente, no se pueden esperar resultados distintos, si se sigue procediendo de la misma manera.

Violencia, para rechazar la violencia

La “nueva” Suprema Corte de Justicia, con sus ministros surgidos de la primera elección judicial en la historia del país, falló como era previsible, contra el grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, que deberá pagar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) la increíble cifra de 50 mil millones de pesos. Se abre un hondo conflicto político de imprevisibles consecuencias.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada de inmediato y comentó que lo mejor que podría hacer el magnate mexicano sería pagar sus impuestos, y no hacer campañas mediáticas.
Queda la impresión de que la presidenta del país no hubiera querido esta batalla, porque si algo puede hacer el influyente empresario y además influencer, es iniciar una potente campaña publicitaria. Es el propietario de una de las más grandes empresas televisoras en nuestro país. Todo el mundo lo sabe.
Pero adicionalmente, en los últimos meses se ha convertido en un discreto y potencial aspirante a la presidencia de la república. El más reciente evento público del que fue protagonista (y tengan todos la seguridad de que así se calculó), fue un encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, famoso en nuestro país y en el planeta por haber recuperado para su sufrida nación, el control de la seguridad, a pesar de las críticas internacionales por el trato a los pandilleros.
El grupo empresarial de Ricardo Salinas anunció que ante el fallo de los ministros de la Suprema Corte, al rechazar la admisión de amparos por parte de la ex presidenta de la Corte, Norma Piña, mantendría su defensa jurídica ante instancias nacionales e internacionales. Y además, reiteró que es objeto de una campaña en contra.
En medio de la crisis de violencia e inseguridad, con una manifestación multitudinaria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fuera de Palacio Nacional y a un día de la manifestación de la Generación Z, derivada del asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, lo último que necesitaba la presidenta era el rompimiento total con el “Tío Richie”, Ricardo Salinas.
El empresario podría convertirse, con este último impulso, en la cabeza de un movimiento político que contará con recursos de todo tipo.
Sólo hay que recordar que ésta es otra herencia que a la presidenta le dejó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
El escenario se complica, todavía más.

El fallo contra Ricardo Salinas Pliego

Era previsible porque sucede cada año. Nuevamente se instala una discusión álgida sobre la determinación del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, en la distribución de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, ya aprobado en la Cámara de Diputados y por lo tanto, vigente para aplicarse a partir del 1 de enero del año entrante.
En Jalisco, desde el gobernador Pablo Lemus, miembros de su gabinete, legisladores, alcaldes y hasta la dirigencia de Movimiento Ciudadano, además de dirigentes de otros partidos políticos, sostienen que el gobierno federal morenista castiga al Estado y con toda intención, deja sin recursos los proyectos prioritarios contemplados, relacionados con infraestructura carretera, de transporte masivo, apoyo al Sector Salud y educación.
Las cifras ya empiezan a confundirse.
En la dirigencia estatal de Morena anunciaron que para Jalisco se han destinado más de 157 mil millones de pesos. Esta considerable cantidad garantiza la cobertura de varios proyectos: obras del tren de pasajeros de Ciudad de México a Guadalajara; construcción de más de 44 mil 500 viviendas sociales, o una parte que corresponde a 350 millones de pesos para el saneamiento del Río Lerma-Santiago.
Y además de esto y otras obras, también cuantifican la aplicación de los programas de Bienestar, que llegan a 1.8 millones de jaliscienses.
Y lo anterior es completamente cierto.
Pero también es verdad que no hay recursos para la Línea 5 de transporte masivo que se comprometió para estar concluida en marzo del año entrante; ni hay más recursos para las obras complementarias de la Presa El Zapotillo; ni se garantizan recursos para el rescate de la red federal de carreteras; y hasta en la Universidad de Guadalajara (en teoría, aliada del gobierno federal y la “cuarta transformación”), subrayan que es muy bajo el presupuesto federal asignado a la institución educativa, la segunda más grande del país.
El escenario es claro: el gobierno federal de la presidenta Sheinbaum apoyará “sus” proyectos, los que se diseñan en el Centro, y condiciona o no dará recursos a los proyectos diseñados en el gobierno estatal.
Detrás de las cifras multimillonarias, no hay un simple choque de voluntades, ni posturas partidistas. Lo que se confronta son las ideologías; desde el federalismo contra el centralismo, a la defensa de una visión estatal, contra la que surge de Palacio Nacional.
En la lectura de las élites políticas, esto solo puede hallar solución definitiva en las urnas, en la siguiente elección.

Contienda política sobre el Presupuesto Federal

Mientras más se empeñan las autoridades en argumentar que la inseguridad y la violencia disminuyen, más nos golpea la realidad y menos se acomoda la percepción de la gente a los deseos gubernamentales.
Ayer, el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, regresó a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y subrayó que los homicidios redujeron 37% en el país. Eso significa, en términos más claros, que en el año 2024 eran asesinadas casi 87 personas todos los días, y ahora sólo matan a 55 por día.
Mientras se daba cuenta de estas cifras con la que se mide el esfuerzo del gobierno federal (Guardia Nacional, Ejército México y Marina), de los gobiernos de los estados y las policías municipales, poco después de las 8:00 de la mañana se reportaba en El Salto, municipio metropolitano en Guadalajara, que dos mujeres policías viales habían sido atacadas a balazos y las habían dejado muertas en su propia camioneta.
Es una verdadera tragedia. Las autoridades estatales estaban conmocionadas, sobre todo cuando tomó fuerza la versión de que las dos policías viales, Libna Mata Villegas (40 años) y Gisela Ceballos Quezada (28 años), sólo estaban aplicando un operativo vial y detuvieron a un automóvil que llevaba los vidrios polarizados. Eso les costó la vida.
Es verdad que las dos nuevas muertes violentas de elementos de seguridad en el Área Conurbada de Guadalajara no nublan los esfuerzos que se han hecho en el país.
En vista de que 55 personas serán asesinadas este día y otras 55 el día de mañana y así, sucesivamente, si el promedio de homicidios se mantiene y no aumenta, se deduce que antes estábamos peor.
Omar García Harfuch no lució festivo al presentar las estadísticas de reducción de delitos, detención de presuntos delincuentes y confiscación de armas y drogas, pero desde Palacio Nacional, igual que sucede en muchos espacios de gobierno de los estados y municipios, se anuncian cifras de reducción como si éstas fueran verdad absoluta.
Pero no, en la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), se dio a conocer que casi siete de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en el lugar donde viven.
Y tienen razón.
Es muy complicado mantener el reconocimiento al esfuerzo que se está haciendo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en todas las dependencias de gobierno para combatir la delincuencia, y a los extorsionadores, y a los asesinos y a todos los “agentes de violencia”, porque cuando los discursos se diluyen y la realidad se asienta, queda la percepción de que podemos convertirnos en la siguiente víctima.

Las estadísticas contra la percepción

Desde el interior de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados surgió una iniciativa que de inmediato se convirtió en un tema de discusión: empatar las elecciones federales del 6 de junio del año 2027 con el ejercicio de revocación de mandato para determinar si la presidenta Claudia Sheinbaum sigue o no en el cargo.
Se trata de una trampa electoral que está en plena preparación.
Los razonamientos del vicecoordinador de diputados federales de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar –autor de la iniciativa– suenan convincentes: ahorrar cinco mil millones de pesos que costaría la organización de la revocación de mandato, y aprovechar de paso la inercia del proceso electoral para no “saturar” a los electores con otra cita en las urnas.
Repentinamente, a los diputados federales de Morena les preocupa el ahorro. Después de los escándalos protagonizados por personajes como su coordinador, Ricardo Monreal; el secretario de Educación, Mario Delgado, o el secretario de Organización del Comité Nacional de Morena, Andy López Beltrán, que se convirtieron en noticia nacional por sus despilfarros vacacionales en destinos internacionales, ahora retoman el discurso de la austeridad.
Destaca más la preocupación por el gasto que implicaría la organización de una revocación de mandato, cuando desde el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se convocó a una reforma que recortaría el presupuesto público a los partidos políticos, pero en ese punto todas las fracciones legislativas, incluida la de Morena, sencillamente dejaron pasar la propuesta.
En el año 2025 se asignó a los partidos políticos, sólo en el presupuesto federal y sin contar las prerrogativas de los gobiernos estatales, siete mil 354 millones de pesos. De esta cantidad, Morena recibe el 35%, es decir 2 mil 486 millones pesos. 
La iniciativa de “empatar” la revocación con las elecciones federales del año 2027 pretende –argumentan los opositores– poner de regreso a la presidenta Sheinbaum en el proceso electoral.
Con una popularidad labrada por su gestión y los multimillonarios programas sociales del Bienestar, tener a la presidenta en la elección inclinaría injustamente la balanza electoral en favor de los candidatos de Morena. No hay que quebrarse mucho la cabeza para alcanzar esa deducción.
Resulta ofensivo que ahora los morenistas adopten una postura paternal y consideren que a los electores hay que evitarles la fatiga de volver a votar, cuando ya obligaron a organizar la elección del Poder Judicial, cuando varias veces se argumentó que adelantarlas provocaría una baja votación y un costo adicional. Ambos pronósticos se hicieron realidad.
Empatar la revocación de mandato significa en realidad, establecer una ventaja para Morena y sus aliados y le roba a la ciudadanía el ejercicio de una figura de democracia directa para utilizarla como herramienta electoral.
La trampa está siendo instalada, a menos que el mecanismo se detenga en la Cámara de Diputados.
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Revocación de mandato, una trampa en preparación

La nueva presidenta de Uruapan, Grecia Quiroz, esposa del asesinado Carlos Manzo, actúa como la nueva lideresa del Movimiento del Sombrero en Michoacán. En su más reciente discurso público, el 7 de noviembre, lanzó un reto abierto: habrá voto de castigo para Morena en las elecciones de 2027.
Su discurso, a una semana escasa del asesinato de su marido en plena plaza pública, se convirtió también en promesa: la de mantener las demandas y los reclamos para que se elimine la extorsión que sufren los habitantes de su municipio. Y además, aseguró que al reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, no “dobló las manos”, sino que subrayó la demanda de justicia.
Sorprende la postura de Grecia Quiroz porque al ser la esposa del alcalde asesinado y líder evidente del Movimiento del Sombrero, no se da tiempo para el luto, sino que los hechos que se han sucedido en cascada, le proporcionaron el aliento para convertirse en la cabeza visible del movimiento. Se empieza a gestar la posibilidad de que sea ella quien se convierta en candidata a la gubernatura de Michoacán en la misma elección de 2027, en el afán de sacar a Morena y despedir a Alfredo Ramírez Bedolla, quien en otras circunstancias ya debería haber presentado su renuncia como respuesta para templar la crisis política.
Se entiende la indignación y no deja de ser sorpresivo que después de varias décadas de presencia y control del crimen organizado en Michoacán, el Movimiento del Sombrero haya podido convocar a más de cinco manifestaciones públicas sin que haya solución aparente.
¿Con el gobierno posterior al asesinato se resolverán los problemas de fondo? Ninguno de los reclamos están dirigidos a los grupos del crimen organizado que están detrás de la muerte de Carlos Manzo. El destinatario es el gobierno federal y el partido de la presidenta, Morena.
Ya se activó la respuesta oficial: el Plan Michoacán que destinará 57 mil millones de pesos a diferentes programas en el Estado y la aplicación del “Plan Paricutín” que en palabras de la Secretaría de la Defensa Nacional, aplicará un cerco a los diferentes cárteles del crimen organizado para que no se fuguen a estados vecinos.
¿Será suficiente para contrarrestar el malestar social?
El caso de Michoacán y del Movimiento del Sombrero puede convertirse en el parteaguas para que Morena se convierta en un partido más, y no en el movimiento hegemónico que es ahora.

Voto de castigo, la promesa del Movimiento del Sombrero

El acto del primer informe de gobierno de Pablo Lemus Navarro en el Instituto Cabañas este 6 de noviembre de 2025, además de ser una declaración de principios y una campaña de información que pretende impactar con un mensaje positivo entre los ciudadanos de Jalisco, se puede revisar como el inicio de una serie de jugadas en el ajedrez político, con miras a los procesos electorales 2027 y 2030. “Es muy pronto”, pensarán algunos. No. Las elecciones nunca terminan.
Comencemos por dar cuenta del enviado presidencial para acompañar el informe de Pablo Lemus: el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno. La suya no fue una presencia protocolaria. Se trata de un subsecretario muy influyente y activo; es una de las posiciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el gabinete de Claudia Sheinbaum y su misión no es sólo ocupar una oficina.
Se ha convertido en uno de los vigilantes más severos de gobiernos municipales y estatales; es uno de los “policías” internos de los morenistas “rebeldes” o menos exitosos.
Pero es también el observador permanente de los pocos gobiernos de oposición… como el de Jalisco. Llegó poco antes de iniciar el mensaje de Pablo Lemus y el gobernador jalisciense lo recibió personalmente; también fue de los primeros en abandonar el lugar. Y no aceptó entrevistas pero sí dejó un mensaje con más de una lectura: “Jalisco cuenta con el apoyo de la presidenta Sheinbaum, y Pablo Lemus lo sabe”.
Otro indicio de que el tablero electoral empieza a moverse fue la presencia, sorpresiva para muchos, de Dante Delgado Rannauro, ahora líder moral de Movimiento Ciudadano que superó (lo dijo él mismo) un cáncer de estómago que lo llevó cerca de la muerte. Junto con él estuvieron el mandatario de Nuevo León, Samuel García, y el nuevo dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez. Y no es casualidad.
Dante Delgado, fiel a su estilo (eso no tiene cura), anunció que Movimiento Ciudadano competirá por la presidencia de la república en el año 2030, pero además pidió “que no haya confusión”, porque el proyecto electoral del año 2027 tiene un solo objetivo en Jalisco: ganar la mayoría en el Congreso del Estado. Junto a él estaba Mirza Flores, coordinadora estatal de MC en el Estado. Seguramente tomó nota.
Y sobre las elecciones presidenciales del año 2030… el mensaje tiene destinatario. Obviamente.

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Desde el fin de semana se lanzó una segunda convocatoria para otra “Marcha de la Generación Z”. Como ocurrió con la primera, del pasado 15 de noviembre, no hay liderazgos visibles y por eso la convocatoria que circula en redes sociales es hasta cierto punto desconcertante, pero los datos son precisos: se convoca para mañana 20 de noviembre a una segunda marcha que partiría a las 11:00 de la mañana desde el Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
La discusión sobre el origen de esta movilización de protesta, señalada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como una manipulación de la oposición, de la derecha, de los “liderazgos violentos” de la llamada “Marea Rosa”, sólo ha alimentado la polarización. El discurso oficialista apunta que estas protestas carecen de origen genuino y se amplificaron mediante las redes sociales y el uso de bots.
Estos argumentos, junto con los que acusan al gobierno federal de haber infiltrado a los manifestantes violentos tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, se confrontarán durante muchos días más en las redes sociales y en los análisis, pero la segunda marcha convocada para mañana representa un peligro inminente que las autoridades deben mitigar.
Si llega a realizarse, esta nueva movilización coincidiría en la capital del país con el desfile militar del 20 de Noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, y los manifestantes estarían “invadiendo” el espacio de las Fuerzas Armadas. El riesgo es claro y si las cosas ya se salieron de control el sábado pasado, algo más grave podría ocurrir mañana.
Otro escenario posible es que la convocatoria caiga en el vacío y finalmente sólo sea una manifestación minúscula.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum cuenta con informantes y fuentes de inteligencia. Deben preveer si la movilización se consolida y si hay riesgos por el desfile militar y la coincidencia de las actividades de aniversario en el Zócalo capitalino.
De la primera marcha de la Generación Z se han dicho cantidad de cosas en una guerra de declaraciones: que no había suficientes jóvenes; que fue manipulada por la derecha o por el gobierno federal con la presencia de manifestantes violentos; que su finalidad era sólo desestabilizar y criticar a la administración de la presidenta Sheinbaum, y otros tantos apuntes, más extremos y virulentos.
Sin embargo, tanto en el gobierno federal como en los estados, si es que la convocatoria consigue generar movilizaciones fuera de la Ciudad de México, deben tener claro que con partidos políticos o sin ellos, es real el hartazgo por la inseguridad y la violencia.
Además, si hay nuevas manifestaciones, no pueden arriesgar que acaben otra vez en un choque con la autoridad, porque la imagen internacional de la administración de la presidenta Sheinbaum se ha deteriorado con estos sucesos.
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Segunda Marcha Z: peligro inminente