El derecho a la memoria de las personas desaparecidas es un derecho humano fundamental que trasciende la mera búsqueda física: comprende el acceso a la verdad, la dignificación de las víctimas y sus familias, la transparencia y la participación ciudadana, así como la construcción de una memoria colectiva que evite la repetición de estos hechos y combata la impunidad. Este derecho exige políticas públicas estatales efectivas, preservación de archivos, información continua y reconocimiento del dolor de los colectivos de familias afectadas.
En el estado de Jalisco, donde la problemática de las desapariciones ha alcanzado niveles críticos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) tiene un papel constitucionalmente definido como organismo autónomo para promover, defender y proteger los derechos humanos de todas las personas en la entidad. Su actuación es pertinente para el ejercicio del derecho a la memoria, especialmente de las personas desaparecidas y sus familias, a través de diversas funciones que, aunque no están específicamente nombradas en términos de “memoria” en la ley, se articulan con los componentes fundamentales de este derecho.
Una de las funciones más visibles de la CEDHJ en casos de desaparición es investigar quejas y emitir recomendaciones cuando identifica violaciones a derechos humanos por parte de autoridades. En 2025, por ejemplo, la defensoría documentó docenas de quejas relacionadas con desapariciones de personas e identificó graves deficiencias en la actuación de autoridades responsables de la búsqueda, investigación y atención a las familias.
Estas Recomendaciones señalan la falta de acciones eficaces de búsqueda, omisiones y revictimización de familiares, así como violaciones a derechos como la legalidad, el acceso a la justicia y la verdad.
A través de sus Recomendaciones, instrumentos públicos que hacen visibles estos casos, la CEDHJ contribuye a documentar y poner en conocimiento público la situación de desaparición forzada o involuntaria, exigiendo a las autoridades competentes la obligación de investigar, informar y remediar las violaciones.
Aunque no sustituye la obligación de las fiscalías o mecanismos de búsqueda, la labor de esta Comisión crea un registro oficial y conservado de las irregularidades, lo cual forma parte esencial de la memoria histórica sobre desapariciones.
El derecho a la verdad y al acceso a la información, ejes del derecho a la memoria, implica que las familias conozcan las circunstancias de la desaparición de sus seres queridos y cómo avanzan las investigaciones para encontrarlos.
En varias Recomendaciones de la CEDHJ se documentan deficiencias en la entrega de información por parte de autoridades como el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como la falta de acciones claras y oportunas en búsquedas e identificación de restos.
Al emitir recomendaciones y solicitar informes a estas autoridades, la CEDHJ exige transparencia institucional y abre cauces formales para que los datos y circunstancias relevantes sobre desapariciones sean conocidos, documentados y, en su caso, difundidos. Esto contribuye a la construcción de una memoria pública y a la dignificación de quienes han sido desaparecidos, al evitar que los casos sean ignorados o minimizados por instituciones del Estado.
La CEDHJ también ha buscado vincularse con colectivos de familiares de personas desaparecidas, ofreciendo capacitaciones y espacios de diálogo para orientar sobre derechos y procedimientos institucionales. Este acompañamiento no solo es una respuesta técnica, sino un acto de reconocimiento del dolor y del derecho de las familias a participar en los procesos de exigencia de verdad y justicia.
La participación de colectivos en la presentación de quejas que la Comisión investiga y agrupa en Recomendaciones representa un reconocimiento implícito de las familias como sujetos activos en la construcción institucional del derecho a la memoria.
Si bien la CEDHJ no sustituye las obligaciones principales del Estado en materia de búsqueda, investigación y políticas públicas integrales de memoria y no repetición, su rol defensor, documentador y exigente ante las autoridades constituye una pieza clave para la garantía del derecho a la memoria.
Mediante la investigación de quejas, la emisión de Recomendaciones y el acompañamiento institucional a familias, la CEDHJ contribuye a hacer visibles las desapariciones, a exigir verdad, dignidad e información, y a preservar la memoria histórica de estos hechos en Jalisco.
Garantizar el derecho a la memoria de las personas desaparecidas en Jalisco no es solo recordar lo que pasó, sino comprometerse con lo que no debe volver a pasar. Mientras haya una persona ausente y una familia buscando, la memoria seguirá siendo un derecho vivo. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco tiene la obligación y la oportunidad de mantenerlo presente.