Si México no actúa contra el crimen, será el siguiente

La situación que actualmente vive Venezuela ha marcado un punto de quiebre en la forma en que se entiende la soberanía y el ejercicio del poder en el escenario internacional. La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, bajo señalamientos de nexos con el llamado Cártel de los Soles, vínculos con el Cártel de Sinaloa y conductas relacionadas con terrorismo y narcotráfico, dejó un mensaje que va mucho más allá de la captura de un presidente en funciones: ningún cargo público es suficiente cuando se considera que un Estado se ha convertido en amenaza directa para la seguridad estadounidense.

Lo ocurrido en Venezuela no fue un acto aislado ni improvisado. Fue una decisión que, desde la óptica estadounidense, encontró justificación en el combate al narcotráfico y al terrorismo, dejando claro que cuando se cruzan ciertas líneas, la investidura presidencial deja de ser un escudo. Para Estados Unidos, la lógica fue simple y directa: no importa si se trata del jefe de Estado de otro país, si se le considera responsable de delitos que impactan su seguridad nacional, será tratado como criminal y no como mandatario.

Lo verdaderamente alarmante es que este mensaje no se queda en Venezuela. El señalamiento indirecto, pero constante, hacia México y Colombia, es imposible de ignorar. Las declaraciones públicas de Donald Trump, en las que ha mencionado a estos países como focos de riesgo y posibles amenazas, colocan a ambos gobiernos en una posición delicada. No se trata de discursos al aire, sino de advertencias que hoy, a la luz de lo ocurrido en Venezuela, cobran una dimensión distinta.

El gobierno mexicano parece no dimensionar la magnitud del mensaje. La intervención en Venezuela dejó claro que no se trató de diplomacia ni de llamados simbólicos, sino de acciones concretas contra quienes, a su juicio, permiten, protegen o se benefician del crimen organizado. El mensaje fue directo: van por cualquiera que atente contra su seguridad, sin importar fronteras, cargos o discursos de soberanía.

México y los cárteles es una relación que Estados Unidos observa desde hace años. No estamos fuera de su línea de tiempo ni de su radar. La posibilidad de que se justifique una intervención bajo el argumento del control del narcotráfico y del terrorismo ya no es una hipótesis lejana. El precedente quedó marcado: si se considera que un Estado perdió el control de su territorio y se convirtió en aliado del crimen organizado, la soberanía deja de ser un límite.

Las estadísticas de violencia, el control territorial del crimen organizado y el debilitamiento institucional en México y Colombia no juegan a favor de ninguno de los dos países. Son elementos que Estados Unidos no puede ni quiere ignorar. El mensaje enviado con la captura de un presidente extranjero fue contundente: no basta con ostentar el poder ni ocupar la jefatura de un Estado; si afectan su seguridad, serán perseguidos y tratados como una amenaza.