Staff quiero tv

Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo para resolver tensiones pendientes en torno al suministro de agua de la cuenca del río Bravo (conocido como río Grande en Estados Unidos), en el marco del Tratado sobre Aguas Internacionales de 1944.
El entendimiento, resultado de un trabajo técnico y político sostenido, establece un plan para la gestión ordenada del recurso hídrico en un contexto de sequía extrema que afecta la región fronteriza desde hace años. Como parte del acuerdo, México se comprometió a entregar un mínimo de 431.7 millones de metros cúbicos de agua al año, con el propósito de proporcionar certidumbre a productores agrícolas y comunidades rurales en el valle del bajo río Grande, donde el caudal transfronterizo es vital para la agricultura y el abastecimiento.
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El anuncio fue realizado por los Departamentos de Estado y de Agricultura de Estados Unidos. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, calificó el plan como “histórico”, al fortalecer la aplicación del Tratado de 1944 y generar resultados concretos. Destacó que incluye entregas mínimas garantizadas —alrededor de 431.7 millones de metros cúbicos anuales— y un mecanismo de coordinación mensual entre las agencias hídricas de ambos países, lo que aporta mayor transparencia y predictibilidad a la distribución del recurso.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el acuerdo no representa riesgo de desabasto para entidades como Nuevo León, y señaló que la región con mayores presiones hídricas continúa siendo Tamaulipas. Subrayó que su administración impulsa una inversión histórica en la tecnificación del riego agrícola.
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Las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura, Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que el plan técnico establece una ruta clara y previsible frente a la sequía extrema, incorpora infraestructura hidráulica y acciones de adaptación de largo plazo, y prioriza el derecho humano al agua y a la alimentación.
El consumo anual de agua acordado podría abastecer a alrededor de ocho millones de personas en Estados Unidos. El mecanismo busca evitar la acumulación de adeudos y mitigar déficits en ciclos futuros, sin eliminar las tensiones históricas derivadas de la sequía prolongada que ha afectado presas clave en el norte de México, como La Boquilla y El Granero.
El Tratado de 1944, uno de los instrumentos binacionales más antiguos entre ambos países, regula el reparto de las aguas de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, y ha sido fuente de fricciones periódicas por más de ocho décadas, agravadas recientemente por la sequía extrema y demandas agrícolas en ambos lados de la frontera.

México y Estados Unidos alcanzan acuerdo para la gestión de agua en el río Bravo

DE RUEDA DE PRENSA A MITIN PETISTA
Ante el escándalo que ha generado la noticia de que el diputado estatal del Partido del Trabajo (PT) Leonardo Almaguer, fue detenido por delitos como robo a mano armada y delincuencia organizada en hechos ocurridos en el año 2004, ayer el delegado del partido en Jalisco y también diputado federal, José Luis Sánchez, aprovechó el tema para lograr sus cinco minutos de fama: convocaron a una rueda de prensa en el patio del Congreso del Estado en la que supuestamente estaría presente el diputado Almaguer, pero nunca llegó. En su lugar, el diputado Sánchez armó un mitin con simpatizantes y rechazó las responsabilidades del diputado local. Acusó a los periodistas presentes que le exigían respuestas y no discursos incendiarios, asegurando que eran enviados del partido Movimiento Ciudadano y se dio gusto lanzando acusaciones absurdas como que hay tres mil cuerpos sin identificar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Todo un espectáculo que además, se montó en el Congreso del Estado, del que ni siquiera forma parte.
QUE NO VA A DEJAR EL CARGO
Lo que sí quedó claro es que el diputado Leonardo Almaguer seguirá meditando si se presenta públicamente para responder porqué participó en robos a camiones de transporte de cerveza y si comprobó, como presumió José Luis Sánchez, que no cuenta con antecedentes penales, antes de registrarse como candidato a diputado en las elecciones de 2024. Y aunque el coordinador de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, pidió que dé explicaciones públicas, lo único que se ha obtenido es la advertencia de que no dejará su escaño como legislador estatal. El escándalo, mientras tanto, sigue escalando, porque varias dirigencias partidistas en el Estado reclaman por la presencia de Almaguer como integrante del Congreso.
DENUNCIA CAMPAÑA EN SU CONTRA
En otro asunto, el senador Carlos Lomelí Bolaños, denunció que es objeto de una campaña de falsas acusaciones, financiada con recursos de origen desconocido, en las redes sociales. Donde se difunde que él promueve la revocación de mandato contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, porque éste se pronunció contra la reforma de infancias trans, para que los menores de edad puedan cambiar su nombre y género en el acta de nacimiento. El senador subraya que sí promueve la revocación, pero por las acciones de gobierno de Lemus Navarro, y no porque tenga una postura personal en la reforma de infancias trans; afirma que se trata de una campaña de desprestigio que incide en las personas conservadoras.

Mi pecho no es bodega

Jonás

Después de la traumática experiencia que nos dejó la pandemia del Covid-19 entre los años 2020 y 2023, es natural que la sociedad esté mucho más sensible ante los brotes de enfermedades contagiosas. Es lo que acontece actualmente con el brote de sarampión, que ha convertido a Jalisco en la entidad federativa con más contagios registrados en lo que va del año 2026.
Sin embargo, tratándose de un virus antiguo y conocido, la solución está a corta distancia: una vacunación intensa que de acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, debe alcanzar a dos millones de jaliscienses para cercar así la difusión del virus, altamente contagioso.
Sin embargo, en esta experiencia de reaparición del sarampión (ya era un padecimiento que se consideraba desaparecido), han ocurrido fenómenos que merecen toda la atención de las autoridades para reparar ciertos “vicios sociales” que pudieran costar mucho en casos de otras enfermedades contagiosas y posibles nuevos brotes.
Este 3 de febrero, la responsable del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Karla Guadalupe López, dio a conocer que en Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, las brigadas de vacunación han sido retiradas por policías municipales que les exigen permisos específicos y les argumentan que obstruyen la vía pública.
Es una reacción increíble (por decir lo menos) de los policías preventivos, cuando justo estos dos municipios figuran entre los que tienen una tasa más alta de contagio en el Área Conurbada de Guadalajara.
Evidencian desconocimiento y prioridades invertidas: la salud de la comunidad es mucho más importante que el tránsito de personas en la vía pública.
Otro fenómeno reportado por las brigadas de la Secretaría de Salud Jalisco que recorren colonias, barrios y casa por casa para ofrecer la vacuna gratuita, es que muchas personas rechazan ser vacunadas por los prejuicios que se han extendido desde hace años en redes sociales y grupos de chat; son los “antivacunas”, que desconocen el riesgo de su práctica, no solo para ellos sino también para el resto de la comunidad.
¿Cómo resolver dilemas como los anteriores? Evidentemente con otras campañas: las de información. Deben ser permanentes y exhaustivas, pues deben combatir la desinformación que se extiende en las redes sociales y que encuentra víctimas entre las personas desinformadas y ávidas de teorías conspirativas.
El brote de sarampión nos ha mostrado que debe reactivarse el trabajo de capacitación e información entre autoridades, para que faciliten y no obstaculicen una labor fundamental para la comunidad: vacunar. Y también la información permanente entre la población.

Sarampión y vacunación

Marcela Páramo Ortega

En días pasados tuve la necesidad de internarme en el hospital. En principio, por una neumonía y un dolor muy intenso que tenía en mi pierna; resultó ser una fractura espontánea que se desplazó y requería cirugía. Llegué al hospital muy cansada de muchos días, de mucho dolor constante, porque no me había dado cuenta de la fractura. Ya había pasado varios días en casa con los dolores insoportables, así que al llegar al hospital el cuadro no era muy favorecedor ni en mi estado de ánimo, ni en la cuestión de salud.
Los médicos, muy profesionales, se enfocaron en atender primero la cuestión respiratoria y checaron de inmediato que también traía otra infección que había que atender antes de pensar en operarme.
Así que pasé varios días hospitalizada, y me sirvieron para reflexionar y caer en la cuenta de que no contamos con un protocolo de atención para personas con discapacidad en los hospitales.
En mi mente hice miles de preguntas: ¿Qué sucede cuando una persona con discapacidad llega a un hospital? ¿Qué tan sensibles y empáticos son los médicos y el personal hospitalario para atender una situación de una persona con discapacidad? Se va a mover distinto, va a entender de manera distinta y de seguro requiere una acompañante, aún en emergencias. Quizás no pueda comunicarse de manera convencional o que es ciega y no pueda ver lo que está sucediendo.
¿Cómo vamos a manejar a un chico con autismo en un ambiente tan distinto al suyo?, lleno de médicos que alteren su conducta, que le pidan hacer cosas y a lo mejor no comprenden que no coopera, que puede ponerse agresivo.
La situación puede ser bastante más llevadera si contamos con información apropiada sobre las características propias de la persona con discapacidad. En ocasiones, el paciente con discapacidad podrá dar su información, los cuidados que requiere por su condición, y aquí sólo queda que los médicos sean sensibles y empáticos para respetar esas diferencias de manejo y trato.
En caso de no ser así, ¿qué tan posible es el acceso para un acompañante de la persona con discapacidad?, porque en un momento dado hasta serviría para tranquilizar al paciente.
Estuve un día en emergencias bien atendida, haciendo los estudios que correspondían al problema respiratorio y la infección que tenía. Aunque de momento no se preocupaban demasiado por mi pierna, el dolor era insoportable; me pedían moverme como si no tuviera el dolor y mi movilidad era casi nula. Costó trabajo que algunos no comprendieran que mi cuerpo no podía cooperar en ese momento con los movimientos solicitados y que el dolor era sumamente intenso.
Esto me hizo pensar y querer ocuparme de trabajar más, mucho más, para concientizar a los médicos, a las enfermeras, enfermeros, camilleros, incluso las trabajadoras sociales que se encuentran en los servicios de salud, sobre cómo debe atenderse una persona con discapacidad.
En todo momento estuve consciente y yo podía expresar cómo me iba sintiendo y qué sí podía hacer y qué no; decir la intensidad de mi dolor, pedir que atendieran mi pierna.
Ellos ya habían iniciado con los tratamientos de la neumonía y podía explicar todo lo que sentía; decir a qué soy alérgica y a qué no. En urgencias sólo pasa el paciente y es comprensible, porque los familiares permanecen fuera. 
Y mi mente seguía llenándose de preguntas. ¿Qué pasaría si fuera un chico con discapacidad, o un niño que no puede expresarse, que no puede decir qué le duele? Que no entiende lo que está pasando su alrededor y en ese torbellino de médicos y enfermeras, por estar al pendiente del cuerpo, pueden olvidarse de la persona y más si presenta discapacidad. Intercambian opiniones entre ellos, entre los residentes, y se les puede olvidar que están hablando de ti, una persona. 
Mi pregunta más grande: ¿Estamos realmente preparados en el Sector Salud, público o privado, para circunstancias como esta?
¿Cómo podemos contribuir quienes vivimos con discapacidad y quienes son familiares de alguien con discapacidad, para trabajar y tener un programa que genere conciencia y procedimientos específicos para los casos donde el paciente es una persona con discapacidad? 
Y aún en caso de que puedas explicar todo, sería excelente contar con un documento donde especificáramos qué medicamentos tomamos, cuál es nuestro nivel de presión acostumbrada, a qué somos alérgicos, ya sea alimentos o medicamentos; qué otras particularidades tenemos por nuestra discapacidad, y si tenemos una enfermedad de base aparte de la discapacidad.
Tenemos una gran tarea, y los más interesados en conseguir buenos resultados somos quienes vivimos esta condición y nuestras familias. 
Esta ha sido la razón por la que me ausenté varias semanas sin enviar columna. Mi cuerpo necesitaba una reestructura importante. Gracias a Dios, a los médicos, a todos los que intervinieron en mis días de hospital (enfermeros, camilleros y todo el personal hospitalario) las cosas van muchísimo mejor. Estoy recuperándome ya en casa, y quiero ahora comprometerme conmigo y con todos los miembros de la comunidad que vivimos con discapacidad, a generar protocolos y lograr que se lleven a cabo en los hospitales de Jalisco.
Yo insisto en unirnos como comunidad, sabiendo que cada discapacidad debe tratarse de manera distinta, pero habrá puntos en común y generalidades en las que podamos trabajar todos juntos y dar mejores resultados, a fin de lograr una iniciativa que transforme los cuidados hospitalarios en nuestro Estado.
Sé que ustedes tendrán muchas historias como esta, de las que podremos rescatar puntos en común y sobre todo, llegar a soluciones proactivas y positivas que ayuden a todas y todos.

“Marcela Páramo Ortega  “

Una experiencia hospitalaria

José Francisco Muñoz Valle

En inmunología, la neutralización es uno de los mecanismos más elegantes de defensa. Tras la vacunación contra el sarampión, el organismo produce defensas capaces de neutralizar al virus e impedir que infecte a la célula. El virus puede existir en el entorno, pero queda bloqueado, neutralizado, no avanza y por lo tanto no mata.
La salud pública funciona de forma muy similar.
Una sociedad vacunada actúa como un sistema inmune colectivo: reduce la transmisión, protege a quienes no pueden vacunarse y corta cadenas de contagio. Por eso resulta tan inquietante observar el aumento reciente de casos de sarampión. No estamos frente a un virus nuevo, sino frente a un fallo social: su capacidad de defensa y neutralización.
La pregunta entonces no es solo ¿por qué reaparece el sarampión?, sino ¿qué está fallando que permita su regreso?. Algo —o varias cosas— están bloqueando la respuesta, no la inmune, sino la de la sociedad.
La primera barrera sería criticar el propio sistema de salud. Campañas de vacunación apresuradas a pesar de las alertas internacionales emitidas en 2024, una cadena de frío compleja de mantener para llevar la vacuna a todas partes, falta de seguimiento y fragmentación institucional convierten un derecho en un recorrido cuesta arriba. Como en la inmunología, cuando la respuesta es tardía o incompleta, el patógeno encuentra oportunidad.
La segunda es la apatía. El éxito histórico de las vacunas ha generado una paradoja peligrosa: al no ver la enfermedad, se subestima el riesgo. El sarampión dejó de ser una amenaza visible y pasó al olvido… hasta que regresa.
La tercera barrera es la desconfianza. Años de mensajes contradictorios, politización de la salud y experiencias institucionales fallidas han erosionado la credibilidad. En este contexto, la vacuna deja de verse como una herramienta científica y se percibe como una imposición. La neutralización aquí no es biológica, es simbólica: se bloquea la confianza antes de que se genere protección.
Y finalmente, la ignorancia. No en un sentido peyorativo, sino estructural. Falta alfabetización en salud. Falta divulgar cómo funciona una vacuna, qué es un anticuerpo neutralizante y por qué la decisión individual tiene consecuencias comunitarias. La desinformación daña la salud.
Los aumentos de casos de sarampión nos muestran que la neutralización no ocurre sola. Requiere sistemas funcionales, comunicación honesta y una ciudadanía que se sienta parte del proceso, no solo destinataria de órdenes. En inmunología sabemos que cuando los anticuerpos neutralizantes fallan, la infección progresa. En lo social ocurre lo mismo: cuando la confianza, la información y el acceso bajan, el riesgo avanza. Vacunarse es un acto de empatía, autocuidado y corresponsabilidad.

José Francisco Muñoz Valle70f-4aea-8e7f-7e792d3f59b0

Defensas “sociales”: ¿por qué regresó el sarampión?

Manuel Baeza

Pueblo Quieto es un problema que debe resolverse ya. Esa zona de Guadalajara, invadida desde hace décadas, y sobre la que se construyó una comunidad de manera irregular, genera preocupación a los vecinos, molestias a quienes deben transitar por el rumbo, y temor por la presencia de delincuentes que han hecho de esos metros junto a la vía un espacio para la delincuencia.
Son casi 600 metros de impunidad que sentó sus reales en los años 70, y desde entonces se convirtió en un cáncer para la ciudad.
Entiendo que mi dicho suena rudo, descortés e incluso discriminatorio, pero no encuentro otra manera de describir a Pueblo Quieto.
Quien esto escribe llegó a transitar a pie esa zona cuando estudiaba la secundaria. Las viviendas establecidas entonces eran muy pocas, todas ellas vagones de ferrocarril abandonados y convertidos en casas habitadas seguramente por familiares de ferrocarrileros, o por personas que encontraron en esos vehículos un espacio para vivir.
Pero los vagones habitados comenzaron a ser reemplazados por casas de ladrillo, y poco a poco el espacio fue ocupado por viviendas en forma, con patios y hasta segundos pisos, ante la indiferencia de autoridades federales y locales.
Hoy, entrar a pie a Pueblo Quieto es imposible si se quiere salir sin sustos. Fui asaltado en el cruce de Inglaterra y Niños Héroes hace ya unos cinco años por tres hombres con cuchillos que sólo me despojaron de un teléfono porque no traía nada más de valor conmigo. Y cuando pretendí seguir a los ladrones para intentar negociar la recuperación de mi celular, fui interceptado por otro grupo que amenazó con matarme si no me retiraba de inmediato de la zona.
Sí, tengo un problema con Pueblo Quieto, pero seguro no soy el único.
Lo cierto es que el conflicto que representa ese asentamiento debe resolverse ya, y de una manera negociada. No abogo por una intervención policial que arrase con las casas, pero sí por una alternativa de vivienda y servicios para sus habitantes, de manera que la zona deje de ser una especie de favela tapatía.
Los vecinos de Jardines del Bosque merecen tranquilidad y no vivir en fortalezas con bardas enormes coronadas por alambre de púas. Los transeúntes merecen poder caminar por el rumbo sin riesgo a sufrir un robo. La ciudad necesita un punto seguro más.manuek

Pueblo Quieto es un problema

Anuar García Gutiérrez

Durante años, la Policía Federal, a través de su División de Caminos, mantuvo una lógica de proximidad y control en los tramos carreteros del país. Su función no solo era reactiva, sino esencialmente preventiva: inhibía delitos, auxiliaba a ciudadanos, generaba presencia permanente y construía una percepción de seguridad indispensable para quienes transitaban por México por trabajo, turismo o necesidad. Con su desaparición, esa estructura se diluyó sin que se implementara un modelo operativo equivalente que atendiera la complejidad y extensión del sistema carretero nacional.
La transferencia de estas funciones a la Guardia Nacional, lejos de corregir el problema, evidenció una falla estructural. La nueva institución asumió múltiples tareas de seguridad sin una especialización clara en vigilancia carretera ni una estrategia preventiva sólida. El resultado ha sido un aumento sostenido de delitos que hoy se reflejan en cifras oficiales y en la experiencia cotidiana de ciudadanos y transportistas.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2023 se iniciaron más de 9 mil carpetas de investigación por robo a transporte de carga en carreteras federales y estatales, de las cuales alrededor del 87% se cometieron con violencia. Tan solo en el primer bimestre de 2025 se registraron mil 806 denuncias por este delito, con más del 80% de los casos clasificados como robo violento, concentrándose principalmente en corredores estratégicos del Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Veracruz.
Estas cifras, sin embargo, no reflejan la totalidad del problema. El propio sector logístico reconoce que existe una alta cifra negra, ya que muchos delitos no se denuncian por desconfianza en la autoridad, temor a represalias o por la certeza de que la investigación no avanzará. A ello se suma que el robo de camiones con carga no solo implica la pérdida de unidades y mercancía, sino el riesgo real de que los operadores sean privados de la libertad, extorsionados o utilizados como medio de presión criminal.
Lo que se observa en las carreteras del país es una ausencia efectiva de cuidado y vigilancia. Los ciudadanos transitan expuestos, mientras los delincuentes operan con tranquilidad, sabiendo que la probabilidad de ser detenidos es mínima. Esta situación se agrava ante la inexistencia de un sistema integral de monitoreo tipo C5 que cubra de manera eficiente la red carretera nacional. Sin cámaras suficientes, sin inteligencia en tiempo real y sin coordinación interestatal, la reacción de las autoridades suele ser tardía o inexistente.
La realidad es contundente: la vigilancia carretera dejó de ser una prioridad, la prevención fue sustituida por omisiones y la delincuencia encontró en el abandono institucional un terreno fértil para operar. Mientras no se reconozca este vacío y no se reconstruya una estrategia especializada de seguridad en carreteras, la impunidad seguirá transitando libremente por las vías del país, colocando a ciudadanos, transportistas y empresarios en una situación de riesgo permanente que el Estado ha sido incapaz de contener.

Anuar García

Carreteras sin ley: el vacío de seguridad que nadie quiere asumir

Claudia Salas

En México, la desaparición de personas dejó de ser una excepción para convertirse en una posibilidad cotidiana. No ocurre solo en parajes lejanos o en contextos extremos: ocurre en trayectos comunes, en decisiones aparentemente simples, en lugares que forman parte de nuestra rutina. A veces empieza con una cita de ligue, una oferta de trabajo, otras con un viaje. Y casi siempre con una frase que hoy resuena con más fuerza que nunca: “ya voy en camino”.
Las centrales camioneras, esos espacios que durante décadas simbolizaron movilidad, reencuentros y despedidas, hoy están cruzadas por una realidad más oscura. Para miles de jóvenes, hombres y mujeres, son puntos de riesgo. Lugares donde el crimen organizado ha aprendido a operar con sigilo: reclutando, enganchando, trasladando. No es casualidad que colectivos de búsqueda, autoridades locales y familias repitan el mismo patrón que en la mayoría de los casos empiezan ahí, entre una taquilla y un andén.
Por eso es relevante que, al inicio del nuevo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, se haya puesto sobre la mesa una iniciativa para regular la seguridad en las centrales camioneras al ser infraestructura crítica de seguridad nacional.
Legislar en este contexto no es un trámite: es una forma de asumir que el Estado llegó tarde a un problema que ya es estructural. La propuesta es concreta, y buscamos establecer controles de identidad, trazabilidad de trayectos para saber quién aborda, en dónde y cuál es el destino donde baja del transporte, así como protocolos de protección para prevenir y que la libertad de tránsito no se convierta en vulnerabilidad.
Pero también hay que decírnoslo a los ojos: ninguna ley, por robusta que sea, será suficiente si seguimos actuando como si la desaparición fuera un tema ajeno. Si seguimos normalizando silencios, incomodidades, señales de alerta. La desaparición forzada no empieza cuando alguien deja de contestar el teléfono; empieza mucho antes, cuando nos dan pistas que no detectamos y alguien dice que no se siente seguro, que algo no le cuadra, que hay alguien insistente incomodándole, que va a ver a una persona que no conoce, que nadie le entiende o que el plan cambió de último momento.
Encender las alertas ciudadanas es tan importante como aprobar reformas. Hacer redes, escuchar, preguntar, acompañar. Volver a mirar con atención lo que antes dábamos por sentado. Porque muchas veces la diferencia entre desaparecer o no, está en que alguien más se dio cuenta.
Hace poco se conoció en medios una historia que lo ilustra con crudeza y esperanza al mismo tiempo. Una joven tomó un viaje en una plataforma digital rumbo a una central camionera. En la conversación casual con el conductor, contó que iba a ver a alguien que había conocido por redes sociales, que no lo había visto en persona y que le habían prometido trabajo. El conductor notó nerviosismo, contradicciones, miedo. No era un policía, no era una autoridad, era solo alguien que escuchó.
Detuvo el auto en la gasolinera más cercana y llamó a emergencias. La joven nunca llegó a la central. Las autoridades intervinieron evitando una posible desaparición. Ese acto simple de escuchar, sospechar y actuar salvó una vida. No hubo ley de por medio, hubo conciencia.
Hoy México necesita ambas cosas: legislación que cierre vacíos y ciudadanía que no mire hacia otro lado. Necesita instituciones que prevengan, pero también personas que se involucren. Porque la desaparición no es solo un problema del Estado, sino una tragedia social que se alimenta del silencio, de la indiferencia y de la idea peligrosa de que “a mí no me va a pasar”.
Regular las centrales camioneras es un paso urgente. Pero construir una cultura de alerta, cuidado y corresponsabilidad puede ser lo que realmente marque la diferencia. Que nadie vuelva a desaparecer sin que alguien haya preguntado antes: ¿estás bien?, ¿te sientes seguro?, ¿quieres que te acompañe?
En un país con más de ciento treinta mil personas desaparecidas, quizá la pregunta más política de todas ya no es solo qué vamos a legislar, sino qué estamos dispuestos a ver, escuchar y hacer, antes de que sea demasiado tarde.

Que nadie desaparezca en silencio

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La memoria RAM (Random Access Memory) y su relación con Apple, destapa una crisis global de precios y escasez de RAM impulsada por la demanda explosiva de IA (Inteligencia Artificial).
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<h3>Crisis en la Ram</h3>
Reportan que las configuraciones de RAM de Apple parecen &#8220;baratas&#8221; o estables en comparación con el mercado de PCs. La demanda de RAM ha duplicado o triplicado los precios en las últimas semanas debido al a las IA. Empresas como Nvidia y centros de datos están acaparando chips de memoria (DRAM, LPDDR, etc.) para entrenar modelos de IA, dejando poco para dispositivos de consumo como laptops, PCs y smartphones.
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Además, fabricantes clave como Samsung, SK Hynix y Micron señalan que no aumentarán la producción para evitar una &#8220;burbuja&#8221; como la de 2018, lo que agrava la escasez.
Es decir, en PCs, pasar de 16 GB a 32 GB de RAM en un Dell XPS cuesta ahora 550 dólares (un salto brutal). En el mercado abierto, kits de 64 GB DDR5 se venden como &#8220;chococrispis de oro&#8221; y se agotan en segundos.
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<h3>Afectación a las marcas</h3>
Esto afecta a todos, desde Dell, HP y Lenovo han subido precios, e incluso la gigante Samsung reporta que &#8220;no puede venderse RAM a sí misma&#8221;.
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Se espera que el pico dure hasta mediados de 2026
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<h3>¿Cómo afecta esto a Apple?</h3>
Apple se reporta blindada, gracias a contratos a largo plazo y volúmenes masivos, la compañía no ha visto con impactos inmediatos en sus productos. Su memoria unificada, integrada en chips como M5 y A19, es personalizada y negociada con proveedores como Samsung y SK Hynix, lo que les da estabilidad.
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Actualmente Apple cobra 200-400 dólares por upgrades de RAM en Macs, pero ahora eso parece una ganga comparado con la competencia.
Cabe mencionar que el CFO de Apple, Kevan Parekh, mencionó que algunos productos nuevos tienen una estructura de costos ligeramente más alta y podrían subir precios en 2026 si la crisis persiste, pero su margen de ganancia (20-30%).
Apple ha estado aumentando RAM gratis en modelos recientes para soportar Apple Intelligence, su IA.
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Apple: ¿Hay crisis en la marca por la demanda de RAM?

Crisis en la Ram

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Afectación a las marcas

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¿Cómo afecta esto a Apple?

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