Carlos Palacios

En el debate público suele olvidarse que las transformaciones profundas no ocurren por inercia. Requieren decisiones claras y una dirección definida.
La iniciativa discutida recientemente en el Congreso no fue un trámite legislativo más: Representa un ajuste estratégico en la forma en que México concibe su aparato productivo y su relación con el comercio internacional.
Desde hace seis años, la Cuarta Transformación ha sostenido un objetivo central: Reducir la dependencia externa y fortalecer la capacidad productiva nacional. No se trata de un planteamiento ideológico, sino de una respuesta a un modelo que durante décadas colocó a la industria mexicana en condiciones de competencia desiguales. Sectores como el textil, el papel, el calzado, los muebles o los plásticos fueron desplazados por importaciones subvaluadas, no por falta de capacidad, sino por reglas que permitieron prácticas comerciales desleales y la pérdida de empleos formales.
La actualización de mil 463 fracciones arancelarias debe entenderse en ese contexto. Aplica únicamente a países con los que México no tiene tratados comerciales y respeta plenamente los compromisos internacionales vigentes, incluidos el T-MEC y los acuerdos con la Unión Europea. No implica cerrar la economía, sino corregir distorsiones que afectan a las cadenas productivas nacionales.
Llamar a esta medida “proteccionismo” es una simplificación interesada. En realidad, se trata de soberanía económica: establecer reglas más equilibradas y evitar que sectores estratégicos compitan contra precios artificiales provenientes de economías que no ofrecen reciprocidad ni estándares laborales comparables.
El momento es especialmente relevante. El discurso del nearshoring pierde sentido si el país sigue dependiendo del exterior para componentes clave. Fortalecer el contenido nacional es una condición necesaria para aprovechar la relocalización productiva y generar valor agregado interno.
La industria automotriz, una de las principales fortalezas del país, se beneficiará de un entorno más justo frente al crecimiento acelerado de importaciones que han desplazado procesos y autopartes nacionales. De igual forma, sectores como el calzado, los muebles, el textil o los cosméticos contarán con mejores condiciones frente a prácticas que poco tienen que ver con eficiencia y mucho con explotación laboral.
Esta reforma es un paso hacia una política industrial más coherente, alineada con el Plan México impulsado por la doctora Claudia Sheinbaum. Apostar por producir más, depender menos y defender lo propio no es un gesto político: es una decisión de largo plazo sobre el tipo de país que México quiere ser.
Jalisco, uno de los Estados más competitivos del país por su capacidad productiva y de generación de empleos, además de su potente sector exportador, resultará beneficiado, también, por una reforma que vela por los intereses locales.

Soberanía productiva: el rumbo correcto para México

La defensa territorial de la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán representa un proceso singular en la historia reciente, pues implica al mismo tiempo la recuperación de su identidad indígena y la reconfiguración del poder regional.
El pueblo tepecano fue sometido durante siglos a despojos violentos de sus tierras y a la fragmentación de su tejido comunitario, impulsada por familias caciquiles que controlaban la vida económica y política de la zona. La negación sistemática de sus derechos ancestrales por parte de las autoridades fue uno de los mecanismos centrales de ese despojo.
Aunque la comunidad solicitó el reconocimiento y titulación de bienes comunales, las instituciones federales, estatales y municipales intervinieron para transformar este trámite en una dotación de ejido, figura destinada a campesinos sin tierra y no a pueblos con posesión ancestral. Este cambio redujo el alcance legal de sus derechos históricos. Sin embargo, existen amplias evidencias sobre los orígenes del Pueblo de Azqueltán y su vínculo con la nación tepehuana, cuyo territorio abarcaba desde Azqueltán hasta las cercanías de Guadalajara antes de la colonización española. En 1777 la Corona reconoció su posesión de 94,400 hectáreas, aunque los despojos continuaron pese a contar con estos títulos legítimos.
En el siglo XX, la comunidad reactivó sus gestiones agrarias. Tras reconocer la autenticidad de sus títulos, la Secretaría de la Reforma Agraria determinó que solo podrían restituírseles alrededor de 11,461 hectáreas. En 1961, mediante tecnicismos ilegales, se revirtió el trámite de restitución para convertirlo en dotación de ejido. Este hecho dividió profundamente a la comunidad entre quienes rechazaban perder su carácter indígena y quienes comenzaron a aceptar la figura ejidal, división aprovechada por caciques locales, autoridades municipales y actores agrarios.
La situación derivó en un creciente clima de indignación. En 1981 la comunidad interpuso un amparo contra la imposición del ejido, y aunque en 1994 se ordenó reponer el trámite, la respuesta oficial siguió siendo lenta y limitada. Para el año 2000 se dotó únicamente 1,096 hectáreas, entregadas en los terrenos más escabrosos. Paralelamente, la organización comunitaria se fortaleció, integrando también a familias wixaritari que aportaron su herencia cultural y se sumaron a la defensa territorial.
El conflicto se agravó entre 2017 y 2018 con agresiones directas a sus líderes, lo que motivó la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El caso alcanzó un punto crítico con la privación de la libertad de dos autoridades comunitarias, posteriormente liberadas gracias a la presión internacional. Esto llevó a la creación de la Misión Civil de Observación, que acompañó activamente a la comunidad y logró, en 2018, disminuir los niveles de violencia.
No obstante, la falta de diálogo con gobiernos recientes y la reactivación de ataques, incluido el asesinato de Marcos Aguilar, representante agrario, han devuelto a la comunidad a un estado de grave riesgo. Por ello, se plantea la creación de una comisión especial que dé seguimiento permanente a la situación y garantice la seguridad y los derechos del Pueblo Indígena de Azqueltán.
Asimismo, presentaré un exhorto ante la Comisión Permanente para que se conforme una comisión integrada por diputadas, diputados y senadoras y senadores de los estados de Jalisco, Michoacán y Nayarit, con el fin de atender de manera directa y coordinada los casos de despojo que enfrenta esta comunidad y muchas otras comunidades wixarikas.

La lucha de la comunidad de Azqueltán

En México existe un Cártel del Agua y no está formado por criminales en la sierra, sino por políticos del PAN, expresidentes, empresarios y grandes corporaciones que durante décadas han lucrado y se enriquecieron con el recurso más sagrado para la vida: el agua del pueblo.
Desde la tribuna, y desde mi convicción profunda, afirmo que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales no sólo es urgente, sino que es ¡una obligación moral! Porque mientras millones de familias en todo el país y en Jalisco viven con tandeos, tinacos vacíos y pozos agotados, un puñado de privilegiados se habían estado apropiando del agua como si fuera un negocio familiar del viejo régimen.
Según la UAM, apenas 1% de los usuarios acapara más de una quinta parte del agua concesionada en México, casualmente los nombres coinciden con los apellidos del poder económico: Claudio X. González, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea, con sus corporativos como Kimberly Clark, Banco Azteca, FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala y las mineras de Grupo México.
Mientras ellos extraen millones de metros cúbicos de acuíferos sobreexplotados, el pueblo recibe migajas. Eso no es desarrollo, ¡es saqueo legalizado!
Coincido, Vicente Fox Quesada es uno de los mayores acaparadores de agua del país. Su familia actualmente acumula 18 concesiones que suman más de 2.1 millones de metros cúbicos. Se suman otros panistas que han hecho del agua un patrimonio familiar; muchas de esas concesiones se otorgaron justo cuando Fox ascendía políticamente. Marko Cortés, con permisos vigentes hasta 2047 en Jalisco; Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato e Ignacio Loyola Vera, de Querétaro.
Todos ellos forman parte de lo que dentro de Conagua ya se conoce como el “Cártel del Agua”. La reforma que aprobamos no busca perseguir empresarios, ni castigar a productores, ni asfixiar inversiones, lo que se busca es poner fin al acaparamiento, garantizar el agua como derecho humano, y que las concesiones se otorguen con criterios de justicia. Los mismos que hoy gritan “autoritarismo” son quienes por años se beneficiaron de un sistema hecho a su medida. Lo que les duele no es la reforma, lo que les duele ¡es perder privilegios!
Como legislador jalisciense y como mexicano, lo digo con toda firmeza: ¡No vamos a permitir que el agua siga siendo el botín de unos cuantos! ¡No vamos a permitir que siga financiando los negocios de quienes siempre han vivido del presupuesto, del tráfico de influencias y del abuso!
Los privilegios del viejo régimen se acabaron. 
El agua vuelve a donde siempre debió estar: al pueblo de México. 
Por el bien de todos, el camino de México es el segundo piso de la transformación.

El “Cártel del Agua” existe y está formado por los mismos de siempre

Como diputado federal por Morena y como jalisciense comprometido con la realidad de nuestro campo, hoy hablo desde la experiencia sobre un tema que nos preocupa y nos duele: La crisis del maíz y las injusticias que por décadas han enfrentado nuestros productores.
Lo digo con firmeza y convicción, ¡no será con bloqueos carreteros como se salvará el campo mexicano!, sino con acuerdos, diálogo y compromiso entre quienes formamos parte de esta cadena: los productores, las empresas harineras y los gobiernos. 
Desde la Cámara de Diputados he insistido en que los empresarios harineros deben asumir su responsabilidad histórica y comprometerse con un precio de garantía justo por tonelada de maíz. No se puede permitir que las enormes ganancias del sector industrial dependan de pagar el precio bajo a quienes realmente trabajan la tierra. 
La presidenta Claudia Sheinbaum lo expresó claramente, y coincido: “Necesitamos un acuerdo tripartita en el que participen empresas harineras, gobiernos estatales y gobierno federal”. Ya dimos pasos importantes con los productores del Bajío, ahora debemos avanzar en otros estados.
*El abandono neoliberal y la dependencia del maíz extranjero* 
La crisis actual no es casualidad, es consecuencia directa de un modelo que durante décadas abandonó al campo, desde el Tratado de Libre Comercio impulsado por Carlos Salinas de Gortari, abrieron las puertas de par en par a las importaciones de maíz, bajo la idea engañosa de que comprarlo barato a Estados Unidos sería suficiente para sostener nuestra producción ¡y no lo fue! 
Nunca se tomó en cuenta que los agricultores estadounidenses compiten con subsidios multimillonarios, mientras que nuestros productores fueron dejados a su suerte. 
Hoy los resultados son claros y dolorosos: México, cuna del maíz, es uno de los países que más importa en el mundo. Tan solo en los primeros nueve meses de 2025 ingresaron más de 19.4 millones de toneladas, incrementó 6.6% respecto al año anterior. Y se estima que al cierre del año podríamos llegar a 24.7 millones de toneladas importadas. 
Es absurdo que, siendo el maíz nuestra herencia más profunda, hoy dependamos del extranjero para abastecernos. 
Si queremos revertir esta tendencia, las empresas deben comprometerse y no pueden seguir supeditando sus ganancias únicamente al bajo precio internacional del grano. 
Les pido responsabilidad, visión de largo plazo y compromiso con México. La autosuficiencia alimentaria no es un discurso, es un objetivo estratégico para nuestra soberanía.
*El camino es el diálogo, no el conflicto* 
Entiendo el enojo y la desesperación de los productores, el precio del maíz está por los suelos, y aunque desde el sexenio pasado se buscó establecer un precio de garantía más justo, los recursos federales no han sido suficientes. Pero bloquear carreteras no es el camino, no es la solución. Lo que necesitamos es construir puentes entre los sectores, no romperlos, es momento de dialogar y alcanzar un acuerdo que permita sacar adelante al campo mexicano. Los productores lo necesitan, y el país entero lo necesita. 
Porque defender el maíz es defender a México.

No será con bloqueos como salvaremos al campo, sino con diálogo

En Jalisco, la Cuarta Transformación avanza sin titubeos, llevando bienestar real y palpable a donde antes solo llegaban las promesas. Hoy, gracias al Programa de Abasto Social de Leche encabezado por el Mtro. Antonio Talamantes, director general de Leche para el Bienestar, más de 246 mil jaliscienses —niñas, niños, adultos mayores y familias trabajadoras— reciben leche fortificada a precios verdaderamente justos.
Este acto, sencillo pero profundo, confirma que cuando el Estado está del lado del pueblo, la justicia social deja de ser discurso y se convierte en realidad cotidiana.
Mientras en el pasado unos cuantos se enriquecían a costa de las necesidades del pueblo, hoy la 4T demuestra que la alimentación digna es un derecho, no un negocio.
Eso es el Estado al servicio del pueblo, no de intereses privados.
Durante décadas, los intermediarios y comercializadoras impusieron precios abusivos, condenando a miles de familias a productos caros y de mala calidad. Eso se acabó.
Con la Cuarta Transformación recuperamos la rectoría del abasto social y pusimos orden donde antes reinaba la especulación.
Hoy la leche llega a las colonias, ejidos y comunidades de Jalisco sin abusos, sin coyotes y sin privilegios, porque primero el pueblo, siempre el pueblo.
En Jalisco:
•58.7% de los beneficiarios recibe su apoyo mediante esquemas comunitarios.
•41.3% lo recibe a través de otras modalidades que amplían la cobertura.
Además, 13 convenios con actores sociales y comunitarios permiten operar ocho unidades en todo el Estado, fortaleciendo la organización popular y los principios de la 4T: territorio, comunidad, participación y bienestar.
Precios justos para combatir la desigualdad
Mientras el mercado especula, el gobierno de México garantiza precios accesibles que protegen la economía familiar:
•3 municipios reciben leche a $4.50 por litro.
•84 municipios la reciben a $7.50 por litro, muy por debajo del precio comercial.
Esto no es caridad: es justicia. Es la prueba de que un gobierno honesto puede desmontar las viejas prácticas que condenaban a los más pobres a alimentos de menor calidad o precios inalcanzables.
La leche fortificada no solo nutre cuerpos: nutre dignidad.
Bienestar para las familias y apoyo real al campo
La política de bienestar de la 4T es integral: no solo se garantiza el acceso a alimentos nutritivos, sino que se impulsa la producción nacional a través del acopio a precio de garantía para pequeños y medianos productores.
Aquí reconocemos la labor de un jalisciense de primera, Víctor Hugo Pérez Pelayo, gerente nacional de Abasto Social, quien ha consolidado el programa y lo ha llevado a más productores día a día.
Así se fortalece el campo jalisciense, se termina con la dependencia del extranjero y se construye soberanía alimentaria, uno de los pilares de nuestro proyecto de nación.
La visión es clara: Un México donde la alimentación sana, nutritiva y suficiente sea un derecho garantizado por el Estado y no un privilegio reservado para unos cuantos.
Pronto nos veremos en su colonia, delegación o municipio para seguir avanzando juntos, acompañando la labor de Leche para el Bienestar e instalando más lecherías para el pueblo.
La transformación no se detiene, porque el pueblo de Jalisco está más vivo, más fuerte y más organizado que nunca. ¡La transformación se construye desde abajo y con la gente!

La transformación llega a las mesas de Jalisco: la Leche para el Bienestar es pueblo organizado, gobierno presente y justicia social

La semana pasada inicié un texto que nació a partir de una tragedia personal y colectiva. La muerte de Carlos Manzo, como tantos otros asesinatos ligados a la violencia criminal, volvió a abrir heridas en mi propia historia familiar. No lo había compartido públicamente, pero tuve un primo hermano que fue alcalde de Ocampo, Durango: Luis Carlos Ramírez, en los años del sexenio de Felipe Calderón. Él también decidió enfrentar a los grupos criminales y lo mataron brutalmente: más de 150 balazos en un pequeño poblado, sin cámaras, sin escándalos, sin la indignación nacional que hoy vimos con el caso de Carlos Manzo. Ninguno de los dos crímenes puede ser menos grave que los otros tantos.
Es una tragedia para su familia, para el pueblo y para todo un país que parece acostumbrarse a contar muertos. 
El asesinato de Carlos Manzo detonó, además, un movimiento mediático enorme. Hay quienes vemos detrás de ello una campaña, una intención política, quizá. Pero más allá de las interpretaciones, el tema de fondo sigue siendo el mismo: Vivimos dentro de una espiral de violencia que ningún gobierno —ni los de antes— ha logrado frenar por completo, y explico por qué. 
Quiero centrarme en lo siguiente: La corresponsabilidad ciudadana, ese factor incómodo del que casi nadie quiere hablar. 
Consumimos lo que nos mata. 
En mi familia tomamos una decisión desde hace años: No consumir nada relacionado con la narcocultura. Ni narcocorridos, ni conciertos, ni series, ni contenidos que romantizan a criminales. Porque cada reproducción, cada boleto comprado, cada vista en YouTube, sigue alimentando una industria que glorifica a quienes asesinan policías, alcaldes, jóvenes, mujeres y agentes públicos. 
Pareciera un acto mínimo, incluso insignificante. Pero es un acto ético. 
Mientras algunos creemos que escuchar narcocorridos “nos hace daño”, hay miles de personas abarrotando palenques para ver a artistas cuyo discurso normaliza la vida criminal. La semana pasada multaron a un cantante porque llenó el palenque en nuestra ciudad. “Junior H” ni siquiera tiene que mover un dedo: Sus fans consumen y celebran sus corridos como si fueran himnos de rebeldía. 
Y más absurdo aún: En pleno evento, alguien del público le entrega 800 mil pesos a un integrante de “Grupo Firme” para que cante un corrido dedicado a un criminal… 
No son casos aislados. Lo mismo pasó con el grupo “Los alegres del barranco”, que tocó en el famoso evento del Auditorio Telmex. Y lo realmente preocupante no es solo la acción de los artistas, sino la multitud celebrando, coreando, idolatrando la estética del narco. 
La violencia no se entiende sin vernos al espejo. 
Es fácil señalar a los gobiernos, a los partidos, a los presidentes. Y sí, tienen responsabilidad. Todas las administraciones deben en garantizar seguridad. Pero mientras como sociedad sigamos alimentando la industria de la narcocultura —legal y pirata—, mientras sigamos justificando que “sólo es música”, mientras sigamos celebrando símbolos criminales, la violencia seguirá encontrando un terreno fértil para crecer. 
No lo queremos aceptar, pero la impunidad cultural también mata. 
Porque cada vez que normalizamos al narco, enviamos un mensaje: En México, ser criminal puede ser motivo de fama, dinero, reconocimiento social. Y eso es combustible puro para una generación de jóvenes que no ve futuro en otra cosa que no sea esa estética de poder fácil. 
O entendemos la corresponsabilidad, o seguimos contando nuestros muertos. 
La violencia no desaparecerá por decreto. No habrá reforma, ni Guardia Nacional, ni estrategia que funcione si seguimos consumiendo aquello que glorifica a quienes destruyen comunidades enteras. 
Mientras no nos caiga el chip de que también somos parte del problema, seguirán asesinando policías, alcaldes, funcionarios, jóvenes, mujeres. Seguirán desapareciendo muchachos. Seguirán creciendo los cárteles, sus marcas, sus himnos y su presencia en la vida cotidiana. 
La corresponsabilidad empieza en cosas tan simples como elegir qué reproducimos, qué celebramos, qué compramos y qué dejamos pasar. 
Y quizá parezca poco, pero es el primer paso para dejar de normalizar lo que nos está matando. 
P.D.: A 16 años de tu partida, un abrazo con cariño a toda la familia. DEP Luis Carlos Ramírez.

La corresponsabilidad que no queremos ver

Desde el corazón del Distrito 11, del otro lado de la Calzada, “de la calzada para acá”, en esta plazoleta de la ex penal de Oblatos, conocida como 18 de Marzo, donde se confinaba al pueblo y donde se intentó apagar la esperanza, nos reunimos para hablar de trabajo, pero también de libertad, de justicia y sobre todo, de una transformación que más temprano que tarde estará en Guadalajara y en todo Jalisco.
La Cuarta Transformación se construye desde las calles, desde los barrios donde vive la gente trabajadora y, por supuesto, desde el Oriente tapatío, donde la dignidad resiste y la esperanza nunca se rinde.
El poder puede estar del lado de la gente, y así lo hemos demostrado con cada voto, cada posicionamiento y cada decisión que hemos tomado en la Cámara de Diputados. Se puede ejercer el poder sin robar, sin traicionar y sin olvidar de dónde se viene.
Ese es el ejemplo que seguimos. Esa es la raíz de nuestra causa.
Hoy rindo cuentas de un año de trabajo para refrendar la confianza explicando qué hicimos y entregando buenas cuentas.
Fue un año dedicado a construir el segundo piso de la transformación de nuestro país, porque queremos que la Cuarta Transformación llegue al Oriente, al Poniente y a toda la ciudad, y que llegue completa.
Por el bien de todas y todos, Guadalajara debe ser una sola: sin divisiones y sin desigualdad entre quienes viven de un lado y del otro de la Calzada.
Esta es la esencia de mi compromiso: trabajar con el pueblo, transformar de raíz y hacerlo con congruencia.
En este primer año legislativo hemos demostrado que la política tiene sentido solo cuando se hace con la gente y para la gente.
Durante el primer año de la Legislatura, la Cámara de Diputados sostuvo un trabajo legislativo intenso y productivo. Se celebraron 78 sesiones ordinarias, 6 extraordinarias y 8 solemnes, en las que se analizaron más de dos mil iniciativas y se aprobaron 30 de las 36 minutas recibidas. En total, se avalaron 89 iniciativas, 20 reformas constitucionales y 31 reformas a leyes secundarias que fortalecen los derechos sociales, la justicia, la transparencia y la soberanía nacional.
 Con ello, la Cámara de Diputados reafirmó su papel como el poder del pueblo: un espacio de diálogo, trabajo y resultados, donde la Cuarta Transformación se traduce en leyes que garantizan bienestar, igualdad y justicia para todas y todos
La convicción que me mueve es cumplir lo que prometo, proteger y dar certeza, acompañar y escuchar, porque el poder no vale si no mejora la vida de los demás.
La transformación sigue avanzando y el trabajo que realizamos, acompañando el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, es el que hoy hace posible que regrese la justicia social.
Hoy, un millón ochocientos ochenta mil jaliscienses reciben apoyos directos de los Programas de Bienestar:
&#8211;          Más de novecientos mil adultos mayores con pensión universal.
&#8211;          Cuarenta y seis mil personas con discapacidad, con apoyo permanente.
&#8211;          Casi trescientas mil becas para estudiantes.
&#8211;          Cincuenta y seis mil productores del campo con respaldo a la producción.
Esto se logró gracias al presupuesto social que aprobamos desde la Cámara de Diputados –por cierto, aprobamos el presupuesto más grande de la historia– y con la reforma fundamental que eleva a rango constitucional los Programas de Bienestar, para asegurar su permanencia como derechos sociales. Le hemos dado la justa dimensión que debe tener el presupuesto federal bajo la premisa de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Un año en la Cámara, por la transformación

El tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos hacia México es una tragedia que se repite cada día y que, a pesar de los acuerdos y los discursos diplomáticos, sigue cobrando vidas inocentes. Tan solo en el Área Metropolitana de Guadalajara, todos los días nos enteramos de algún suceso o tragedia que está ligada directamente con el ingreso ilegal de armas a México desde los Estados Unidos. 
No se trata solo de estadísticas: detrás de cada rifle o pistola que cruza la frontera, hay una familia destruida, una comunidad aterrorizada y un Estado que enfrenta a la delincuencia con armas que, paradójicamente, vienen del país con el que compartimos el mayor lazo comercial y político del Continente.
Desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, junto con el senador Emmanuel Reyes Carmona, presentamos un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite al gobierno de los Estados Unidos un informe pormenorizado sobre las medidas, acciones y resultados que ha emprendido para reducir el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos hacia territorio mexicano.
No basta con buenas intenciones ni con firmar acuerdos que luego se diluyen en la burocracia. El Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, firmado y promovido por el entonces canciller Marcelo Ebrard en 2021, prometía una cooperación efectiva entre ambos países. Sin embargo, hoy los resultados son mínimos y la violencia derivada de este flujo ilegal de armas sigue creciendo.
De acuerdo con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el 74% de las armas recuperadas en México provienen de Estados Unidos, principalmente de Texas, Arizona y California. Entre 2017 y 2023, nuestro país ha rastreado más de 148 mil armas de ese origen. México ha cumplido su parte: ha identificado rutas, tipos de armamento y zonas de riesgo. Ahora corresponde a Estados Unidos demostrar con hechos su compromiso.
Queremos saber cuántas armerías han sido supervisadas, cuántas licencias se han revocado, cuántos traficantes han sido procesados y cuántos puntos de venta han cerrado. La rendición de cuentas no es una exigencia diplomática: es un deber moral y una responsabilidad compartida.
La seguridad de México no puede depender de la omisión del vecino del Norte. Mientras allá se proteja la venta irrestricta de armas bajo el argumento de la libertad individual, aquí se multiplican los muertos. Y para ser mas explícitos, exigimos saber qué armería y traficante vendió el R15 con el que fue asesinada en Balcones de Oblatos, Karla, hace unos meses; de qué armería llegaron las armas con las que asesinaron a una familia completa en un taller de Guadalajara.
El combate al tráfico de armas exige transparencia, cooperación y voluntad política. México está cumpliendo. Ahora es momento de que Estados Unidos también lo haga.

El tráfico de armas: una deuda pendiente con México

Marcela Michel López

2026: la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo

Eduardo González Velázquez

El ICE sin control

Hiram Espinoza de los Monteros

¿Y si el transporte público no tuviera que ser negocio?

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

Jonás

Las cifras de la violencia en México

Por años, Jalisco ha sido gobernado por Movimiento Ciudadano bajo una narrativa de modernidad, eficiencia y buenos gobiernos. Sin embargo, cuando uno se detiene a hacer un balance serio, honesto y desde el territorio, la conclusión es inevitable: A la sombra del poder, los gobiernos naranjas han sido muy buenos para hacer negocios, pero muy malos para dar resultados a las y los jaliscienses.
Lo digo con claridad y con responsabilidad política. Desde Tlajomulco hasta el Gobierno del Estado se repite un patrón que ya es imposible ocultar: Contratos multimillonarios, asociaciones público-privadas diseñadas a la medida y decisiones que benefician a unos cuantos, mientras los problemas estructurales de Jalisco siguen intactos o, peor aún, se agravan.
Ahí está el caso del Centro Administrativo de Tlajomulco, construido bajo un esquema de asociación público privada que compromete recursos públicos durante años para garantizar ganancias a particulares. O la autorización desmedida de fraccionamientos sin planeación, que dejó miles de viviendas abandonadas, los tristemente conocidos “huevitos”, y comunidades sin servicios ni futuro.
A nivel estatal los ejemplos sobran. El programa “A Toda Máquina”, con un contrato superior a los 3 mil 600 millones de pesos, entregado a un empresario cercano al entonces gobernador Enrique Alfaro, es un símbolo de cómo se gobierna cuando las amistades pesan más que la transparencia. Más recientemente, el contrato de más de 6 mil millones de pesos otorgado de manera directa a Seguritech para la videovigilancia en Jalisco marca un récord histórico por su monto y por la ausencia total de licitación.
Lo preocupante es que, así como es fácil recordar estos negocios, resulta casi imposible enumerar logros que hayan mejorado la vida cotidiana de la gente. Porque la pregunta de fondo es sencilla: ¿Vive mejor hoy el pueblo de Jalisco? La respuesta, lamentablemente, es no.
Seguimos siendo uno de los estados con más personas desaparecidas; la violencia golpea todos los días; los robos, extorsiones y secuestros forman parte de la rutina; las mujeres siguen viviendo múltiples formas de violencia. Casos como el centro de reclutamiento del crimen organizado en Teuchitlán o asesinatos a plena luz del día evidencian un Estado rebasado.
A esto se suma una ciudad sucia y contaminada, agua de mala calidad, calles destrozadas y un transporte público caro y deficiente. Los jaliscienses no viven en el Jalisco de los videos de TikTok; viven en el Jalisco real, el de los problemas no resueltos.
Gobernar no es hacer negocios ni administrar la imagen. Gobernar es dar resultados. Y en Jalisco, Movimiento Ciudadano le ha quedado a deber a la gente que votó por ellos.

Muchos negocios, pocos resultados