El turismo sexual infantil, identificado jurídicamente como Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos y una de las expresiones más complejas de la criminalidad organizada. Su incidencia no es casual ni excepcional: Aumenta de manera sistemática en contextos de alta movilidad humana, anonimato y flujo acelerado de recursos. El Mundial de Futbol 2026 reúne todas esas condiciones.
México será país sede junto con Estados Unidos y Canadá. Jalisco, con Guadalajara como anfitrión oficial, enfrentará un incremento extraordinario de visitantes nacionales y extranjeros. La experiencia internacional demuestra que, durante eventos deportivos de gran escala, las denuncias por delitos sexuales aumentan entre 20 y 30 por ciento. No porque el evento genere el delito, sino porque amplía las condiciones para que éste opere con mayor facilidad.
México se ubica entre los países con mayor incidencia de trata de personas en América Latina, siendo la explotación sexual infantil uno de sus principales mercados ilícitos. En Jalisco se han reportado más de 15 mil personas desaparecidas en los últimos años, con una proporción significativa de niñas, niños y adolescentes. La ESCNNA no opera de forma aislada; se encuentra estrechamente vinculada con delitos de desaparición, violencia sexual, delincuencia organizada y lavado de dinero. El Mundial 2026 se inserta así en un contexto preexistente de fragilidad institucional y violencia estructural que incrementa la vulnerabilidad de la niñez.
Guadalajara y su zona metropolitana concentran hoteles de alta rotación, zonas de entretenimiento nocturno, plataformas digitales de hospedaje y una oferta paralela de eventos asociados al Mundial. En estos espacios, la explotación infantil no se presenta de manera visible, sino bajo esquemas de simulación que dificultan su detección y persecución. El anonimato del turismo internacional, la temporalidad del personal y la saturación de servicios generan un entorno propicio para la operación de redes de trata.
Organismos internacionales como UNICEF han advertido que el Mundial 2026 representa un riesgo real de incremento en la explotación sexual infantil, particularmente en países con debilidades estructurales en seguridad y procuración de justicia. A pesar de estas advertencias, la FIFA ha sido señalada por la ausencia de políticas robustas, públicas y verificables de salvaguarda infantil. El propio proyecto de candidatura identificó a México como un territorio con focos rojos en materia de violencia de género y trata, sin que hasta ahora existan mecanismos claros de rendición de cuentas para los organizadores internacionales del evento.
En el ámbito local, el Gobierno de Jalisco ha anunciado protocolos de atención y protección a niñas, niños y adolescentes, campañas de concientización y esquemas de coordinación con instancias federales e internacionales. En 2025 se realizó el Congreso Internacional “Cero Tolerancia a la Explotación Sexual”, rumbo al Mundial 2026, con la participación de especialistas y organizaciones civiles. Asimismo, se han impulsado capacitaciones en el sector hotelero y líneas de denuncia como el 089 y el Consejo Ciudadano. Sin embargo, la experiencia demuestra que las acciones reactivas resultan insuficientes y que la prevención efectiva exige supervisión permanente, inteligencia operativa y protección real a las víctimas, sin simulación ni revictimización.
El Mundial 2026 será un escaparate global para Jalisco y para México. La evaluación real no estará en la infraestructura ni en los estadios, sino en la capacidad del Estado para anticiparse al delito y proteger a quienes históricamente han sido invisibles. Cuando termine la fiesta y se apaguen las luces, la pregunta no será cuántos goles se anotaron, sino cuántos riesgos se evitaron. Porque la omisión también genera responsabilidad.