Presupuesto de Jalisco 2026

Hoy lunes 15 de diciembre no es un día menor en la agenda pública de Jalisco, pues en el Congreso del Estado se discutirá y, en su caso, se aprobará el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2026. No se trata solo de una votación más: es, en realidad, la primera gran prueba política y técnica de una Legislatura que ya no responde a la lógica de las mayorías automáticas.

A diferencia de la Legislatura pasada, en la que MC contaba con una mayoría clara que le permitía transitar sin sobresaltos el paquete presupuestal, hoy el escenario es distinto. El Congreso se encuentra fragmentado, con diversas fuerzas políticas representadas, intereses cruzados y correlaciones que obligan —al menos en el discurso— a la negociación, al diálogo y al argumento técnico, lo cual, desde mi perspectiva, no solo es óptimo, sino deseable para la vida democrática del Estado. El presupuesto, en este contexto, deja de ser un trámite para convertirse en un ejercicio real de política pública.

Desde el punto de vista financiero, el Paquete Económico 2026 ronda los 181 mil MDP, con un crecimiento cercano al 4% respecto a 2025. Es un presupuesto equilibrado, sin contratación de deuda pública nueva, que mantiene una narrativa de disciplina fiscal. En los números duros no hay sorpresas mayúsculas: el gasto se sostiene con un incremento moderado de participaciones federales y, sobre todo, con un mayor esfuerzo recaudatorio local.

Ahí está uno de los primeros puntos de tensión. El equilibrio del presupuesto descansa en aumentos a impuestos y derechos que impactan directamente a la ciudadanía: refrendos vehiculares, licencias, impuestos al hospedaje, a juegos y sorteos, e incluso un nuevo impuesto ecológico a la extracción de materiales, cuya eficacia recaudatoria y viabilidad jurídica aún genera dudas. Técnicamente es un presupuesto viable; políticamente, no necesariamente cómodo.

En el gasto, el mensaje es claro: seguridad, educación y salud concentran los mayores incrementos. La UdeG, por ejemplo, presenta un aumento real cercano al 6.5%, suficiente para garantizar su operación, aunque sin resolver de fondo su dependencia estructural del subsidio público. Los Hospitales Civiles mantienen su viabilidad inmediata, pero sin una estrategia financiera de largo plazo. Pensiones del Estado, por su parte, sigue siendo uno de los grandes pendientes: pues se garantiza su operación, pero se vuelve a posponer la discusión estructural que tarde o temprano llegará con mayor costo.

Este es, quizá, el fondo político del debate que debería darse mañana. No solo si el presupuesto cuadra —porque cuadra—, sino cómo cuadra y a costa de quién. Un Congreso fragmentado tiene la oportunidad de ir más allá del “sí” o el “no” automático, de introducir reservas, condicionantes y compromisos que corrijan los efectos regresivos del ingreso y obliguen a pensar en reformas estructurales que el corto plazo siempre posterga.

Es muy probable que hoy se apruebe el presupuesto. La pregunta relevante es si esta nueva configuración legislativa, marcada por la pluralidad, permitirá una aprobación sin sobresaltos y, sobre todo, una discusión de fondo. Porque el presupuesto no es solo una suma de cifras: es la expresión más clara del proyecto de Estado que se quiere construir.