Jonás

La presidencia de la República convocó a los 32 gobernadores del país para aprobar el denominado Acuerdo Nacional Contra la Extorsión. Es el único delito de alto impacto que reconoce el gobierno federal, no ha sido reducido sino que por el contrario, mantiene una tendencia de incremento.
Y efectivamente, la extorsión, el cobro de derecho de piso, se ha convertido en uno de los hechos que más lastiman a la gente, a quien emprende un pequeño negocio, quien trata de generar fortuna, de contratar personas; tarde o temprano, si alguien tiene un negocio que empieza a florecer, va a recibir la visita de algún desconocido que se identifica como “del cartel”.
Hay casos tan absurdos como los vendedores de pollo o los tortilleros en Celaya, Guanajuato; o también los vendedores de carne de pollo en Chilpancingo, Guerrero.
El problema de las extorsiones se extiende a todos los rincones del país, y se ha convertido en uno de los padecimientos más graves para las personas de toda condición, porque necesitan una actividad económica para vivir. Se transformó también en el delito favorito de quienes se presumen criminales organizados.
Y es que se ha generado un fenómeno: hay delincuentes que dicen formar parte de cárteles del crimen organizado y lo presumen a manera de amenaza.
Pero adicionalmente, cuando las organizaciones criminales actúan con toda su fuerza delictiva, han asesinado, quemado y eliminado negocios, fuentes de empleo que ya no son sostenibles.
Lamentablemente, los ciudadanos en México siguen desconfiando de las autoridades. La impunidad respecto de los delitos que se cometen realmente, supera el 90%. Numerosos estudios privados y públicos, lo demuestran.
En la actual administración federal, la del “segundo piso”, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han insistido en que redujeron las cifras de homicidios y de delitos patrimoniales, pero aceptan que el tema de la extorsión no ha podido ser controlado.
Ayer, los gobernadores del país fueron convocados para asignar un acuerdo nacional contra la extorsión; no es que las extorsiones vayan a desaparecer por decreto. Significa esto que se unificará la respuesta legal contra el delito que se está cometiendo todos los días en grandes empresas, en establecimientos medianos y hasta en los tianguis más humildes, ubicados en las ciudades y en las pequeñas poblaciones del país
¿Dará resultado? La pregunta es simple y la respuesta, negativa, es fruto del pesimismo que se ha cultivado a lo largo de décadas.
Lo primero que se anuncia es el fortalecimiento del 089, un número telefónico en el que se pueden hacer denuncias; lo que sigue es atender lo que el propio García Harfuch reconoció ayer: Desde el pasado 6 de julio se han recibido más de 102,000 llamadas a este número denunciando extorsión. Y aseguró que se han evitado 77 mil 428 casos de extorsión. Es un número gigantesco o muy pequeño, según el ángulo desde donde se vea. 
Si la estrategia funciona, lo notaremos pronto.

El remedio contra la extorsión

María Corina Machado no es solamente el rostro de la oposición política y libertad en Venezuela, sino que también es la nueva poseedora del Premio Nóbel de La Paz. Sin embargo, no pudo estar presente en la ceremonia de entrega porque estaba amenazada si salía del país, así que el premio le fue entregado a su hija Ana Corina Sosa.
Que Machado haya obtenido el Nóbel de La Paz es un logro de inicio, después de las intensas presiones políticas que se ejercieron para que los integrantes del comité le dieran el reconocimiento a Donald Trump el presidente estadounidense que ha sido visto como un líder con otras características, pero no como promotor de la paz.
El aplauso al recibir la hija de Machado la medalla y el pergamino que acredita el premio fue muy prolongado; refleja el homenaje y el reconocimiento mundial a una mujer que se ha convertido en la figura de mayor autoridad y legitimidad en la oposición política de Venezuela. 
Que no quepa duda, porque hay pruebas contundentes aunque las han ocultado: Nicolás Maduro encabeza una dictadura. No debería estar en el poder, se robó las elecciones. Y adicionalmente el gobierno de Donald Trump lo acusa de ser líder del crimen organizado, por lo que la suya sería una “narcodictadura”.
Coincidentemente, ocurrieron dos cosas a la par de la entrega del Nóbel de La Paz: Las fuerzas armadas de los Estados Unidos que se han instalado en el Caribe, confiscaron un gigantesco buque petrolero venezolano. Tremendo golpe y señal clara de que se da otro paso en el intervencionismo estadounidense en el país sudamericano.
Pero adicionalmente, el gobierno de Nicolás Mauro, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, lanzó un llamado para que haya respaldo y apoyo de los gobiernos de Colombia, Brasil y México.
Aquí es donde se asienta la duda razonable: ¿Cómo procederá al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Mantendrá el apoyo a Nicolás Mauro, quien ha sido bien recibido en México a pesar de todo lo que ha hecho?
La combinación de factores exige mucho del régimen de la transformación.
Requerimos proximidad y negociación con el gobierno de Trump, pero se ha reprobado –con toda razón– el intervencionismo.
Al mismo tiempo, de manera injustificada, el gobierno mexicano carga con la etiqueta de “izquierdista” que lo compromete con el régimen chavista de Nicolás Maduro, sin que eso haya sido aprobado por el pueblo mexicano. Es una postura unilateral.
Y finalmente, habría que considera, ¿mantendremos nuestra vocación favorable a la libertad y la democracia? Si es así, no cabe el respaldo a Nicolás Maduro y su régimen.
María Corina Machado se ganó el reconocimiento, aunque desde aquí se lo nieguen.

El Nóbel de la Paz a Machado y el mensaje a México

El senador Adán Augusto López presume su resurrección política. Apenas unas semanas atrás se le consideraba un “cadáver”, y se daba por descontado que en poco tiempo sería obligado a renunciar al Senado, y quizás a manera de salida por la puerta de atrás, convertirse en embajador de algún “país amigo”. Pero resistió y su paciencia se vio premiada por su cercanía permanente con Andrés Manuel López Obrador. En agradecimiento, Adán Augusto, está regalando 17 mil ejemplares de “Grandeza”, el último libro de su “hermano”, el expresidente.
Coincidentemente, también en el Senado, se presentó una iniciativa del senador del Partido del Trabajo, Alejandro González, para crear el Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano, con el objetivo de “contrarrestar” a los medios de comunicación de la derecha, con la creación y financiamiento oficial de prensa escrita, y productos de radio y televisión.
Estamos atestiguando un singular cierre del año 2025, no solamente por la reaparición de Andrés Manuel López Obrador para presentar su más reciente libro y romper su autoimpuesto exilio en Chiapas. En este esfuerzo, encuentra en Adán Augusto López a su principal promotor para regalar 17 mil ejemplares de un libro que carece de solidez histórica y contenido, pero que alimenta los mitos difundidos por su régimen.
Y después de haberse consolidado el control hegemónico del régimen morenista desde el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ahora proceden antes de consolidar una reforma electoral, al uso del erario en la posible creación de un sistema de comunicación que ofrece enfrentar a los medios de comunicación tradicionales, a los que se considera adversarios y “de derecha”.
¿Qué es lo que se pretende: una mayor alienación, una más profunda polarización de opiniones? Es una manera muy maquiavélica para reducir la libertad de opinión, que no sólo encuentra en el poder del Estado una barrera permanente, sino también una acción de fuerza. 
La iniciativa de Alejandro González apenas se ha presentado y quedará pendiente que se aborde con un mínimo de seriedad.
Lo que impacta con más agudeza es el retorno de Adán Augusto López; tan pronto y tan impunemente después del caso de su ex secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. 
El escándalo de “La Barredora” y del enriquecimiento inexplicable de López Hernández se convertirán en anécdotas de la 4T y si se aprueba el sistema de comunicación oficial, quizás hasta se transforme en protagonista de las historias oficiales.

Literatura y comunicación de la 4T

El sábado pasado, 6 de diciembre, una camioneta se convirtió en un coche bomba en la comunidad de Coahuayana, en Michoacán. El saldo es de seis personas fallecidas y otras siete heridas, pero además de las cifras ordinarias de la nota policiaca, otro saldo es la profunda preocupación de un posible escalamiento en el uso de armamento en la actividad de la delincuencia organizada.
De inicio, se consideró que el bombazo en esta pequeña población en la zona donde colindan Colima y Michoacán, podría haber tenido un mensaje para la presidenta Claudia Sheinbaum, en su festejo por el séptimo aniversario de la transformación en el Zócalo de la Ciudad de México.
Pero esto se antoja más que probable, imposible.
La explicación más aceptada en este caso, es que se trate de otro enfrentamiento entre grupos del crimen organizado que pretenden dominar este pequeño paso, que es la puerta de ingreso a la costa michoacana, por donde se ha traficado durante años con drogas y armamento, sin encontrar mayor resistencia de la autoridad.
De hecho, muchos de los fallecidos forman parte de una fuerza armada civil, una policía comunitaria.
Muy grave, resulta que este bombazo haya ocurrido mientras se aplica el Plan Michoacán, con el que el gobierno federal pretende responder a una violencia de décadas enraizada en este Estado del país, que encontró un nuevo pico en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, y que provocó una crisis que aún perdura en el gobierno federal, aunque ya no resuena en las redes sociales y los medios de comunicación.
Pero hay otra lectura de los hechos: Se profundiza la preocupación por el uso de coches bomba. La información preliminar indica que el conductor de la camioneta perdió el control y el vehículo estalló antes de lo planeado, lo que obliga a preguntarse cuál sería el saldo mortal si el plan proyectado se hubiera ejecutado con eficiencia criminal.
En Michoacán ya ha ocurrido de todo: armamento cada vez más pesado; uso de drones con explosivos, minas terrestres y ahora, un coche bomba.
Vistas así las cosas, la pacificación se aleja en lugar de acercarse.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene mucho por hacer en Michoacán, igual que se demanda de su acción y la de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en otros puntos del país.

Coche bomba en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum está cerrando el año con un golpe de timón; está anunciando un cambio de rumbo que aparentemente, la consolida como titular en Palacio Nacional (sólo aparentemente), pero que sí subraya una postura política: el enfrentamiento con la oposición será abierto y frontal, sin cortesías ni disimulos.
Pero además, se agota por completo el giro político interno en Morena. Adán Augusto López y Ricardo Monreal Ávila vuelven a ser los operadores oficiales del régimen en el Senado y en la Cámara Baja. Atrás quedan las confrontaciones internas… pero también como se apuntó antes, aparentemente.
El 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, ante una nueva multitud (la presidenta aseguró que eran 600 mil personas, aunque resulte poco creíble) convocada para celebrar el séptimo aniversario de la transformación, la presidenta comenzó su mensaje con dos claros retos: “la mayoría de los jóvenes del país están con la transformación”, en una clara respuesta a la Marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre; y además, “desde 2019 se eliminaron las condonaciones de impuestos”, en alusión directa al empresario Ricardo Salinas Pliego y el movimiento que empieza a configurarse para impulsarlo políticamente, a partir de su confrontación por el cobro de decenas de miles de millones de pesos en impuestos no pagados.
La presidenta subrayó también, en un cierre de año que se perfila como de inmovilidad económica (no entra en crisis, pero tampoco avanza), que el salario mínimo volverá a crecer (13% a partir del 1 de enero de 2026) y que la inflación se mantiene bajo control, además de que crece la generación de empleo y se mantiene la inversión extranjera directa. Y agrega, igual que lo hacía siempre su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que “el peso es una de las monedas más respetadas en el mundo”. Todas son, sin embargo, afirmaciones que se quiebran cuando pasan por el tamiz de la ciencia económica, pero en un discurso político y populista impactan definitivamente.
En un último golpe de autoridad, Claudia Sheinbaum reiteró que hay campañas pagadas en redes sociales; ataques y desacreditaciones en medios de comunicación y en el discurso de los opositores neoliberales y conservadores, pero a pesar de eso “no vencerán al pueblo de México y a su presidenta”. ¿Es mensaje también para Andrés Manuel López Obrador, quien se presentó como vigilante y protector de la presidenta cuando apareció para anunciar su nuevo libro?
En ese panorama, y después de encontrarse con Donald Trump y Mark Carney, está cerrando el año la presidenta.

El mensaje de Sheinbaum: cambio de rumbo

El Presupuesto de Egresos para el año 2026 del Estado de Jalisco, está sujeto a un conflicto político en el que participan los intereses partidistas e individuales de diferentes diputados. 
Aunque se ha insistido en que el presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el 15 de diciembre, empiezan a correr las versiones de una intención firme para detenerlo si no hay negociación para aprobar otros temas, principalmente la reforma al Poder Judicial.
En un caso extremo, si transcurriera hasta el último día del año 2025 y no se hubiera aprobado el presupuesto que debe ejercerse el año entrante, quedaría en aplicación el presupuesto vigente de este año.
La medida parece razonable, sin embargo, entraña no solamente un conflicto político entre diferentes actores públicos, sino también la paralización de los recursos que deben destinarse a todos los rubros de interés ciudadano, porque no hay que olvidar lo fundamental: Si bien es facultad de los diputados aprobar el presupuesto que propone el Poder Ejecutivo (el gobernador Pablo Lemus), y también es su facultad hacer propuestas de reasignación de recursos, como por ejemplo, lo relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a las familias que sufren esta tragedia, lo central es favorecer a los habitantes del Estado y no dar prioridad a los proyectos políticos y partidistas.
La diputada presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso, Gabriela Cárdenas, de Movimiento Ciudadano (MC) hace un llamado a todos los diputados para que no mezclen los proyectos políticos y los intereses de reformas que tienen que ver con otros tópicos. Desde su comisión, que es la responsable de la revisión inicial del presupuesto, solicita a sus compañeros que éste se tramite por sí solo, sin negociarlo con el interés de otras reformas… Es poco probable que atiendan su solicitud, pero cuando menos la plantea.
El ejercicio de los recursos con los que contará el gobierno estatal para el año 2026, y que superan 180 mil millones de pesos, no debe quedar sujeto al interés específico de un partido político o proyectos individuales. Al final, el presupuesto debe ejercerse en beneficio de los ciudadanos.
De esos recursos depende la operación de temas fundamentales como la educación, la salud y la seguridad.
Es entendible que los diputados de diferentes partidos pretenden sacar adelante la reforma al Poder Judicial, o la elección de funcionarios, como el titular de la Auditoría Superior, o de la Fiscalía Anticorrupción o nuevas magistraturas, pero ciertamente la importancia central radica en aprobar y garantizar el ejercicio de un presupuesto viable para el año entrante.

Presupuesto 2026 en el conflicto político

Como nos enseñaron desde siempre y como nos lo ha demostrado la vida: nada es gratis. Ayer, en la rueda de prensa mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un incremento al salario mínimo general para el año 2026 de 13 por ciento. Está perfecto, pero tiene un costo.
¿De qué estamos hablando? De un asunto básico y subrayado por los especialistas en economía: para que haya un incremento en las ganancias, antes tuvo que haber un aumento en los ingresos.
Un crecimiento del salario mínimo no es un asunto de decreto gubernamental, es un tema de economía en el que intervienen todos los factores que participan en la compleja sociedad económica de quienes producen, industrializan, manufacturan, venden y compran. 
Apenas anunciado el aumento al salario mínimo de 13% para el 1 de enero del año entrante, se dio a conocer que las afectaciones caerán directamente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.
Es imprescindible apuntar que el objetivo no es descalificar el aumento salarial; ese es un acto de justicia. ¿Los trabajadores tienen derecho a ganar más? Claro que sí. Afirmar lo contrario sería tomar una postura no sólo incorrecta, sino injusta. 
Sin embargo, para el especialista en economía, el incremento en los salarios no es un tema que se relacione con justicia, con ética o moral, es un asunto que debe sustentarse, es decir que de algún lugar tienen que salir los recursos para que un trabajador se lleve más dinero a la bolsa.
Ese dinero, evidentemente, lo aporta el contratador del empleado, o dicho de otro modo, el empresario que con su iniciativa y capital genera fuentes de empleo.
¿Y de dónde va a sacar el recurso económico para el pago de salarios? Naturalmente, del beneficio que tenga por la venta de sus productos. Al final de la cadena, quien termina sustentando un aumento de sueldos es el consumidor que paga por los productos que los trabajadores producen.
Parece tan elemental que sorprende el hecho de que el decreto sirva como referente para un discurso de carácter político, en el que vuelven a mezclarse conceptos como neoliberales, conservadores o “enemigos del pueblo”.
Si el mercado no sustenta el incremento salarial, lo que ocurrirá es lógico: Habrá cierre de empresas, disminución de las fuentes de empleo y al final, precios más costosos de los productos que todos consumimos; eso se llama inflación.
Ayer mismo se confirmó también que se aplicará escalonadamente la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y eso es otra ganancia en los derechos de los trabajadores. También está perfecto. Sin embargo, no se están sentando las bases para que las pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de empleo en este país, puedan sustentar un esfuerzo de esa naturaleza.
Lo que corresponde ahora es que se concrete de verdad, y no solo en el discurso, un proyecto económico nacional que sustente a los generadores de empleo, para que las fuentes de trabajo sean duraderas y generen la riqueza necesaria que impacte en capacitación, productividad y salud; y además, que los generadores de empleo encuentren un sustento económico que les permita seguir adelante con su actividad.
Si esas condiciones teóricamente simples no se cumplen, lo que se impondrá es la vieja historia mexicana: lo que la ley garantiza, la realidad lo niega.

Salario mínimo: entre la ley y la realidad

En Jalisco sigue pendiente la reforma al Poder Judicial estatal, que implica también la elección abierta de jueces e integrantes de los diferentes tribunales. Por alguna o varias razones que no salen a la luz, el tema no avanza en el Congreso del Estado, a pesar de que los diputados reconocen que ésta será la reforma más importante que se apruebe en la actual Legislatura. En otras palabras, les interesa mucho, pero no la abordan.
Apenas este 2 de diciembre, un conglomerado de universidades privadas, instituciones como el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, la Coparmex y otros grupos representantes de la sociedad civil, lanzaron otra vez un llamado para que se aborde la reforma al Poder Judicial.
A los diputados se les hizo una puntual solicitud: separen la reforma al Poder Judicial y no la mezclen con los temas que están en la palestra en este momento, como la aprobación del Presupuesto 2026 para el Estado, el cierre de la glosa del Primer Informe o las reformas que han estado pendientes durante meses.
A los legisladores se les recomienda que sea en enero cuando se retome la reforma, a pesar de que actores políticos como los diputados de Morena hicieron un llamado para que la aprobación tenga lugar durante diciembre.
Adicionalmente, a los diputados se les pide volver sobre el tema con la propuesta ciudadana, la que se planteó después de consultar a barras de abogados, a la sociedad civil y a instituciones educativas; con esto, dejarían de lado las iniciativas que han presentado las diferentes fracciones políticas. Se vale pedirlo, aunque difícilmente se los van a conceder.
Si la bancada de Morena urge que la reforma se apruebe este mismo mes, la bancada mayoritaria, la de Movimiento Ciudadano, prefiere esperar y abordar el tema con más calma. 
Lo que se está haciendo evidente, es que la reforma al Poder Judicial en Jalisco se requiere con la mayor celeridad para brindar certeza al sector económico, al sector académico, al sector jurídico y a la impartición de justicia; en el ámbito federal ya se ven las fallas en la impartición de justicia; esos vicios pueden evitarse con una correcta reforma local.
En el fondo, la batalla política por la reforma al Poder Judicial sigue siendo la misma: Morena y sus aliados, defienden las posturas que llegan desde el gobierno federal, entre éstas, una de las más importantes es la insaculación, aunque la han reducido a su mínima expresión. Por el lado del partido del gobierno estatal, se insiste en garantizar mecanismos que permitan jueces y magistrados capaces, profesionales y éticos.
El problema de fondo es que entre las dos posturas principales faltan los incentivos de acuerdo y negociación. 
Hasta que ellos, los diputados, destraben este atorón.

El atorón en la reforma al Poder Judicial

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Se inaugura este lunes 15 de diciembre la Línea 4 del Tren Ligero. El transporte masivo que beneficiará principalmente a los habitantes de Tlajomulco y el Sur del Área Conurbada de Guadalajara. El inicio de la operación de esta línea de transporte ocurre en medio de celebraciones y en las cercanías de las fiestas decembrinas de este año. Es, sin duda, un acontecimiento para los ciudadanos comunes, los de a pie.
He sostenido en diferentes oportunidades que el retraso en la Línea 4 del Tren Ligero ha sido una ofensa permanente para la gente. Durante meses escuchamos que las obras correspondientes para la operación estaban concluidas, pero el inicio de operaciones se había retrasado por trabajos pendientes de empresa Ferromex. ¿Cómo era posible que nos los apresuraran?
Atrás en el tiempo, cuando Emilio González Márquez era gobernador del Estado (2007-2013), y Enrique Alfaro Ramírez era presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga (2007-2010), ya se había presentado el proyecto de la Línea 4.
La población en la ciudad se debatía (en lo que acabó por ser el fin del período panista en el gobierno estatal y la alternancia política con el regreso del PRI y Aristóteles Sandoval), entre el transporte masivo del Bus Rapid Transit (BTR), que acabó siendo el “Macrobus” y más líneas del Tren Ligero.
En la contienda electoral, quien a la postre fue presidente, Enrique Peña Nieto, prometió junto a Aristóteles Sandoval la Línea 3 del Tren Ligero. Las elecciones concluyeron y la ciudad soportó seis años de obras, el retraso en el inicio de la Línea 3 y un sobrecosto millonario.
Y la Línea 4 seguía en pausa.
Al paso del tiempo, Enrique Alfaro, nada menos que el primer promotor de la Línea 4, se convirtió en gobernador del Estado. Entre sus compromisos de campaña, faltaba más, estaba el sistema de transporte masivo para Tlajomulco. El sexenio concluyó, Alfaro dejó la gubernatura y la Línea 4 seguía en pausa.
Entre los compromisos de Pablo Lemus, la Línea 4 ocupaba un lugar en el listado. Apenas el 6 de diciembre pasado se completó el primer año de los seis que se le dieron en las urnas.
Finalmente, la Línea 4 será inaugurada. Y es un logro porque hace unos meses se mencionó la posibilidad de que se retrasara todavía unos meses más.
La Línea 4, inaugurada hoy, permitirá el traslado diario de entre 116 mil y 120 personas.
Cuenta con 21 kilómetros de extensión y pronto podrán ser más. A lo largo de nueve estaciones, en 30 minutos los vecinos de Tlajomulco podrán estar en el área del Centro Histórico de Guadalajara.
Es un gran logro para quienes se mueven en transporte público todos los días. Se esperó durante más de 15 años y el costo ya rebasó por mucho los 14 mil millones de pesos, es decir más de 40% el presupuesto inicial.
Como dice el refrán, “de lo perdido, lo encontrado”.
Ya está la Línea 4 y empieza su recorrido.
Los jaliscienses exigirán más. Definitivamente.

Por fin, Línea 4 del Tren Ligero