Registro de celulares: el atajo cómodo del poder
El gobierno federal volvió a elegir el camino más fácil: Vigilar a todos para castigar a nadie.
El registro obligatorio de celulares se presenta como una cruzada contra el fraude y la extorsión, pero en el fondo es una confesión de fracaso. Incapaz de desarticular a las bandas criminales que operan con total impunidad, el Estado prefiere trasladar el costo político, administrativo y moral a los ciudadanos. ¡Otra vez!
Se nos dice que el problema es el anonimato. Que si cada línea tiene nombre y CURP, el delito se reducirá. Es una premisa cómoda y falsa. Las extorsiones no nacen del aire ni de un chip anónimo: nacen en las cárceles tomadas por el crimen, desde donde se opera con celulares, listas de contactos, cuentas bancarias y protección interna. El problema no es que no sepamos a nombre de quién está una línea. El problema es que el gobierno sí sabe quién controla las prisiones y no hace nada.
El registro no toca el corazón del delito. No desmantela centros de operación criminal en penales. No corta redes de complicidad entre custodios y grupos delictivos. No frena el autogobierno penitenciario que ya desbordó los muros y se instaló en calles, casas y negocios, mediante el cobro de piso o las extorsiones, la amenaza cotidiana y el miedo normalizado. En lugar de recuperar el control del Estado, se opta por administrar la impotencia.
Además, el mensaje es inquietante: Si eres víctima de extorsión, ahora también eres sospechoso. Entrega tus datos, valida tu rostro, acepta que te suspendan el servicio aunque sigan cobrándote, y confía en que esta vez sí funcionará. ¿Funcionó antes? No. Padrón tras padrón, base de datos tras base de datos. Y el delito no solo persiste: Se profesionaliza.
Hay también un riesgo mayúsculo que el gobierno minimiza: La concentración de información sensible de más de 150 millones de líneas móviles, en un país con un historial preocupante de filtraciones, hackeos y uso político de datos. ¿Quién garantiza que esta información no será vulnerada? ¿Quién responde cuando los datos de millones terminen en manos criminales o en mercados clandestinos? Nadie.
El registro obligatorio es, en realidad, una renuncia al deber central del Estado: Garantizar seguridad con inteligencia, investigación y fuerza legítima. Es más sencillo pedir papeles que enfrentar mafias. Es más cómodo crear trámites que limpiar cárceles. Es más rentable políticamente culpar al ciudadano, que admitir que el crimen organizado gobierna territorios enteros.
Combatir la extorsión no pasa por contar celulares, sino por romper estructuras criminales, intervenir penales, depurar corporaciones y asumir costos políticos reales. Todo lo demás es simulación. Y ésta, como tantas veces, se paga con miedo, tiempo y libertad.
