Staff quiero tv

El Gobierno de Jalisco, a través del programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, llevará a cabo este lunes 22 de diciembre de 2025 una jornada especial de distribución de tarjetas destinadas a beneficiarios seleccionados.
La entrega se concentrará exclusivamente en el Parque San Jacinto, con un horario establecido de 09:00 a 14:00 horas. Las autoridades enfatizan la importancia de respetar estos tiempos para agilizar el proceso.
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Para recibir la tarjeta, que otorga una cobertura del 100% en los pasajes, los interesados deben presentar una identificación oficial con fotografía, como credencial INE o pasaporte. Solo se entregarán a quienes figuren en el listado oficial de beneficiarios compartido por los organizadores.
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Este apoyo facilita el acceso al transporte público para grupos vulnerables, incluyendo estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia, así como familiares de personas desaparecidas. La tarjeta permite un máximo de 730 viajes anuales gratuitos, dependiendo del perfil del usuario, o bien un subsidio del 50% que cubre hasta 640 traslados.
El beneficio aplica en diversos sistemas del Área Metropolitana de Guadalajara, tales como el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas convencionales. Además, se extiende a municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, permitiendo desplazamientos hacia escuelas, empleos o centros médicos con mayor facilidad.

Yo jalisco

Tarjeta Yo Jalisco: ¿Dónde y cuándo recogerla?

BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Así, con esta conocida frase, bautizaron en el Ayuntamiento de Tonalá su programa de estímulos para que los habitantes del municipio acudan a pagar el Impuesto Predial y el resto de pagos municipales. Tonalá, uno de los municipios metropolitanos con más problemas de irregularidad en la posesión de terrenos y bienes inmuebles, está urgido de incrementar sus ingresos propios para sacar adelante los proyectos de gobierno e incrementar el presupuesto en materia de obra pública y construcción de infraestructura, para depender menos de los proyectos del gobierno del Estado. Y justo en la semana que todos salen de vacaciones e inician los festejos decembrinos, el gobierno de Sergio Chávez Dávalos anuncia hoy a mediodía su plan de cobros y descuentos.
¿Y LAS INVERSIONES TÉRMICAS?
En esta temporada de frío, aunque el Invierno recién comienza, la Secretaría de Medio Ambiente ha tenido suerte: no se han registrado episodios de alta contaminación a causa de las inversiones térmicas, que impiden que se disipe la contaminación en la atmósfera. Y no, no se ha contaminado menos, pero las temperaturas han sido benévolas para evitar el fenómeno que se presenta prácticamente todos los años. De hecho, se esperaba un temporal con mayor frío, pero las bajas temperaturas han permanecido muy poco. Quedan pendientes dos episodios muy negativos en la materia: las noches del 24 y el 31 de diciembre, cuando muchas personas en la ciudad festejan encendiendo fogatas con todo tipo de material. Veremos qué marcan las estaciones de monitoreo atmosférico.
ÚLTIMA SEMANA PARA LOS PAGOS
Y hablando de períodos que se vencen, el próximo viernes 26 de diciembre es el último día para hacer el pago del refrendo vehicular 2025, los 900 pesos que incluyen la verificación vehicular obligatoria y el cambio de placas. Con el pago antes del vencimiento del viernes, los propietarios de automóviles podrán ingresar al período de ampliación de trámite hasta el último día de marzo de 2026 sin ningún costo ni sanción, porque quienes no tengan el pago hecho, desde el 1 de enero próximo deberán pagar 2 mil 500 pesos sólo por el canje de placas, que será obligatorio, más los otros pagos correspondientes. ¡A darse prisa!

mi pecho no es bodega

Mi pecho no es bodega

Jonás

En la recta final del año 2025, como en cualquier cierre de ciclo, casi de manera involuntaria hacemos un recuento de lo ocurrido. Es casi un acto reflejo… y fugazmente cruzan por la memoria los buenos momentos, pero también los errores, lo que terminó mal pero –sabemos– pudo haberse evitado. El mismo ejercicio individual puede trasladarse a lo colectivo y en estos días propongo una revisión por temas, iniciando con el creciente problema del acceso al agua potable y en el caso del Área Conurbada de Guadalajara, el caótico año para el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
En un brevísimo diagnóstico, hay que apuntar que hoy como siempre, mientras los problemas de acceso al agua se agravan más cada año en la mayor parte del territorio nacional, en el Área Conurbada de Guadalajara se mantiene la dependencia de una fuente de agua: el Lago de Chapala. El lago ha sido una auténtica bendición para la ciudad, pero hay cosas por hacer con urgencia y otras sobre las que se debe tomar conciencia.
Primero, está pendiente el proyecto de revisión y cambio de la red de distribución de agua potable en la ciudad, principalmente en lo que conocimos como la Zona Metropolitana de Guadalajara: Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara. Las redes son obsoletas y deben cambiarse; el costo estimado es de 8 mil millones de pesos y varios años. No se ha comenzado.
Por otra parte, ¿hasta cuándo se completará la infraestructura para obtener agua del Río Verde, vía la Presa de El Zapotillo? El gobierno federal no tiene etiquetados recursos para las obras de acueductos y 2026 apunta a ser otro año perdido.
Adicionalmente, está el problema de la urgente construcción del ducto de Chapala a la ciudad, y como lo ha repetido el gobernador Pablo Lemus, ese ducto no será para sacar más agua del lago, sino menos, porque el actual tiene fugas de más del 40% y puede colapsar en cualquier momento, además del alto costo en energía que significa el viejo sistema de bombeo. 
Y debe añadirse, además, el proyecto del ducto de la Presa Solís al área urbana de León, Guanajuato. Si esa presa destina agua a la esa zona urbana y no llegan sus niveles de almacenamiento al 80%, no desfogará agua para el Lago de Chapala. El riesgo es alto y no se ha abordado con detalle. El gobierno federal sólo ha apelado a la confianza, pues no pretenden dañar al lago ni al área metropolitana de Guadalajara.
Y sin que se pretende agotar todo el problema, se llega al punto de hacer hincapié en el SIAPA: ¿Cuándo su reingeniería? ¿Cómo y quiénes evaluarán su plantilla de empleados? ¿Cómo se atacará el problema de la gigantesca cartera vencida de casi 18 mil millones de pesos? ¿Para cuándo se proyecta una revisión a fondo de las tarifas para aplicar cobros reales sobre el consumo doméstico, comercial e industrial? 
¿Cuándo se sancionará el caso Eli Castro que tanto ha ofendido a la sociedad y con éste el resto de los muchos que seguramente existen?
El espacio se extiende sólo para sellar este texto con un cuestionamiento sobre el avance en las obras y financiamiento del incompleto esquema de saneamiento de aguas residuales, en el que están en deuda con la gente y con el medio ambiente, los consumidores domésticos e industriales.
En definitiva, 2025 no fue ni de lejos, un buen año en el tema del agua.

Recuentos 2025: SIAPA y agua potable

Federico Torres López

Hace apenas dos años, el mapa del Continente Americano estaba políticamente pintado de rojo. La mayoría de los países eran gobernados por estadistas, por así llamarles benévolamente, pues en realidad la lista está integrada por algunos conocidos dictadores.
Pues bien, al término de 2025, los colores han cambiado. Ecuador, Bolivia, Argentina y, ahora Chile, han pintado de otro color sus latitudes, ya que son gobernados por Noboa, Paz, Milei y Kast, respectivamente, estadistas que trabajan bajo políticas públicas orientadas a la derecha; transitan por caminos de libertad y tienen como base al sector privado como motor para el desarrollo. Sume Usted estimado lector a esta lista a El Salvador, Panamá, Paraguay Costa Rica y ahora mismo, Honduras recuenta sus votos para determinar un ganador, pues acaban de celebrar su proceso electoral.
Dentro de este contexto regional existe una ola conservadora o una tendencia hacia la derecha que ha ido ganando fuerza tras ciclos de gobiernos progresistas en la década anterior.
Analicemos ahora algunos factores que han sido relevantes para este viraje.
1. La inseguridad como motor político. En varios países (Ecuador, Chile, Argentina y El Salvador) la inseguridad ciudadana ha escalado con fuerza. El crimen organizado, la violencia urbana y las extorsiones han cobrado factura. En una palabra, la seguridad se volvió el eje central del voto.
2. La fatiga con gobiernos de izquierda. Tras varios ciclos progresistas muchos ciudadanos han percibido que las expectativas sobre igualdad y bienestar han sido incumplidas. Han percibido problemas de gestión económica y conflictos internos en coaliciones de izquierda. En una palabra, se pelean entre ellos.
3. La crisis económica ha sido prolongada, lo que ha conducido al ciudadano a una frustración social. La región vive un deterioro económico desde antes de la pandemia, de modo que ya no se puede pretextar que la emergencia de salud los llevó a una crisis ampliada. Se ha estancado el empleo formal y resurgido con fuerza el informal.
La inflación ha sido persistente en varios países y para muestra tomemos a la Argentina, que se viene recuperando de índices elevados que llegaron al 142% interanual. Hay también claras evidencias de la caída de la inversión pública y del poder adquisitivo.
4. En la región, algunos presidentes del ala conservadora, han hecho demostraciones rápidas de capacidad y liderazgo al frente de sus países. Ejemplos:  Bukele en seguridad; Milei en el control de la narrativa económica; Noboa en orden y modernización.
La exitosa ruta de América hacia la derechización y su prolongada existencia dependerá de que estos gobiernos logren resultados visibles y contundentes, so pena de que el péndulo político se ponga de nuevo en movimiento.
Seguimos en conexión.

Federico Torres

¿Cambio estructural o voto de castigo? El viraje político del continente

Héctor Ruiz López

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado recientemente un paso que, por su trascendencia, merece una reflexión seria y crítica. Bajo el argumento de garantizar la “justicia material”, la Corte —la autodenominada Corte “electa por el pueblo”— ha validado la creación de una figura procesal que denomina nulidad de juicio concluido. En los hechos, se trata de una vía extraordinaria para reabrir sentencias firmes, lo que implica una afectación directa al principio de cosa juzgada, uno de los pilares del Estado constitucional de derecho.
Una de las explicaciones públicas de esta figura fue dada por la ministra Lenia Batres, quien sostuvo que la nulidad de juicio concluido permitiría anular sentencias definitivas cuando éstas se hayan obtenido mediante pruebas falsas o actos fraudulentos. Según su argumento, esta acción evitaría que la cosa juzgada se convierta en refugio de decisiones injustas y funcionaría como un mecanismo para combatir la corrupción judicial y el fraude procesal, sobre todo cuando los medios ordinarios de impugnación ya se encuentran agotados.
El razonamiento, en apariencia, resulta atractivo: ¿Quién podría oponerse a que se corrijan sentencias basadas en pruebas falsas? Sin embargo, el problema no está en la intención declarada, sino en las consecuencias institucionales de abrir una puerta tan peligrosa. La cosa juzgada no es un capricho del formalismo jurídico; es la garantía de certeza, estabilidad y seguridad jurídica. Sin ella, ningún proceso termina realmente y ningún derecho queda plenamente protegido.
La propia ministra reconoce —aunque de manera contradictoria— que la cosa juzgada existe para evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente y para dotar de definitividad a las decisiones judiciales. El problema es que, con esta nueva figura, la excepción amenaza con convertirse en regla. Bastará alegar, ex post, que una prueba fue falsa o que existió simulación procesal para intentar reabrir cualquier juicio concluido, incluso años después.
Aquí radica el verdadero riesgo: una Corte políticamente alineada o ideológicamente comprometida podría utilizar esta herramienta para revisar, revertir o anular decisiones que no le resulten convenientes, bajo el pretexto de supuestas irregularidades probatorias. El estándar para determinar qué es una “prueba falsa” o un “acto fraudulento” queda peligrosamente abierto, sujeto a la discrecionalidad del órgano que juzga.
En un contexto como el actual, donde la integración de la Suprema Corte ha sido cuestionada —no solo por el mecanismo de elección, sino por el uso generalizado de “acordeones” que condicionaron la voluntad del electorado—, otorgar a ese mismo órgano la facultad de reabrir sentencias firmes es, cuando menos, alarmante. La independencia judicial no solo debe existir al momento de dictar sentencia, sino también al decidir si una sentencia puede o no sobrevivir en el tiempo.
La cosa juzgada es el punto final del conflicto jurídico; es la promesa que hace el Estado a los ciudadanos de que, una vez agotados los recursos, el litigio termina. Debilitarla es debilitar la confianza en el sistema de justicia. Si las sentencias pueden ser reabiertas indefinidamente, el derecho se vuelve provisional, la seguridad jurídica se diluye y la justicia se transforma en un terreno movedizo, sujeto a la correlación de fuerzas del momento.
Combatir la corrupción judicial es indispensable, pero hacerlo a costa de dinamitar los principios estructurales del proceso es un error que puede salir muy caro. El remedio, en este caso, corre el riesgo de ser más peligroso que la enfermedad. Y cuando una Corte empieza a relativizar la cosa juzgada, lo que está en juego no es un juicio en particular, sino la certeza misma del orden constitucional.

Héctor ruiz

Adiós a la cosa juzgada

Isaura Amador

En vísperas del año nuevo me encontré reflexionando: ¿Recuerdas cómo vivías hace 10 años? Yo tenía 24 años, recién egresada de la universidad, y recuerdo bien cómo era Zapopan entonces. Hoy, al cierre de 2025, mirar atrás me genera orgullo. Nuestra ciudad se ha transformado profundamente: ha crecido su población, pero también su infraestructura, sus servicios y, sobre todo, su identidad.
Zapopan dejó de ser un municipio promedio para convertirse en un referente a nivel nacional. Prueba de ello son los distintos reconocimientos que ha recibido en los últimos años: Liderazgo en transparencia y buen gobierno, mejora regulatoria, generación de empleo y fortalecimiento de los ingresos propios.
Estos avances no son casualidad. Durante la última década se ha trabajado en Zapopan con una visión de largo plazo, basada en la eficiencia, la innovación y la planeación. Este proyecto, impulsado por el gobernador Pablo Lemus y el presidente municipal Juan José Frangie, se presentó como &#8220;La ciudad de las niñas y los niños&#8221;, una visión que puso a las personas —y especialmente a la infancia— en el centro de las decisiones públicas.
Tras 10 años de ejecución, los resultados son claros.
Zapopan pasó de enfrentar serios retos financieros a consolidarse como una ciudad punta de lanza. La deuda municipal se redujo de manera significativa, mientras que el presupuesto creció de forma sostenida. La semana pasada, el pleno del Ayuntamiento aprobó el Presupuesto de Egresos 2026 por 13 mil 147 millones de pesos, un incremento del 6.1 % respecto a 2025. Se trata del presupuesto más alto del Estado de Jalisco y uno de los más elevados del país a nivel municipal.
Como ha señalado en diversas ocasiones el presidente municipal Juan José Frangie, un presupuesto de esta magnitud refleja dos cosas: Por un lado, la confianza de la ciudadanía, que ve sus impuestos transformados en obras, servicios y programas; y por otro, una administración responsable de las finanzas públicas.
Habrá quien piense que estos resultados se explican únicamente por el crecimiento poblacional. Sin embargo, si ese fuera el caso, municipios con mayor número de habitantes tendrían trayectorias similares, y no es así. La diferencia está en la planeación, en la continuidad y en la forma de gobernar. De cara al 2026, el reto es claro: Consolidar lo logrado y seguir construyendo un Zapopan más justo, ordenado e incluyente.
Porque más allá de las cifras, el verdadero objetivo es mejorar la calidad de vida de quienes todos los días hacen de esta ciudad su hogar.

Zapopan 2025: A una década de resultados

Laura Haro Ramirez

A pocos días de cerrar el año, la Presidenta mostró en su conferencia mañanera una estadística del Banco Mundial donde se muestra que la clase media en México supera a la población en situación de pobreza, señalando que entre 2018 y 2024 la clase media creció más de 12 puntos porcentuales, mientras que la pobreza descendió cerca de 14 puntos, lo cual ha catalogado como un logro histórico. Pero, ¿son ciertos los datos?
Para cualquier analista estas cifras merecen un escrutinio más allá del aplauso aliado. Que una institución como el Banco Mundial confirme una tendencia positiva en términos de ingresos relativos no es intrascendente, pero tampoco es suficiente para cantar victoria frente a los desafíos estructurales del país. El organismo considera como clase media a quienes tienen ingresos por encima de los 17 dólares diarios, equivalente a unos 340 pesos; esto coloca en el papel a muchos hogares dentro de este estrato, pero en los hechos la realidad es muy cuestionable.
Estos ingresos no son suficientes para hacer frente a una enfermedad, la pérdida del empleo, la subida en la renta o en los alimentos, tampoco hay margen real para el ahorro, la inversión, la educación, ni para una jubilación digna. En economías como las de México donde muchos gastos esenciales son privados (salud, transporte, seguridad, vivienda), un ingreso dentro de este índice no garantiza estabilidad, que es justamente el rasgo central de la clase media.
La narrativa de Morena encuadra este logro en la lógica del Bienestar que, según Palacio Nacional, los programas sociales han tenido efectos multiplicadores en millones de familias. Y aunque podamos estar de acuerdo en que ciertos apoyos gubernamentales pueden atenuar vulnerabilidades, la evidencia sugiere que las métricas no capturan por completo el acceso a servicios públicos esenciales, la calidad del empleo, ni la seguridad económica en el largo plazo, todos ellos aspectos cruciales para que la llamada clase media no solo exista en cifras, sino también en sustancia.
Las cifras deben interpretarse con prudencia. Queremos que la pobreza se reduzca, que los ingresos de las familias mejoren, pero atribuirlas de manera simplista a decisiones coyunturales, sin reconocer factores como la entrada de capitales extranjeros, remesas, los flujos de empleo informal, o la propia idea de que 340 pesos diarios te convierten en clase media, es tratar de ver la realidad con lentes oscuros. Ahora mismo el país enfrenta inflación, encarecimiento de la vivienda, desabasto de medicamentos y toda clase de retos que profundizan la desigualdad de millones.
A medida que se acercan las fiestas decembrinas, las familias merecen celebrar, pero es importante la planificación de los gastos y la prudencia para evitar una cuesta de enero prolongada.
Por lo demás, a todas y a todos ustedes que me acompañan semana a semana, les deseo una muy Feliz Navidad.

Laura Haro

La nueva clase media

Laura Castro Golarte

Hace pocos años, mientras las amenazas de un mundo globalizado se sumaban a la crisis económica en México, había datos para documentar el pesimismo, muchos: inflación, devaluación, aumento de nada en los salarios mínimos, déficit comercial, desempleo, subempleo, informalidad creciente, quejas de los líderes empresariales, precarización laboral (outsourcing), incremento en el número de mexicanos que se integraban a las filas de la pobreza y la pobreza extrema, bajo consumo de proteína animal en los grupos mayoritarios y marginados; el peor país en recaudación tributaria y en niveles de corrupción, desastre en la salud pública, abandono del aparato educativo y de los docentes específicamente, ¿qué más?
La lista es larga y lo que enlisto aquí apenas pinta una pequeña parte de un universo complejo, incierto, crítico y poco esperanzador, en los tiempos de Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas y Miguel de la Madrid. De pronto se dejan fuera Echeverría y López Portillo, pero estos dos, junto con los otros, acumulan casi 50 años de malos y pésimos gobiernos con los peores indicadores en todas las áreas y, por si fuera poco, negocios, privilegios, enriquecimiento ilícito, abusos, nepotismo, despojos y desmantelamiento de lo poco que funcionaba en el Estado mexicano.
Vuelvo a este tema –y no dejaré de hacerlo– porque somos producto de nuestra memoria histórica y para entender lo que pasa hoy, es preciso mirar hacia atrás. Últimamente he notado que hay una cierta tendencia y afirmaciones concretas que piden que ya no se hable del pasado, pero no estoy de acuerdo. En todos los procesos de purga y catarsis, para sanar, para avanzar sobre terrenos firmes, sólidos y armónicos, es fundamental, indispensable, exorcizar a los fantasmas de otros tiempos, reconocer y restañar heridas.
Entender lo que pasa hoy significa también comparar y, de hecho, no sé por qué se insiste en que todas las comparaciones son malas. Habría que romper con patrones y lugares comunes que no conducen a nada, estorban.
Hoy me sirve saber, y sólo puede ser después de un trabajo de revisión de datos de otros años y de las comparaciones correspondientes, que hay menos mexicanos viviendo en pobreza y más mexicanos en el grande y simbólico grupo de la clase media.
Es cierto, no se puede cantar victoria, falta mucho por avanzar en esta materia empezando por la necesidad urgente de que quienes salieron de la pobreza y los que llegaron a la clase media se consoliden primero en la nueva condición y sigan hacia arriba, mejorando sus niveles de vida y bienestar.
Claro que no es fácil y sí muy complicado porque las amenazas no cesan, porque aparte de todo, en los últimos siete años pasamos por una dolorosísima pandemia y hoy por hoy es preciso capotear el temporal trumpiano que no cesa, al contrario, empeora.
Es complicado porque resulta que aun cuando el poder adquisitivo de los mexicanos ha mejorado, para algunos economistas no es real o va a durar muy poco o se necesitan otras circunstancias en el mundo para que rinda y se note efectivamente que traemos más dinero y gastamos más. Y luego hay que ver de dónde viene lo que compramos y quién lo produce.
No sé si sea resultado de lo que padecimos por tantos años, quizá sí, pero hay una carga pesimista con respecto a nuevas realidades, mejores realidades, con la que tendríamos también que romper, me refiero a la carga, no sólo para reconocer lo que vivimos ahora y que es mucho mejor en comparación con los sexenios ya citados, sino para avanzar, para no quedarnos ahí, consolidar y seguir, afianzar y subir.
Por supuesto que es complicado. Remontar y cubrir los retrasos, olvidos, abandonos y rezagos que nos impusieron los gobiernos de Echeverría a Peña Nieto no es nada sencillo, mucho menos si estamos conscientes y reconocemos también que adentro del gobierno actual hay resistencias, inercias y tentaciones, resabios, viejas y malas prácticas en la burocracia, obstáculos para proteger privilegios; redes de corrupción.
Sin embargo, en un contexto así, no había sucedido, primero, que 13.4 millones de mexicanos salieran de la pobreza y que la clase media en México creciera 12.4 % entre 2018 y 2024 por encima de Brasil (7 %), Costa Rica (6.8 %) y Paraguay en el mismo periodo; y en contraste con los países donde se redujo, en Argentina por ejemplo, hay 6.3 % menos personas en ese estrato; en Perú -4.4 % y en Ecuador, -1.9 por ciento.
En México, la población en pobreza cayó de 55.1 a 21.7 % entre 2000 y 2024; y la clase media subió de 18.1 a 39.6 % en el mismo periodo. Estos datos resultan de tabulaciones de la LAC Equity Lab de SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial) donde la línea de pobreza corresponde a la población con ingreso menor a 8.30 dólares por día; y la clase media corresponde a ingresos superiores a 17 dólares diarios.
El INEGI reporta los mismos indicadores con variaciones: en el caso de la pobreza, de 2008 a 2024 pasó de 44.2 a 29.6 %; y en cuanto al crecimiento de la clase media, en el mismo lapso, creció de 18.3 a 42.3 por ciento. Si se comparan los indicadores de las dos instituciones entre 2008 y 2004, las variaciones son mínimas pero en todos los años, con la misma tendencia a la alza. Comparto aquí el gráfico donde se aprecian las diferencias que comento.
No son malas noticias, tampoco lo es el incremento a los salarios mínimos que se anunció hace unos días así como el paso a la semana de 48 a 40 horas de manera gradual.
Con todo, insisto, es complicado porque estábamos muy mal acostumbrados a que esto no fuera real, ni cierto, a que se prometieran aumentos y mejoras y no se cumplieran; o a que fueran ficticias o efímeras. La tasa de desempleo también es de las más bajas en el mundo y se sigue generando empleo, pero como el PIB es mínimo, pareciera que todo lo demás no está sucediendo, como la paridad por ejemplo, increíble, en 18 pesos por dólar o el incremento histórico en la inversión extranjera directa. Es complicado.
En lo que reconocemos esta nueva realidad y logramos que se mantenga y mejore siempre, permítanme los estimados lectores y lectoras que les desee una muy feliz Navidad en compañía de sus seres más queridos.
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Es complicado

Athziri Llamas

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El Gobierno de México anunció el fortalecimiento de hospitales y unidades médicas ubicadas en zonas rurales de Michoacán mediante la incorporación de nuevo personal de salud, como parte de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La medida fue dada a conocer por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, quien informó que esta acción forma parte de una estrategia integral para mejorar la atención médica en el estado.

De acuerdo con lo expuesto, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia entró en vigor el pasado 9 de noviembre y contempla 40 acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de la población. Una de estas líneas de acción se centra en reforzar el personal médico y de enfermería, con énfasis en los hospitales rurales que presentan mayores necesidades de cobertura.

En este contexto, se entregaron nombramientos y bases laborales a 270 trabajadoras y trabajadores de la salud, quienes se incorporaron de manera inmediata a distintas unidades del IMSS en Michoacán. Del total, 127 corresponden a mujeres y 143 a hombres, entre personal de enfermería, paramédicos, médicas y médicos familiares, así como especialistas de diversas áreas.

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El personal fue asignado a Hospitales Rurales ubicados en municipios como Paracho, Ario de Rosales, Buenavista, Coalcomán, Villamar, Huetamo y Tuxpan. Además, se reforzaron Hospitales de Zona en Uruapan, Lázaro Cárdenas, Morelia y Zacapu. Las especialidades incorporadas incluyen anestesiología, cirugía general y oncológica, ginecología, neonatología, urgencias, terapia intensiva, medicina interna, pediatría, traumatología, ortopedia y reumatología, entre otras.

Durante un enlace desde Palacio Nacional a Morelia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de las basificaciones y explicó que esta medida responde a solicitudes del personal del IMSS que durante años contó con plazas temporales. Señaló que parte del personal cambió de adscripción para cubrir hospitales y clínicas rurales que no contaban con suficientes trabajadores de la salud.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció el respaldo del Gobierno de México y reconoció la entrega de plazas definitivas al personal de salud. Indicó que el &#8216;Plan Michoacán por la Paz y la Justicia&#8217; representa un compromiso institucional para atender el bienestar y la salud de la población, en particular en las regiones con mayor rezago en servicios médicos.

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