Jonás

Este lunes 24 de noviembre puede convertir en la jornada de mayor caos vehicular no en una zona urbana del país, como la Ciudad de México o el Área Metropolitana de Guadalajara, sino en todas las ciudades del país. Los transportistas de carga y los productores agrícolas convocaron a un bloqueo nacional para protestar por la inseguridad en las carreteras y las condiciones comerciales del sector agrícola y pecuario del país.
El problema es grave. Los transportistas denuncian que si en 2024 en las carreteras del país se cometían en promedio 36 delitos diarios, esta cifra aumentó hasta 55 por día.
Los productores agrícolas se unieron a los transportistas a pesar de que los maiceros consiguieron por fin el apoyo del gobierno federal y gobierno estatales para que se incrementara el pago de la tonelada de grano, pero ahora actúan en solidaridad con los transportistas. A fin de cuentas, estos dos sectores productivos del país están íntimamente ligados.
Los bloqueos carreteros, ya lo experimentamos en el Área Metropolitana de Guadalajara, literalmente sofocan a la metrópoli. Además del caos vial y la parálisis, la última ocasión que esto ocurrió provocó pérdidas cercanas a 550 millones de pesos, según se estimó en el sector productivo.
Sin embargo, hay un problema de fondo que es reconocido incluso por las autoridades eclesiásticas. Ayer domingo, en su aparición semanal en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Guadalajara, cardenal Francisco Robles, les dio la razón a los transportistas que pretenden bloquear las carreteras: “sólo así les hacen caso”, fue su sentencia.
Es sintomático de este último tramo del año que la seguridad se ha vuelto a convertir en el máximo problema de las autoridades, tanto del gobierno federal como de los estados.
En Jalisco, consciente de que las carreteras han sido abandonadas por la Guardia Nacional desde que desapareció la Policía Federal de Caminos (y mire que no gozaban del mejor prestigio), y porque fue una demanda puntual durante las campañas políticas, el gobernador Pablo Lemus Navarro se comprometió a establecer una Policía Estatal de Caminos. Su característica es que no detendrán a nadie ni aplicarán sanciones viales. Pero eso sí, vigilarán las carreteras y auxiliarán a los transportistas y usuarios.
El punto es que el Presupuesto de Egresos del Estado contempla para el año entrante los montos para esta Policía Estatal de Caminos, pero los transportistas ya no pueden esperar.
Veremos de qué tamaño es el bloqueo.

Bloqueos carretero y caos, ¿por qué?

La segunda manifestación de la Generación Z no prendió. Después de una intensa semana que atestiguó una crisis política y de imagen oficial, ¿qué pasó con los jóvenes?
La presidenta Claudia Sheinbaum no se había visto sometida a tanta presión. Ha sido el momento más difícil que ha enfrentado en política interna, desde que está en el cargo. 
¿Pero qué ocurrió? ¿Dónde están los más de 31 millones de jóvenes mexicanos que habían empujado la Manifesta de la Generación Z el 15 de noviembre? 
Ayer, la segunda manifestación se desinfló. En la Ciudad de México no se reunieron ni siquiera 300 personas. En Guadalajara, los jóvenes ya no aparecieron; sólo unas pocas personas de la tercera edad acudieron al llamado en la Glorieta de los Desaparecidos. 
Muchos habían esperado que la realidad cambiara, gracias al empuje y la energía de los jóvenes que forman la cuarta parte de la población total en el país. Muchos esperaban también un cambio social profundo, una revolución de las juventudes que derribara el marasmo y la ingobernabilidad que ha marcado a México durante muchos años, permitiendo violencia, homicidios y desaparecidos. 
¿Será que los jóvenes mexicanos son revolucionarios de redes sociales y nada más? 
Los problemas son reales: vemos año tras año cómo crece el número de homicidios y de personas desaparecidas; cómo se mantiene la impunidad y la injusticia. Estamos atrapados en la polarización política y entre dos discursos, el de la “cuarta transformación” que declara que el país está mejorando y la oposición política, que señala los errores evidentes. 
No se puede esperar que los jóvenes hagan el cambio por sí solos; no es una responsabilidad totalmente suya, pero en esta época y en todas las anteriores, la juventud ha sido uno de los principales factores de protesta. El revulsivo indispensable. 
El gobierno federal debe haber aprendido la lección porque con Generación Z o sin ella, evidentemente no podemos seguir igual.

¿Entonces, qué pasó con la Generación Z?

La Manifestación de la Generación Z, en la versión de lo ocurrido en Guadalajara el 16 de noviembre, con hechos violentos y 40 personas detenidas, ha dado un giro inesperado. El gobernador Pablo Lemus asegura que al menos 17 de los detenidos vienen del Estado de México, que fueron pagados y que llegaron a nuestra ciudad en autobuses, de modo que recibirán tratamiento como delincuentes y podrían quedar presos entre tres y 10 años.
Los señalamientos del mandatario jalisciense son severos. De acuerdo con su versión, el interés de quienes enviaron a estos manifestantes violentos, fue distraer de lo que pasaba en la Ciudad de México. Lo que no comparte Pablo Lemus es quién o quiénes financiaron a estos manifestantes.
Mientras tanto, en la capital del país, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue en la polémica derivada de la manifestación, y a unas horas de enfrentar una nueva movilización convocada por la misma Generación Z.
Primero, aseguró que los manifestantes violentos en la Ciudad de México no tienen relación ni con su gobierno, ni con el Partido Morena que impulsa la “cuarta transformación” a la que asume como “su movimiento”.
Y ahora, ante los reclamos de quienes denuncian la detención de los jóvenes (algunos ya procesados por intento de homicidio), afirma que no hay persecución política contra ellos.
Ni siquiera el anuncio de la detención del autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo, pudo cambiar el interés mediático que se agudiza con lo que pueda pasar este 20 de noviembre, con una nueva manifestación de rechazo a la violencia.
En Jalisco, mientras tanto, al gobierno del Estado se le critica también porque varios de los detenidos no tuvieron ninguna relación con los manifestantes violentos. El tiempo corre y será el juez asignado al caso quien deberá determinar quiénes quedan libres y quiénes son responsables de haber recibido órdenes y dinero para venir a causar destrozos en Guadalajara.
De este conflicto, se obtienen algunas conclusiones. La primera es que por más que quieran minimizarla, la Marcha de la Generación Z sí expresa el hartazgo de la población ante la permanente violencia e inseguridad.
En segundo lugar, queda claro que hay movilizaciones políticas que están financiadas desde algunas posturas políticas secretas (¿ultraderecha?), o incluso desde el gobierno federal. Eso debe ventilarse y combatirse antes de que se convierta en un elemento más en el enrarecimiento de la vida pública en México.
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Manifestantes pagados desde la CDMX: Lemus

Desde el fin de semana se lanzó una segunda convocatoria para otra “Marcha de la Generación Z”. Como ocurrió con la primera, del pasado 15 de noviembre, no hay liderazgos visibles y por eso la convocatoria que circula en redes sociales es hasta cierto punto desconcertante, pero los datos son precisos: se convoca para mañana 20 de noviembre a una segunda marcha que partiría a las 11:00 de la mañana desde el Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
La discusión sobre el origen de esta movilización de protesta, señalada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como una manipulación de la oposición, de la derecha, de los “liderazgos violentos” de la llamada “Marea Rosa”, sólo ha alimentado la polarización. El discurso oficialista apunta que estas protestas carecen de origen genuino y se amplificaron mediante las redes sociales y el uso de bots.
Estos argumentos, junto con los que acusan al gobierno federal de haber infiltrado a los manifestantes violentos tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, se confrontarán durante muchos días más en las redes sociales y en los análisis, pero la segunda marcha convocada para mañana representa un peligro inminente que las autoridades deben mitigar.
Si llega a realizarse, esta nueva movilización coincidiría en la capital del país con el desfile militar del 20 de Noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, y los manifestantes estarían “invadiendo” el espacio de las Fuerzas Armadas. El riesgo es claro y si las cosas ya se salieron de control el sábado pasado, algo más grave podría ocurrir mañana.
Otro escenario posible es que la convocatoria caiga en el vacío y finalmente sólo sea una manifestación minúscula.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum cuenta con informantes y fuentes de inteligencia. Deben preveer si la movilización se consolida y si hay riesgos por el desfile militar y la coincidencia de las actividades de aniversario en el Zócalo capitalino.
De la primera marcha de la Generación Z se han dicho cantidad de cosas en una guerra de declaraciones: que no había suficientes jóvenes; que fue manipulada por la derecha o por el gobierno federal con la presencia de manifestantes violentos; que su finalidad era sólo desestabilizar y criticar a la administración de la presidenta Sheinbaum, y otros tantos apuntes, más extremos y virulentos.
Sin embargo, tanto en el gobierno federal como en los estados, si es que la convocatoria consigue generar movilizaciones fuera de la Ciudad de México, deben tener claro que con partidos políticos o sin ellos, es real el hartazgo por la inseguridad y la violencia.
Además, si hay nuevas manifestaciones, no pueden arriesgar que acaben otra vez en un choque con la autoridad, porque la imagen internacional de la administración de la presidenta Sheinbaum se ha deteriorado con estos sucesos.
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Segunda Marcha Z: peligro inminente

Después que el pasado sábado 15 de noviembre se desarrolló la denominada Marcha de la Generación Z, vimos escenas de violencia poco comunes en el Zócalo de la Ciudad de México y en el Centro Histórico de Guadalajara.
Lo que ocurrió ese día tiene múltiples explicaciones: Hubo personajes infiltrados. Jóvenes, violentos, seguramente pagados para hacer lo que hicieron, y que no son representativos de las personas que quisieron manifestar su repudio a la violencia, a la inseguridad, a la extorsión, a los desaparecidos y a los delitos que se viven todos los días en México.
La Marcha de la Generación Z careció muy probablemente de los jóvenes suficientes para llevar este mote, porque la mayoría de los manifestantes no tenían 35 años o menos; muchos de ellos eran militantes o simpatizantes del PAN o del PRI, o de Movimiento Ciudadano o de cualquier otro partido político. Pero eso no hizo menos legítima la movilización para reclamar por la violencia que vive el país.
Que muchos hayan pedido la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum o que sea adelantara la revocación de mandato, tampoco fue la causa principal de la movilización, así que el gobierno federal no puede desacreditarlos porque se hayan presentado demandas que pueden parecer mínimas o desubicadas.
Las lecturas y los análisis se han multiplicado. Hay algunos muy valiosos y otros que son redundantes. Lo que no puede dejarse de lado, es que ni en Jalisco ni en el Zócalo de la capital, ni en ninguna otra ciudad donde hubo movilizaciones para protestar por la muerte de Carlos Manzo, o para pedir la renuncia de la presidenta, o para exigir que se adelante la revocación, o para renegar porque hay extorsiones y desaparición de personas o cualquier otro motivo… ninguna de las marchas o manifestaciones, puede ser minimizada o desacreditada.
El gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum puede claramente encontrar patrocinadores políticos sin calidad moral detrás de los manifestantes; puede denunciar que hay recursos de origen desconocido, pagando bots o campañas en las redes sociales; puede decir que fueron pocos los manifestantes y que no llenaron el Zócalo; puede añadir estos o más argumentos, pero no puede rechazar que hay millones de mexicanos desde el Norte, hasta el Sur, donde gobiernan morenistas, priístas, emecistas o panistas, que repudian la violencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un grave problema: Cuenta con una aprobación mayoritaria, porque mucha gente está a favor de sus expresiones, de su comportamiento o de su visión, pero ella y sus colaboradores y muchos gobernadores, si no es que todos, y una gran cantidad de alcaldes, si no es que todos también, están reprobados en la obligación legal que tienen de garantizarle seguridad a los mexicanos.
Es obvio que seguirán discutiendo desde la perspectiva política, que seguirán culpando a los enemigos político partidistas, o a los empresarios con una visión de derecha. Es obvio que seguirán negando, como acusan muchos, que la gente del “bloque negro”, los más violentos en las manifestaciones, fueron enviados por las 4 T o por el partido Morena o por el gobierno federal. Nada de eso se puede probar y la historia de México es muy abundante en especulaciones y en aseveraciones que nunca se convierten en pruebas reales.
Pero las movilizaciones contra la violencia del 15 de noviembre, sí están confrontando al gobierno de Claudia Sheinbaum contra la inconformidad y el enojo de millones de mexicanos.
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Después de la Marcha de la Generación Z

Este 15 de noviembre se realizó tal como estaba previsto la manifestación de la Generación Z, como se conoció mediáticamente en los medios convencionales y en las redes sociales. En Guadalajara se reunieron hasta 20 mil personas, una cifra inesperada y sorprendente. La movilización se hubiera considerado un éxito, pero lamentablemente terminó en violencia.
Después de haberse reunido miles de personas frente a Casa Jalisco y entregar un pliego petitorio en el que manifestaban su inconformidad con la violencia sistemática, y también con la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo acaecida el 1 de noviembre pasado, un grupo de manifestantes se trasladó al Centro Histórico y provocó violencia contra las fuerzas de seguridad y los edificios históricos, empezando por Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana.
La violencia y las confrontaciones se prolongaron hasta casi las 9:00 de la noche. Como resultado de ello, 47 personas fueron detenidas y 13 más fueron heridas, aunque por fortuna sin mayores consecuencias.
El artículo noveno de la Constitución mexicana garantiza explícitamente el derecho de la libertad de reunión con fines pacíficos. La movilización para repudiar la violencia en México está más que justificada, porque en diferentes puntos de la república somos testigos de constantes homicidios y de la comisión de delitos tan dolorosos como la extorsión y la desaparición de personas.
Protestar por la violencia y la inseguridad con más violencia, es un sinsentido y agredir el patrimonio de todos, no tiene justificación por más motivos y razones que tengan los agresores.
Paradójicamente, las manifestaciones de Ciudad de México y Guadalajara fueron muy parecidas, tanto en cantidad de asistentes como en la violencia que marcó el fin de la jornada.
Esta manifestación que se pretende atribuir a las personas que nacieron de 1995 en adelante, rebasa por mucho la condición de edad, porque ofendidos por la violencia son todos los mexicanos, al margen de si son jóvenes o maduros.
Adicionalmente, si las autoridades indican que este tipo de movilizaciones son organizadas “por la derecha”, no intentan otra cosa que minimizar o simplificar un fenómeno que es mucho más complejo y que requiere de una solución conjunta, en la que no se puede esperar que sea una sola autoridad la que resuelva los conflictos y el crecimiento del crimen organizado, que como es natural, está resistiéndose a la aplicación de la ley.
Desde el gobierno del Estado de Jalisco, se dio cuenta que los agresores en el Centro Histórico, ni siquiera son jaliscienses, la mayoría de los detenidos provienen de la Ciudad de México y de estados como Michoacán. Si se trata de infiltrados, ¿a quienes beneficia su accionar violento? ¿A quien le beneficia la destrucción en Palacio de Gobierno y las pintas en la Catedral y en el Congreso del Estado?
Para los responsables de los hechos, no queda de otra, aplicarles la ley. Pero le explicación sobre el fenómeno que moviliza a la sociedad, así se trate para protestar por el asesinato de una autoridad o para reclamar justicia ante los desaparecidos y la violencia cotidiana, ese es otro tema que no se resuelve con las reuniones matutinas de los elementos de seguridad municipales, estatales y federales.
La estrategia obligadamente tiene que ser integral y diferente, no se pueden esperar resultados distintos, si se sigue procediendo de la misma manera.

Violencia, para rechazar la violencia

La “nueva” Suprema Corte de Justicia, con sus ministros surgidos de la primera elección judicial en la historia del país, falló como era previsible, contra el grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, que deberá pagar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) la increíble cifra de 50 mil millones de pesos. Se abre un hondo conflicto político de imprevisibles consecuencias.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada de inmediato y comentó que lo mejor que podría hacer el magnate mexicano sería pagar sus impuestos, y no hacer campañas mediáticas.
Queda la impresión de que la presidenta del país no hubiera querido esta batalla, porque si algo puede hacer el influyente empresario y además influencer, es iniciar una potente campaña publicitaria. Es el propietario de una de las más grandes empresas televisoras en nuestro país. Todo el mundo lo sabe.
Pero adicionalmente, en los últimos meses se ha convertido en un discreto y potencial aspirante a la presidencia de la república. El más reciente evento público del que fue protagonista (y tengan todos la seguridad de que así se calculó), fue un encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, famoso en nuestro país y en el planeta por haber recuperado para su sufrida nación, el control de la seguridad, a pesar de las críticas internacionales por el trato a los pandilleros.
El grupo empresarial de Ricardo Salinas anunció que ante el fallo de los ministros de la Suprema Corte, al rechazar la admisión de amparos por parte de la ex presidenta de la Corte, Norma Piña, mantendría su defensa jurídica ante instancias nacionales e internacionales. Y además, reiteró que es objeto de una campaña en contra.
En medio de la crisis de violencia e inseguridad, con una manifestación multitudinaria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fuera de Palacio Nacional y a un día de la manifestación de la Generación Z, derivada del asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, lo último que necesitaba la presidenta era el rompimiento total con el “Tío Richie”, Ricardo Salinas.
El empresario podría convertirse, con este último impulso, en la cabeza de un movimiento político que contará con recursos de todo tipo.
Sólo hay que recordar que ésta es otra herencia que a la presidenta le dejó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
El escenario se complica, todavía más.

El fallo contra Ricardo Salinas Pliego

Era previsible porque sucede cada año. Nuevamente se instala una discusión álgida sobre la determinación del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, en la distribución de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, ya aprobado en la Cámara de Diputados y por lo tanto, vigente para aplicarse a partir del 1 de enero del año entrante.
En Jalisco, desde el gobernador Pablo Lemus, miembros de su gabinete, legisladores, alcaldes y hasta la dirigencia de Movimiento Ciudadano, además de dirigentes de otros partidos políticos, sostienen que el gobierno federal morenista castiga al Estado y con toda intención, deja sin recursos los proyectos prioritarios contemplados, relacionados con infraestructura carretera, de transporte masivo, apoyo al Sector Salud y educación.
Las cifras ya empiezan a confundirse.
En la dirigencia estatal de Morena anunciaron que para Jalisco se han destinado más de 157 mil millones de pesos. Esta considerable cantidad garantiza la cobertura de varios proyectos: obras del tren de pasajeros de Ciudad de México a Guadalajara; construcción de más de 44 mil 500 viviendas sociales, o una parte que corresponde a 350 millones de pesos para el saneamiento del Río Lerma-Santiago.
Y además de esto y otras obras, también cuantifican la aplicación de los programas de Bienestar, que llegan a 1.8 millones de jaliscienses.
Y lo anterior es completamente cierto.
Pero también es verdad que no hay recursos para la Línea 5 de transporte masivo que se comprometió para estar concluida en marzo del año entrante; ni hay más recursos para las obras complementarias de la Presa El Zapotillo; ni se garantizan recursos para el rescate de la red federal de carreteras; y hasta en la Universidad de Guadalajara (en teoría, aliada del gobierno federal y la “cuarta transformación”), subrayan que es muy bajo el presupuesto federal asignado a la institución educativa, la segunda más grande del país.
El escenario es claro: el gobierno federal de la presidenta Sheinbaum apoyará “sus” proyectos, los que se diseñan en el Centro, y condiciona o no dará recursos a los proyectos diseñados en el gobierno estatal.
Detrás de las cifras multimillonarias, no hay un simple choque de voluntades, ni posturas partidistas. Lo que se confronta son las ideologías; desde el federalismo contra el centralismo, a la defensa de una visión estatal, contra la que surge de Palacio Nacional.
En la lectura de las élites políticas, esto solo puede hallar solución definitiva en las urnas, en la siguiente elección.

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La culpa es de otros

Como se había anticipado, este lunes 24 de noviembre se realizaron bloqueos en diferentes puntos carreteros de todo el país. En Jalisco se contabilizaron cuando menos cuatro en importantes vías. Ante este fenómeno, sorprendió la respuesta del gobierno federal: La Secretaría de Gobernación, responsable de mantener el equilibrio en la política interna del país, acusó que “hay intereses políticos” detrás de las manifestaciones y afirmó, además, que no se justificaban los bloqueos.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ha mantenido el diálogo con todos los inconformes y entre líneas, condenó los bloqueos. 
Curiosamente, en diferentes espacios se aprobó que transportistas y productores agrícolas estaban plenamente justificados para realizar estas movilizaciones y bloquear carreteras porque sus demandas son justas.
Sorprenden argumentos como los de la presidenta Claudia Sheinbaum, al decir que las manifestaciones de apoyo y el aval que recibe al recorrer el país, le generan la confianza de que el gobierno está actuando correctamente, por lo que desacredita las voces de protesta que se presentan en diferentes espacios públicos.
Es normal que en su visión personal, por más informada que esté, la presidenta, igual que todos los que ocupan un poder ejecutivo, queden limitados.
Pero también es normal que ante la evidencia de las extorsiones, la inseguridad, el robo a transportistas y la reducción en los ingresos de los agricultores, unidos a la falta de acceso a la justicia y la impunidad, a amplios sectores sociales no les quede otra salida que manifestarse públicamente para obligar así a las autoridades a atender sus demandas.
Es curioso cómo una manifestación pública que se expresa en bloqueos y en la que están presentes diferentes grupos sociales, se presenta en el discurso oficial como una contienda de fuerza política. El gobierno federal pretende hacer ver que tiene la razón y quienes no están de acuerdo, carecen de ella.
Por otra parte, ¿cuál es el problema con que detrás de los agricultores o los transportistas, haya ideología de partidos? ¿Desde cuándo el derecho de protesta tiene que ser apartidista?
La presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un apoyo mayoritario. Es cierto. Las encuestas hablan de un porcentaje superior al 70 por ciento.
Pero las estadísticas de inseguridad y violencia, también muestran que la delincuencia es real y que los transportistas padecen más de 55 robos todos los días en las carreteras nacionales.
Que la presidenta sea aprobada y querida, no quiere decir que los problemas sociales desaparezcan. Y qué pobre actuación está teniendo la Secretaría de Gobernación, para atender a los inconformes y resolver problemas, en lugar de descalificarlos.

A los bloqueos, la negativa oficial