Jonás

A la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, se le acumulan tareas que no están en su agenda: ahora salió en defensa de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo asesinado el pasado 1 de noviembre, evento que ha alimentado protestas públicas y la aplicación del “Plan Michoacán”.
Y tuvo que defenderla del senador Gerardo Fernández Noroña, uno de los “célebres” de la 4T, a quien no le pesó que se conmemorara en el país el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para llamar a Grecia Quiroz “fascista y oportunista”, y aseguró que su objetivo es convertirse en candidata a la gubernatura de Michoacán.
Que Fernández Noroña sea causante o protagonista de escándalos baratos y que esté involucrado en pleitos de nula calidad es tan recurrente que ya aburre, pero en esta ocasión su equivocación es tan evidente que hasta la primera presidenta en la historia del país, tuvo que salir a corregirle la plana.
Fernández Noroña, por otra parte, no descubrió el agua tibia… es evidente desde los primeros días después del asesinato de Carlos Manzo, que su viuda Grecia Quiroz se convirtió en el rostro del “Movimiento del Sombrero” y los seguidores de éste la eligieron de inmediato para tomar el liderazgo que dejó su fallecido esposo. 
¿Ella puede ser candidata a la gubernatura de Michoacán? Naturalmente, y casi puede pronosticarse que así será… si el “Plan Michoacán” da resultados y no ocurre otra tragedia.
El discurso de Grecia Quiroz y del movimiento político que la hizo líder, ha mantenido un discurso crítico y agudo contra el gobierno de la presidenta Sheinbaum y contra la administración del gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. No lo han ocultado ni ella ni sus seguidores. 
Pero la presidenta Sheinbaum, mujer solidaria con la causa y política con más sensibilidad y cordura que el senador Fernández Noroña, le pidió guardarse los señalamientos políticos para otro momento y ponderar por ahora, el respeto y la sensibilidad con una mujer que perdió a su esposo a manos del crimen organizado. 
Luce la presidenta, pero este episodio, igual que la reciente defensa de su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que arremetió contra los agricultores y transportistas que bloquean carreteras, deja claro que la presidenta del país está rodeada por muchos colaboradores y cercanos incompetentes. 
En lugar de apoyarla en el proyecto del “segundo piso”, se convierten en un lastre adicional.

Grecia Quiroz, defendida por Sheinbaum

Los bloqueos carreteros van a continuar en Jalisco y en otras partes del país. Ayer, después de varias horas de discusiones y de supuesto diálogo en el que parece que no hay ningún entendimiento, los productores agrícolas y los transportistas se levantaron de la mesa organizada por el subsecretario de gobernación, César Yáñez, que todo el tiempo les insistió en que para alcanzar algún acuerdo, deben levantar sus bloqueos.
La respuesta de los representantes de grupos tan diversos y con puntos de vista tan diferentes, como lo son productores agrícolas y transportistas, es que no encuentran sensibilidad por parte del gobierno federal.
En el argot automovilístico, se dice que cuando un conductor no hace bien las cosas es porque carece de pericia , o es de plano inexperto, lo que equivale a un eufemismo para no referir abiertamente que es incompetente; y ese pareciera ser el rasgo en la mesa de negociación, que no puede encabezar Rosa Icela Rodríguez, la secretaria del ramo, y que le encargan a César Yáñez, un hombre de todas las confianzas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora convertido en negociador obligado por las circunstancias. 
El panorama se agrava cuando la propia presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, tiene que salir públicamente a recomponer las declaraciones de su secretaria Rosa Icela, para aclarar que no pretenden hacer persecución judicial de los manifestantes.
En la mesa de negociación también participa el secretario federal de Agricultura, Julio Berdegué, que aparentemente no aporta nada, tampoco, al pretendido diálogo en el que los productores siguen pidiendo medidas de apoyo al gobierno federal, para enfrentar el escaso pago que reciben por sus cosechas.
Además, hay que considerar que a las demandas de seguridad en las carreteras y el apoyo exigido por los agricultores, se suma también la condición de participar en la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Más complejidad en una mesa donde la impericia es el rasgo dominante.
No se ve por dónde, no hay con quien se mejoren las negociaciones, y por lo pronto, todo indica que seguiremos soportando los bloqueos carreteros que paulatinamente seguirán estrangulando a las ciudades y bloqueando los negocios que dejan de hacerse por la falta de transporte de mercancías.

Y seguirán los bloqueos carreteros

Como se había anticipado, este lunes 24 de noviembre se realizaron bloqueos en diferentes puntos carreteros de todo el país. En Jalisco se contabilizaron cuando menos cuatro en importantes vías. Ante este fenómeno, sorprendió la respuesta del gobierno federal: La Secretaría de Gobernación, responsable de mantener el equilibrio en la política interna del país, acusó que “hay intereses políticos” detrás de las manifestaciones y afirmó, además, que no se justificaban los bloqueos.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ha mantenido el diálogo con todos los inconformes y entre líneas, condenó los bloqueos. 
Curiosamente, en diferentes espacios se aprobó que transportistas y productores agrícolas estaban plenamente justificados para realizar estas movilizaciones y bloquear carreteras porque sus demandas son justas.
Sorprenden argumentos como los de la presidenta Claudia Sheinbaum, al decir que las manifestaciones de apoyo y el aval que recibe al recorrer el país, le generan la confianza de que el gobierno está actuando correctamente, por lo que desacredita las voces de protesta que se presentan en diferentes espacios públicos.
Es normal que en su visión personal, por más informada que esté, la presidenta, igual que todos los que ocupan un poder ejecutivo, queden limitados.
Pero también es normal que ante la evidencia de las extorsiones, la inseguridad, el robo a transportistas y la reducción en los ingresos de los agricultores, unidos a la falta de acceso a la justicia y la impunidad, a amplios sectores sociales no les quede otra salida que manifestarse públicamente para obligar así a las autoridades a atender sus demandas.
Es curioso cómo una manifestación pública que se expresa en bloqueos y en la que están presentes diferentes grupos sociales, se presenta en el discurso oficial como una contienda de fuerza política. El gobierno federal pretende hacer ver que tiene la razón y quienes no están de acuerdo, carecen de ella.
Por otra parte, ¿cuál es el problema con que detrás de los agricultores o los transportistas, haya ideología de partidos? ¿Desde cuándo el derecho de protesta tiene que ser apartidista?
La presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un apoyo mayoritario. Es cierto. Las encuestas hablan de un porcentaje superior al 70 por ciento.
Pero las estadísticas de inseguridad y violencia, también muestran que la delincuencia es real y que los transportistas padecen más de 55 robos todos los días en las carreteras nacionales.
Que la presidenta sea aprobada y querida, no quiere decir que los problemas sociales desaparezcan. Y qué pobre actuación está teniendo la Secretaría de Gobernación, para atender a los inconformes y resolver problemas, en lugar de descalificarlos.

A los bloqueos, la negativa oficial

Este lunes 24 de noviembre puede convertir en la jornada de mayor caos vehicular no en una zona urbana del país, como la Ciudad de México o el Área Metropolitana de Guadalajara, sino en todas las ciudades del país. Los transportistas de carga y los productores agrícolas convocaron a un bloqueo nacional para protestar por la inseguridad en las carreteras y las condiciones comerciales del sector agrícola y pecuario del país.
El problema es grave. Los transportistas denuncian que si en 2024 en las carreteras del país se cometían en promedio 36 delitos diarios, esta cifra aumentó hasta 55 por día.
Los productores agrícolas se unieron a los transportistas a pesar de que los maiceros consiguieron por fin el apoyo del gobierno federal y gobierno estatales para que se incrementara el pago de la tonelada de grano, pero ahora actúan en solidaridad con los transportistas. A fin de cuentas, estos dos sectores productivos del país están íntimamente ligados.
Los bloqueos carreteros, ya lo experimentamos en el Área Metropolitana de Guadalajara, literalmente sofocan a la metrópoli. Además del caos vial y la parálisis, la última ocasión que esto ocurrió provocó pérdidas cercanas a 550 millones de pesos, según se estimó en el sector productivo.
Sin embargo, hay un problema de fondo que es reconocido incluso por las autoridades eclesiásticas. Ayer domingo, en su aparición semanal en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Guadalajara, cardenal Francisco Robles, les dio la razón a los transportistas que pretenden bloquear las carreteras: “sólo así les hacen caso”, fue su sentencia.
Es sintomático de este último tramo del año que la seguridad se ha vuelto a convertir en el máximo problema de las autoridades, tanto del gobierno federal como de los estados.
En Jalisco, consciente de que las carreteras han sido abandonadas por la Guardia Nacional desde que desapareció la Policía Federal de Caminos (y mire que no gozaban del mejor prestigio), y porque fue una demanda puntual durante las campañas políticas, el gobernador Pablo Lemus Navarro se comprometió a establecer una Policía Estatal de Caminos. Su característica es que no detendrán a nadie ni aplicarán sanciones viales. Pero eso sí, vigilarán las carreteras y auxiliarán a los transportistas y usuarios.
El punto es que el Presupuesto de Egresos del Estado contempla para el año entrante los montos para esta Policía Estatal de Caminos, pero los transportistas ya no pueden esperar.
Veremos de qué tamaño es el bloqueo.

Bloqueos carretero y caos, ¿por qué?

La segunda manifestación de la Generación Z no prendió. Después de una intensa semana que atestiguó una crisis política y de imagen oficial, ¿qué pasó con los jóvenes?
La presidenta Claudia Sheinbaum no se había visto sometida a tanta presión. Ha sido el momento más difícil que ha enfrentado en política interna, desde que está en el cargo. 
¿Pero qué ocurrió? ¿Dónde están los más de 31 millones de jóvenes mexicanos que habían empujado la Manifesta de la Generación Z el 15 de noviembre? 
Ayer, la segunda manifestación se desinfló. En la Ciudad de México no se reunieron ni siquiera 300 personas. En Guadalajara, los jóvenes ya no aparecieron; sólo unas pocas personas de la tercera edad acudieron al llamado en la Glorieta de los Desaparecidos. 
Muchos habían esperado que la realidad cambiara, gracias al empuje y la energía de los jóvenes que forman la cuarta parte de la población total en el país. Muchos esperaban también un cambio social profundo, una revolución de las juventudes que derribara el marasmo y la ingobernabilidad que ha marcado a México durante muchos años, permitiendo violencia, homicidios y desaparecidos. 
¿Será que los jóvenes mexicanos son revolucionarios de redes sociales y nada más? 
Los problemas son reales: vemos año tras año cómo crece el número de homicidios y de personas desaparecidas; cómo se mantiene la impunidad y la injusticia. Estamos atrapados en la polarización política y entre dos discursos, el de la “cuarta transformación” que declara que el país está mejorando y la oposición política, que señala los errores evidentes. 
No se puede esperar que los jóvenes hagan el cambio por sí solos; no es una responsabilidad totalmente suya, pero en esta época y en todas las anteriores, la juventud ha sido uno de los principales factores de protesta. El revulsivo indispensable. 
El gobierno federal debe haber aprendido la lección porque con Generación Z o sin ella, evidentemente no podemos seguir igual.

¿Entonces, qué pasó con la Generación Z?

La Manifestación de la Generación Z, en la versión de lo ocurrido en Guadalajara el 16 de noviembre, con hechos violentos y 40 personas detenidas, ha dado un giro inesperado. El gobernador Pablo Lemus asegura que al menos 17 de los detenidos vienen del Estado de México, que fueron pagados y que llegaron a nuestra ciudad en autobuses, de modo que recibirán tratamiento como delincuentes y podrían quedar presos entre tres y 10 años.
Los señalamientos del mandatario jalisciense son severos. De acuerdo con su versión, el interés de quienes enviaron a estos manifestantes violentos, fue distraer de lo que pasaba en la Ciudad de México. Lo que no comparte Pablo Lemus es quién o quiénes financiaron a estos manifestantes.
Mientras tanto, en la capital del país, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue en la polémica derivada de la manifestación, y a unas horas de enfrentar una nueva movilización convocada por la misma Generación Z.
Primero, aseguró que los manifestantes violentos en la Ciudad de México no tienen relación ni con su gobierno, ni con el Partido Morena que impulsa la “cuarta transformación” a la que asume como “su movimiento”.
Y ahora, ante los reclamos de quienes denuncian la detención de los jóvenes (algunos ya procesados por intento de homicidio), afirma que no hay persecución política contra ellos.
Ni siquiera el anuncio de la detención del autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo, pudo cambiar el interés mediático que se agudiza con lo que pueda pasar este 20 de noviembre, con una nueva manifestación de rechazo a la violencia.
En Jalisco, mientras tanto, al gobierno del Estado se le critica también porque varios de los detenidos no tuvieron ninguna relación con los manifestantes violentos. El tiempo corre y será el juez asignado al caso quien deberá determinar quiénes quedan libres y quiénes son responsables de haber recibido órdenes y dinero para venir a causar destrozos en Guadalajara.
De este conflicto, se obtienen algunas conclusiones. La primera es que por más que quieran minimizarla, la Marcha de la Generación Z sí expresa el hartazgo de la población ante la permanente violencia e inseguridad.
En segundo lugar, queda claro que hay movilizaciones políticas que están financiadas desde algunas posturas políticas secretas (¿ultraderecha?), o incluso desde el gobierno federal. Eso debe ventilarse y combatirse antes de que se convierta en un elemento más en el enrarecimiento de la vida pública en México.
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Manifestantes pagados desde la CDMX: Lemus

Desde el fin de semana se lanzó una segunda convocatoria para otra “Marcha de la Generación Z”. Como ocurrió con la primera, del pasado 15 de noviembre, no hay liderazgos visibles y por eso la convocatoria que circula en redes sociales es hasta cierto punto desconcertante, pero los datos son precisos: se convoca para mañana 20 de noviembre a una segunda marcha que partiría a las 11:00 de la mañana desde el Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
La discusión sobre el origen de esta movilización de protesta, señalada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como una manipulación de la oposición, de la derecha, de los “liderazgos violentos” de la llamada “Marea Rosa”, sólo ha alimentado la polarización. El discurso oficialista apunta que estas protestas carecen de origen genuino y se amplificaron mediante las redes sociales y el uso de bots.
Estos argumentos, junto con los que acusan al gobierno federal de haber infiltrado a los manifestantes violentos tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, se confrontarán durante muchos días más en las redes sociales y en los análisis, pero la segunda marcha convocada para mañana representa un peligro inminente que las autoridades deben mitigar.
Si llega a realizarse, esta nueva movilización coincidiría en la capital del país con el desfile militar del 20 de Noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, y los manifestantes estarían “invadiendo” el espacio de las Fuerzas Armadas. El riesgo es claro y si las cosas ya se salieron de control el sábado pasado, algo más grave podría ocurrir mañana.
Otro escenario posible es que la convocatoria caiga en el vacío y finalmente sólo sea una manifestación minúscula.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum cuenta con informantes y fuentes de inteligencia. Deben preveer si la movilización se consolida y si hay riesgos por el desfile militar y la coincidencia de las actividades de aniversario en el Zócalo capitalino.
De la primera marcha de la Generación Z se han dicho cantidad de cosas en una guerra de declaraciones: que no había suficientes jóvenes; que fue manipulada por la derecha o por el gobierno federal con la presencia de manifestantes violentos; que su finalidad era sólo desestabilizar y criticar a la administración de la presidenta Sheinbaum, y otros tantos apuntes, más extremos y virulentos.
Sin embargo, tanto en el gobierno federal como en los estados, si es que la convocatoria consigue generar movilizaciones fuera de la Ciudad de México, deben tener claro que con partidos políticos o sin ellos, es real el hartazgo por la inseguridad y la violencia.
Además, si hay nuevas manifestaciones, no pueden arriesgar que acaben otra vez en un choque con la autoridad, porque la imagen internacional de la administración de la presidenta Sheinbaum se ha deteriorado con estos sucesos.
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Segunda Marcha Z: peligro inminente

Después que el pasado sábado 15 de noviembre se desarrolló la denominada Marcha de la Generación Z, vimos escenas de violencia poco comunes en el Zócalo de la Ciudad de México y en el Centro Histórico de Guadalajara.
Lo que ocurrió ese día tiene múltiples explicaciones: Hubo personajes infiltrados. Jóvenes, violentos, seguramente pagados para hacer lo que hicieron, y que no son representativos de las personas que quisieron manifestar su repudio a la violencia, a la inseguridad, a la extorsión, a los desaparecidos y a los delitos que se viven todos los días en México.
La Marcha de la Generación Z careció muy probablemente de los jóvenes suficientes para llevar este mote, porque la mayoría de los manifestantes no tenían 35 años o menos; muchos de ellos eran militantes o simpatizantes del PAN o del PRI, o de Movimiento Ciudadano o de cualquier otro partido político. Pero eso no hizo menos legítima la movilización para reclamar por la violencia que vive el país.
Que muchos hayan pedido la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum o que sea adelantara la revocación de mandato, tampoco fue la causa principal de la movilización, así que el gobierno federal no puede desacreditarlos porque se hayan presentado demandas que pueden parecer mínimas o desubicadas.
Las lecturas y los análisis se han multiplicado. Hay algunos muy valiosos y otros que son redundantes. Lo que no puede dejarse de lado, es que ni en Jalisco ni en el Zócalo de la capital, ni en ninguna otra ciudad donde hubo movilizaciones para protestar por la muerte de Carlos Manzo, o para pedir la renuncia de la presidenta, o para exigir que se adelante la revocación, o para renegar porque hay extorsiones y desaparición de personas o cualquier otro motivo… ninguna de las marchas o manifestaciones, puede ser minimizada o desacreditada.
El gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum puede claramente encontrar patrocinadores políticos sin calidad moral detrás de los manifestantes; puede denunciar que hay recursos de origen desconocido, pagando bots o campañas en las redes sociales; puede decir que fueron pocos los manifestantes y que no llenaron el Zócalo; puede añadir estos o más argumentos, pero no puede rechazar que hay millones de mexicanos desde el Norte, hasta el Sur, donde gobiernan morenistas, priístas, emecistas o panistas, que repudian la violencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un grave problema: Cuenta con una aprobación mayoritaria, porque mucha gente está a favor de sus expresiones, de su comportamiento o de su visión, pero ella y sus colaboradores y muchos gobernadores, si no es que todos, y una gran cantidad de alcaldes, si no es que todos también, están reprobados en la obligación legal que tienen de garantizarle seguridad a los mexicanos.
Es obvio que seguirán discutiendo desde la perspectiva política, que seguirán culpando a los enemigos político partidistas, o a los empresarios con una visión de derecha. Es obvio que seguirán negando, como acusan muchos, que la gente del “bloque negro”, los más violentos en las manifestaciones, fueron enviados por las 4 T o por el partido Morena o por el gobierno federal. Nada de eso se puede probar y la historia de México es muy abundante en especulaciones y en aseveraciones que nunca se convierten en pruebas reales.
Pero las movilizaciones contra la violencia del 15 de noviembre, sí están confrontando al gobierno de Claudia Sheinbaum contra la inconformidad y el enojo de millones de mexicanos.
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Después de la Marcha de la Generación Z

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

Ismael Ramírez

La familia generadora de salud y de enfermedad II

De manera intempestiva y aunque no estaba en el horizonte inmediato, ayer se avaló en el Senado la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Alejandro Gertz estaba nombrado hasta el año 2028 como titular de una fiscalía que bajo su cargo, ni fue autónoma, ni fue eficaz. La actual FGR se diseñó como una entidad que debía ser independiente de la presidencia de la república, para tomar decisiones que fortalecieran el combate a la delincuencia y sobre todo, que garantizara el acceso a la justicia. 
Sin embargo, el fiscal que hoy se va, decidió plegarse a los deseos del poderoso expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque en la actual administración federal mostró cierta autonomía, terminó también haciendo lo que más convenía para el estatus quo. 
Gertz Manero renuncia no porque esté cansado o porque haya decidido aceptar que otra persona debe atender las numerosas deficiencias en la FGR, sino porque le ofrecieron ser embajador en “un país amigo”. Acepta una beca, un retiro cómodo y pierde la oportunidad –que nunca aprovechó– para hacer de la Fiscalía una institución histórica que combatiera la enorme impunidad que persiste en México y que fuera el resguardo de los mexicanos ante el embate permanente de la delincuencia organizada y la inseguridad.
Pero a Gertz Manero lo perseguirá la historia. En Jalisco no se olvidará su papel como fiscal en el caso del Rancho Izaguirre, igual que en otros puntos del país será recordado por haber usado la fiscalía como una herramienta para beneficio de asuntos personales y herramienta de persecución contra los enemigos políticos.
En este momento no hay fiscal general en México. En el Senado de la república inicia el proceso para el registro y la posterior elección de quien deberá ser el protector de los derechos de los mexicanos frente a la comisión de delitos.
Por eso cabe la pregunta: ¿Es buena noticia que renuncie Alejandro Gertz?
Lo que viene a continuación es el acomodo de algún favorito de la presidencia y ya hay nombres sobre la mesa: Ernestina Godoy, Arturo Zaldívar o Félix Arturo Medina Padilla.
Los tres son cercanos al equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum. 
Cualquiera que llegue al cargo, enfrenta un escenario complicado en 2026: La FGR tendrá menos recursos económicos por los recortes que le aplicaron en la Cámara de Diputados al presupuesto.
Adicionalmente, la Fiscalía sigue siendo el espacio donde se acumulan las denuncias y las carpetas de investigación, mientras la percepción de que la inseguridad crece, se ve reflejada en los estudios del INEGI. 
Ese es el escenario que le espera al próximo titular de la Fiscalía y no, no son buenas nuevas.

Se va Gertz Manero: ¿buenas nuevas?