Reforma laboral de 40 horas pospone hasta 2026
La reforma en cuestión requeriría modificaciones constitucionales al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como ajustes específicos a la Ley Federal del Trabajo.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la reforma para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas no se discutirá en el Congreso federal hasta el próximo periodo ordinario, que comenzará en febrero de 2026. La declaración se dio en el contexto de los tiempos legislativos y la falta de consenso entre empresarios y trabajadores, lo que obliga a diferir el proceso pese a que la iniciativa se presentará antes de finalizar 2025.
Sheinbaum enfatizó que su administración busca construir acuerdos amplios para evitar polarizaciones, similar a lo ocurrido con reformas previas como los incrementos salariales.
“Todavía no presentamos la iniciativa porque hemos buscado acuerdos con empresarios y empleadores”, explicó la mandataria. Agregó que el objetivo es hacer público el acuerdo este año, aunque su aprobación podría extenderse al periodo legislativo subsiguiente.
Esta posición contrasta con las expectativas expresadas por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien había indicado que la reforma podría llegar al pleno antes del 15 de diciembre. Sin embargo, las complejidades en las negociaciones han complicado su avance, obligando a un replanteamiento del calendario.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la entidad responsable de elaborar la propuesta. Para ello, ha establecido mesas de diálogo permanentes con representantes de empresas, cámaras empresariales y sindicatos, con el fin de lograr un consenso que respalde el documento final. Estas reuniones buscan equilibrar los intereses de las partes involucradas, reconociendo las divergencias existentes.
Desde el sector privado, la resistencia ha sido notoria. Las cámaras empresariales han advertido que la reducción de la jornada implicaría un incremento de hasta 15 por ciento en los costos laborales, lo que afectaría principalmente a las micro y pequeñas empresas. Argumentan que esto podría derivar en una pérdida de competitividad, la necesidad de contratar más personal y, en casos extremos, el cierre de negocios. Además, se suma el impacto del aumento proyectado del 12 por ciento al salario mínimo general para 2026, que lo elevaría a 312 pesos diarios.
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La reforma en cuestión requeriría modificaciones constitucionales al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como ajustes específicos a la Ley Federal del Trabajo. Entre los elementos clave de la iniciativa se contemplan una jornada máxima de 40 horas semanales, el reconocimiento pleno del pago de horas extras y una implementación gradual que podría extenderse hasta 2030. Este enfoque escalonado busca mitigar los efectos inmediatos en la economía y permitir una transición ordenada.
El debate alrededor de esta propuesta refleja visiones contrapuestas en la sociedad mexicana. Para los trabajadores y diversos colectivos sindicales, la reforma representa una deuda histórica pendiente. México figura entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde se laboran más horas semanales, con un promedio que supera las 2 mil 100 horas al año por trabajador, y donde los periodos de descanso son limitados en comparación con naciones desarrolladas. Organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) han respaldado la medida, argumentando que mejoraría la calidad de vida, reduciría el estrés laboral y promovería un mejor equilibrio entre el trabajo y la familia.
