Como parte del acuerdo, los manifestantes se obligaron a desmantelar de inmediato los retenes y obstrucciones en las carreteras, permitiendo la restauración del tránsito vehicular para la población general y el paso prioritario de servicios de emergencia.

Agricultores y transportistas del país llegaron a un acuerdo con autoridades federales para suspender los bloqueos en diversas carreteras, después de una extensa negociación que duró más de 13 horas en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. La reunión, que inició a las 8:00 horas en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, reunió a representantes de los manifestantes con funcionarios del gobierno, con el objetivo de abordar las demandas planteadas por ambos sectores.
Los bloqueos, denominados megabloqueo nacional, se extendieron el lunes a múltiples vías federales en respuesta a problemas estructurales en el sector agropecuario y de transporte. Los productores agrícolas expresaron su inconformidad por los elevados costos de producción, la escasez de apoyos energéticos y la incertidumbre generada por la propuesta de Ley de Aguas Nacionales, que entraría en vigor obligando a la Comisión Nacional del Agua a regular la distribución del recurso hídrico. Esta legislación, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, ha sido señalada por los agricultores como un factor que podría agravar las dificultades en el campo, al alterar los mecanismos de acceso al agua para riego y producción.
Por su parte, los transportistas se unieron a las protestas denunciando la inseguridad en las carreteras, donde reportan frecuentes casos de secuestros, extorsiones y asaltos que afectan la integridad de las personas, las mercancías y los trayectos comerciales. Estos incidentes han impactado el flujo de bienes esenciales y servicios a lo largo del territorio nacional, generando afectaciones económicas en diversas regiones.
En el marco de la mesa de diálogo, se conformaron tres grupos de trabajo específicos para tratar los puntos críticos. La primera mesa se centró en las preocupaciones de seguridad vial, reconociendo la necesidad de fortalecer medidas de protección para transportistas y usuarios. La segunda abordó las dudas jurídicas relacionadas con los ordenamientos en materia de agua, aclarando aspectos de la nueva ley y sus implicaciones prácticas. La tercera se dedicó íntegramente a los temas del campo, incluyendo la entrega de apoyos directos a productores en sus localidades.

El comunicado oficial de la Secretaría de Gobernación detalló que el gobierno informó a los participantes sobre los programas y acciones institucionales disponibles en los estados para atender estas demandas. Se enfatizó el compromiso de implementar soluciones territoriales, con entregas de recursos directamente a los beneficiarios, evitando intermediarios. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, había manifestado previamente que no existían razones para sostener los bloqueos, dado que las puertas del diálogo permanecían abiertas y el gobierno mostraba disposición para resolver los planteamientos de manera concreta.
Como parte del acuerdo, los manifestantes se obligaron a desmantelar de inmediato los retenes y obstrucciones en las carreteras, permitiendo la restauración del tránsito vehicular para la población general y el paso prioritario de servicios de emergencia. Esta medida busca minimizar las disrupciones en el abastecimiento de alimentos y bienes, que habían sido reportadas en varias entidades federativas.
En las últimas tres semanas, se han llevado a cabo más de 200 reuniones entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con dirigentes del campo, lo que refleja un esfuerzo sostenido por el gobierno para dialogar con los afectados. Respecto a la Ley General de Aguas, Rodríguez precisó que no se avanzaría en su aprobación sin considerar las observaciones de los sectores involucrados, garantizando un proceso inclusivo.