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Héctor Ruiz López
Héctor Ruiz López
Profesor Investigador de la UdeG y analista Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global, Maestro en Política y Gestión Pública, y en Derecho Constitucional.

Tarifas, descontento y elecciones

5 enero 2026
|
05:00
Actualizada
19:54

Comienza un nuevo año y con él, nuevas expectativas, retos y dinámicas en la vida política de Jalisco. Aunque las elecciones intermedias se celebrarán hasta 2027, el calendario político ya empezó a correr. Conviene recordarlo: históricamente, en este tipo de elecciones la participación ciudadana disminuye. Al no estar en juego la Presidencia, el Senado o la gubernatura, acude a votar menos gente. En ese contexto, cada voto cuenta más y cada decisión de gobierno pesa el doble.

Cuando la participación baja, el margen de error se reduce. Las estrategias de comunicación y de política pública deben ser particularmente cuidadosas. No se trata de evitar decisiones difíciles, sino de tomar decisiones correctas, oportunas y socialmente sostenibles; de lo contrario, los costos políticos se acumulan y terminan reflejándose en las urnas.

Un ejemplo reciente es el incremento a la tarifa del transporte público en Jalisco, que en términos reales representa un aumento del 47.3%, al pasar de 9.50 a 14 pesos. El Gobierno del Estado ha anunciado una tarifa preferencial de 11 pesos para quienes tramiten la tarjeta “Única al Estilo Jalisco”, pero más allá del anuncio, el reto operativo y social es enorme.

De acuerdo con el propio Gobierno de Jalisco, se realizan alrededor de 3.1 millones de viajes diarios entre tren ligero, Mi Macro, rutas alimentadoras y camiones. En contraste, la meta oficial es tramitar 1.5 millones de tarjetas, para las cuales se han destinado aproximadamente mil 200 millones de pesos en subsidios.

Las cifras generan dudas razonables. No se trata solo de cuántas tarjetas se emitirán, sino de si es viable hacerlo en tiempo récord, si la cobertura será suficiente y si el beneficio alcanzará a la mayoría de los usuarios cotidianos del transporte público.

Y aquí el análisis vuelve al punto de partida. En un contexto de inseguridad persistente, dificultades económicas, problemas de empleo y servicios públicos bajo presión, decisiones como el aumento al transporte no se evalúan de forma aislada. Se suman, se acumulan y terminan por reflejarse en el ánimo social.

En elecciones intermedias, ese ánimo pesa. Mucho. El descontento no necesita ser mayoritario para ser decisivo; basta con ser intenso en sectores estratégicos del electorado. Por eso, más que anunciar medidas, el reto del gobierno será convencer, operar con eficacia y evitar que los pendientes se conviertan en lastres políticos. En política, como en el transporte público, cuando se pierde el rumbo, el costo lo paga quien va a bordo.

No perdamos de vista este inicio de año. Grupos ciudadanos, estudiantes y partidos de oposición ya han manifestado su rechazo a un incremento tan elevado. Las movilizaciones han comenzado y es previsible que, cuando el aumento se materialice plenamente, existan costos políticos que asumir. Habrá un porcentaje significativo de la población que, por saturación o ineficacia en los procesos de expedición de la tarjeta, no logre obtenerla a tiempo y termine pagando la tarifa más alta. Ese descontento, acumulado desde ahora, difícilmente pasará desapercibido.

*Las opiniones y contenidos en este texto son responsabilidad total del autor y no de este medio de comunicación.
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