Jonás

Al que fuera el primer fiscal “autónomo” de la república mexicana, Alejandro Gertz Manero, le cumplieron la promesa de premio político para que abandonara su cargo: será el nuevo embajador de México ante el gobierno del Reino Unido, o como mejor le conocemos la Gran Bretaña.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el propio gobierno europeo acepta a Gertz como embajador, por lo que sólo queda pendiente el trámite en el Senado de la república, trámite que incluso se van a ahorrar, porque la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, también se erige con facultades para acelerar este nombramiento.
Como era de esperarse, se presume con bombo y platillo que con la incorporación de Alejandro Gertz al cuerpo diplomático mexicano, se concreta un reconocimiento a su trayectoria en el servicio público, pero este discurso no puede hacer olvidar que el señor Gertz renunció antes de tiempo a la FGR, presionado por la presidenta Sheinbaum, que quiso colocar en la dependencia a su incondicional y hoy fiscal nacional, Ernestina Godoy.
Con Gertz como embajador, se confirma esta tendencia de la 4T: Utilizar al servicio diplomático mexicano que antes fue reconocido internacionalmente, como una “agencia de colocaciones” para los aliados políticos, o quienes sirvieron fielmente los objetivos del poder.
De Alejandro Gertz, hay que decir que no cumplió con la expectativa: Fue nombrado fiscal general de la república, en un movimiento que se había originado en la ciudadanía, y que pretendía romper el nexo entre la presidencia y quien era el procurador de la justicia en materia de delitos federales; fue el primer fiscal autónomo, pero se comportó como lo habían hecho durante décadas quienes eran titulares de la Procuraduría General de la República: Estaban al servicio del poder y no de la ciudadanía.
De Alejandro Gertz se recordarán muchas cosas, pero no que haya sido un buen fiscal, porque si hubiera cumplido con esa vocación, seguiría al frente de la FGR. Se dice que siempre podemos estar peor, pero a Gertz Manero no se le extrañará en la Fiscalía. Quedan pendientes, y así seguirán en el tiempo, casos como el del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, y muchos otros actos de ataque a la ley, que han consolidado en México una oscura época de impunidad y falta de justicia.

Gertz Manero embajador

Desde que el 26 de diciembre se confirmó que la tarifa del transporte público en Jalisco aumenta de 9.50 a 14 pesos, se gestó una oposición política contra lo que llaman “el tarifazo”.
Partidos políticos de oposición y sus dirigentes, no solamente anuncian acciones y manifestaciones en contra de la nueva tarifa, sino que le exigen al gobernador del Estado que la vete e impida su aplicación a partir del 1 de abril.
En tanto, el mandatario Pablo Lemus confirma que a partir del 12 de enero inicia la emisión de la denominada Tarjeta Única Jalisco, con la que se podrá acceder al transporte público a un costo de 11 pesos, gracias a un subsidio que aplicará al gobierno estatal y que sólo en 2026, ascenderá a mil 200 millones de pesos.
La discusión en torno del transporte público tiene entonces una serie de factores políticos que seguirán siendo protagonistas en la comunicación de este fenómeno.
Pero habría que hacer énfasis en otros elementos importantes, como el derecho a la movilidad. Moverse en el Área Conurbada de Guadalajara es vital para sus habitantes. Actividades educativas, laborales, económicas, de salud, turísticas y más, no pueden realizarse sin la necesaria movilidad que en esta ciudad puede ser caótica y conflictiva al paso de los años y el crecimiento de la urbe.
Si los transportistas han pugnado durante años para que haya un incremento en la tarifa, también debe considerarse que los usuarios tienen derechos que muchas veces no se respetan; las quejas van desde un mal servicio o unidades en mal estado, hasta escasez de camiones, lo que obliga a que mucha gente espere 20, 30 minutos o más el paso de una unidad, que evidentemente está repleta de pasajeros.
También se denuncian instalaciones deficientes, con escaleras eléctricas o elevadores sin funcionamiento, lo que afecta principalmente a las personas de la tercera edad o que tienen alguna discapacidad temporal o permanente.
Igual, hay zonas de la ciudad que simplemente no cuentan con transporte público. No es casualidad que en municipios como Guadalajara o Zapopan los gobiernos municipales estén habilitando transporte gratuito en algunas colonias porque simplemente no existe.
Los transportistas, principales beneficiarios del incremento en la tarifa, deben también garantizar mejoras de inmediato y mediano plazo para que el servicio corresponda a la tarifa, y las autoridades quedan obligadas a mantener el análisis y la mejoría de la red de transporte público que no debe ser visto como un negocio o una fuente de ingresos económicos.
Hay que subrayarlo, el derecho a la movilidad es un compromiso social y de las autoridades. A partir de ese convencimiento es que debe analizarse, reformarse y garantizarse.

La nueva tarifa del transporte público

Los ojos del mundo están puestos en Venezuela y en Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Después de la intervención militar que inaugura una nueva y peligrosa etapa en el siglo XXI, lo más importante no es lo que ocurrirá con el petróleo venezolano. Tampoco qué pasará con Nicolás Mauro ante un tribunal en Nueva York. Lo más trascendente es si Venezuela podrá regresar a la democracia.
Apenas ayer, Delcy Rodríguez rindió protesta como presidenta en funciones en el país sudamericano, en un intento evidente del chavismo por mantenerse en el poder. Eso era de esperarse, pero el problema para los venezolanos radica en que pueden lograr una negociación con el gobierno de Donald Trump, si le permiten acceder al petróleo y a los recursos naturales del país, en aras de pagar una deuda que reclama el presidente estadounidense.
Si eso llega a ocurrir, ¿de qué habrá servido el derrocamiento de Nicolás Maduro?
Si millones de venezolanos desde el exilio, y dentro de su nación, aplaudieron la caída de Maduro, aunque fuera a través de la intervención de los militares norteamericanos, es porque se espera el restablecimiento de elecciones democráticas, con funcionarios que surgen de la voluntad popular y que le regresen a Venezuela la estructura y las instituciones para salir de la profunda crisis en la que han caído con el régimen chavista.
Lo que ocurre con Venezuela, evidentemente importa más a sus ciudadanos, pero es importante también para América Latina, incluido México.
Los países latinoamericanos que comparten idioma, historia, cultura y vecindad, estarán permanentemente sometidos a los excesos de autoridad y poder de los Estados Unidos. 
No es ningún descubrimiento que si el subcontinente encuentra incentivos suficientes para alianzas sólidas y duraderas, tiene mayor posibilidad de hacer frente a los arranques ilegales o de fuerza militar de la potencia del Norte.
Perder la oportunidad de apoyar a Venezuela en su proceso de democratización, es una pérdida para todas las naciones latinoamericanas, al margen de la inclinación de derecha o izquierda de sus gobiernos nacionales.
Muchas veces, en un lenguaje populista, se ha manejado que México es “hermano mayor” en América Latina. Esta es una ocasión real en la que México puede no intervenir, sino defender y apoyar un proceso real de empoderamiento de los venezolanos en Venezuela.
Porque efectivamente, la oportunidad de la democracia se está alejando rápido, mientras el gobierno de Trump pretende establecer el control sobre los recursos de ese país.

Venezuela arde mientras la democracia se aleja

Desde que la milicia estadounidense hizo presencia con todo el poder de sus tropas y armamento en el Caribe, el mundo sabía que Nicolás Maduro iba a caer. La cuestión era cuándo. Y cayó. En un ataque milimétrico y fulminante, el dictador quedó detenido y trasladado a territorio norteamericano este 3 de enero, para enfrentar acusaciones por narcotráfico. Todo el mundo sabe, también, que con Maduro detenido se cierran muchos círculos geopolíticos y económicos. Sólo un observador ingenuo puede hacer una lectura que considere únicamente el aspecto judicial o el geopolítico, porque Venezuela posee la primera reserva mundial de petróleo en el planeta y esa variable es fundamental en la ecuación.
El ejército de Donald Trump derribó a un dictador, pero no dejará Venezuela caritativamente para que restaure su democracia. Veremos las consecuencias en los próximos días. 
¿Cuáles son las implicaciones de la intervención militar y la extracción de Nicolás Maduro? 
Es una pregunta con numerosas respuestas.
Comencemos por tener presente una declaración del presidente Trump en entrevista telefónica con Fox News apenas después de confirmar que Maduro estaba detenido en una nave norteamericana: “Algo habrá que hacer con México” (…) porque “los cárteles gobiernan México”.
La presidenta Claudia Sheinbaum, ya acostumbrada a lidiar con el discurso impositivo de Trump, respondió con serenidad que su vecino ha dicho eso varias veces, pero reiteró que hay “excelentes relaciones” con el gobierno estadounidense.
Pero no basta con eso.
Trump está en uno de sus “picos”. El saldo de la intervención en Venezuela lo lanza al mayor éxito ante los norteamericanos, aunque en el mundo se lamente la intervención unilateral en una nación independiente.
Pero el mundo entró, desde años, en un nuevo orden: Hay permiso para hacerlo después de Israel en Palestina; después de Rusia en Ucrania. En ese sentido, el peligro planetario es evidente. ¿Qué sigue? ¿China en Taiwán?
Y en América Latina, ¿las milicias norteamericanas atacarán a los cárteles que consideran terroristas en territorio de México? ¿O será el gobierno colombiano de Gustavo Petro el que se sienta bajo amenaza?
Todos los escenarios deben considerarse.
El gobierno de Claudia Sheinbaum inició 2026 con la máxima prioridad de la revisión del T-MEC, que le permita a los mexicanos mantener su estatus económico en el contexto del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que ha permitido al país ser el principal socio comercial del vecino estadounidense. Desde la madrugada de hoy, se añadió un elemento intempestivo y peligroso: eliminar el factor del crimen organizado, porque Donald Trump probó las mieles de la acción militar y querrá repetirlo.
Pero más allá de las fronteras mexicanas, al cerrarse el primer cuarto del siglo XXI, el mundo entero enfrenta un ciclo peligroso, en el que se permite el intervencionismo, se retoma una carrera armamentista de alto riesgo y se reducen las libertades y la globalización.
Cayó Maduro. Cayó un dictador. Es una buena noticia, aunque trae muchas consigo que no son para festejar.

La caída de Maduro: implicaciones en México

Primero que nada, obliga el deseo: Feliz Navidad, 2025.
Los benevolentes puntos de vista en torno de las fiestas navideñas siempre chocan con la barrera de quienes son pesimistas y no encuentran motivos auténticos para justificar los festejos, la buena voluntad y la esperanza.
Pero si se trata de encontrar motivos prácticos y utilitarios, la derrama económica esperada para esta Navidad en todo el país es de 608 mil  millones de pesos; esta movilidad económica estará impulsada por el consumo turístico, el gasto asociado a celebraciones como las posadas, las cenas y reuniones de Nochebuena y Navidad, y hasta las fiestas (que no son pocas) del Año Nuevo.
Se supone que esta cifra es mayor en 8.4% en comparación con el año pasado y estará dejando derramas positivas en cuatro millones 800 mil empresas mexicanas, las grandes, las medianas, las chicas y las muy pequeñas.
En otras palabras, motivos pragmáticos para agradecer la Navidad los hay de sobra, y lo anterior es apenas una muestra.
Pero también hay razones que van más allá de lo material… el año 2025 implicó serias dificultades en ámbitos como el político, el gubernamental y también en las relaciones internacionales.
Tristemente, México aparece como el cuarto país más violento del mundo en una medición internacional que nos coloca por encima de Ucrania y Rusia en este índice.
Si las autoridades, los recursos públicos y las políticas para recuperar la seguridad no nos han dado resultados suficientes, no en este, si no en muchos años ya idos, nuestra esperanza en las creencias religiosas, en la fe popular, o en la expectativa de que la Navidad abre la puerta a una posibilidad de mejoría, eso no le hace daño a nadie. Por el contrario.
Anoche, seguramente, mientras millones festejaban, muchos mexicanos más siguieron sufriendo enfermedades, careciendo de lo elemental, o que pasaron la Nochebuena en medio de carencias e incluso tragedias.
Podemos sumarnos a lo negativo o aspirar a lo positivo.
Optemos, por esto último y permítaseme reiterar: Feliz Navidad a todos.

La Nochebuena

Sobre la seguridad o la inseguridad, lo que sobran son datos y percepciones en el Estado de Jalisco.
El año 2025 cierra con un contundente dato aportado por el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández: faltan tres mil policías en el Estado para cumplir con los proyectos de trabajo de todas las corporaciones, tanto estatal como de los municipios.
El tema es grave, sobre todo porque la ausencia de elementos se agudiza en diferentes áreas como los centros penitenciarios o la Policía Estatal de Caminos, que apenas cuenta con 150 elementos de los 450 que se considera serán necesarios.
¿Cómo se resolverá el problema? Evidentemente no basta con emitir convocatorias y esperar que las filas de las diferentes corporaciones empiecen a llenarse de policías. De hecho, a pesar de las mejoras en prestaciones y capacitación, el ritmo de incorporación de nuevos colaboradores es muy lento: entre 50 y 70 por año, en la Secretaría estatal de Seguridad.
A pesar de que al aprobarse el Presupuesto de Egresos 2026 se consideró un incremento importante para las diferentes corporaciones que cumplen con tareas de seguridad, incluido el Escudo Urbano C5 y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la posibilidad de cumplir con los estándares internacionales de corporaciones de seguridad todavía está a años de distancia.
El esfuerzo no ha sido poco.
Reiteradamente se han sostenido proyectos y comunicación permanente con el secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch, uno de los principales aliados del gobierno estatal, en palabras del gobernador Pablo Lemus, y con base en ello se anuncian reducciones en el índice delitos, tanto los del fuero común como los de alto impacto, pero la percepción está en otra ruta.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana que trimestralmente presenta el INEGI, en el Área Conurbada de Guadalajara la percepción de inseguridad de los habitantes es de promedios superiores al 60 por ciento.
En otras palabras, al menos seis de cada 10 personas se sienten inseguras en el transporte público, en los cajeros automáticos, en las calles, en sus barrios y hasta en sus casas.
El año termina también con dos casos que marcaron a Jalisco y su reputación: el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, y la violencia que marcó Teocaltiche y la región Altos Norte.
En materia de desaparecidos, también habrá más presupuesto y se sostiene que con base en comparativos de un año a otro, se han reducido las cifras de personas desaparecidas, pero Jalisco sigue siendo el Estado con más desaparecidos en cifras totales.
En síntesis, estamos lejos todavía de los buenos resultados.
El año 2026 será definitorio también para poner a prueba las políticas públicas de seguridad y a las corporaciones, con la celebración de la Copa del Mundo y la visita de más de tres millones de turistas.
Esperemos que todo salga bien.
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Recuentos 2025: La seguridad

El año 2025 significó uno de los más problemáticos periodos para la movilidad urbana en la ciudad. De no ser por la inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero que beneficia a Tlajomulco y al Sur de la ciudad, el año terminaría con un saldo totalmente negativo en la apreciación de los usuarios del transporte público.
En 2025 aumentaron las quejas por disminución de unidades del transporte en las diferentes rutas alimentadoras que se dirigen particularmente a Mi Macroperiférico y a otras rutas de transporte masivo, como las líneas del Tren Ligero o el Mi Macrocalzada.
Hay versiones encontradas. Por una parte diferentes transportistas aseguran que el mecanismo de subsidio de la tarifa del transporte ha incidido directamente en el retraso de los pagos de sus ingresos; y al suceder esto, la consecuencia es que muchos transportistas prefieren no mover sus unidades: Las dejan paradas, porque pierden menos al detener su trabajo que al circular por la ciudad.
Responsabilizan por estas fallas en el mecanismo de pago a la Secretaría de Transporte y aseguran que en realidad, no se ha sustituido el clásico modelo hombre-camión.
En tanto, el gobierno del Estado ha redoblado esfuerzos en inversión en nuevas unidades de transporte. De hecho, apenas a mitad de diciembre ya se habían entregado en la ciudad de Guadalajara 100 nuevas unidades, mientras que se destinaron otras 31 a Puerto Vallarta.
El gobernador Pablo Lemus ha anunciado que en 2026 se destinarán recursos a la compra de unidades para diferentes zonas urbanas, incluyendo la de Ocotlán en la Zona Ciénega, igual que en Lagos de Moreno, en la Zona Altos Norte.
Al proyecto de organización de las rutas del transporte masivo debe sumarse que 2025 fue un año inusualmente lluvioso, que provocó severas inundaciones que paralizaron el tránsito vehicular en general, y no solamente el del transporte masivo.
Además, este año concluye sin que se haya definido si se construirá o no un segundo piso en la Avenida López Mateos, lo que para muchos significaría un gran aporte en la solución de la conflictiva movilidad del corredor vial más problemático del área metropolitana.
Quedarán pendientes otras tareas; retirar de la circulación cotidiana al transporte de carga; aplicar efectivamente el transporte escolar, como lo está proyectando el gobierno de Tlajomulco de Zúñiga; incrementar el servicio de rutas de transporte masivo con derrotero propio, y las que son alimentadoras de otras líneas importantes. Ya avanzan, además, las obras de la Línea 5 que no es Tren Ligero, pero es la nueva ruta de transporte masivo proyectada por el actual gobierno del Estado.
A lo anterior, hay que añadir que para 2026 ya deberán estar concluidas las obras urbanas en diferentes vialidades.
Con todo esto es muy probable que 2026 mejore en muchos aspectos la movilidad urbana, aunque quienes esperan avenidas vacías y con velocidades de 50 km/h promedio, estarán esperando en vano.
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Recuentos 2025: Transporte masivo en la ciudad

En la recta final del año 2025, como en cualquier cierre de ciclo, casi de manera involuntaria hacemos un recuento de lo ocurrido. Es casi un acto reflejo… y fugazmente cruzan por la memoria los buenos momentos, pero también los errores, lo que terminó mal pero –sabemos– pudo haberse evitado. El mismo ejercicio individual puede trasladarse a lo colectivo y en estos días propongo una revisión por temas, iniciando con el creciente problema del acceso al agua potable y en el caso del Área Conurbada de Guadalajara, el caótico año para el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
En un brevísimo diagnóstico, hay que apuntar que hoy como siempre, mientras los problemas de acceso al agua se agravan más cada año en la mayor parte del territorio nacional, en el Área Conurbada de Guadalajara se mantiene la dependencia de una fuente de agua: el Lago de Chapala. El lago ha sido una auténtica bendición para la ciudad, pero hay cosas por hacer con urgencia y otras sobre las que se debe tomar conciencia.
Primero, está pendiente el proyecto de revisión y cambio de la red de distribución de agua potable en la ciudad, principalmente en lo que conocimos como la Zona Metropolitana de Guadalajara: Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara. Las redes son obsoletas y deben cambiarse; el costo estimado es de 8 mil millones de pesos y varios años. No se ha comenzado.
Por otra parte, ¿hasta cuándo se completará la infraestructura para obtener agua del Río Verde, vía la Presa de El Zapotillo? El gobierno federal no tiene etiquetados recursos para las obras de acueductos y 2026 apunta a ser otro año perdido.
Adicionalmente, está el problema de la urgente construcción del ducto de Chapala a la ciudad, y como lo ha repetido el gobernador Pablo Lemus, ese ducto no será para sacar más agua del lago, sino menos, porque el actual tiene fugas de más del 40% y puede colapsar en cualquier momento, además del alto costo en energía que significa el viejo sistema de bombeo. 
Y debe añadirse, además, el proyecto del ducto de la Presa Solís al área urbana de León, Guanajuato. Si esa presa destina agua a la esa zona urbana y no llegan sus niveles de almacenamiento al 80%, no desfogará agua para el Lago de Chapala. El riesgo es alto y no se ha abordado con detalle. El gobierno federal sólo ha apelado a la confianza, pues no pretenden dañar al lago ni al área metropolitana de Guadalajara.
Y sin que se pretende agotar todo el problema, se llega al punto de hacer hincapié en el SIAPA: ¿Cuándo su reingeniería? ¿Cómo y quiénes evaluarán su plantilla de empleados? ¿Cómo se atacará el problema de la gigantesca cartera vencida de casi 18 mil millones de pesos? ¿Para cuándo se proyecta una revisión a fondo de las tarifas para aplicar cobros reales sobre el consumo doméstico, comercial e industrial? 
¿Cuándo se sancionará el caso Eli Castro que tanto ha ofendido a la sociedad y con éste el resto de los muchos que seguramente existen?
El espacio se extiende sólo para sellar este texto con un cuestionamiento sobre el avance en las obras y financiamiento del incompleto esquema de saneamiento de aguas residuales, en el que están en deuda con la gente y con el medio ambiente, los consumidores domésticos e industriales.
En definitiva, 2025 no fue ni de lejos, un buen año en el tema del agua.

Recuentos 2025: SIAPA y agua potable

Carlos Palacios

Muchos negocios, pocos resultados

Marcela Michel López

2026: la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo

Eduardo González Velázquez

El ICE sin control

Hiram Espinoza de los Monteros

¿Y si el transporte público no tuviera que ser negocio?

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

Una noticia de tremendo impacto fue presentada la mañana de este 8 de enero en Palacio Nacional. En la rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum se anunció que los homicidios dolosos han disminuido 40% entre octubre del año 2024 y diciembre del año pasado.
La cifra es impresionante si se revisa por sí sola. Es un gran logro para el gobierno federal poder presumir una reducción de ese tamaño, y apenas en un año de administración. 
Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, suele repetirse. Y el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum insiste en las cifras para asegurarnos que se trabaja en el combate a la violencia, a los delitos que dañan a los mexicanos, y se avanza en porcentajes considerables en la persecución de la paz y de la justicia. Precisamente por eso conviene ver no solamente el vaso medio lleno, sino también el vaso medio vacío.
Porque decir que se disminuyeron los homicidios 40% es un dato tremendo, pero la realidad en México está todavía muy, muy lejos de acercarnos a la paz que anhelamos.
La presidenta y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconocen que también entre octubre 2024 y diciembre 2025 se pasó de casi ¡87 asesinatos al día!, a un promedio de 52. Dicho de otro modo, todos los días son asesinados 52 mexicanos en nuestro país. Esa cifra por sí misma refleja una tragedia nacional.
Y hay otro punto que podemos expresar entre signos de interrogación: ¿Cómo se siente Usted? Sí, ¿usted se siente seguro o segura en la calle, en su barrio, en el transporte público, en el cajero automático del banco, incluso en su casa?
Podría parecer injusto equiparar el combate a la inseguridad que nos presume el gobierno federal, con las persistentes cifras de percepción de inseguridad; y es que los mexicanos en mayor o menor grado, manifestamos un alto muy alto porcentaje de sensación de inseguridad.
Desde octubre del año 2024 hasta el día de hoy, han sido detenidas casi 41 mil personas por delitos de alto impacto; se han asegurado más de 20 mil armas de fuego; se han incautado 320 toneladas de droga y se han desarticulado mil 890 laboratorios donde se produce droga.
Sí, hay que reconocer el trabajo que se está haciendo. Pero hay que aceptar también que falta mucho: Que la impunidad es mayor al 90%; que las cárceles son “universidades del crimen”; que hay peligros y delitos en ciudades, carreteras y zonas rurales, y otras tantas cosas. Y de paso, revisando el discurso oficial, también habría que admitir y reconocer las responsabilidades de quienes ya no están en el gobierno y en el sexenio pasado, no hicieron lo que les tocaba. Y no eran los neoliberales de antes.
Falta mucho todavía, para que podamos decir que nos sentimos seguros.

Las cifras de la violencia en México