Diego Rivera: Alcalde de Tequila suma 5 denuncias
De acuerdo con información confirmada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, cuatro de los señalamientos corresponden a delitos del fuero común
El presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, acumula cinco denuncias en su contra en poco más de un año al frente de la administración municipal. De acuerdo con información confirmada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, cuatro de los señalamientos corresponden a delitos del fuero común y uno más se encuentra bajo investigación federal.
Entre las denuncias se encuentra una por el presunto delito de extorsión en contra de la empresa tequilera José Cuervo. Además, existen tres denuncias por violencia política en razón de género presentadas por regidoras del Ayuntamiento de Tequila, una de ellas integrante del mismo partido político que el alcalde. A estos casos se suma una investigación federal relacionada con el uso del Museo Nacional del Tequila (MUNAT), la cual está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso de la denuncia por extorsión, la empresa José Cuervo señaló que funcionarios municipales, incluido el presidente municipal, exigieron un pago de 60 millones de pesos para evitar la clausura de la planta Cuervo 1800. El ayuntamiento argumentó supuestos incumplimientos en licencias municipales, permisos de operación, construcción y obligaciones fiscales relacionadas con el impuesto predial. La empresa sostuvo que el monto solicitado superaba de manera considerable lo que había pagado en años anteriores.
TAMBIÉN PUEDES LEER: Frangie se reunirá con la FIFA ante tema de las fosas clandestinas
El 10 de diciembre, representantes de la empresa y el alcalde alcanzaron un acuerdo mediante el cual se estableció un pago aproximado de 17 millones de pesos para evitar la clausura. Un día después, la empresa presentó una denuncia por extorsión ante la Fiscalía del Estado. El gobernador indicó que el mismo mecanismo habría sido aplicado en contra de al menos otras diez empresas tequileras.
Respecto a las denuncias por violencia política de género, la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya, informó que el 22 de julio se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales. Los casos fueron canalizados a la dependencia estatal, donde las regidoras recibieron acompañamiento institucional y atención psicológica. Debido a la situación reportada, también se les entregaron dispositivos de alerta conocidos como pulso de vida.
En cuanto a la investigación federal, Pablo Lemus señaló que la FGR indaga presuntas modificaciones y el uso del MUNAT como oficinas y residencia personal del alcalde. El inmueble fue asegurado en junio por la Fiscalía, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Guardia Nacional, luego de su cierre en octubre de 2025. Habitantes y promotores turísticos señalaron que las modificaciones se realizaron sin autorización del INAH.
Las autoridades estatales confirmaron que las investigaciones continúan en las instancias correspondientes.
