Desde que el 26 de diciembre se confirmó que la tarifa del transporte público en Jalisco aumenta de 9.50 a 14 pesos, se gestó una oposición política contra lo que llaman “el tarifazo”.
Partidos políticos de oposición y sus dirigentes, no solamente anuncian acciones y manifestaciones en contra de la nueva tarifa, sino que le exigen al gobernador del Estado que la vete e impida su aplicación a partir del 1 de abril.
En tanto, el mandatario Pablo Lemus confirma que a partir del 12 de enero inicia la emisión de la denominada Tarjeta Única Jalisco, con la que se podrá acceder al transporte público a un costo de 11 pesos, gracias a un subsidio que aplicará al gobierno estatal y que sólo en 2026, ascenderá a mil 200 millones de pesos.
La discusión en torno del transporte público tiene entonces una serie de factores políticos que seguirán siendo protagonistas en la comunicación de este fenómeno.
Pero habría que hacer énfasis en otros elementos importantes, como el derecho a la movilidad. Moverse en el Área Conurbada de Guadalajara es vital para sus habitantes. Actividades educativas, laborales, económicas, de salud, turísticas y más, no pueden realizarse sin la necesaria movilidad que en esta ciudad puede ser caótica y conflictiva al paso de los años y el crecimiento de la urbe.
Si los transportistas han pugnado durante años para que haya un incremento en la tarifa, también debe considerarse que los usuarios tienen derechos que muchas veces no se respetan; las quejas van desde un mal servicio o unidades en mal estado, hasta escasez de camiones, lo que obliga a que mucha gente espere 20, 30 minutos o más el paso de una unidad, que evidentemente está repleta de pasajeros.
También se denuncian instalaciones deficientes, con escaleras eléctricas o elevadores sin funcionamiento, lo que afecta principalmente a las personas de la tercera edad o que tienen alguna discapacidad temporal o permanente.
Igual, hay zonas de la ciudad que simplemente no cuentan con transporte público. No es casualidad que en municipios como Guadalajara o Zapopan los gobiernos municipales estén habilitando transporte gratuito en algunas colonias porque simplemente no existe.
Los transportistas, principales beneficiarios del incremento en la tarifa, deben también garantizar mejoras de inmediato y mediano plazo para que el servicio corresponda a la tarifa, y las autoridades quedan obligadas a mantener el análisis y la mejoría de la red de transporte público que no debe ser visto como un negocio o una fuente de ingresos económicos.
Hay que subrayarlo, el derecho a la movilidad es un compromiso social y de las autoridades. A partir de ese convencimiento es que debe analizarse, reformarse y garantizarse.