Imparten justicia sin protección
En México, impartir justicia se ha convertido en una función de alto riesgo que el Estado sigue sin reconocer en su verdadera dimensión. Jueces, magistrados, secretarios, actuarios y personal jurisdiccional trabajan bajo una presión constante, con cargas laborales excesivas, recursos limitados y una ausencia casi total de protección institucional. Mientras se exige independencia, firmeza y resultados, las condiciones materiales, humanas y de seguridad para ejercer la función judicial se deterioran de forma sistemática, normalizando el desgaste como si fuera parte inherente del cargo.
La reciente localización sin vida de un juez penal en el estado de Chihuahua volvió a colocar en el foco una realidad que suele abordarse con cautela extrema o, de plano, con silencio. El juzgador, con apenas tres meses en el cargo y con asuntos de alto impacto bajo su responsabilidad, fue encontrado sin vida sin que, hasta ahora, exista una versión oficial concluyente sobre las causas del fallecimiento. Más allá del desenlace particular, el hecho expone una problemática estructural: El sistema judicial mexicano opera sin garantizar seguridad, estabilidad ni respaldo real a quienes toman decisiones que afectan intereses políticos, económicos y criminales.
Este escenario no es aislado ni excepcional. En entidades como Jalisco, Colima y otras regiones del país, el personal que imparte justicia enfrenta condiciones similares. Saturación de juzgados, insuficiencia de salas, diferimiento constante de audiencias por fallas logísticas, jornadas prolongadas y presión mediática permanente forman parte de la rutina diaria. En Jalisco, la sobrecarga de trabajo y la falta de personal de apoyo han normalizado retrasos estructurales que impactan directamente en quienes sostienen la operación cotidiana de los tribunales. En Colima, una entidad marcada por altos niveles de violencia, la función judicial se ejerce en contextos de riesgo evidente, sin que existan esquemas preventivos de seguridad acordes al tipo de asuntos que se conocen, particularmente en materia penal.
A estas condiciones operativas se suma un problema de fondo que pocas veces se discute abiertamente: El deterioro de las condiciones laborales del personal judicial. En la actual administración, se han debilitado fondos de pensiones, reducido prestaciones y eliminado garantías que históricamente funcionaban como un respaldo mínimo para preservar la independencia judicial. La incertidumbre sobre el futuro económico de jueces y magistrados contrasta con el aumento constante de responsabilidades, exposición pública y presión institucional. Se exige imparcialidad absoluta, pero se construye precariedad; se demanda firmeza, pero se debilita la estabilidad que la sostiene.
El desgaste humano detrás de la función judicial es otra dimensión invisibilizada. No existen protocolos sólidos de acompañamiento psicológico ni estrategias preventivas frente al estrés crónico que implica decidir sobre libertades personales, patrimonios y conflictos de alto impacto social. La función se ejerce, en muchos casos, en aislamiento, bajo una presión constante y con un margen de error prácticamente inexistente. Cuando ocurren amenazas, ataques o muertes, la respuesta institucional suele limitarse a comunicados breves y trámites administrativos, sin diagnósticos públicos ni políticas integrales que reconozcan que el problema es estructural y no circunstancial.
Un sistema de justicia que no protege a su personal termina debilitando sus propias decisiones. La justicia no puede sostenerse sobre el miedo, la precariedad y el desgaste extremo. Cada juez, magistrado o trabajador judicial que opera bajo estas condiciones representa una advertencia sobre el estado real del sistema. Mientras impartir justicia continúe siendo una función ejercida bajo riesgo, incertidumbre y abandono institucional, la crisis seguirá profundizándose. No se trata de privilegios, sino de garantías mínimas para que la justicia funcione. Ignorar esta realidad no solo pone en riesgo a quienes imparten justicia, sino a la propia legalidad que el Estado dice defender.
