Laura Haro Ramirez

La narrativa fundacional de Morena se desmorona. Aquellos discursos sobre desterrar la corrupción, los decálogos partidistas, los mantras no robar, no mentir y no traicionar y los exhortos presidenciales, fueron llamados a misa. Al día de hoy lucen más que un desgaste, una corrosión agresiva. La corrupción y las redes de la criminalidad entraron hasta la cocina. Morena pasó de ser “la esperanza de México” a ser un nido de ratas.
Los casos más recientes, lejos de ser excepciones aisladas, dibujan un patrón claro. Políticos surgidos o cobijados por Morena y sus partidos aliados, han sido descubiertos, investigados o detenidos por sus probados vínculos con la criminalidad o por antecedentes penales que nunca fueron declarados ante el electorado.
Los nombres varían, mientras las circunstancias son similares entre sí. El senador morenista Adán Augusto y los nexos con “La Barredora” en Tabasco; los juniors de Obrador, señalados por el huachicol fiscal; el diputado por el Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, y el reciente descubrimiento de sus antecedentes penales, el diputado federal y dirigente de este mismo partido, José Luis Sánchez y sus antecedentes por fraude en agravio de centenares de personas, y el más reciente caso del alcalde de Tequila, Diego “N”, detenido por extorsión y sus vínculos con la criminalidad, son solo algunos ejemplos de una lista que no deja de crecer.
En el bloque oficialista algunos callan, otros minimizan la situación. En peores casos hay quienes prefieren eliminar toda evidencia de apoyo o relación con los apestados, incluso quienes prefieren acusar que se trata de persecución política. Mientras tanto, la ciudadanía se pregunta quién los dejó entrar, quién les abrió las puertas para ocupar cargos públicos.
¿Alguien revisa los antecedentes de quienes aspiran a gobernar o legislar? La respuesta es evidente. Cuando fui candidata a la gubernatura de Jalisco en 2024, me sometí a distintas pruebas y exámenes de control y confianza, para decirle al electorado que podían confiar en mí; fui la única candidata que lo hizo, e hice públicos todos los resultados.
Lo que parece más grave todavía es que en medio de la discusión de una reforma electoral, Morena esté más ocupado en eliminar la representación plurinominal y debilitar al árbitro, que en plantear una reforma de gran calado que reforme los mecanismos de elegibilidad y los requisitos para quienes aspiren a las candidaturas; con esto queda claro que el criterio es ganar más poder a como dé lugar, no así, fortalecer la democracia y dar certeza a la ciudadanía.
En este entramado surgen otras preguntas cruciales: ¿quiénes nos gobiernan? Si pudiéramos acceder a plenitud a conocer su pasado, sus relaciones actuales, sus negocios y su vida privada, ¿estaríamos con un mayor sentimiento de seguridad o de inseguridad? También se abren otros debates como por ejemplo el de la moral, ¿deberían separarse del cargo los personajes señalados? Alguna vez alguien dijo “fuera máscaras”, pero no se imaginó lo que iba a pasar dentro de su propio partido.

Laura Haro

Fuera máscaras: Morena se desmorona

La semana pasada hablaba en mis redes sociales acerca de un multiverso político, por las incongruencias de Movimiento Ciudadano: mientras en Jalisco imponen un tarifazo al transporte público, en Veracruz presentan un amparo contra un aumento a las tarifas del transporte. Ahora, mientras en Jalisco se presentan como oposición a Morena, a nivel nacional se fusionan en una perfecta metamorfosis con el régimen. Lo hacen a su conveniencia, de forma pragmática y sometida. Esta vez se han convertido en el eslabón faltante para impulsar la aprobación de la reforma electoral.
La jugada orquestada por Dante Delgado es un salvavidas para Morena, pues su reforma enfrenta resistencias internas incluso entre sus aliados —el Partido Verde y el Partido del Trabajo— que rechazan la disminución de financiamiento a partidos y la reducción de los diputados plurinominales. De esta forma, el partido naranja volvería a ser el esquirol que abre camino a Morena en la ampliación de su autoritarismo.
MC no ha caminado hacia esta alianza por las inexistentes virtudes de esta reforma, sino por cálculo político. Su respaldo viene justificado por la inclusión de “puntos irreductibles”; lo mismo hicieron en la elección de la fiscal carnal Ernestina Godoy, entonces, ¿por qué mienten a su militancia y al electorado, asegurando que serán una oposición contra Morena, si en cada oportunidad se alinean con el régimen? Eso tiene nombre, es traición, y explica por qué jamás han atendido el llamado de la ciudadanía de conformar un verdadero bloque opositor en México; de haberlo hecho muchas cosas serían distintas, comenzando por el Poder Judicial, los presupuestos y los organismos autónomos.
En democracias maduras, los partidos menores y medianos juegan tradicionalmente un rol de equilibrista: dialogan, analizan y buscan consensos para encontrar soluciones sin convertirse en instrumentos de los bloques dominantes. En México, en cambio, el pragmatismo de Movimiento Ciudadano ha sido todo lo contrario.
Este episodio —y otros— no solo influye en el destino de la reforma electoral, ofrece también un reflejo de lo que representa Morena como el gran comprador de voluntades a expensas de la pluralidad y la voluntad ciudadana —recordemos que más del 60 por ciento del electorado no votó por el partido guinda—. En ese sentido, la actuación de Movimiento Ciudadano reafirma, una vez más, su identidad como el mejor empleado de Palacio Nacional.
Ahora el debate en torno a la reforma electoral ya no es exclusivamente sobre las reglas y condiciones que busca instaurar Morena para concentrar el poder; se convierte también en un “checklist” de lealtades políticas y de la capacidad de los partidos para resistir la cooptación del poder. La pregunta que queda sobre la mesa es clara: ¿Hasta qué punto tolerarán las y los votantes de MC estas traiciones y jugarretas? Al tiempo. Concluyo ratificando la postura del PRI, totalmente en contra de esta reforma.

El esquirol naranja

Este 23 de enero se publicó el reporte de resultados del cuarto trimestre de 2025, de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) con un periodo de captación del 26 de noviembre al 16 de diciembre, en más de 27 mil viviendas de 91 áreas urbanas de interés, que referencian al menos una ciudad de cada entidad federativa. Los resultados son poco alentadores, porque la percepción de inseguridad va en aumento en todo el país.
En la percepción de inseguridad pública por temor al delito, se observa que el 63.8% de la población mayor de edad, consideró que era inseguro vivir en su ciudad, para el mismo periodo de 2024, el porcentaje fue del 61.7%. Por género, el 69.4% de las mujeres, y el 57.1% de los hombres confirmaron resentir la inseguridad de habitar sus ciudades. En ambos casos se observan cambios estadísticamente significativos respecto al trimestre anterior.
En Jalisco, el panorama es igual de crítico. Municipios como Guadalajara pasaron de 78.9% a 79.2%, es decir, 8 de cada 10 tapatías y tapatíos viven con miedo en la capital jalisciense, en Tlajomulco de Zúñiga de 73.6% a 73.9%, Tlaquepaque de 60.1% a 65.8%, Zapopan de 49.5% a 54.7% y Puerto Vallarta del 24.7% al 32%, en tanto que en Tonalá hubo una reducción del 65.4% a 56.5%. Con excepción de este último, observamos también, que en los principales municipios del Estado la tendencia es más inseguridad mes con mes.
A nivel nacional, los datos de la ENSU nos permiten identificar un factor de gran relevancia: mientras que la población percibe un desempeño efectivo en la Marina y el Ejército Mexicano, con 83% y 79.7% respectivamente, las policías estatales y municipales están reprobadas, con 51.8% y 46% respectivamente; lo anterior es señal del terrible abandono del gobierno Federal a las policías, basta recordar que fue Morena el partido que eliminó el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).
La ENSU no mide enfrentamientos armados, carpetas de investigación o desapariciones; mide el miedo. El miedo de habitar la ciudad y los resultados confirman lo que llevamos años repitiendo: la violencia se convirtió en parte de la realidad que vivimos, y lo más grave de todo esto no es que haya sido normalizada, sino peor aún, administrada.
Morena ofreció atender las causas y pacificar al país, a 7 años, no se ve ni un resquicio de ello, y mientras sigan culpando al pasado, sin admitir que el presente tiene su sello propio, los avances en seguridad continuarán siendo hacia atrás. Jalisco y sus gobiernos no escapan de esta realidad. El problema de la inseguridad se ataja de una sola manera, enfrentándola con claridad.

Con MC y Morena, más inseguridad cada día

En este inicio del 2026, el debate sobre la Reforma Electoral se atizó y volvió al centro de la discusión, pero esta vez con unos matices que han puesto de cabeza al grupo morenista. En principio, la reforma propuesta por la presidenta Sheinbaum, más que responder a diagnósticos técnicos, obedece a cálculos políticos que, como es de esperarse, favorecen al partido en el poder, y ponen en riesgo todo lo demás, con cambios radicales como la eliminación de la representación plural en el Congreso de la Unión y el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).
La reforma para nada llega en abstracto, ni sorprende, se ha venido insertando en la misma línea discursiva y operativa de Morena, de concentración del poder, ataques sistemáticos a la democracia, y la imposición de sus propias reglas para jugar un juego que busca ganar a toda costa. Sin embargo, no es difícil entrever que lo que hay detrás del telón es la puesta en marcha de un plan para aniquilar el andamiaje democrático, que ha permitido la alternancia, la pluralidad y la estabilidad social en el país, con miras a instalar su proyecto de forma definitiva.
Las reacciones dentro del propio bloque oficialista ilustran perfectamente que con esta reforma sólo hay un ganador. El Partido del Trabajo y el Partido Verde no ocultaron sus reticencias ante la reducción del financiamiento a partidos políticos y a la figura de los plurinominales, lo que obligó a ponerle freno de emergencia al proyecto, ante la amenaza de no contar con la mayoría para su aprobación. En esta misma línea, resulta difícil de entender la ingenuidad de Morena para creer que estos dos partidos, que históricamente han vivido de lo que justo la presidenta propone eliminar, apoyarían tal propuesta.
En otra parte del escenario, las consejeras y consejeros del INE exigieron respeto al Artículo 41 Constitucional, que defiende su autonomía, personalidad jurídica y patrimonio; pidieron además un presupuesto vinculado al PIB nacional, para no estar sujeto a decisiones políticas, pero Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, rechazó ambas peticiones.
Mientras tanto, el PRI ha manifestado de manera reiterada su oposición a esta reforma porque lo único que busca es afianzar el control permanente de Morena en el país. Fue el propio PRI quien sentó las bases para que hoy existan expresiones diversas en el poder político; fue también durante los gobiernos del PRI que se creó el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) en 1990 dándole todas las atribuciones para convertirlo en el árbitro electoral que dio paso a la alternancia política en México.
Las vicisitudes y tensiones desdobladas en el debate por la reforma han obligado a Morena a replantear su proyecto, aunque sabemos que no cambiarán su propósito de debilitar los contrapesos y rediseñar las reglas para su beneficio. Lo que tenemos claro es que México merece más, no menos democracia.

La Reforma Electoral

Hoy es el primer lunes del 2026 y vale la pena repasar algunos momentos que serán clave en éste, que se perfila como un año bisagra para México, no por una sola decisión ni por un único acontecimiento, sino por la confluencia de presiones internas y externas que pondrán a prueba la golpeada democracia, la debilitada economía, la capacidad del gobierno de Morena para enfrentar crisis de enormes proporciones –algo que ha quedado de manifiesto, no tienen–, y por otro lado, la capacidad de la oposición y la sociedad civil para conformar un bloque de contención.
2026 arrancó con una carga de adrenalina adicional, con el sismo de magnitud 6.5, registrado el viernes 2, en Guerrero, que se sintió en distintos estados de la república, incluyendo a la Ciudad de México, recordándonos la fragilidad y lo susceptibles que somos ante los efectos de la naturaleza, por lo que no podemos obviar que la lucha contra el cambio climático debe ser clave durante este año.
En el tablero internacional, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses sacudió a América Latina y al mundo entero, abriendo múltiples debates del Derecho Internacional, la intervención o la dictadura en Venezuela, sin embargo, el punto clave son las declaraciones del presidente Donald Trump respecto a México, poniendo en jaque al gobierno de Morena y su actual política de seguridad.
En paralelo, 2026 será un año crucial para la relación comercial con nuestros principales socios, Estados Unidos y Canadá. La revisión del T-MEC colocará a México frente a su principal dilema económico: cómo sostenerse como socio estratégico de la principal potencia del mundo. Lo anterior se antoja difícil con las constantes declaraciones de la Casa Blanca respecto al incumplimiento de las reglas del juego por parte del gobierno mexicano; en ese escenario la negociación del T-MEC será más un examen político que cualquier otra cosa.
Otro asunto preocupante para este año será la reforma electoral. Morena ha dejado claro que no se trata únicamente de rediseñar reglas, sino que van a la caza del sistema democrático, el pluralismo y lo que queda de los contrapesos. No buscarán fortalecer la forma en la que se elige en México, sino que buscarán dictar quién juega, a qué juega y cuándo deja de jugar un juego en el que siempre gana Morena. Ante ello, el PRI se ha posicionado de manera contundente en contra de todo tipo de atropello a la democracia.
2026 será también el año en el que México reciba su tercera copa del mundo, el evento deportivo más esperado, que por primera ocasión será compartido con Estados Unidos y Canadá. El torneo nos colocará en la vitrina global, pero también pondrá a prueba la seguridad, la infraestructura (con obras a medias, inundaciones, caos vial) y luego de la fiesta, en definitiva, tendrá que haber un balance de gastos vs. ganancias.
A estos temas se suman otros menos espectaculares, pero decisivos: la crisis hídrica que amenaza a ciudades enteras, la persistente presión migratoria y el encarecimiento de la vivienda. Ningún año nuevo ofrece soluciones mágicas; nos toca encontrar claridad, consenso y voluntad para hacer frente a cada uno de los retos del 2026.

Las claves del 2026

En Jalisco cerraremos el año con otro tarifazo “Al Estilo Jalisco”. 2025 estuvo marcado por los aumentos al SIAPA, al Predial, el refrendo, la verificación, el cambio de placas y ahora, a pocos días de iniciar el 2026, se anuncia un alza a las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara. En este escenario, la pregunta es, ¿el gobierno entiende la realidad que viven las familias?
Si entienden esta realidad y aún así son capaces de impulsar estos aumentos tarifarios, hay un completo desinterés en los efectos negativos a la economía de los hogares; si no los entienden, los tarifazos son entonces, una muestra de la desconexión de la clase gobernante con la ciudadanía.
El impacto de un aumento del 47 por ciento en términos reales, se observará en dos bandas: Por un lado, la bolsa anunciada por el gobernador para el subsidio de la tarifa, significa mil 200 millones de pesos menos para infraestructura y servicios para la ciudadanía, porque dicha suma proviene –desde luego– de nuestros impuestos. En segundo lugar, el impacto se absorberá directamente en el bolsillo de los usuarios.
Con la tarifa social de 11 pesos, anunciada por el gobernador, una persona que toma tres camiones para llegar a su escuela o centro de trabajo, y otros tres para regresar a su casa, gastará casi 300 pesos adicionales al mes, y tendrá que destinar casi 2 mil pesos de su salario mensual en pasajes. Para un salario de 10 mil pesos, estamos hablando de un 20% destinado al transporte público; el impacto para una familia donde mamá, papá y un hijo se trasladan, es más que significativo.
La justificación del aumento a las tarifas viene acompañada por una serie de factores que se sienten lejanos para el usuario del transporte y que en realidad no son de su competencia. La movilidad es un derecho y el servicio es una concesión del Estado, que quien la adquiere genera ganancias pero también adquiere responsabilidades; por lo tanto, es casi imposible que la ciudadanía no lo perciba como un abuso por parte del gobierno.
Por otro lado, los hechos que anteceden al aumento no son favorables para la administración, pues la Línea 4 del Tren Ligero ya ha presentado distintas incomodidades a los usuarios, que afectan sus tiempos de traslado, y al mismo tiempo, la promesa incumplida de una línea de tren ligero que correría del Aeropuerto al Estadio Akron, que se convirtió en un BRT con un trazo a medias, no suman para que el tarifazo encuentre ecos razonables en la ciudadanía.
Al tiempo que ocurre esta coyuntura sobre el transporte público, las y los usuarios lo describen como un sistema deficiente, malo e insuficiente. A todas luces una pésima manera de cerrar un año y arrancar uno nuevo.

Tarifazo al estilo Jalisco

A pocos días de cerrar el año, la Presidenta mostró en su conferencia mañanera una estadística del Banco Mundial donde se muestra que la clase media en México supera a la población en situación de pobreza, señalando que entre 2018 y 2024 la clase media creció más de 12 puntos porcentuales, mientras que la pobreza descendió cerca de 14 puntos, lo cual ha catalogado como un logro histórico. Pero, ¿son ciertos los datos?
Para cualquier analista estas cifras merecen un escrutinio más allá del aplauso aliado. Que una institución como el Banco Mundial confirme una tendencia positiva en términos de ingresos relativos no es intrascendente, pero tampoco es suficiente para cantar victoria frente a los desafíos estructurales del país. El organismo considera como clase media a quienes tienen ingresos por encima de los 17 dólares diarios, equivalente a unos 340 pesos; esto coloca en el papel a muchos hogares dentro de este estrato, pero en los hechos la realidad es muy cuestionable.
Estos ingresos no son suficientes para hacer frente a una enfermedad, la pérdida del empleo, la subida en la renta o en los alimentos, tampoco hay margen real para el ahorro, la inversión, la educación, ni para una jubilación digna. En economías como las de México donde muchos gastos esenciales son privados (salud, transporte, seguridad, vivienda), un ingreso dentro de este índice no garantiza estabilidad, que es justamente el rasgo central de la clase media.
La narrativa de Morena encuadra este logro en la lógica del Bienestar que, según Palacio Nacional, los programas sociales han tenido efectos multiplicadores en millones de familias. Y aunque podamos estar de acuerdo en que ciertos apoyos gubernamentales pueden atenuar vulnerabilidades, la evidencia sugiere que las métricas no capturan por completo el acceso a servicios públicos esenciales, la calidad del empleo, ni la seguridad económica en el largo plazo, todos ellos aspectos cruciales para que la llamada clase media no solo exista en cifras, sino también en sustancia.
Las cifras deben interpretarse con prudencia. Queremos que la pobreza se reduzca, que los ingresos de las familias mejoren, pero atribuirlas de manera simplista a decisiones coyunturales, sin reconocer factores como la entrada de capitales extranjeros, remesas, los flujos de empleo informal, o la propia idea de que 340 pesos diarios te convierten en clase media, es tratar de ver la realidad con lentes oscuros. Ahora mismo el país enfrenta inflación, encarecimiento de la vivienda, desabasto de medicamentos y toda clase de retos que profundizan la desigualdad de millones.
A medida que se acercan las fiestas decembrinas, las familias merecen celebrar, pero es importante la planificación de los gastos y la prudencia para evitar una cuesta de enero prolongada.
Por lo demás, a todas y a todos ustedes que me acompañan semana a semana, les deseo una muy Feliz Navidad.

La nueva clase media

Hoy que inicia el servicio de la Línea 4 del Tren Ligero rumbo a Tlajomulco, luego de dos años de retraso y –a diferencia del PRI, que construyó tres líneas sin endeudamiento– con una deuda para los próximos años, de 21 mil 538 millones de pesos, es un buen momento para hablar acerca de los trenes en México a partir de la llegada de Morena, con tres casos emblemáticos de amplio conocimiento social.
Lo primero es aclarar que esta columna no se opone a la idea de ampliar las opciones de movilidad urbana y suburbana de manera eficiente, masiva y sustentable. ¡El PRI fue el primero que hizo esta apuesta! Lo que pretende este texto es evidenciar las carencias de un gobierno que en siete años ha demostrado no estar a la altura de los retos que implica mover a más de 130 millones de personas. Dicho lo anterior, analicemos caso por caso.
3 de mayo de 2021: La hoy presidenta gobernaba la capital mexicana, eran aproximadamente las 10:20 de la noche, cientos de personas regresaban a casa en un tren de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, cuando la estructura por la que circulaba sobre la avenida Tláhuac, entre la estación Olivos y Tezonco, se desplomó. El accidente ocasionó la muerte de 27 pasajeros y dejó a más de 80 personas heridas; vecinos de la zona y usuarios llevaban meses denunciando el mal estado del paso elevado, pero el mantenimiento nunca llegó, y hoy no hay culpables de esta desgracia.
El segundo caso no parte de una catástrofe, sino del anuncio de que el tan esperado y anunciado tren México-Toluca, operará de forma completa a partir del próximo mes. Un proyecto nacido en un gobierno priísta, pero que Morena retrasó por siete años, con un encarecimiento de 300% en sus costos, como cada obra impulsada por estos gobiernos.
Y el tercer caso, sin duda el más escandaloso de todos, el Tren Maya, el proyecto insignia de la corrupción, la ineficiencia y la soberbia de los gobiernos de Morena. Proyectado en 150 mil millones de pesos, pero con un costo, hasta ahora, de 500 mil millones de pesos, y que en 2024 generó 275 millones de pesos en ganancias, pero sus gastos de operación –subsidiados con el dinero de nuestros impuestos– fueron de 2 mil 837 millones de pesos.
No es sólo que en 10 años podría generar pérdidas de 25 mil millones de pesos al erario público, o que le tomará hasta 20 años ser rentable, sino que también su construcción ocasionó la tala de más de 10 millones de árboles en el Sureste mexicano y dejó daños medioambientales irreversibles en sistemas cavernosos subterráneos, la selva y la fauna de la región, pero eso no es todo, esta obra fue el entramado perfecto para impulsar los negocios corruptos de los hijos de López Obrador.
Como ya lo mencioné, no pongo en duda que la apuesta deba ser por la movilidad, sin embargo, la planeación importa más que los caprichos, la transparencia más que la corrupción, y las vidas más que el encubrimiento de los aliados. A la gente de Tlajomulco, esperemos que esta nueva línea les ayude a resolver parte del caos en aquella zona de la ciudad.

Hablemos de trenes

Luz del Carmen Godínez

La formación y la capacitación: nuestro mejor escudo para cuidar los derechos humanos

Vicente Viveros

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Nora Ampudia

Remesas, políticas anti-inmigrantes y apreciación del peso: el golpe silencioso a la pobreza

Jonás

De Tequila, al gobierno de Sheinbaum

Ricardo Duran

Se viene lo bueno

El fin de semana, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó un acuerdo con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) por el cual la tarifa del transporte público para estudiantes será de 5 pesos por viaje durante todo su sexenio. El pacto, celebrado con la dirigente estudiantil Fernanda Romero, fue presentado como un “respaldo a la educación” y un acto de sensibilidad hacia las familias jaliscienses en medio del furor del aumento al pasaje.
A primera vista, la medida pareciera un triunfo incuestionable para los movimientos estudiantiles. Sin embargo, no hay que perder de vista el panorama completo ante la euforia de una “tarifa preferencial por todo el sexenio”. El anuncio ocurre en medio del encono social generalizado, y ante la amenaza de manifestaciones en contra de un alza del 47% en términos reales, a un servicio que simple y llanamente no los vale. Suena más a un cálculo político.
Este contexto importa. Que la tarifa estudiantil apenas suba 25 centavos, para ubicarse en 5 pesos, no quiere decir que éste sea el costo final de cada viaje hacia los centros de estudio, por el contrario, aumenta la brecha entre los 14 pesos que devengarán los transportistas y la tarifa que aportarán los estudiantes, ¿y quién cubrirá el boquete? Más allá de eso, ¿de qué tamaño es el boquete? Veamos.
Aunque no se precisa si el subsidio del gobierno será para todos los niveles de educación o sólo para medio superior y superior, supongamos que es exclusivo para los dos últimos. De acuerdo con el INEGI, en Jalisco hay alrededor de 597 mil estudiantes de preparatoria y universidad. Se estima que el 80% utiliza transporte público, es decir, cerca de 478 mil usuarios, y que cada uno toma en promedio 4 camiones diarios: un millón 911 mil pasajes por día.
Si la tarifa real es de $14.00 y los estudiantes pagarán $5.00, el Estado subsidiará 9 pesos, lo que da más de 17 millones de pesos por día, y ya que la tarifa entrará en vigor el 1 de abril, durante el resto del 2026 el monto total del subsidio a estudiantes será de 4 mil 729 millones 536 mil pesos; es 4 veces la bolsa anunciada de mil 200 millones de pesos para subsidiar a todos los usuarios del transporte público en el AMG y otros municipios, Todavía faltaría sumar los 3 pesos que subsidiarán por pasaje de la población general. De ese tamaño el boquete.
Y aquí surge la pregunta: ¿De dónde saldrán los recursos para sostener esta tarifa preferencial durante seis años? Los subsidios tienen un costo real, son recursos públicos, dinero de la ciudadanía. No demeritamos la lucha estudiantil, ni nos oponemos al impulso de las juventudes –por el contrario– la acompañamos. Cuestionamos las decisiones del gobierno y sus repercusiones. Un transporte público digno, eficiente y accesible es un derecho colectivo. Por eso, la exigencia del PRI ha sido clara: por el bien de la economía de las familias, ningún tarifazo en Jalisco.

El cálculo político en la tarifa estudiantil