La tecnología como faro: luces y sombras en la lucha anticorrupción
La corrupción prospera en la oscuridad de los archivos físicos, en la ambigüedad de los trámites presenciales y en la discrecionalidad de la “ventanilla”. En el marco de la Semana Anticorrupción del Estado de México, celebrada del 9 al 12 de diciembre de este año, surge una reflexión impostergable para la agenda pública estatal: ¿Es la transformación digital el antídoto definitivo contra la impunidad? La respuesta es prometedora, pero requiere una mirada crítica.
La digitalización del gobierno no debe entenderse simplemente como el acto de escanear documentos, o poner en línea trámites, sino como un rediseño de procesos orientado a la transparencia y a la trazabilidad. Herramientas como la interoperabilidad entre dependencias, el Big Data para la detección de patrones de fraude y la tecnología blockchain en las contrataciones públicas, permitirían algo que el papel jamás podrá ofrecer: Una huella imborrable. Al reducir la interacción humana innecesaria en trámites y servicios, se disminuyen drásticamente las oportunidades para el soborno y la extorsión.
Este cambio tiene un impacto directo en los costos sociales y económicos. La corrupción funciona como un impuesto regresivo que encarece la vida y desvía recursos vitales de salud, educación e infraestructura. La transparencia tecnológica, al hacer eficiente el gasto y visible el flujo del dinero, no solo recupera activos financieros, sino el activo más valioso de una democracia: La confianza ciudadana.
Sin embargo, las discusiones impulsadas durante la reciente semana anticorrupción del Estado de México nos hacen ver lo importante de no caer en el “solucionismo tecnológico”. La tecnología es una herramienta, no una varita mágica. Si digitalizamos procesos viciados sin reformarlos, solo obtendremos corrupción automatizada a mayor velocidad.
Existen riesgos latentes que debemos mitigar. Primero, la brecha digital: Si la fiscalización y los servicios son solo digitales, podemos excluir a los sectores más vulnerables, llámense adultos mayores o pueblos originarios, entre otros, y violar su derecho a vigilar y participar. Segundo, la opacidad algorítmica: No podemos permitir que decisiones públicas se tomen mediante “cajas negras” o algoritmos sesgados que nadie puede auditar o transparentar. Y tercero, la captura tecnológica, donde el Estado toma el control de la vida de sus ciudadanos con el riesgo de la vigilancia masiva, o pierde soberanía sobre sus propios datos al depender excesivamente de proveedores privados sin estándares abiertos.
La transparencia tecnológica implica abrir el código y los datos en formatos reutilizables, no solo publicar PDFs escaneados, por eso, el llamado a las autoridades, al sector privado y a la ciudadanía es contundente: La innovación debe ir acompañada de voluntad política y ética.
No basta con adquirir softwares costosos; se requiere construir ecosistemas digitales inclusivos y auditables. Usemos la tecnología para encender la luz en los rincones más oscuros de la administración pública, recordando siempre que las herramientas digitales son el medio, pero la dignidad humana en orden al bien común, sigue siendo el fin.
