Siete años

Durante siete años los mexicanos hemos sido testigos de un cambio de régimen que apenas comienza. No es fácil ni se avizora que de pronto todo fluya; tampoco ha sido perfecto, ni lo será, particularmente por las inercias y resistencias incluso dentro del mismo gobierno, pero sí hay claros signos de un cambio profundo en la determinación y en la forma de abordar con éxito (en unos rubros más que en otros y no en todos) los problemas y los rezagos que venimos padeciendo y enfrentando desde hace décadas, desde que tenemos memoria.

Hoy se cumplen esos siete años y visto lo visto hasta ahora, vamos por buen camino, sin que esto implique que en este corto periodo algunos de los que están en las esferas del poder o que estaban, se hayan desviado o hayan creído que las cosas podían seguir igual. Los rezagos más fuertes y difíciles de atajar, muy, son básicamente dos: seguridad y salud, básicos, fundamentales.

El sistema de salud fue abandonado por el gobierno federal desde el siglo pasado con intenciones privatizadoras; se le fue recortando presupuesto, se descuidó, se dejó en manos de cotos y grupos para que se sirvieran con la cuchara grande mientras los centros de salud, los hospitales y clínicas de los tres niveles se venían abajo: sucios, insuficientes, sin material, medicinas ni equipo; negligencia, prepotencia, burocracia.

El tamaño y la complejidad del sistema, las redes de corrupción, la renuencia a dejar el pingüe negocio de la compra de medicina, los boicots cotidianos (tráfico de influencias, sobreprecio, baja calidad), entre otros muchos aspectos, han impedido que se avance más rápido en la limpieza profunda del sistema, sin olvidar que, además de todo, hubo que enfrentar en condiciones muy precarias la pandemia de Covid-19.

Con todo, no se ha dejado de trabajar con medidas y acciones, algunas fracasadas como el Insabi, pero otras como las rutas de la salud que están en marcha para cubrir los rezagos tan grandes y extendidos que pareciera que no ceden.

Y en materia de seguridad, los problemas y realidades se arrastran también desde el siglo pasado. En los años ochenta se destapó la cloaca y, al paso del tiempo, lejos de disminuir, la operación del crimen organizado se incrementó con factores que han incidido en una especie de impulso criminal para su auge y desarrollo; me refiero sobre todo al sexenio de 2006 a 2012, cuando el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, operó en esa posición con total impunidad alentando a unos cárteles y combatiendo a otros. El resultado fue una guerra de la que sufrimos aún las consecuencias. García Luna fue encontrado culpable de todos los delitos que se le imputaron y paga su condena en Estados Unidos.

Nunca como en esos seis años surgieron grupos criminales, no sólo para el tráfico de drogas sino para otro tipo de delitos graves como la trata de personas, el secuestro y la extorsión; los homicidios asociados con el crimen organizado y las desapariciones experimentaron los números más altos con tendencias a la alza que tampoco ha sido fácil contener y revertir. Romper con esta escalada de crimen y violencia, que además continuó creciendo durante el sexenio de 2012 a 2018, tampoco ha sido nada fácil, no es una tarea concluida y falta.

Ambos problemas han sido reconocidos así en estos siete años y se ha trabajado con distintos programas y estrategias para avanzar en la mejora del sistema de salud, por un lado; y en el combate al crimen organizado, por el otro. Dicho sea de paso, la renuncia de Alejandro Gertz Manero, que no hizo absolutamente nada como fiscal general de la república, puede ser un signo de que, por fin, la Fiscalía operará intensamente para reducir los altísimos niveles de impunidad que conocemos. Tampoco será fácil pero algún día se tenía que empezar, ojalá ese día ya haya llegado. Aquí también faltan reformas en los marcos legales para un mejor desempeño, no sólo de la FGR, sino de las fiscalías de los estados.

¿Y en qué se ha avanzado? La disminución de la pobreza es uno de los datos más significativos, algo que no había sucedido nunca en México, al contrario. Venimos de experiencias críticas, de malos manejos, de desvío de recursos públicos, de decisiones para favorecer a unos cuantos, de medidas para proteger a capitalistas y no a la gente, mientras se usaba a las mayorías como carne de urna para mantenerla igual o peor en sus condiciones de vida.

Trece millones y medio de mexicanos menos en los estratos de la pobreza es una hazaña para haberla logrado en siete años. Y no sólo es que salieron de la pobreza ni debemos quedarnos sólo con el dato o la estadística (por cierto, reconocida por el Banco Mundial, por el FMI y por la CEPAL recientemente): 13.5 millones y medio de mexicanos y mexicanas de todas las edades comen mejor, más proteína animal específicamente, y eso empezará a repercutir en un mejor desarrollo de las niñas y los niños para su crecimiento, para su futuro. Salir de la pobreza implica abandonar esquemas asociados a esa condición como la desnutrición, la violencia intrafamiliar, la drogadicción, la delincuencia, la disfuncionalidad. Es empezar a avizorar que un futuro mejor es posible.

Lejos de conformarse con esto, hay que seguir avanzando para, primero, que se consolide y siga mejorando la nueva situación de estos 13.5 millones de mexicanos; y segundo, para que sean más y más y más mexicanos los que salgan de esa condición. Este logro abate también los niveles de desigualdad en nuestro país.

En esta misma línea destacan los planes de justicia para los pueblos originarios fuertemente anclados en la reforma constitucional que los reconoció como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se les han restituido tierras, se les ha garantizado el acceso al agua, se están protegiendo sus usos y costumbres ancestrales y patrimoniales y se les ha dotado de infraestructura básica para abatir rezagos también: yaquis, rarámuris, wixárikas, chinantecas, mazatecas, yoreme mayos, seris, mayas, lacandones, otomíes, amuzgos, chocholtecos, entre muchos otros.

¿Qué más?  Los ajustes administrativos para una mayor eficiencia y control del gasto público están dando resultados. Hasta ahora, no ha sido necesaria una reforma fiscal que no implica otra cosa más que nuevos impuestos o aumento en las tasas de los que ya tenemos. La recaudación fiscal ha aumentado en niveles históricos y es preciso continuar en la misma línea. De los países de la OCDE, México es uno de los que más ha incrementado la recaudación, cierto, pero sigue estando en los últimos lugares.

Hay otros datos y cifras que se podrían destacar como la Inversión Extranjera Directa que rompió récord recientemente con 41 mil millones de dólares; o el empleo según el último estudio del INEGI, cuyos indicadores en general se mantienen estables en comparación con el año anterior: la tasa de desocupación es de las más bajas del mundo: 2.6 % (hace un año era de 2.5 %). La población económicamente activa aumentó en un millón cien mil personas en el mismo lapso para ubicarse en 62.5 millones de personas y la tasa de informalidad (entre otros indicadores), se redujo de 55.7 a 54.1 por ciento.

También se han incrementado las ganancias del sector bancario (entre 14 y 16%); el índice de la Bolsa Mexicana de Valores continúa en el séptimo sitio en el mundo con una ganancia de 27 por ciento y falta hablar de la estabilidad de la moneda, reconocida también como una de las más estables en el planeta: el día de ayer la paridad era de 18.28 pesos por dólar.

No hay información de que las cúpulas empresariales se quejen del actual gobierno y eso es muy significativo; contrasta dramáticamente con otras épocas. Hoy podemos ver que la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial; con Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo y que se establecen trabajos coordinados con, por ejemplo, la Confederación de Cámaras Nacionales de gobierno, la Concanaco.

Hay mucha más información y datos para abrigar esperanzas de que se romperá definitivamente con los esquemas de corrupción de los gobiernos neoliberales aunque nunca, nunca se puede cantar victoria y hay que estar al alba de manera permanente, pero es cierto que en el sexenio anterior se empezaron a reducir los rezagos y los pendientes que se habían acumulado por décadas (incremento de 135% en términos reales de los salarios mínimos; por cierto, esta semana –podría ser hoy– se anunciará de cuánto será el aumento en 2026) y que ahora se continúa en la misma línea con retos inmensos que enfrentar y resolver como los que plantea el volátil y caprichoso vecino del norte y que hasta ahora se han sorteado con maestría.

Son siete años que contrastan como de la noche al día con los gobiernos anteriores y falta, siempre falta y con frecuencia se complica; aun así, estoy convencida de que es lo mejor que hemos tenido hasta ahora, en décadas.