En México hay verdades incómodas que muchos prefieren no mirar de frente, pero que se imponen con una fuerza brutal. La primera es ésta: en este país la autonomía constitucional es un chiste malo. Lo que hoy vemos con Alejandro Gertz Manero y con Ernestina Godoy lo confirma sin matices. México no tiene fiscales, tiene empleados del régimen. Aquí no se nombra a un fiscal para impartir justicia, sino para garantizar impunidad; esa es la regla, no la excepción.
La salida de Gertz no fue una renuncia, fue un castigo, pero no por sus abusos, omisiones o excesos de poder, que los tuvo y muchos, sino por algo mucho más grave para este gobierno: haber exhibido la podredumbre interna del sistema. Las filtraciones no fueron una “causa grave” para el país; fueron una causa grave para el poder. Lo corrieron porque mostró lo que no debía mostrarse, y lo premiaron con una embajada porque, en este gobierno, es más cómodo enviar lejos al que estorba, que investigar lo que reveló.
Porque seamos claros, las filtraciones son el verdadero escándalo. Las carpetas del Huachicol Fiscal, La Barredora y Rocha Cantú, exhiben lo que el gobierno federal intentó ocultar bajo llave, redes criminales, rutas de dinero, complicidades políticas y corrupción de alto nivel. Las revelaciones contienen nombres, movimientos, estructuras y la reacción en Palacio fue inmediata pero profundamente reveladora, no preguntaron qué decían las carpetas, sino quién las filtró. Prioridades invertidas, como siempre.
Y en ese contexto llega Ernestina Godoy, envuelta en la narrativa de transformación, pero cargando un historial que debería preocupar a cualquier demócrata. La misma Godoy que en 2017 denunciaba las “fiscalías carnales”, hoy encarna exactamente eso: llegó a la Fiscalía General como llegó a la Ciudad de México, con reformas hechas a la medida para saltarse la ley. No cumple el perfil de una fiscal independiente; cumple el perfil de una operadora política disciplinada.
Su historial es conocido y documentado. Persecución de opositores, espionaje ilegal, fabricación de expedientes y maquillaje de cifras; ese es el currículum de la nueva fiscal. Godoy no garantiza justicia, garantiza control y si así operó en la capital del país, imaginen lo que hará con todo el poder de la FGR. No llega a investigar al poder, sino a protegerlo.
El proceso actual no es más que otra simulación. La renuncia de Gertz fue irregular; la designación de Godoy lo será igual. Todo está diseñado como un traje a la medida. El Senado no revisó la legalidad de la renuncia, revisó cómo acomodar políticamente la sucesión. En este país la Fiscalía no es una institución, es un botín y cambia de dueño, pero nunca de vocación.
¿La consecuencia nacional? Sencilla y devastadora. Mientras los fiscales sigan siendo carnales, la justicia no va a llegar. Ganan Sheinbaum y la impunidad, pierde México. Y si no arreglamos la Fiscalía, la corrupción seguirá siendo política pública, financiada, normalizada y protegida desde el Estado.
Por eso el mensaje a la ciudadanía debe ser claro: un fiscal carnal no defiende al país, defiende a quien lo nombró. Cuando la Fiscalía encubre al poder, quien queda en estado de indefensión es el ciudadano, sin justicia real. Todo lo demás, seguridad, economía, paz, es un espejismo diseñado para administrar el descontento.
Hoy México necesita instituciones que controlen al poder, no que lo obedezcan. Hay que romper el ciclo de fiscales carnales si queremos un país donde la ley vuelva a significar algo. La justicia no puede seguir siendo cuota, premio o blindaje político, tiene que volver a ser justicia. Ese es el reto y también la urgencia.