Laura Haro Ramirez

A pocos días de cerrar el año, la Presidenta mostró en su conferencia mañanera una estadística del Banco Mundial donde se muestra que la clase media en México supera a la población en situación de pobreza, señalando que entre 2018 y 2024 la clase media creció más de 12 puntos porcentuales, mientras que la pobreza descendió cerca de 14 puntos, lo cual ha catalogado como un logro histórico. Pero, ¿son ciertos los datos?
Para cualquier analista estas cifras merecen un escrutinio más allá del aplauso aliado. Que una institución como el Banco Mundial confirme una tendencia positiva en términos de ingresos relativos no es intrascendente, pero tampoco es suficiente para cantar victoria frente a los desafíos estructurales del país. El organismo considera como clase media a quienes tienen ingresos por encima de los 17 dólares diarios, equivalente a unos 340 pesos; esto coloca en el papel a muchos hogares dentro de este estrato, pero en los hechos la realidad es muy cuestionable.
Estos ingresos no son suficientes para hacer frente a una enfermedad, la pérdida del empleo, la subida en la renta o en los alimentos, tampoco hay margen real para el ahorro, la inversión, la educación, ni para una jubilación digna. En economías como las de México donde muchos gastos esenciales son privados (salud, transporte, seguridad, vivienda), un ingreso dentro de este índice no garantiza estabilidad, que es justamente el rasgo central de la clase media.
La narrativa de Morena encuadra este logro en la lógica del Bienestar que, según Palacio Nacional, los programas sociales han tenido efectos multiplicadores en millones de familias. Y aunque podamos estar de acuerdo en que ciertos apoyos gubernamentales pueden atenuar vulnerabilidades, la evidencia sugiere que las métricas no capturan por completo el acceso a servicios públicos esenciales, la calidad del empleo, ni la seguridad económica en el largo plazo, todos ellos aspectos cruciales para que la llamada clase media no solo exista en cifras, sino también en sustancia.
Las cifras deben interpretarse con prudencia. Queremos que la pobreza se reduzca, que los ingresos de las familias mejoren, pero atribuirlas de manera simplista a decisiones coyunturales, sin reconocer factores como la entrada de capitales extranjeros, remesas, los flujos de empleo informal, o la propia idea de que 340 pesos diarios te convierten en clase media, es tratar de ver la realidad con lentes oscuros. Ahora mismo el país enfrenta inflación, encarecimiento de la vivienda, desabasto de medicamentos y toda clase de retos que profundizan la desigualdad de millones.
A medida que se acercan las fiestas decembrinas, las familias merecen celebrar, pero es importante la planificación de los gastos y la prudencia para evitar una cuesta de enero prolongada.
Por lo demás, a todas y a todos ustedes que me acompañan semana a semana, les deseo una muy Feliz Navidad.

Laura Haro

La nueva clase media

Hoy que inicia el servicio de la Línea 4 del Tren Ligero rumbo a Tlajomulco, luego de dos años de retraso y –a diferencia del PRI, que construyó tres líneas sin endeudamiento– con una deuda para los próximos años, de 21 mil 538 millones de pesos, es un buen momento para hablar acerca de los trenes en México a partir de la llegada de Morena, con tres casos emblemáticos de amplio conocimiento social.
Lo primero es aclarar que esta columna no se opone a la idea de ampliar las opciones de movilidad urbana y suburbana de manera eficiente, masiva y sustentable. ¡El PRI fue el primero que hizo esta apuesta! Lo que pretende este texto es evidenciar las carencias de un gobierno que en siete años ha demostrado no estar a la altura de los retos que implica mover a más de 130 millones de personas. Dicho lo anterior, analicemos caso por caso.
3 de mayo de 2021: La hoy presidenta gobernaba la capital mexicana, eran aproximadamente las 10:20 de la noche, cientos de personas regresaban a casa en un tren de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, cuando la estructura por la que circulaba sobre la avenida Tláhuac, entre la estación Olivos y Tezonco, se desplomó. El accidente ocasionó la muerte de 27 pasajeros y dejó a más de 80 personas heridas; vecinos de la zona y usuarios llevaban meses denunciando el mal estado del paso elevado, pero el mantenimiento nunca llegó, y hoy no hay culpables de esta desgracia.
El segundo caso no parte de una catástrofe, sino del anuncio de que el tan esperado y anunciado tren México-Toluca, operará de forma completa a partir del próximo mes. Un proyecto nacido en un gobierno priísta, pero que Morena retrasó por siete años, con un encarecimiento de 300% en sus costos, como cada obra impulsada por estos gobiernos.
Y el tercer caso, sin duda el más escandaloso de todos, el Tren Maya, el proyecto insignia de la corrupción, la ineficiencia y la soberbia de los gobiernos de Morena. Proyectado en 150 mil millones de pesos, pero con un costo, hasta ahora, de 500 mil millones de pesos, y que en 2024 generó 275 millones de pesos en ganancias, pero sus gastos de operación –subsidiados con el dinero de nuestros impuestos– fueron de 2 mil 837 millones de pesos.
No es sólo que en 10 años podría generar pérdidas de 25 mil millones de pesos al erario público, o que le tomará hasta 20 años ser rentable, sino que también su construcción ocasionó la tala de más de 10 millones de árboles en el Sureste mexicano y dejó daños medioambientales irreversibles en sistemas cavernosos subterráneos, la selva y la fauna de la región, pero eso no es todo, esta obra fue el entramado perfecto para impulsar los negocios corruptos de los hijos de López Obrador.
Como ya lo mencioné, no pongo en duda que la apuesta deba ser por la movilidad, sin embargo, la planeación importa más que los caprichos, la transparencia más que la corrupción, y las vidas más que el encubrimiento de los aliados. A la gente de Tlajomulco, esperemos que esta nueva línea les ayude a resolver parte del caos en aquella zona de la ciudad.

Hablemos de trenes

Si la política enfrenta un desgaste tan prominente y una crisis de credibilidad entre la ciudadanía, es en gran medida por la falta de valores como la determinación, la palabra y la congruencia de quienes suelen tomar el camino más cómodo, del acomodo facilongo, la crítica a medias y el acuerdo en lo “oscurito”. Son actores que dicen ser pero no son, mientras bailan el vals de “ni contigo, ni sin ti”. Esto es Movimiento Ciudadano, el esquirol de Morena.
El partido naranja ha puesto como base fundamental de su estrategia la ambigüedad, la simulación y la cooperación con Morena. Durante años se han presentado como un partido opositor, sin embargo, los hechos muestran otra realidad: Movimiento Ciudadano se ha dedicado a aplanar el camino para que el oficialismo avance de manera destructiva en el país. A continuación algunos ejemplos.
El caso más reciente —y quizá más grave— fue la votación en el Senado para nombrar a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República. Lejos de oponerse a la imposición de un perfil cercano y leal al gobierno, MC aportó sus votos para consolidar los próximos nueve años de persecución política, carpetazo a las investigaciones por corrupción, vínculos ilegales y desfalcos en contra de morenistas como Adán Augusto, los hijos de López Obrador y gobernantes de la 4T. La votación exigía contrapesos, pero los naranjas decidieron acomodarse del lado del poder.
En julio de 2025, cuando se aprobó la polémica reforma de telecomunicaciones, que atenta contra la libertad de expresión y la privacidad personal, Movimiento Ciudadano volvió a alinearse con Morena y como un partido satélite más, votó a favor: MC respaldó la reforma sin titubeos, contribuyendo a cimentar el proyecto autoritarista de la 4T. Más del 90% de las votaciones han sido acompañadas por parte del partido naranja a favor del oficialísimo.
En septiembre de 2024, cuando se discutía en el Senado de la república la Reforma Judicial, el senador emecista Daniel Barreda, al más puro estilo del escapista Harry Houdini, se ausentó de la sesión, facilitando que Morena y sus aliados alcanzaran la mayoría calificada, ocasionando que hoy México tenga la Corte más ineficiente de su historia.
En Jalisco, Movimiento Ciudadano y Morena se asociaron para aprobar el aumento a las tarifas del Siapa, en un servicio que entrega agua sucia, que deja a colonias enteras sin gota de líquido durante días, y que es responsable de los incontables socavones de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Además de desaparecer la transparencia.
Estos episodios exhiben un patrón sistemático: MC como bisagra del oficialismo, pese a que en cada periodo electoral se presentan como el voto útil para frenar a Morena. En tiempos que el país exige definiciones, fingir ser oposición, ha sido la apuesta del partido naranja. La realidad es que ha habido un solo partido capaz de resistir, al que no se le puede reprochar un solo voto a favor de las peligrosas reformas de Morena; y que pese a los ataques no se ha doblado: ese partido es el PRI.

El esquirol de Morena

Luego de una visita a Palacio Nacional, Adán Augusto López, el operador de Morena, La Barredora y el cártel de Macuspana, quien además coordina a los senadores morenistas, convocó de manera sorpresiva a una sesión extraordinaria en el Senado de la república. La versión extraoficial: la posible salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, y la posible candidata a sustituirlo: Ernestina Godoy, quien hasta ese momento hacía de Consejera Jurídica de la Presidencia.
La sesión era tan urgente que Adán Augusto solicitó a los senadores oficialistas regresar a CDMX o convocar a sus suplentes para garantizar la mayoría calificada. La sesión se llevó a cabo, la carta de dimisión informaba la separación del cargo para irse de embajador “a un país amigo”. López Hernández informó a los coordinadores parlamentarios que Gertz fue emplazado a presentar su renuncia por no presentar dos informes anuales, que por mandato constitucional, estaba obligado a presentar.
Gertz Manero fue, en términos reales, el primer fiscal de México, dado que antes del 2019, año en que fue nombrado por López Obrador, la figura de la Fiscalía era la de la Procuraduría; el cambio ocurrió tras una reforma constitucional que pretendía darle autonomía respecto al Ejecutivo. Tras esta reforma, la persona titular de la Fiscalía ocuparía el cargo durante nueve años, de manera transexenal; a Gertz Manero le quedaban dos años antes de concluir su encargo.
Gertz inició su trayectoria en 1961, en el sexenio de López Mateos, ocupando cargos modestos; en 1975 con Luis Echeverría asumió la Operación Cóndor, hacia 1998 se convirtió en secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, y en 2000 fue secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, renunciando en 2004. Regresó a la vida pública como diputado federal por Movimiento Ciudadano en 2009 sin ninguna iniciativa aprobada y con más de la mitad de ausencias en las votaciones. Su tercer regreso, en 2019 hasta hoy.
De acuerdo con el diario español El País, en estos años en el servicio público, Gertz logró hacerse de un envidiable patrimonio compuesto por cuatro viviendas en España, un departamento en Nueva York, otro en Santa Mónica, California, y 122 vehículos de lujo, todo con un valor aproximado de 287 millones de pesos.
Como fiscal, Gertz Manero cerró los expedientes de las investigaciones en contra de Pío López Obrador, persiguió a 31 científicos del Conacyt, mantuvo encarcelada por tres años sin sentencia a Rosario Robles, y negó de manera escandalosa que el Rancho Izaguirre fuera un centro de exterminio, tal como aseguraban las madres buscadoras.
Tras su salida, todo apunta a que Ernestina Godoy sea la próxima Fiscal General de la República; incluso asumió el cargo de manera interina. Esto advierte un peligro inminente: la Fiscalía perderá la poca o mucha autonomía que tenía, todo responderá a Morena, y la persecución será aún más hostil de lo que ya era.

La salida de Gertz Manero

Mañana, 25 de noviembre, las mexicanas volveremos a recordarle al país una verdad incómoda: Aquí ser mujer significa vivir en alerta, vivir con miedo, vivir bajo amenaza. La fecha no es para nada una celebración, es más bien una fecha de denuncia, una fecha que exige reconocer las violencias que persisten tanto en lo público como en lo privado, lo institucional y en lo cotidiano, porque en Jalisco, como en el resto de la república, las violencias contra las mujeres no son excepción, sino estructura.
Cuando por primera vez en su historia México tuvo una mujer Presidenta, nos dijeron que llegamos todas, pero aquí y en China, si la realidad no se transforma con acciones profundas, los simbolismos no alcanzan. La llegada histórica de la primera mandataria poco ha frenado el hecho de que en el país 11 mujeres son asesinadas cada día; tampoco ha logrado un cambio sustancial para atajar la desigualdad salarial o la trata, mucho menos ha desmantelado el pacto patriarcal que daña sistemáticamente el desarrollo pleno de las mujeres.
El primer año de gobierno de la Presidenta ha dejado claro que los discursos que no van acompañados de memoria histórica y valentía política, no rompen los techos de cristal, ni terminan con las causas que nos mantienen ancladas, como la pobreza, el miedo, la desigualdad o los estereotipos de género. En este primer año es notable el abandono institucional a la política de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, que era la herramienta mejor articulada para centrar la atención de los gobiernos en esta problemática.
En materia presupuestaria, 2026 era la oportunidad de demostrar un golpe de timón y un verdadero compromiso con las mexicanas, sin embargo la Secretaría de las Mujeres contará con una bolsa 1.2% menor en términos reales respecto a 2025, y aunque crearon el Anexo Transversal 31 “Consolidación de una Sociedad  de Cuidados” con 466 mil 674 millones de pesos, en realidad es una reagrupación contable de programas ya existentes como la Beca de Educación Básica Rita Cetina, los Servicios de Atención a la Salud del IMSS y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Un ejemplo adicional: el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades federativas, dedicado a la construcción de una sociedad igualitaria mediante acciones de prevención y atención en materia de violencia contra las mujeres, así como de empoderamiento en cada uno de los estados de la república, contará apenas con 334 millones de pesos; es el reflejo más pulcro de un presupuesto federal sin perspectiva de género.
Si no hay recursos, difícilmente habrá políticas públicas eficientes, refugios dignos, ni procuración de justicia, y así se repetirá el loop de la violencia. Por eso, el 25N no debe ser una fecha que pase desapercibida, debe incomodar a toda la clase política, especialmente a quienes deciden el rumbo de nuestra sociedad. Este 25 de noviembre nos toca a todas volver a nombrar lo que duele, porque el silencio ha sido el mejor cómplice de estos gobiernos, pero la memoria de las que estamos aquí debe hablar incluso, porque las que ya no están con nosotras.

25N: la deuda sigue, aunque tengamos Presidenta

La marcha convocada por el movimiento de la Generación Z del pasado 15 de noviembre, dejó algunas claves respecto al ánimo social que hoy recorre al país, pero también evidenció un fenómeno más profundo: el pánico que Morena le tiene a cualquier movilización, protesta o narrativa que no pueda controlar. Lo que vimos no sólo es miedo a los jóvenes, es miedo a perder el monopolio del poder; miedo a descubrir que, fuera de sus granjas digitales, la conversación pública se está moviendo en contra de ellos.
La respuesta oficial, de lo más predecible: descalificaciones, teorías conspirativas y la vieja insinuación de que todo fue “orquestado” por la oposición. El fenómeno es curioso: cuando la espontaneidad ciudadana es en contra de Morena no existe, cuando es a su favor, es tan real como que el agua moja. Esta idea tan contradictoria de que lo que ocurre en las redes es obra de los bots, desnuda de cuerpo completo su propia estrategia golpista, aunque lo cierto es que la realidad social ya no se puede ocultar ni con todas las mañaneras que le restan al sexenio.
El exhibicionismo desde el pódium de Palacio Nacional en contra de jóvenes que hablan con libertad en las redes sociales –con todos los peligros que amenazan en México–, no fue más que una llamada al linchamiento social de una generación que despierta y expresa su dolor. La indicación al interior del Gobierno es clara: garrote al disidente; pero en Morena no contaron con que esta generación es la más informada, la menos manipulable y la más crítica; no por nada el terror del oficialismo era notable.
Para Morena, el debate postmarcha debe centrarse en la baja participación de jóvenes frente a la asistencia de adultos, y no en que al final del día todos somos ciudadanas y ciudadanos mexicanos protestando contra un régimen que no brinda oportunidades y peor aún, completamente infiltrado por la criminalidad. La ironía de los términos del debate morenista recae en que el llamado a la pacificación nacional no puede despreciarse por incluir una mezcla intergeneracional.
La otra cara de la moneda, la represión y uso excesivo de la fuerza del Estado en el Zócalo de la Ciudad de México. Una reacción exacerbada para una marcha de bots, demuestra que cuando un régimen se endurece y teme a las juventudes, no es porque los considere criminales, sino que le representan un peligro inminente al representar todo aquello que no pueden controlar.
En septiembre del 2025 en Nepal, jóvenes organizados en la plataforma Discord, TikTok y aplicaciones de mensajería, se levantaron en una movilización que orilló al Primer Ministro KP Sharma Oli a dimitir. En México, la marcha del 15 de noviembre no tuvo un efecto de esta magnitud, pero dejó un mensaje poderoso: la ciudadanía —especialmente las juventudes— está harta. Y si Morena le teme a eso, no se equivocan. Es cuestión de tiempo.

Miedo a los bots

La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto federal para 2026. Las diputadas y diputados morenistas lo presumen como un ejercicio de “redistribución justa” de los recursos de la nación, fuera de los cuarteles guinda, este presupuesto se interpreta como una serie de decisiones y acuerdos basados más en la política de colores partidistas, que en conocimientos técnicos.
Para este 2026, el país contará con un gasto neto superior a los 10.2 billones de pesos, marcados por recortes al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por 17 mil 788 millones de pesos, a la par de una asignación insuficiente para atender el delicado asunto de la inseguridad, la salud y la educación.
Para la Secretaría de Energía, Morena aprobó un generoso aumento del 86.8% respecto al 2025, y para Pemex, que se ha convertido en una coladera de recursos públicos, una bolsa multimillonaria de más de 517 mil millones de pesos. Además, los legisladores de Morena y sus partidos aliados Partido del Trabajo y Partido Verde, se aprobaron un descarado aumento para su dieta, seguros de vida y aguinaldos, ignorando por completo las llamadas a misa de la entelarañada austeridad republicana.
Frente al derroche de Morena para los suyos, queda la realidad de las entidades federativas… mejor dicho: de algunas entidades federativas, como es el caso de Jalisco, que en 2026 recibirá un peso de presupuesto federal, por cada 38.50 que se le otorgarán a Tabasco para proyectos de inversión. De ese tamaño es el desprecio de la 4T para nuestro Estado.
Si bien en Jalisco se registra un aumento en las participaciones federales (Ramo 28) de más de 5% para 2026, la segunda parte del presupuesto, la que realmente ordena inversiones relevantes (Ramo 33, convenios de descentralización), presenta una caída de casi 49 por ciento, lo que significa menos presupuesto para educación, infraestructura social, salud y bienestar.
Y aquí emerge la pregunta inevitable: ¿Por qué a Jalisco le va mal con Morena? Porque la lógica presupuestal demuestra que el gobierno federal distribuye recursos de forma selectiva y condicionada más a colores partidistas, prioridades electorales y obras “prioritarias”. Es una realidad incómoda que a una de las economías más dinámicas del país, le devuelvan 2 de cada 10 pesos aportados a las arcas nacionales.
El caso de la Universidad de Guadalajara es otra muestra de ese desprecio a las y los jaliscienses y de cómo Morena ha decidido empeñar el futuro de Jalisco. Luego de que la Presidenta de la Comisión de Presupuesto –que dice ser jalisciense– asegurara que se corregiría el error presupuestal para la UdeG, se le otorgó una reasignación miserable de 1.69% completamente por debajo de la inflación, y hablamos de la segunda universidad pública más importante del país.
Días antes de la discusión del presupuesto, las y los priistas de Jalisco acudimos a la Cámara de Diputados, a solicitarles una reasignación de 20 mil millones de pesos para nuestro Estado, que debían ser destinados a obras de infraestructura carretera, hidráulica, seguridad y otros rubros prioritarios. Sin duda, lo que aprobaron la semana pasada, deja ver el poco amor que Morena profesa por nuestra tierra.

Con Morena Jalisco no sale adelante

La noche del sábado, en la plaza central de Uruapan, Michoacán, durante la celebración del Día de Muertos, el alcalde Carlos Manzo fue asesinado a plena vista del público. Dos de los atacantes fueron detenidos y uno abatido en el lugar. La noticia no solo estremeció al país, sino que sacudió las redes sociales: habían silenciado a uno de los pocos políticos que se atrevieron a nombrar y denunciar sin rodeos, la realidad que padecemos en México.

Manzo sabía que estaba en riesgo. Desde su arribo al cargo en septiembre de 2024, lo había advertido; exigió apoyo al gobierno federal y estatal, y aunque el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que sí contaba con protección, terminó cayendo a causa de siete disparos. Su muerte no es un hecho trágico más, de esos que abundan en México, sino un claro síntoma del fracaso del Estado en la pacificación del país.

Entre líneas, una verdad incómoda: ser bueno y franco en este país sale muy caro. Manzo decidió no callar ni ensuciar su nombre; esa decisión, aunque moralmente impecable, ha dejado a su familia sin un esposo, sin un padre y sin un hermano, mientras tanto, el discurso oficialista sigue siendo el mismo, y la estrategia de seguridad no se mueve ni un milímetro.
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Cuando el Estado no protege y decide no actuar, permite que la muerte se vuelva instrumento de control político; para eso, el filósofo camerunés Archille Mbembe acuñó el término necropolítica, que no es más que ese control de quién puede vivir y también quién debe morir. En México, desde hace 7 años, bajo gobierno de Morena, cada quien se cuida por su propia cuenta.

¿Si el gobernante no protege al gobernado, qué pacto social prevalece? Ninguno, en realidad. Si Morena no asume su responsabilidad, si su gobierno es incapaz de garantizar la integridad nacional, su continuidad se vuelve insostenible. Las condenas enérgicas, el lamento de los hechos y las promesas de solidaridad no reparan nada porque el daño está hecho. La pregunta es, ¿quién va a caer? Porque un gobierno serio, en cualquier parte del mundo, buscaría llegar a las últimas consecuencias.

Lo cierto es que en México, el problema de la inseguridad se ha agravado más, desde que se convirtió en una guerra entre el Estado y su propia inacción. En este caso, como en muchos otros, no llegaron las revisiones de riesgos, el blindaje institucional, los recursos, ni la coordinación, lo único que llegó fue la negligencia de un gobierno que cada vez normaliza más la muerte.

Entre tanto, hay un reducto para reencontrarnos con la paz y la tranquilidad de habitar nuestros territorios, me refiero al de hacer comunidad y construir desde ya una alternativa a la indolencia de Morena; podemos hacerlo, porque ya lo hicimos antes.

El precio de ser bueno: la muerte de un alcalde y la falla del Estado

Héctor Ruiz López

Regalo de fin de año: aumento al transporte público

Laura Castro Golarte

La paz es posible

Mario Muñoz de Loza

A la carga fiscal

En Jalisco cerraremos el año con otro tarifazo “Al Estilo Jalisco”. 2025 estuvo marcado por los aumentos al SIAPA, al Predial, el refrendo, la verificación, el cambio de placas y ahora, a pocos días de iniciar el 2026, se anuncia un alza a las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara. En este escenario, la pregunta es, ¿el gobierno entiende la realidad que viven las familias?
Si entienden esta realidad y aún así son capaces de impulsar estos aumentos tarifarios, hay un completo desinterés en los efectos negativos a la economía de los hogares; si no los entienden, los tarifazos son entonces, una muestra de la desconexión de la clase gobernante con la ciudadanía.
El impacto de un aumento del 47 por ciento en términos reales, se observará en dos bandas: Por un lado, la bolsa anunciada por el gobernador para el subsidio de la tarifa, significa mil 200 millones de pesos menos para infraestructura y servicios para la ciudadanía, porque dicha suma proviene –desde luego– de nuestros impuestos. En segundo lugar, el impacto se absorberá directamente en el bolsillo de los usuarios.
Con la tarifa social de 11 pesos, anunciada por el gobernador, una persona que toma tres camiones para llegar a su escuela o centro de trabajo, y otros tres para regresar a su casa, gastará casi 300 pesos adicionales al mes, y tendrá que destinar casi 2 mil pesos de su salario mensual en pasajes. Para un salario de 10 mil pesos, estamos hablando de un 20% destinado al transporte público; el impacto para una familia donde mamá, papá y un hijo se trasladan, es más que significativo.
La justificación del aumento a las tarifas viene acompañada por una serie de factores que se sienten lejanos para el usuario del transporte y que en realidad no son de su competencia. La movilidad es un derecho y el servicio es una concesión del Estado, que quien la adquiere genera ganancias pero también adquiere responsabilidades; por lo tanto, es casi imposible que la ciudadanía no lo perciba como un abuso por parte del gobierno.
Por otro lado, los hechos que anteceden al aumento no son favorables para la administración, pues la Línea 4 del Tren Ligero ya ha presentado distintas incomodidades a los usuarios, que afectan sus tiempos de traslado, y al mismo tiempo, la promesa incumplida de una línea de tren ligero que correría del Aeropuerto al Estadio Akron, que se convirtió en un BRT con un trazo a medias, no suman para que el tarifazo encuentre ecos razonables en la ciudadanía.
Al tiempo que ocurre esta coyuntura sobre el transporte público, las y los usuarios lo describen como un sistema deficiente, malo e insuficiente. A todas luces una pésima manera de cerrar un año y arrancar uno nuevo.

Tarifazo al estilo Jalisco