La reforma al amparo que asfixia a los empresarios y fortalece la tiranía
La reciente reforma a la Ley de Amparo y el proyecto para modificar el control judicial sobre los bloqueos de cuentas bancarias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) representan uno de los golpes más severos a la seguridad jurídica de los empresarios en México. Lo que se está planteando no solo limita el acceso a mecanismos de defensa, sino que elimina prácticamente la posibilidad de que un ciudadano pueda desbloquear sus cuentas bancarias, aun cuando no exista una investigación sólida o una acusación formal en su contra.
La premisa que siempre se ha defendido es que el amparo debe ser un instrumento para proteger al ciudadano del abuso de autoridad. Sin embargo, con esta modificación el amparo deja de ser un medio efectivo para revertir actos arbitrarios y se convierte en un trámite sin fuerza legal, dejando en total vulnerabilidad a quienes se ven afectados por un congelamiento de cuentas.
Hasta ahora, el procedimiento para conseguir un desbloqueo implicaba pasos muy precisos: acudir con un juez federal, demostrar que el bloqueo fue realizado sin sustento formal, acreditar que no existían investigaciones previas ante la FGR y solicitar medidas cautelares para acceder a los recursos económicos necesarios para mantener la operación de las empresas. Con la reforma, estos pasos dejan de tener eficacia porque el juez queda limitado para otorgar suspensiones y para revisar a fondo la legalidad del acto.
Este escenario abre la puerta a un incremento de prácticas de corrupción institucional. Cuando el amparo deja de ser útil, la alternativa para muchos afectados termina convirtiéndose en negociaciones informales con autoridades que ahora tienen un poder desmedido para mantener congeladas cuentas durante meses o años. Al eliminar el contrapeso judicial, crece el riesgo de decisiones basadas en motivaciones políticas o económicas más que en fundamentos legales.
Además, se vulnera directamente el principio de presunción de inocencia. Un bloqueo de cuentas no solo paraliza económicamente a una persona; automáticamente la coloca como inculpado directo aun sin investigación formal. En los hechos, se impone un castigo anticipado sin juicio previo, etiquetando al empresario como responsable únicamente por una decisión administrativa.
La afectación para el sector empresarial será profunda. Al no poder acceder a sus propios recursos, muchos empresarios no podrán pagar nóminas, proveedores, impuestos ni operaciones básicas. Esto provocará el cierre de empresas, pérdida masiva de empleos y afectaciones en cadenas productivas completas. La estabilidad de miles de familias dependerá de decisiones discrecionales tomadas sin debido proceso.
Las consecuencias colaterales para el país pueden ser devastadoras. Ante la incertidumbre jurídica, el temor a investigaciones arbitrarias y la imposibilidad de defenderse mediante un amparo efectivo, muchos empresarios comenzarán a retirar sus capitales, trasladando sus inversiones a países donde sí exista seguridad jurídica. Esta no es una simple hipótesis: la propia comunidad empresarial ya ha encendido las alarmas.
Diversas organizaciones han documentado que numerosas empresas están evaluando cerrar, reubicar o reducir operaciones en México debido a la inseguridad, la incertidumbre jurídica y los cambios regulatorios. También se ha observado una disminución general en el número de empresas activas, acompañada de un deterioro significativo en la percepción económica por parte del sector productivo.
En paralelo, varias compañías han optado por cerrar operaciones en zonas de alta inseguridad mientras expanden sus negocios en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Este contraste muestra que lo que en México se abandona debido a la falta de Estado de derecho, en otros países se convierte en oportunidad de crecimiento y empleo.
Las empresas mexicanas también incrementaron su inversión en el extranjero durante 2024, destinando miles de millones de dólares fuera del país. Asimismo, la salida acelerada de capital del mercado de deuda mexicano, refleja que la confianza es frágil y que el capital se retira cuando percibe riesgo, arbitrariedad o cambios legales que atenten contra la certeza jurídica.
Cuando se combina este contexto con reformas que debilitan el amparo y fortalecen la capacidad del Estado para bloquear cuentas sin un control judicial efectivo, el mensaje a los inversionistas es claro: en México ya no solo es riesgoso operar por la inseguridad, ahora también es riesgoso tener el dinero dentro del sistema financiero nacional.
Si el capital privado abandona el país, México enfrentará un quebranto económico severo. La inversión extranjera disminuirá, las empresas nacionales acelerarán su salida, se perderán empleos formales, se debilitarán los ingresos fiscales y la economía interna entrará en un ciclo de desaceleración. Con menos empresas operando y menos contribuyentes activos, al gobierno no le quedará más alternativa que recurrir a incrementos en los impuestos, particularmente el IVA, o crear nuevas cargas fiscales que terminen afectando directamente a la ciudadanía.
El efecto dominó sería inevitable: menos inversión, menos empleos, menor poder adquisitivo, incremento en el adeudo público, mayor inflación en la canasta básica y en servicios esenciales, y un aumento en la informalidad laboral. Un país sin inversión y sin productividad queda expuesto a una crisis profunda que impacta a todos los sectores, no solo al empresarial.
En lugar de fortalecer el Estado de derecho y dar certeza, estas reformas empujan al país hacia un modelo donde el miedo a la arbitrariedad pesa más que cualquier incentivo para producir y generar riqueza. El gobierno aumenta su margen de poder a costa de la justicia, del debido proceso y de la libertad económica, colocando a México al borde de un caos económico y social que, de consolidarse, será muy difícil revertir.
