Hiram Espinoza de los Monteros

Antes de ser asesinadas, las oficiales Gisela Ceballos y Libna Mata, informaron a cabina que revisarían un vehículo con vidrios polarizados. Cumplían con su jornada habitual; minutos después fueron atacadas a tiros. Lo que debía ser un procedimiento de rutina terminó en un ataque directo contra la autoridad, un hecho que trasciende a la corporación y expone la vulnerabilidad del Estado frente al crimen.
El doble asesinato se dio apenas un par de días después de que el gobernador de Jalisco anunciara el reforzamiento de la vigilancia en la frontera con Michoacán, tras la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La posibilidad de un desplazamiento de grupos criminales hacia territorio jalisciense está sobre la mesa, y el asesinato de las dos agentes podría ser una muestra de su avance y poder ya presente en el Estado.
Así se da otra lectura: la impunidad. La certeza con la que puede ejecutarse un crimen de esta magnitud en una zona metropolitana, a plena luz del día, refleja un nivel de organización y audacia que exige una respuesta inmediata y coordinada. No es un hecho aislado, sino un síntoma.
Cada ataque de este tipo reafirma que el objetivo del crimen organizado; no es solo el control territorial, sino el desgaste institucional. Golpear a quienes representan la ley es una forma de medir la capacidad de respuesta del Estado. En esa medición, lo que está en juego no es solo la seguridad pública, sino la autoridad misma.
Los mandos de seguridad de Jalisco describen a Gisela y a Libna como elementos ejemplares, puntuales y comprometidas. Este miércoles fueron despedidas con honores en la Academia de la Policía Estatal, en Tonalá. Entre aplausos, sirenas y lágrimas, sus compañeras y compañeros rindieron homenaje a su servicio. Durante la ceremonia, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, recordó: “Cayeron en cumplimiento de su deber. A veces esa frase parece vacía, pero hoy resuena como una verdad brutal: hasta el final hicieron aquello en lo que creían, proteger y servir a las y los jaliscienses”.

El desafío a la ley: el asesinato de dos policías viales en El Salto

En Jalisco, tres presidentes municipales viven bajo protección estatal. Tres. Lo confirmó el gobernador Pablo Lemus esta semana. Es un síntoma grave: la autoridad local se ha vuelto un blanco en medio del fuego cruzado entre crimen organizado e indiferencia institucional y por ello, en muchas regiones del país no se gobierna “a secas”, se gobierna con miedo.
El caso de Teocaltiche lo ilustra con crudeza. En menos de un mes —entre abril y mayo de este año— fueron asesinados su secretario general, una regidora, su director de seguridad y cuatro policías; otros cuatro continúan desaparecidos. Siete servidores públicos muertos en un mismo municipio, once vidas truncadas en una misma geografía donde la pregunta es ¿quién manda realmente?
Hace unas semanas, en el contexto del informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, entrevisté —junto con otros compañeros— a Omar García Harfuch. Dijo algo que hoy resuena: la base de la seguridad son los municipios, porque son el primer contacto con la ciudadanía y el punto donde se conoce el contexto real de la inseguridad. “Hay que fortalecer a las policías municipales”, insistía. Pero ¿cómo hacerlo cuando las corporaciones enfrentan déficit de personal, salarios bajos y armamento insuficiente?
Hasta hace unos años los municipios contaban con programas federales como el Subsemun, más tarde Fortaseg, creados para profesionalizar y equipar a las policías locales. Sin embargo, el Fortaseg fue eliminado del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2021 sin un sustituto equivalente. Los gobiernos municipales quedaron a la deriva, sin fondos ni respaldo para enfrentar al crimen organizado. La política de seguridad se volvió vertical: depende de recibir —o no— elementos “prestados” de la Guardia Nacional. A veces se anuncian, a veces llegan… y muchas veces ni los ven.
Si un alcalde necesita escolta para abrir una calle o inaugurar una obra, la democracia entra en modo supervivencia. Porque en los territorios donde la autoridad se oculta tras vidrios blindados, la ciudadanía sigue esperando algo tan elemental como que alguien —a quien ellos elijan— gobierne sin temor.
La protección a tres alcaldes en Jalisco es, en el fondo, una metáfora del país: tres bajo custodia, decenas en alerta y decenas más asesinados. Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán; fue el más reciente.

Hiram Espinoza

Los municipios sitiados

En México, las leyes nacen tarde. Llegan después del crimen, cuando el dolor ya tiene nombre y apellido. El feminicidio de Ángela Birkenbach, empresaria canadiense asesinada en Nayarit en 2023, no sólo reveló la brutalidad de un acto cometido –según la principal línea de investigación– por ambición y codicia; también expuso la violencia institucional que siguió a su muerte. Tres menores, hijos de Ángela, quedaron bajo tutela de la familia del presunto feminicida.
Dos años después, el caso vuelve al debate público. La diputada federal Claudia García Hernández, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, anunció una iniciativa que pretende llamarse Ley Ángela: una reforma que busca resguardar automáticamente a hijas e hijos de víctimas de feminicidio, suspendiendo de oficio la patria potestad, tutela o convivencias cuando el agresor sea el progenitor. La propuesta también prevé que, en casos excepcionales, pueda haber contacto supervisado sólo si un dictamen psicosocial independiente demuestra beneficio real para el menor.
La iniciativa es un intento por cerrar un vacío legal que permitió la revictimización. Porque la legislación vigente reconoce el derecho de convivencia del progenitor, incluso si está siendo investigado o vinculado a proceso por delitos graves contra la madre o los propios menores. Ese resquicio –sumado a la corrupción de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y del Poder Judicial que en apariencia está presente en este caso– ha hecho posible lo que debiera ser impensable: que los hijos de las víctimas terminen conviviendo con quien está acusado de arrebatarles a su madre. 
El caso de Ángela es un espejo incómodo para Jalisco y para el país. No se trata sólo de una tragedia familiar, sino del retrato de un Estado fragmentado, incapaz de articular justicia entre jurisdicciones: Nayarit procesa el feminicidio, mientras en Jalisco se litigan la herencia y la custodia. Un laberinto burocrático.
La Ley Ángela llega como un intento de reparar lo irreparable. Pero también como una pregunta moral: ¿Por qué en México hay que legislar lo que debería ser un principio ético elemental como lo es proteger a la niñez frente a la violencia?

Ley Angela

Hace unos días, mientras conversaba con un integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, le contaba que por lo regular suelo detenerme a leer las fichas de desaparecidos que abundan en distintos sitios de la ciudad. Leo sus nombres, las fechas, la ropa que llevaban, la edad. Intento imaginar cómo serían ahora, qué circunstancias los alejaron de sus casas… Él me escuchó sorprendido. Me dijo que seguramente era de los pocos que lo hacía, porque esas fichas no suelen llamar la atención de nadie: “Por eso preferimos entregarlas en mano, solo así la gente las mira”.
De modo que, en una ciudad saturada de imágenes, el rostro de una persona desaparecida se ha vuelto un elemento más del paisaje. Está ahí, a la altura de los ojos, pero casi nadie lo ve. Se confunde con los anuncios de conciertos, con las ofertas de empleo, con los papeles que prometen curas milagrosas para cualquier enfermedad o productos para bajar de peso. Es como si la tragedia se hubiera vuelto parte del mobiliario urbano.
Le pregunté cuál era entonces el sentido de seguir pegando esas fichas si nadie las ve. Él solo alzó los hombros en una especie de “quién sabe”. Terminó la charla y me quedé pensando en ello.
Ahora pienso que cada pega de fichas que realizan los colectivos es, en realidad, un acto de resistencia. Son una forma de reclamar públicamente la ausencia, de mantener viva la búsqueda, de no permitir que el silencio oficial sepulte la memoria. También pensé que es una forma de terapia, una manera de hacer algo ante la impotencia de no saber dónde están. 
En estos días, mientras la ciudad se llena de papel picado, desfiles y catrinas monumentales, pienso en esa otra Guadalajara que también se prepara para el Día de Muertos, pero no con luces ni música, sino con la esperanza de encontrar a los suyos. Pienso en la exposición “Ceguera Voluntaria”, de la artista Claudia Rodríguez, que alude justamente a esa mirada esquiva, a esa comodidad social de voltear hacia otro lado cuando la realidad resulta insoportable.
Celebramos la muerte, pero tememos mirar a los desaparecidos. Honramos a los difuntos de antaño con flores y ofrendas, pero somos incapaces de enfrentar el dolor contemporáneo que habita nuestras calles. Esa ceguera voluntaria no es solo una metáfora artística, es una condición colectiva: sabemos lo que ocurre, pero preferimos que se disuelva entre el ruido, el tráfico y la rutina. 
¿Y si la falta de atención a las fichas de búsqueda no es falta de empatía, sino una forma de seguir operando en la vida diaria? Sobrevivencia emocional.
La muestra “Ceguera Voluntaria”, de la artista Claudia Rodríguez, puede visitarse en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), ubicado frente al edificio administrativo de la UdeG.

La ciudad que celebra y olvida

Los bloqueos agrícolas que paralizaron los accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara son reflejo de un campo y sus trabajadores cansados de políticas públicas insuficientes para atender sus necesidades. Los productores de maíz reclaman algo tan elemental como lo es el pago de un precio justo para que el esfuerzo de siembra y cosecha se refleje en ganancias que logren disminuir la deuda que implica la compra de semillas y fertilizantes. Es un círculo que lleva décadas perpetrándose.
Los campesinos estiman que producir una hectárea de maíz tiene un costo promedio que ronda los 50 mil pesos, con rendimientos que van por ahí de entre 10 a 12 toneladas por hectárea. Esto significa que el costo real de producción ronda los 4,100 pesos por tonelada, mientras que el precio de compra se mantiene en unos 5,600 pesos. El margen apenas cubre transporte, mantenimiento y riesgo climático. 
Así pues, se paga a precios de hambre a quienes producen el alimento que sacia a toda la sociedad. Esa es la paradoja moral y económica de México: mientras los consumidores enfrentan alzas en la canasta básica, los productores apenas sobreviven con márgenes que no cubren sus propios costos.
El reto no es solo financiero, sino estructural. Requiere una política agroalimentaria que mire más allá del mercado internacional y apueste por la soberanía interna. El maíz, símbolo cultural y base de nuestra dieta, no puede depender de decisiones de importación ni de precios impuestos desde los escritorios del gobierno federal. Si desde el campo salen a complicar vialidades no es mera rebeldía, es cansancio por estar presentes en el discurso como herederos del orgullo nacional, pero ausentes en la lógica de la planeación y el presupuesto público.
En el caso de Jalisco –porque también Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Guanajuato registraron bloqueos–, el levantamiento de la protesta se logró después que el gobierno estatal se comprometió a instalar una mesa de diálogo con autoridades federales para revisar los precios del maíz blanco. El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural ofrecieron acompañar a los agricultores “en la lucha por un precio digno”. El tránsito volvió a fluir, pero la inconformidad sigue en pie y a la espera de que la promesa se cumpla.

Del campo a la ciudad

“No hubiera podido haber Programas del Bienestar, si no hubiera acabado con gran parte de la corrupción en el gobierno”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al defender la herencia de López Obrador. La frase funciona como narrativa política; pero, frente al archivo reciente, las investigaciones, ¡vaya! la realidad… se tambalea.
Porque sí hubo casos de corrupción comprobados. Segalmex es el emblema: el propio gobierno reconoció desvíos por miles de millones de pesos y la Auditoría Superior de la Federación estimó el boquete en más de 15 mil millones. A eso se suma el recientemente expuesto huachicol fiscal, fraude en aduanas y combustibles que la FGR aún investiga, con pérdidas multimillonarias al erario. Y si hablamos de las suspicacias en torno al combate al crimen organizado, el crecimiento de “La Barredora” en Tabasco exhibe redes criminales con vínculos políticos incómodos para Morena, el partido con más poder hoy en México.
Y podemos seguir… los megaproyectos de la 4T fueron blindados bajo el argumento de “seguridad nacional”, dificultando el acceso a datos de costos, contratos y riesgos. Si no hay información abierta, tampoco puede haber fiscalización ciudadana. La opacidad genera dudas y eso dista de ser un gobierno “sin nada que ocultar”.
Para ser claros, los programas sociales no crecieron únicamente por “ahorros” generados a partir de combatir la corrupción. Crecieron a partir de los recortes presupuestales a distintas funciones que el gobierno federal encabezado por AMLO fue rezagando: seguridad, salud, transporte, ciencia y hasta educación. La cultura recibió tijeretazos acumulados de más del 50%, y la conservación de carreteras quedó rezagada frente a obras prioritarias. Es decir: se financiaron becas y pensiones sacrificando otras funciones básicas del Estado.
¿Eso invalida los programas sociales? No. Su impacto en popularidad y en bienestar inmediato de millones de mexicanos es real. Pero sostener que existen gracias a que “se acabó la corrupción” es una verdad medio mentirosilla. Porque las irregularidades de Segalmex, el huachicol fiscal y la opacidad en proyectos muestran que la corrupción no desapareció. Y porque los programas crecieron gracias a recortes en otras áreas que hoy se sienten en baches, hospitales, museos y laboratorios.

Corrupción, programas sociales y otros menesteres

El 30 de septiembre de 2010 desaparecieron Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Bernardo Celado Pinches y Carolina Naranjo García, jóvenes de entre 21 y 28 años que buscaban llegar a Estados Unidos y cuyo rastro se perdió en la frontera de Jalisco con Zacatecas. Quince años después, el Estado de Jalisco pidió perdón. Hoy lo hizo el gobernador Pablo Lemus Navarro, en el ex recinto legislativo, sede histórica de la soberanía popular. Fue el segundo evento con estos fines.
El 14 de agosto de este año, la Fiscalía estatal intentó ofrecer la disculpa pública. El acto, realizado en el Patio de los Naranjos, se convirtió en un trámite burocrático: se cambió la fecha tres veces, se ignoraron peticiones de las familias, se excluyó a organismos acompañantes y hasta se negó la lectura de una carta escrita por Diego Enciso, hijo de Dalia y Luis Ramón. La madre de Dalia, doña Natividad, lo describió como revictimizante. Más que reparación, fue un recordatorio del abandono institucional vivido 15 años atrás.
La diferencia no es menor. Hoy la disculpa se ofreció en el ex recinto legislativo, no en un patio lateral, y fue encabezada por el gobernador. Ese espacio representa la pluralidad política y la mayor representatividad ciudadana. Cambiar de escenario y de voz, transmite un mensaje distinto: ya no solo un trámite, sino un reconocimiento solemne de la deuda histórica.
Pablo Lemus miró a los familiares a los ojos y dijo: “Lo digo con todas sus letras: ofrezco una disculpa pública”. Aclaró que no es un punto final, sino el inicio de un compromiso. Palabras importantes, aunque todavía insuficientes frente a 15 años de ausencia. 
Una disculpa pública es mucho más que un acto protocolario. Es memoria, reconocimiento y una promesa de no repetición. El fracaso del 14 de agosto mostró lo que ocurre cuando se improvisa. El acto de ayer (24 de septiembre de 2025), más solemne y representativo, buscó corregir ese error y recuperar algo de confianza.
El verdadero desafío no se resuelve en un recinto, sino en los hechos: investigar, sancionar y garantizar que ninguna otra familia recorra este mismo camino. Porque lo simbólico pesa, pero lo real es lo único que sana, lo mismo ocurre con las más de 14 mil personas desaparecidas en Jalisco.

Cuando pedir perdón no basta

En el discurso oficial, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quedará como el que declaró la “lucha frontal contra la corrupción”. Esa fue su bandera política y su reiterado motor narrativo. El tiempo avanza, llegó el segundo piso de la 4T y la realidad se impone: el sexenio de AMLO terminó dejando casos de corrupción tan graves y visibles como los que alguna vez prometió erradicar.
El huachicol fiscal es el ejemplo más claro. No se trató de perforaciones u ordeñas clandestinas en ductos, sino de un entramado en aduanas donde el combustible ingresaba con facturas falsas para evadir impuestos millonarios. Todo bajo la supervisión de la Marina, institución que el propio presidente presumió como garante de honestidad. La participación de marinos, empresarios y agentes aduanales revela que la corrupción se infiltró en el mismo aparato que debía combatirla.
Para la acción de blanqueo de los capitales, la Fiscalía General de la República investiga a Vector, el banco fundado por Alfonso Romo, empresario no cercano, sino cercanísimo a López Obrador. Fue el jefe de la Oficina de la Presidencia en los años de arranque de su sexenio e invariablemente el hombre que logró que la iniciativa privada de mayor calado en México dejara de hacer muecas a AMLO cuando candidato. La FGR no ha presentado una imputación formal en contra de Romo, pero el solo hecho de que se le vincule en pesquisas de este calibre algo ha de significar.
No olvidemos el caso Segalmex, diseñado como emblema social y convertido en el fraude alimentario más grande en la historia reciente. De modo que la corrupción en el sexenio pasado no fue anecdótica, peor aún, fue estructural: se coló en áreas vitales como energía, alimentos y finanzas. Y aunque hoy se hable de detenciones y cateos, lo cierto es que la raíz sigue intacta.
En este contexto, el discurso reciente del titular de Marina durante el desfile del 16 de septiembre puede leerse como un deslinde: reconocer errores, marcar distancia frente al pasado inmediato y enviar una señal de ruptura. Pero aún está por verse si es un quiebre real o simplemente un acto simbólico para oxigenar la narrativa del gobierno de Claudia Sheinbaum.
La 4T prometió cortar de raíz la corrupción; lo que vemos es que floreció con nuevas formas. Si el actual gobierno quiere diferenciarse, deberá procesar a los responsables de estos esquemas sin importar su rango o cercanía al poder. De lo contrario, todo se reducirá a lo mismo: discursos de cambio en medio de un pantano cada vez más profundo.

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Mi pecho no es bodega

Guadalajara volvió a exhibir una fragilidad que ya había revelado hace unos meses. En el temporal de lluvias de 2025, la ciudad —y el Estado— mostró que no está preparada para enfrentar tormentas que exigen previsión, coordinación y capacidad de respuesta. El sábado pasado ocurrió otra tormenta… pero política: la movilización social y los disturbios posteriores a la manifestación de la Generación Z expusieron nuevamente que se sigue operando desde la reacción, no desde la prevención.
El operativo en el Centro de Guadalajara fue improvisado. Hay dos evidencias claras: la primera, del secretario general del Congreso de Jalisco, quien reconoció que el gobierno estatal no advirtió al Poder Legislativo sobre un posible riesgo de daños. La segunda, del alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, quien afirmó que esta vez no se les solicitó apoyo policial, a diferencia de manifestaciones anteriores. Es claro, no hubo estrategia.
Los destrozos ocurrieron horas después de la manifestación autodenominada Generación Z, y ahí está la lección elemental. Las turbas y los flujos sociales son, por naturaleza, imprevisibles; grupos como el llamado “bloque negro” pueden mezclarse con manifestantes pacíficos y operar al amparo de esa confusión. Justamente por eso debe existir planeación. Es claro, no la hubo.
Y vinieron más fallas: las detenciones y la investigación ministerial. Tras una “danza” de cifras, finalmente se confirmó que 40 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público. Los perfiles de algunos detenidos generan suspicacia sobre la eficiencia de la investigación puesto que la Fiscalía de Jalisco es la que debe determinar si existen elementos para imputar un delito.
Ahí está Alfredo, un hombre de 60 años con condiciones médicas delicadas, cuya familia afirma que solo caminaba por Pedro Moreno. Está Fernanda, que se detuvo a tomar fotografías mientras iba en bicicleta. Abraham, que acudió al centro —también en bici— para observar la manifestación. Y Ángel, detenido mientras protegía a su hija del gas lacrimógeno, cuando con su familia solo hacía compras del Buen Fin. Las irregularidades también se dieron en el Poder Judicial cuando en la audiencia de imputación de este martes no se permitió el acceso a familiares de los detenidos.
El primer año de gobierno de Pablo Lemus deja una lección nítida: hay que prepararse porque vienen cinco años más en los que habrá tormentas imprevisibles e imposibles de evitar, pero necesitan estrategias de cuanto tipo se puedan. Prever, prever, prever.

La lección del primer año