Pocas cosas tan impopulares para un gobierno como el aumento a la tarifa del transporte público. No importa el color del partido, ni el tamaño de la población usuaria: Que el transporte público cueste más, siempre de los siempres será sometido a debate (si acaso), y a fuertes críticas por parte de la oposición y, por supuesto, de la población.
En el caso de Jalisco tenemos un comité técnico encargado de analizar las tarifas y, de sugerir al gobierno en turno la necesidad, o no, de un incremento. Luego, el mismo gobierno decide si hace caso a la propuesta, o si decide modificarla. Y la decisión siempre tiene un componente político. Así son las cosas.
El reto es lograr un mecanismo que deje fuera la parte política de cualquier gobierno, sea del color que fuere, en la decisión de subir las tarifas, y en cuál porcentaje.
Es una utopía, pero lo ideal sería que un comité tarifario tuviera la representatividad necesaria para tomar decisiones sin necesidad del aval de un gobierno. Que tanto empresarios como usuarios del transporte tuvieran voz y voto en las discusiones y decisiones. Y que el gobierno simplemente fuera garante de lo acordado.
Me manejo en la idea de que el transporte público es algo tan importante que no debería estar en manos de un gobierno o de un grupo de empresarios. Tendría que estar regulado y sancionado por un verdadero organismo público, una autoridad con la fuerza y representatividad necesaria para que todos los sectores de la sociedad asumieran sus decisiones sin dudar.
Y que ese organismo pudiera hacer revisiones bianuales a las tarifas para evitar rezagos. Que todos supiéramos y entendiéramos que se deben ajustar las tarifas del transporte de manera constante para evitar golpes fuertes a los bolsillos de la sociedad.
¿Es posible? Tal vez, pero lo veo difícil.