Carlos Palacios

Como diputado federal por Morena y como jalisciense comprometido con la realidad de nuestro campo, hoy hablo desde la experiencia sobre un tema que nos preocupa y nos duele: La crisis del maíz y las injusticias que por décadas han enfrentado nuestros productores.
Lo digo con firmeza y convicción, ¡no será con bloqueos carreteros como se salvará el campo mexicano!, sino con acuerdos, diálogo y compromiso entre quienes formamos parte de esta cadena: los productores, las empresas harineras y los gobiernos. 
Desde la Cámara de Diputados he insistido en que los empresarios harineros deben asumir su responsabilidad histórica y comprometerse con un precio de garantía justo por tonelada de maíz. No se puede permitir que las enormes ganancias del sector industrial dependan de pagar el precio bajo a quienes realmente trabajan la tierra. 
La presidenta Claudia Sheinbaum lo expresó claramente, y coincido: “Necesitamos un acuerdo tripartita en el que participen empresas harineras, gobiernos estatales y gobierno federal”. Ya dimos pasos importantes con los productores del Bajío, ahora debemos avanzar en otros estados.
*El abandono neoliberal y la dependencia del maíz extranjero* 
La crisis actual no es casualidad, es consecuencia directa de un modelo que durante décadas abandonó al campo, desde el Tratado de Libre Comercio impulsado por Carlos Salinas de Gortari, abrieron las puertas de par en par a las importaciones de maíz, bajo la idea engañosa de que comprarlo barato a Estados Unidos sería suficiente para sostener nuestra producción ¡y no lo fue! 
Nunca se tomó en cuenta que los agricultores estadounidenses compiten con subsidios multimillonarios, mientras que nuestros productores fueron dejados a su suerte. 
Hoy los resultados son claros y dolorosos: México, cuna del maíz, es uno de los países que más importa en el mundo. Tan solo en los primeros nueve meses de 2025 ingresaron más de 19.4 millones de toneladas, incrementó 6.6% respecto al año anterior. Y se estima que al cierre del año podríamos llegar a 24.7 millones de toneladas importadas. 
Es absurdo que, siendo el maíz nuestra herencia más profunda, hoy dependamos del extranjero para abastecernos. 
Si queremos revertir esta tendencia, las empresas deben comprometerse y no pueden seguir supeditando sus ganancias únicamente al bajo precio internacional del grano. 
Les pido responsabilidad, visión de largo plazo y compromiso con México. La autosuficiencia alimentaria no es un discurso, es un objetivo estratégico para nuestra soberanía.
*El camino es el diálogo, no el conflicto* 
Entiendo el enojo y la desesperación de los productores, el precio del maíz está por los suelos, y aunque desde el sexenio pasado se buscó establecer un precio de garantía más justo, los recursos federales no han sido suficientes. Pero bloquear carreteras no es el camino, no es la solución. Lo que necesitamos es construir puentes entre los sectores, no romperlos, es momento de dialogar y alcanzar un acuerdo que permita sacar adelante al campo mexicano. Los productores lo necesitan, y el país entero lo necesita. 
Porque defender el maíz es defender a México.

No será con bloqueos como salvaremos al campo, sino con diálogo

En Jalisco, la Cuarta Transformación avanza sin titubeos, llevando bienestar real y palpable a donde antes solo llegaban las promesas. Hoy, gracias al Programa de Abasto Social de Leche encabezado por el Mtro. Antonio Talamantes, director general de Leche para el Bienestar, más de 246 mil jaliscienses —niñas, niños, adultos mayores y familias trabajadoras— reciben leche fortificada a precios verdaderamente justos.
Este acto, sencillo pero profundo, confirma que cuando el Estado está del lado del pueblo, la justicia social deja de ser discurso y se convierte en realidad cotidiana.
Mientras en el pasado unos cuantos se enriquecían a costa de las necesidades del pueblo, hoy la 4T demuestra que la alimentación digna es un derecho, no un negocio.
Eso es el Estado al servicio del pueblo, no de intereses privados.
Durante décadas, los intermediarios y comercializadoras impusieron precios abusivos, condenando a miles de familias a productos caros y de mala calidad. Eso se acabó.
Con la Cuarta Transformación recuperamos la rectoría del abasto social y pusimos orden donde antes reinaba la especulación.
Hoy la leche llega a las colonias, ejidos y comunidades de Jalisco sin abusos, sin coyotes y sin privilegios, porque primero el pueblo, siempre el pueblo.
En Jalisco:
•58.7% de los beneficiarios recibe su apoyo mediante esquemas comunitarios.
•41.3% lo recibe a través de otras modalidades que amplían la cobertura.
Además, 13 convenios con actores sociales y comunitarios permiten operar ocho unidades en todo el Estado, fortaleciendo la organización popular y los principios de la 4T: territorio, comunidad, participación y bienestar.
Precios justos para combatir la desigualdad
Mientras el mercado especula, el gobierno de México garantiza precios accesibles que protegen la economía familiar:
•3 municipios reciben leche a $4.50 por litro.
•84 municipios la reciben a $7.50 por litro, muy por debajo del precio comercial.
Esto no es caridad: es justicia. Es la prueba de que un gobierno honesto puede desmontar las viejas prácticas que condenaban a los más pobres a alimentos de menor calidad o precios inalcanzables.
La leche fortificada no solo nutre cuerpos: nutre dignidad.
Bienestar para las familias y apoyo real al campo
La política de bienestar de la 4T es integral: no solo se garantiza el acceso a alimentos nutritivos, sino que se impulsa la producción nacional a través del acopio a precio de garantía para pequeños y medianos productores.
Aquí reconocemos la labor de un jalisciense de primera, Víctor Hugo Pérez Pelayo, gerente nacional de Abasto Social, quien ha consolidado el programa y lo ha llevado a más productores día a día.
Así se fortalece el campo jalisciense, se termina con la dependencia del extranjero y se construye soberanía alimentaria, uno de los pilares de nuestro proyecto de nación.
La visión es clara: Un México donde la alimentación sana, nutritiva y suficiente sea un derecho garantizado por el Estado y no un privilegio reservado para unos cuantos.
Pronto nos veremos en su colonia, delegación o municipio para seguir avanzando juntos, acompañando la labor de Leche para el Bienestar e instalando más lecherías para el pueblo.
La transformación no se detiene, porque el pueblo de Jalisco está más vivo, más fuerte y más organizado que nunca. ¡La transformación se construye desde abajo y con la gente!

La transformación llega a las mesas de Jalisco: la Leche para el Bienestar es pueblo organizado, gobierno presente y justicia social

La semana pasada inicié un texto que nació a partir de una tragedia personal y colectiva. La muerte de Carlos Manzo, como tantos otros asesinatos ligados a la violencia criminal, volvió a abrir heridas en mi propia historia familiar. No lo había compartido públicamente, pero tuve un primo hermano que fue alcalde de Ocampo, Durango: Luis Carlos Ramírez, en los años del sexenio de Felipe Calderón. Él también decidió enfrentar a los grupos criminales y lo mataron brutalmente: más de 150 balazos en un pequeño poblado, sin cámaras, sin escándalos, sin la indignación nacional que hoy vimos con el caso de Carlos Manzo. Ninguno de los dos crímenes puede ser menos grave que los otros tantos.
Es una tragedia para su familia, para el pueblo y para todo un país que parece acostumbrarse a contar muertos. 
El asesinato de Carlos Manzo detonó, además, un movimiento mediático enorme. Hay quienes vemos detrás de ello una campaña, una intención política, quizá. Pero más allá de las interpretaciones, el tema de fondo sigue siendo el mismo: Vivimos dentro de una espiral de violencia que ningún gobierno —ni los de antes— ha logrado frenar por completo, y explico por qué. 
Quiero centrarme en lo siguiente: La corresponsabilidad ciudadana, ese factor incómodo del que casi nadie quiere hablar. 
Consumimos lo que nos mata. 
En mi familia tomamos una decisión desde hace años: No consumir nada relacionado con la narcocultura. Ni narcocorridos, ni conciertos, ni series, ni contenidos que romantizan a criminales. Porque cada reproducción, cada boleto comprado, cada vista en YouTube, sigue alimentando una industria que glorifica a quienes asesinan policías, alcaldes, jóvenes, mujeres y agentes públicos. 
Pareciera un acto mínimo, incluso insignificante. Pero es un acto ético. 
Mientras algunos creemos que escuchar narcocorridos “nos hace daño”, hay miles de personas abarrotando palenques para ver a artistas cuyo discurso normaliza la vida criminal. La semana pasada multaron a un cantante porque llenó el palenque en nuestra ciudad. “Junior H” ni siquiera tiene que mover un dedo: Sus fans consumen y celebran sus corridos como si fueran himnos de rebeldía. 
Y más absurdo aún: En pleno evento, alguien del público le entrega 800 mil pesos a un integrante de “Grupo Firme” para que cante un corrido dedicado a un criminal… 
No son casos aislados. Lo mismo pasó con el grupo “Los alegres del barranco”, que tocó en el famoso evento del Auditorio Telmex. Y lo realmente preocupante no es solo la acción de los artistas, sino la multitud celebrando, coreando, idolatrando la estética del narco. 
La violencia no se entiende sin vernos al espejo. 
Es fácil señalar a los gobiernos, a los partidos, a los presidentes. Y sí, tienen responsabilidad. Todas las administraciones deben en garantizar seguridad. Pero mientras como sociedad sigamos alimentando la industria de la narcocultura —legal y pirata—, mientras sigamos justificando que “sólo es música”, mientras sigamos celebrando símbolos criminales, la violencia seguirá encontrando un terreno fértil para crecer. 
No lo queremos aceptar, pero la impunidad cultural también mata. 
Porque cada vez que normalizamos al narco, enviamos un mensaje: En México, ser criminal puede ser motivo de fama, dinero, reconocimiento social. Y eso es combustible puro para una generación de jóvenes que no ve futuro en otra cosa que no sea esa estética de poder fácil. 
O entendemos la corresponsabilidad, o seguimos contando nuestros muertos. 
La violencia no desaparecerá por decreto. No habrá reforma, ni Guardia Nacional, ni estrategia que funcione si seguimos consumiendo aquello que glorifica a quienes destruyen comunidades enteras. 
Mientras no nos caiga el chip de que también somos parte del problema, seguirán asesinando policías, alcaldes, funcionarios, jóvenes, mujeres. Seguirán desapareciendo muchachos. Seguirán creciendo los cárteles, sus marcas, sus himnos y su presencia en la vida cotidiana. 
La corresponsabilidad empieza en cosas tan simples como elegir qué reproducimos, qué celebramos, qué compramos y qué dejamos pasar. 
Y quizá parezca poco, pero es el primer paso para dejar de normalizar lo que nos está matando. 
P.D.: A 16 años de tu partida, un abrazo con cariño a toda la familia. DEP Luis Carlos Ramírez.

La corresponsabilidad que no queremos ver

Desde el corazón del Distrito 11, del otro lado de la Calzada, “de la calzada para acá”, en esta plazoleta de la ex penal de Oblatos, conocida como 18 de Marzo, donde se confinaba al pueblo y donde se intentó apagar la esperanza, nos reunimos para hablar de trabajo, pero también de libertad, de justicia y sobre todo, de una transformación que más temprano que tarde estará en Guadalajara y en todo Jalisco.
La Cuarta Transformación se construye desde las calles, desde los barrios donde vive la gente trabajadora y, por supuesto, desde el Oriente tapatío, donde la dignidad resiste y la esperanza nunca se rinde.
El poder puede estar del lado de la gente, y así lo hemos demostrado con cada voto, cada posicionamiento y cada decisión que hemos tomado en la Cámara de Diputados. Se puede ejercer el poder sin robar, sin traicionar y sin olvidar de dónde se viene.
Ese es el ejemplo que seguimos. Esa es la raíz de nuestra causa.
Hoy rindo cuentas de un año de trabajo para refrendar la confianza explicando qué hicimos y entregando buenas cuentas.
Fue un año dedicado a construir el segundo piso de la transformación de nuestro país, porque queremos que la Cuarta Transformación llegue al Oriente, al Poniente y a toda la ciudad, y que llegue completa.
Por el bien de todas y todos, Guadalajara debe ser una sola: sin divisiones y sin desigualdad entre quienes viven de un lado y del otro de la Calzada.
Esta es la esencia de mi compromiso: trabajar con el pueblo, transformar de raíz y hacerlo con congruencia.
En este primer año legislativo hemos demostrado que la política tiene sentido solo cuando se hace con la gente y para la gente.
Durante el primer año de la Legislatura, la Cámara de Diputados sostuvo un trabajo legislativo intenso y productivo. Se celebraron 78 sesiones ordinarias, 6 extraordinarias y 8 solemnes, en las que se analizaron más de dos mil iniciativas y se aprobaron 30 de las 36 minutas recibidas. En total, se avalaron 89 iniciativas, 20 reformas constitucionales y 31 reformas a leyes secundarias que fortalecen los derechos sociales, la justicia, la transparencia y la soberanía nacional.
 Con ello, la Cámara de Diputados reafirmó su papel como el poder del pueblo: un espacio de diálogo, trabajo y resultados, donde la Cuarta Transformación se traduce en leyes que garantizan bienestar, igualdad y justicia para todas y todos
La convicción que me mueve es cumplir lo que prometo, proteger y dar certeza, acompañar y escuchar, porque el poder no vale si no mejora la vida de los demás.
La transformación sigue avanzando y el trabajo que realizamos, acompañando el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, es el que hoy hace posible que regrese la justicia social.
Hoy, un millón ochocientos ochenta mil jaliscienses reciben apoyos directos de los Programas de Bienestar:
&#8211;          Más de novecientos mil adultos mayores con pensión universal.
&#8211;          Cuarenta y seis mil personas con discapacidad, con apoyo permanente.
&#8211;          Casi trescientas mil becas para estudiantes.
&#8211;          Cincuenta y seis mil productores del campo con respaldo a la producción.
Esto se logró gracias al presupuesto social que aprobamos desde la Cámara de Diputados –por cierto, aprobamos el presupuesto más grande de la historia– y con la reforma fundamental que eleva a rango constitucional los Programas de Bienestar, para asegurar su permanencia como derechos sociales. Le hemos dado la justa dimensión que debe tener el presupuesto federal bajo la premisa de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Un año en la Cámara, por la transformación

El tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos hacia México es una tragedia que se repite cada día y que, a pesar de los acuerdos y los discursos diplomáticos, sigue cobrando vidas inocentes. Tan solo en el Área Metropolitana de Guadalajara, todos los días nos enteramos de algún suceso o tragedia que está ligada directamente con el ingreso ilegal de armas a México desde los Estados Unidos. 
No se trata solo de estadísticas: detrás de cada rifle o pistola que cruza la frontera, hay una familia destruida, una comunidad aterrorizada y un Estado que enfrenta a la delincuencia con armas que, paradójicamente, vienen del país con el que compartimos el mayor lazo comercial y político del Continente.
Desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, junto con el senador Emmanuel Reyes Carmona, presentamos un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite al gobierno de los Estados Unidos un informe pormenorizado sobre las medidas, acciones y resultados que ha emprendido para reducir el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos hacia territorio mexicano.
No basta con buenas intenciones ni con firmar acuerdos que luego se diluyen en la burocracia. El Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, firmado y promovido por el entonces canciller Marcelo Ebrard en 2021, prometía una cooperación efectiva entre ambos países. Sin embargo, hoy los resultados son mínimos y la violencia derivada de este flujo ilegal de armas sigue creciendo.
De acuerdo con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el 74% de las armas recuperadas en México provienen de Estados Unidos, principalmente de Texas, Arizona y California. Entre 2017 y 2023, nuestro país ha rastreado más de 148 mil armas de ese origen. México ha cumplido su parte: ha identificado rutas, tipos de armamento y zonas de riesgo. Ahora corresponde a Estados Unidos demostrar con hechos su compromiso.
Queremos saber cuántas armerías han sido supervisadas, cuántas licencias se han revocado, cuántos traficantes han sido procesados y cuántos puntos de venta han cerrado. La rendición de cuentas no es una exigencia diplomática: es un deber moral y una responsabilidad compartida.
La seguridad de México no puede depender de la omisión del vecino del Norte. Mientras allá se proteja la venta irrestricta de armas bajo el argumento de la libertad individual, aquí se multiplican los muertos. Y para ser mas explícitos, exigimos saber qué armería y traficante vendió el R15 con el que fue asesinada en Balcones de Oblatos, Karla, hace unos meses; de qué armería llegaron las armas con las que asesinaron a una familia completa en un taller de Guadalajara.
El combate al tráfico de armas exige transparencia, cooperación y voluntad política. México está cumpliendo. Ahora es momento de que Estados Unidos también lo haga.

El tráfico de armas: una deuda pendiente con México

En el Congreso de la Unión, no todos los votos pesan igual. Hay decisiones que marcan el rumbo de un país, y la aprobación del paquete de reformas en materia de ingresos para 2026 fue una de ellas. Voté a favor de la propuesta que nos envió la presidenta Claudia Sheimbaum, porque estoy convencido de que México necesita una política fiscal con rumbo, con responsabilidad y, sobre todo, con rostro humano.
Mientras la oposición intenta sembrar miedo con discursos de endeudamiento o crisis, la realidad es clara: el país proyecta ingresos por 10.19 billones de pesos, casi 900 mil millones más que el año anterior, sin crear nuevos impuestos ni aumentar el IVA o el ISR. Esa es la diferencia entre gobernar con visión y simplemente criticar desde la comodidad de la oposición.
Estas reformas no nacen del capricho, sino de fundamentos sólidos: estabilidad cambiaria, control inflacionario y un manejo prudente del endeudamiento público. En 2026, el déficit se reducirá al 4.1% del PIB, muy por debajo del 5.7% de 2024. Eso no es endeudamiento irresponsable, es disciplina fiscal.
Además, el paquete fortalece el combate a los fraudes fiscales y al comercio ilegal de hidrocarburos, prácticas que tanto daño le han hecho al país –como ya lo he dicho, la lucha contra la corrupcion va en serio–. Por cada empresa fantasma que se elimina, se recuperan recursos que se traducen en escuelas, hospitales, becas y caminos. No se trata solo de números, sino de justicia fiscal. 
Pero esta reforma también tiene corazón. Por primera vez, se establece tasa cero para productos de higiene menstrual, una medida que atiende una demanda histórica de las mujeres mexicanas y que avanza hacia la equidad real. Igualmente, se desincentiva el consumo de bebidas azucaradas y tabaco, apostando por la salud pública y no por la recaudación fácil.
El paquete de ingresos también simplifica obligaciones fiscales para las pequeñas empresas, promueve la repatriación de capitales y fortalece las participaciones federales hacia estados y municipios. Es decir, más recursos donde realmente se necesitan. 
En política, hay decisiones que se toman mirando los titulares del día siguiente, y otras pensando en el país que queremos dejar a nuestros hijos. Esta fue una de esas segundas. Con responsabilidad y visión, votamos por un México que avanza con estabilidad, equidad y certidumbre.
Hoy reafirmo mi voto con orgullo y el de toda la bancada del movimiento transformador, porque aprobar este paquete no fue un acto partidista, sino patriótico. Apostamos por un Estado fuerte, justo y moderno. Y en tiempos de confusión, eso también es un acto de valentía. 
¡Por el bien de todos, por el futuro de México!

Una política fiscal con rumbo y con rostro humano

La semana que termina, en la Cámara de Diputados aprobamos una reforma que puede transformar de raíz el sistema jurídico mexicano. Se trata de modificaciones a tres pilares fundamentales: la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Más allá de su complejidad técnica, el dictamen encierra una convicción profunda: convertir la justicia en un derecho real y accesible para todas y todos los mexicanos.
La iniciativa, impulsada por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, pretende dejar atrás un modelo judicial burocrático, elitista y costoso. En su lugar, propone una justicia moderna, digital y con sentido social. Por primera vez, el juicio de amparo digital será una realidad: expedientes electrónicos, notificaciones en línea y trámites digitales con plena validez jurídica. Este cambio no solo reducirá tiempos y costos, sino que también aumentará la transparencia y la confianza en el Poder Judicial. 
Modernizar el amparo es, en el fondo, democratizar la justicia. Durante décadas, la defensa de los derechos fundamentales ha sido un terreno reservado para quienes podían pagar litigios largos y complicados. Con esta reforma, la tecnología se convierte en una herramienta de igualdad.
Otro punto crucial es la redefinición del interés legítimo. Sólo podrán promover el amparo quienes sufran una afectación real, individual o colectiva. Se acaban los abusos de quienes usaban esta figura para frenar políticas públicas o defender privilegios particulares. A la vez, se abre la puerta para que colectivos sociales y comunidades defiendan sus derechos de manera efectiva. 
La reforma también combate la dilación procesal. Los jueces tendrán mayores facultades para desechar recursos improcedentes y evitar tácticas dilatorias. Además, se amplía el plazo para dictar sentencia, con el propósito de garantizar resoluciones mejor fundamentadas y más justas.
En materia de medidas cautelares, se priorizará el interés social y el orden público, evitando que el amparo se utilice para proteger actos ilegales o recursos ilícitos. En el ámbito fiscal y administrativo, se cerrarán los espacios para litigios repetitivos e improcedentes, fortaleciendo la certeza jurídica y la eficiencia del Estado. 
Esta no es una reforma meramente técnica: es una reforma de justicia social. Una justicia más rápida, más clara y más humana. Si cumple lo que promete, marcará un paso decisivo hacia un México donde la justicia deje de ser privilegio… y se convierta, por fin, en un derecho al servicio del pueblo.

La justicia deja de ser un privilegio

El martes pasado participé en tribuna en el debate de la Ley Aduanera, previo a su aprobación. Esta histórica propuesta, enviada por la presidenta a la Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de Hacienda, de la cual formo parte, marca un hito en la lucha contra la corrupción. En mi participación señalé diversos puntos, destacando la decisión que representa un antes y un después en este combate. Durante décadas, las aduanas han sido símbolo de corrupción, evasión fiscal, contrabando y subvaluación.
En relación con el contrabando y la subvaluación de mercancías no nacionales —recordemos que la subvaluación consiste en reportar menos mercancía de la que realmente ingresa para pagar menos impuestos—, también está el llamado “huachicol fiscal”. Esto ocurre cuando se ingresan millones de litros de gasolina al país, declarados bajo categorías de menor tributación, como aceites o lubricantes, con el mismo propósito de evadir impuestos.
Desde los años 80 se permitió y encubrió la subvaluación fiscal, especialmente de productos provenientes de China, lo que afectó los negocios de millones de familias mexicanas. Esta práctica casi acabó con la industria del calzado en el país. ¿Acaso hemos olvidado la zona zapatera de Guadalajara? ¿Y qué decir de las fábricas familiares de nuestra ciudad o de la industria textil, que sigue resistiendo con dificultad? No olvidemos que también se practicaba el “huachicol” con azúcar, leche, acero y juguetes chinos, afectando gravemente a nuestra industria del juguete mexicano, ¡de la que fuimos referente mundial!
Hoy se está luchando contra la corrupción aduanera desde su raíz, sin importar de dónde provenga. ¿Conocemos casos de altos mandos de aduanas investigados, detenidos o procesados por corrupción durante los sexenios de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o Peña Nieto? Los partidos que se han opuesto a esta reforma —PRI, PAN y MC— temen perder el control sobre las 50 aduanas del país, donde durante años se construyeron redes de complicidad, impunidad y enriquecimiento ilícito.
Sostengo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado valentía y determinación al enfrentar uno de los focos más antiguos de corrupción en México, con la convicción de que sin honestidad no hay transformación posible. 
Para concluir, la reforma aduanera, que va de la mano del Plan México presentado por la presidenta y coordinado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tiene como objetivo fortalecer el mercado mexicano, eficientar la recaudación, garantizar el pago justo de impuestos por las mercancías que ingresan al país, evitar el contrabando y fomentar la generación de empleos. Esta no es una reforma técnica más; es una reforma ética.
Por el bien del país, por el bien de todos y por el futuro de México.

Histórica decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción en las aduanas

Ismael Ramírez

Los padres y madres necesitan un cariño especial y respeto por los hijos

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

En México existe un Cártel del Agua y no está formado por criminales en la sierra, sino por políticos del PAN, expresidentes, empresarios y grandes corporaciones que durante décadas han lucrado y se enriquecieron con el recurso más sagrado para la vida: el agua del pueblo.
Desde la tribuna, y desde mi convicción profunda, afirmo que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales no sólo es urgente, sino que es ¡una obligación moral! Porque mientras millones de familias en todo el país y en Jalisco viven con tandeos, tinacos vacíos y pozos agotados, un puñado de privilegiados se habían estado apropiando del agua como si fuera un negocio familiar del viejo régimen.
Según la UAM, apenas 1% de los usuarios acapara más de una quinta parte del agua concesionada en México, casualmente los nombres coinciden con los apellidos del poder económico: Claudio X. González, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea, con sus corporativos como Kimberly Clark, Banco Azteca, FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala y las mineras de Grupo México.
Mientras ellos extraen millones de metros cúbicos de acuíferos sobreexplotados, el pueblo recibe migajas. Eso no es desarrollo, ¡es saqueo legalizado!
Coincido, Vicente Fox Quesada es uno de los mayores acaparadores de agua del país. Su familia actualmente acumula 18 concesiones que suman más de 2.1 millones de metros cúbicos. Se suman otros panistas que han hecho del agua un patrimonio familiar; muchas de esas concesiones se otorgaron justo cuando Fox ascendía políticamente. Marko Cortés, con permisos vigentes hasta 2047 en Jalisco; Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato e Ignacio Loyola Vera, de Querétaro.
Todos ellos forman parte de lo que dentro de Conagua ya se conoce como el “Cártel del Agua”. La reforma que aprobamos no busca perseguir empresarios, ni castigar a productores, ni asfixiar inversiones, lo que se busca es poner fin al acaparamiento, garantizar el agua como derecho humano, y que las concesiones se otorguen con criterios de justicia. Los mismos que hoy gritan “autoritarismo” son quienes por años se beneficiaron de un sistema hecho a su medida. Lo que les duele no es la reforma, lo que les duele ¡es perder privilegios!
Como legislador jalisciense y como mexicano, lo digo con toda firmeza: ¡No vamos a permitir que el agua siga siendo el botín de unos cuantos! ¡No vamos a permitir que siga financiando los negocios de quienes siempre han vivido del presupuesto, del tráfico de influencias y del abuso!
Los privilegios del viejo régimen se acabaron. 
El agua vuelve a donde siempre debió estar: al pueblo de México. 
Por el bien de todos, el camino de México es el segundo piso de la transformación.

El “Cártel del Agua” existe y está formado por los mismos de siempre