El cierre de 2025 traerá a los integrantes de la Cámara de Diputados y de la Senado de la República un pago considerable por concepto de dieta mensual, aguinaldo y otros apoyos legislativos.
En total, ambas cámaras canalizarán más de 208 millones de pesos para cubrir estos desembolsos.
¿Qué recibirá cada diputado?
Para los 500 diputados que conforman la Cámara baja, el monto a percibir por diciembre será de 304 048 pesos. Este monto se divide así:
•Dieta mensual: 82 052 pesos.
•Aguinaldo (equivalente a 40 días de dieta bruta): 147 438 pesos.
•Apoyos legislativos: 74 558 pesos, que incluyen fondos para asistencia legislativa y atención ciudadana.
Estos apoyos tienen como finalidad pagar a colaboradores y mantener las oficinas o casas de atención ciudadana que los diputados mantienen, físicas o virtuales, en sus estados de origen.
Para toda la Cámara de Diputados, el gasto total estimado en diciembre asciende a 152 millones de pesos.
¿Qué recibirán los senadores?
Por su parte, los 128 senadores recibirán en diciembre un paquete de ingresos por un monto de 384 700 pesos cada uno, sin contar beneficios adicionales. Este total considera:
•Aguinaldo (40 días): 253 000 pesos, libres de impuestos.
Adicionalmente, los senadores tienen acceso a otros apoyos como despensas, vales, apoyo para vehículos, primas vacacionales o quinquenales, seguros médicos, entre otros beneficios no incluidos en esa cifra base.
Para cubrir estos pagos de la Cámara Alta, el presupuesto asignado es de alrededor de 56.7 millones de pesos.
Aunque estos pagos están respaldados por la ley, muchos ciudadanos los cuestionan al considerar que representan un privilegio elevado, sobre todo en un contexto donde gran parte de la población percibe ingresos mucho menores.
Además, la crítica aumenta al revisar la productividad legislativa; de casi 2,940 iniciativas presentadas en la actual legislatura, apenas unas 109 han sido aprobadas, lo que representa cerca del 5% de éxito.
Este contraste, altos pagos y baja aprobación de leyes, alimenta el debate sobre si el gasto público en prestaciones legislativas está justificado.
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