El país que le debe paz a las mujeres

Ayer, en pleno 25 de noviembre, México volvió a quedar expuesto frente a una verdad que ningún discurso gubernamental puede maquillar: seguimos siendo un país que no garantiza la vida, la libertad ni la seguridad de sus mujeres.

En la mañanera, la presidenta convocó a los gobiernos estatales a adherirse al “Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres”, y Jalisco se sumó con claridad. Sin embargo, lo político no borra lo esencial: las instituciones siguen quedándose cortas mientras la violencia avanza. Este 25N no llegó con respuestas nuevas, sino con la confirmación de que la deuda del Estado con nosotras continúa intacta.

La deuda del Estado con nosotras sigue intacta. Está en cada madre que busca a su hija sin respaldo institucional; en cada niña que aprende a tener miedo demasiado pronto; en cada adolescente que vive la violencia digital como una extensión de las aulas. Está, sobre todo, en un sistema de justicia que por más nuevo que sea, no alcanza, no ha demostrado responder y que no sabemos si podrá ponerse a la altura de la emergencia.

Las cifras son contundentes: más de 70% de las mujeres ha vivido violencia y casi la mitad ha enfrentado violencia sexual. Millones son víctimas de hostigamiento, extorsiones o difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Mientras tanto, las reformas legislativas —aunque valiosas— parecen ir detrás de una realidad que se mueve más rápido que el derecho. Porque hay que reconocerlo: las leyes avanzan, pero la cultura no siempre acompaña el paso. Podemos reformar códigos, fortalecer protocolos, ampliar sanciones; podemos crear leyes de acceso a una vida libre de violencia o armonizar marcos nacionales con estándares internacionales. Pero si el machismo sigue respirando en las casas, en las escuelas, en las fiscalías, en los chats de secundaria, en los ministerios públicos, en los tribunales, en las conversaciones familiares y hasta en la política, el efecto de cualquier reforma se diluye. El derecho se vuelve letra muerta cuando la cultura se empeña en seguirlo contradiciendo.

Y es justo ahí donde las niñas y adolescentes están empezando a dar un giro que debería avergonzar a las instituciones por su propio atraso. En un taller reciente, una adolescente contaba con una claridad desarmante cómo acompañó a una amiga víctima de violencia digital, cómo se organizaron entre ellas, cómo fueron capaces de activar a la escuela y a la familia sin esperar el permiso de nadie.

Las niñas y adolescentes ya no solo nombran la violencia, sino que la desmenuzan, la explican y la enfrentan. Lo hacen con una precisión que habla de generaciones que se niegan a heredar la normalización que marcó a las anteriores. Ellas ya trazan su agenda, su forma de resistir, su propio mapa de dignidad.

Mientras tanto, la voluntad política sigue siendo una incógnita. Lo vimos hace unos días en el Congreso de Jalisco, donde dejaron sola a la secretaria de Igualdad en plena glosa. Ese gesto —aparentemente menor— revela algo mucho más profundo: la indiferencia institucional frente a uno de los problemas más sentidos de nuestra sociedad. Hablar de violencia contra las mujeres no puede convertirse en un acto de simulación política, ni en un trámite legislativo de rutina. Cuando un poder público decide dar la espalda, está enviando un mensaje claro: que la agenda de igualdad sigue siendo incómoda, prescindible, negociable.

Por eso, si algo debe permanecer en el centro de la conversación es la vigilancia del sistema judicial. La clave no es si las mujeres denuncian —porque hoy saben hacerlo con punto y coma—, la clave es si las instituciones les van a responder. Una denuncia no sirve de nada si queda archivada; una medida de protección no salva vidas si llega tarde; un protocolo no transforma nada si no se aplica y si excluye a algunos; una reforma no cambia realidades si la cultura se empeña en sabotearla desde adentro.

Las mujeres no queremos discursos; queremos resultados. Queremos un sistema de justicia que esté a la altura de cada reto que representa una denuncia. Queremos instituciones que protejan, no que apaguen el tema cuando se vuelve incómodo. Queremos políticas que lleguen a tiempo y un país donde las niñas y adolescentes encuentren ecos, no muros.

Las violencias no van a disminuir mientras el Estado siga tratando al machismo como si fuera una incomodidad menor. Disminuirán cuando la cultura deje de justificarlo, cuando las instituciones dejen de temerle y cuando la justicia deje de fallarles a las mujeres.

Hasta entonces, seguiremos señalando, vigilando y exigiendo el país que todavía nos debe justicia.