El derecho a la integridad y seguridad personal frente al uso excesivo de la fuerza policial en Jalisco

El derecho a la integridad y seguridad personal de toda persona implica dos tipos de obligaciones para el Estado, principalmente por parte de las autoridades de seguridad pública. En un sentido positivo, exige proteger la integridad física, psicológica, sexual y moral de las y los ciudadanos.

En un sentido negativo, supone la obligación de no someter a nadie a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, obliga al Estado a prevenir abusos, regular el uso de la fuerza y garantizar mecanismos de reparación cuando se vulnera, tal como se establece en los artículos 1, 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos por México.

En el contexto de la seguridad pública en Jalisco, este derecho se ha visto particularmente afectado por prácticas asociadas al uso excesivo de la fuerza por parte de corporaciones policiales municipales y estatales, especialmente por las lesiones que les son ocasionadas a las personas al momento de la revisión o durante la detención.  

El uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, en este caso por las y los policías municipales y estatales de las distintas corporaciones de Jalisco, debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y rendición de cuentas, conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Dichos principios tienen como finalidad garantizar que la actuación policial se ejerza de manera excepcional y controlada, evitando afectaciones indebidas a la integridad física y psicológica de las personas.

Sin embargo, la distancia entre el marco normativo y la práctica cotidiana continúa siendo significativa, especialmente durante detenciones y operativos de seguridad, en los que el uso desproporcionado de la fuerza ha derivado en lesiones físicas que constituyen violaciones directas al derecho a la integridad y seguridad personal.

Los informes, las estadísticas de quejas y las recomendaciones emitidas por la CEDHJ en 2025, evidencian que las afectaciones a la integridad personal por lesiones se encuentran entre las violaciones a derechos humanos más persistentes en Jalisco.

Las autoridades mayormente señaladas corresponden a corporaciones de seguridad pública municipales, así como a autoridades de la Fiscalía del Estado, lo que confirma que la problemática no responde a hechos aislados, sino a patrones reiterados de actuación policial.

En múltiples casos, las investigaciones de esta defensoría han documentado detenciones acompañadas de golpes, sometimientos violentos innecesarios y omisiones en la atención médica posterior a las lesiones causadas por los elementos de seguridad pública. 

En este contexto, la CEDHJ ha desempeñado un papel fundamental en la investigación, documentación y visibilización de estas violaciones. Sus indagatorias incorporan testimonios de las víctimas, análisis médico-legales de las lesiones, revisión de protocolos policiales y, en casos de tortura, una valoración integral del contexto en que ocurrieron los hechos, lo que permite acreditar no sólo las agresiones físicas, sino también omisiones institucionales relevantes, como la falta de atención médica o la ausencia de registros adecuados sobre el uso de la fuerza. 

Mediante la emisión de Recomendaciones, la Comisión ha contribuido a establecer estándares mínimos de actuación policial acordes con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Estas resoluciones reconocen a las personas afectadas como víctimas de violaciones a derechos humanos e incorporan medidas orientadas a la reparación integral del daño, la capacitación en derechos humanos de los cuerpos policiales y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.

La persistencia de violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal por lesiones causadas por agentes de seguridad pública, tiene implicaciones profundas para el Estado de derecho. No sólo impacta a las víctimas directas, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, debilita la legitimidad de la función policial y contribuye a la normalización de la violencia institucional como mecanismo de control social.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la seguridad pública no puede construirse a partir de prácticas que reproducen el daño físico injustificado, sino mediante políticas que prioricen la prevención, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a la dignidad humana.

La información documentada por la CEDHJ durante 2025 confirma que la violación al derecho a la integridad y seguridad personal, particularmente por lesiones, constituye una de las problemáticas persistentes en Jalisco. Esta realidad exige una revisión profunda de los modelos de seguridad pública y el fortalecimiento efectivo de los mecanismos de supervisión, investigación y sanción. En este proceso, la labor de la Comisión se consolida como un elemento indispensable para la protección de las víctimas, la visibilización de las violaciones y la construcción de una seguridad pública compatible con los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos.