El 29 de diciembre de 2025, alrededor de las 10:30 horas, ocurrió un hecho que no admite matices ni eufemismos. Un empresario vinculado al Mercado de Abastos fue ejecutado junto con su hija y sus escoltas en una balacera que se prolongó por al menos quince minutos de contrafuego. Quince minutos de disparos ininterrumpidos en una zona ampliamente conocida, transitada y estratégica para la economía local. Quince minutos en los que no apareció una sola patrulla. Quince minutos en los que el Estado, simplemente, no existió.
La gravedad del episodio se profundiza al observar quién controló la narrativa. Los videos que circularon y que supuestamente documentan el ataque no provienen de sistemas oficiales ni de una reacción institucional eficaz. Fueron grabados por los propios delincuentes. Ellos registraron, ellos difundieron, ellos mostraron el ataque desde su óptica. Cuando los únicos registros disponibles de un hecho de alto impacto son los de los criminales, el mensaje es claro y demoledor: el control del territorio no está en manos de la autoridad.
La pregunta obligada es qué está pasando con el C5. ¿Dónde estuvo durante esos quince minutos? ¿Dónde quedaron las cámaras, la detección de eventos críticos y la reacción inmediata que tanto se presume en informes y discursos oficiales? Si el sistema funciona, no hay explicación para una ausencia total de respuesta. Y si no funciona, sostener la narrativa de vigilancia y control es una simulación que se derrumba frente a la evidencia.
Mientras la delincuencia actúa con libertad, tiempo y precisión, las autoridades parecen más enfocadas en desviar la atención pública hacia la organización y la imagen del próximo Mundial que en enfrentar el problema real de la violencia en Jalisco. Se habla de protocolos para visitantes, de seguridad para eventos internacionales y de ciudades listas para ser vitrina, mientras quienes viven y trabajan aquí son asesinados a plena luz del día sin auxilio alguno.
El contraste es ofensivo. Se cuida la fachada, pero se abandona el fondo. Se invierten recursos en discursos y proyecciones internacionales, mientras la seguridad cotidiana colapsa. Quince minutos de fuego cruzado en una zona concurrida no son un error menor ni un simple retraso operativo: son una omisión grave, una falla estructural y una muestra de que la autoridad no está llegando cuando debe.
La ejecución de un empresario, su hija y sus escoltas no solo enluta a una familia; envía un mensaje de miedo y vulnerabilidad a toda la sociedad y al sector productivo. Si esto ocurre en corredores económicos clave, el mensaje es contundente: nadie está a salvo y la delincuencia tiene hoy mayor capacidad de control que quienes deberían combatirla.
Mientras se siga priorizando la imagen y el espectáculo por encima de la seguridad real, la violencia continuará marcando la agenda, aunque se intente ocultar. Porque cuando los criminales disparan, graban y se retiran sin oposición, lo que queda en evidencia no es solo un crimen, sino la ausencia total de autoridad.